ECONOMÍA DE ESTADO ESTACIONARIO

 

En los últimos dos siglos, una parte de la humanidad ha superado la situación de pobreza y la esperanza de vida en Europa ha rebasado los 80 años. La vida de las personas se ha transformado, dotándose de mayores capacidades. Y todo ello ha sucedido en un contexto de crecimiento económico.

Pero las mejoras conseguidas se han repartiendo de modo muy desigual entre los países y también dentro de los países. Además, la situación ecológica se ha vuelto insostenible, con un cambio climático visible, deforestación excesiva, degradación de suelos fértiles y contaminación de aguas, poniendo en peligro muchos ecosistemas y la propia vida humana.

Desde el siglo XVIII a la actualidad la población se ha multiplicado por 10, pasando de unos 800 a cerca de 8.000 millones, lo cual ha supuesto extender el nivel de consumo, que ha impactado de modo negativo sobre el medio natural.

En este contexto resulta necesario reconsiderar el objetivo del crecimiento económico y tratar de reorientar la economía para evitar los demoledores pronósticos que anuncian los científicos, debatiendo conceptos como economía de estado estacionario y decrecimiento.

El profesor de la Universidad de Maryland Herman Daly, considerado como el principal defensor mundial de la economía de estado estacionario, la define como “una economía con existencias constantes de personas y cosas (productos) que se mantienen a un nivel deseado de suficiencia con una tasa baja de flujo de mantenimiento, es decir, el flujo de materia y energía más bajo posible desde la primera etapa de Producción a la última etapa de consumo”.

En el siguiente grafico el punto K* representa la situación de estado estacionario, en la que coinciden la inversión y la depreciación.

En una economía estacionaria existe un stock constante de riqueza física (capital productivo) y un tamaño de población constante. No crece en el transcurso del tiempo, con lo que es la única economía sostenible a largo plazo. Satisface las necesidades de las personas sin socavar los servicios de soporte vital del planeta.

La economía de estado estacionario no debe confundirse con el estancamiento económico: mientras que una economía de estado estacionario se establece como el resultado de una acción política deliberada, el estancamiento económico es el fracaso inesperado e inoportuno de una economía en crecimiento.

No cabe duda de que el objetivo del modelo de crecimiento económico resulta inviable y no es compatible con las reestructuraciones económicas que se requieren para superar la crisis de recursos que hay que afrontar, por lo que será necesario avanzar hacia los principios basados en la estabilidad.

Esos principios se pueden resumir en cuatro reglas: 1) mantener la salud de los ecosistemas; 2) extraer los recursos renovables a velocidad no mayor que la que pueden regenerarse; 3) consumir recursos no renovables a velocidad no mayor de la que pueden ser reemplazados por descubrimiento de sustitutos; y 4) depositar los desechos en el medio ambiente a velocidad no mayor a la que pueden asimilarse de manera segura.

EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS

 

Los impuestos son el recurso básico para financiar los gastos que hacen posible la existencia de los servicios públicos, a fin de atender las necesidades de los ciudadanos, tales como sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. La fiscalidad es necesaria para reconocer y defender los derechos recogidos en las constituciones de los países. Hay quien afirma que la fiscalidad representa “el coste de los derechos”

Los impuestos afectan en mayor o menor grado a los incentivos económicos, y pueden alterar el comportamiento de los productores, consumidores y trabajadores, reduciendo la eficiencia, por lo que cualquier sistema tributario debería tratar de minimizar tal efecto negativo.

El gráfico siguiente, basado en la oferta y demanda de un producto, puede ayudar a observar la relación entre los impuestos y la eficiencia.

Si no hay impuesto sobre el producto, el precio y la cantidad de equilibrio se encontrarán en la intersección de las líneas de demanda y oferta. La cantidad de compraventa será Q2

El efecto que provoca un impuesto sobre el producto es una brecha entre el precio que paga el demandante (P2) y el que cobra de modo efectivo el oferente (P1), porque la Hacienda Pública se queda con la diferencia (P2-P1) en cada unidad de producto y recauda los ingresos del rectángulo en trazo oscuro. Observamos también que el impuesto produce un segundo efecto: reduce la cantidad de la compraventa hasta Q1, con lo que los ingresos serian (P2xQ1).

Por lo tanto, una subida del impuesto reduce la base impositiva. Cuando los impuestos son más altos, se realizan menos transacciones entre compradores y vendedores. El efecto disuasorio que tiene el impuesto es una ineficiencia, puesto que frustra los deseos de los grupos interesados en el producto.

Los aumentos recaudatorios no son proporcionales a las subidas de los tipos impositivos. Se puede llegar a que una subida impositiva no aumente la recaudación tributaria al ser anulada con creces por el descenso de la base impositiva

El segundo aspecto de un sistema impositivo es la equidad. Establece que las personas deben aportar a la Hacienda Pública según su capacidad contributiva, lo cual implica que los individuos deben estar sujetos a una carga tributaria acorde con su condición económica.

En la equidad impositiva existen dos componentes: la equidad horizontal, según la cual se debe imponer la misma carga contributiva a las personas que tienen una capacidad económica similar, y la equidad vertical, estableciendo que, cuanto mejor sea la condición económica del individuo, mayor sea la tasa de impuesto que debe pagar.

Al sistema fiscal se le pide que ayude a corregir las desigualdades que se producen como consecuencia del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores productivos. Aplicando criterios de progresividad, se distribuyen las cargas tributarias bajo el principio de la capacidad de pago en los servicios públicos que resultan difíciles de individualizarse.

LOS METALES EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 

Las tecnologías con bajo contenido de gases de efecto invernadero, que incluyen las energías renovables, los vehículos eléctricos y el hidrógeno, requieren más metales que las basadas en combustibles fósiles. Cabe pensar, por tanto, en un aumento sustancial en la demanda de metales como cobre, níquel, cobalto y litio en los próximos años.

Por ejemplo, un automóvil eléctrico requiere seis veces los insumos minerales de un automóvil convencional y una planta eólica terrestre precisa de nueve veces más recursos minerales que una planta de gas. Desde 2010, la cantidad promedio de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50% a medida que ha subido la participación de las energías renovables en las nuevas inversiones.

La Agencia Internacional de la Energía considera que estos metales serán los más afectados por la transición energética. El cobre y el níquel vienen comercializándose desde hace más de un siglo, utilizándose en tecnologías bajas en carbono. En cambio, el litio y el cobalto entraron en las bolsas de metales en la década de 2010, principalmente por usarse en baterías.

Aunque la demanda de estos metales podría dispararse en las próximos décadas, la oferta irá reaccionando lentamente a las señales de los precios. Como el litio se extrae de manantiales minerales y salmuera, las nuevas instalaciones pueden entrar en servicio en un plazo corto.

En cambio, el cobre, el níquel y el cobalto se extraen en minas, que requieren inversiones intensivas en capital, con lo que podrían requerir hasta 20 años en construirse. En consecuencia, la oferta sería bastante inelástica a corto plazo y más elástica a muy largo plazo.

Como se observa en el gráfico, la oferta de metales (en porcentajes) está bastante concentrada, con lo que los mayores productores (Pr) son también los que poseen las reservas (R) más importantes

La República Democrática de Congo (COD) representa en torno al 70% de la producción mundial de cobalto y el 50% de las reservas. Destacan Australia (AUS) para litio, cobalto y níquel; Chile (CHL) para cobre y litio, con otros países en menor medida.

Si se adoptase el escenario de cero emisiones netas, el incremento de la demanda podría llevar a que el conjunto de los cuatro metales alcanzasen en las próximas dos décadas un valor acumulado de 13 billones de dólares, que supondría igualar al montante estimado de la producción de petróleo. Se convertirían así en macro relevantes para la producción, la inflación y el comercio.

Pero existe elevada incertidumbre en el escenario de la demanda, dado que resultan difíciles de predecir tanto el cambio tecnológico como la velocidad y la dirección de la transición energética, condicionadas siempre a las decisiones políticas.

Esta incertidumbre puede dificultar la inversión minera y favorecer los altos precios de los metales, con lo que se estaría obstaculizando la transición hacía una energía limpia.

DESAJUSTES LABORALES

 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de personas ocupadas en el tercer trimestre de este año en España ha aumentado en 359.300, rebasando los 20 millones, una cifra que no se había alcanzado desde finales de 2008. En términos desestacionalizados (eliminados los efectos estacionales y de calendario), el empleo ha crecido en 854.100 personas (4,45%) en los últimos 12 meses.

Al mismo tiempo, el desempleo ha descendido en el trimestre en 127.100 personas y la cifra acumulada de parados es de 3.416.700. Con datos desestacionalizados, la reducción en los últimos doce meses ha sido de 306.200 personas (-8,23%). La tasa de desempleo se sitúa en 14,57%.

Ha sido la campaña de verano la que ha impulsado el mercado de trabajo. El sector servicios ha generado 377.200 empleos en el trimestre. La industria ha dado ocupación a 63.000 más y el empleo ha descendido en la construcción en 31.300. El sector privado generó la mayor parte del nuevo empleo, con 314.800 puestos, frente a los 44.500 creados en el sector público.

Aunque parece que la actividad creciente continuará en los próximos meses, los retrasos en el transporte y la falta de algunos componentes, unido al incremento del coste de la energía, podrían ralentizar la recuperación económica.

En el mercado laboral está aflorando otro elemento que va a ocasionar dificultades al crecimiento económico: el desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, que aumentó durante 2020. El nivel de vacantes alcanzó cerca de 120.000 en el segundo trimestre de 2021.

Como vemos en el cuadro del INE, la escasez de oferta de trabajo afecta sobre todo al sector Servicios, con 105.605 vacantes, pero tampoco se cubren las necesidades de las empresas en los sectores Industria y Construcción.

Aunque las vacantes son en España muy inferiores a las de otros países europeos, la cifra llama la atención porque nuestro país tiene uno de las mayores tasas de desempleo de las economías desarrolladas.

Resulta habitual que se produzcan ciertos niveles simultáneos de paro y vacantes, debido a que se requiere un período de búsqueda para conseguir un empleo y llegar a cubrir la vacante. A lo largo del ciclo económico se puede observar la relación inversa entre paro y vacantes. Así, en una recesión aumenta el número de personas buscando empleo y existen menos vacantes disponibles.

Pero el desajuste del mercado laboral se debe en buena medida al desfase que existe entre la formación de los demandantes de empleo y los perfiles que necesitan las empresas. Los responsables de algunas empresas advierten de la dificultad para encontrar personal adecuado para algunas ramas del sector terciario (información y comunicación, transporte y hostelería) y la construcción. En los próximos años puede incrementarse el desajuste, porque se requerirán especialistas en logística, análisis de datos y otros perfiles técnicos que están aflorando.

El mejor remedio para ajustar las demandas y ofertas de empleo es mejorar la empleabilidad de los trabajadores, haciendo un esfuerzo para orientar la oferta académica a las necesidades cambiantes de las empresas. También son importantes las políticas activas de empleo, un conjunto de servicios y programas de orientación y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, fomentando el espíritu empresarial y la economía social.

Según se ha avanzado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la partida de las políticas activas de empleo superará los 7.648 millones de euros, un 3,3% más que este año, y será cada Comunidad Autónoma la que apruebe y desarrolle los cursos de formación para desempleados y las acciones personalizadas de orientación laboral.

EL PROCESO ECONÓMICO

 

La dependencia de España del turismo internacional y la excesiva temporalidad han hecho que fuese en 2020 uno de los países europeos más afectados por la crisis económica de la pandemia, la mayor sufrida en tiempos de paz.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) atenuaron la destrucción de empleo, pero no pudieron evitar que la renta disponible de las familias cayera un 3,3% a lo largo del pasado año, como podemos observar en el siguiente gráfico:

Estos datos provienen de la contabilidad nacional, que es donde se elaboran a partir del registro de los flujos y fondos originados entre las unidades económicas del país, y entre éstas y el exterior.

El indicador más utilizado es el Producto Interior Bruto (PIB), que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final (sin incluir productos intermedios, para evitar la doble contabilización) durante un período determinado.

El PIB es el resultado de una multiplicación, en la que participan dos grandes factores: uno real, formado por las unidades físicas de bienes y servicios; otro, monetario, integrado por sus precios.

En las comparaciones intertemporales se recurre al PIB en términos reales, que excluye las modificaciones ocasionadas por los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base.

Para hallar el PIB real es suficiente dividir el PIB nominal del año por un índice conocido como “deflactor del PIB”, que refleja las variaciones de precios de los artículos producidos dentro del país, sin tener en cuenta la variación de precios en los artículos importados.

La valoración puede ser a precios de mercado, incluyendo los impuestos indirectos (IVA y otros) y las subvenciones a las empresas (fomento de investigación y creación de puestos de trabajo), y a coste de los factores, sin incluir ambos conceptos. La forma habitual de presentar los datos del PIB es a precios de mercado.

Un segundo indicador macroeconómico es la renta nacional, que está compuesta por todos los ingresos que reciben los factores productivos nacionales (tierra, trabajo y capital) durante un período, descontando los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos.

Para calcular la renta nacional neta a partir del PIB se resta la depreciación, denominada “consumo de capital fijo”, y dado el carácter interno del PIB, se suman las rentas recibidas desde el exterior por los residentes y se restan las obtenidas en el país por extranjeros.

Para conocer la parte de la renta nacional que llega a las familias se tienen que deducir los beneficios no distribuidos de las empresas (reservas). Y para hallar la renta disponible, que será consumida o ahorrada, se restan los impuestos directos a pagar (IRPF y otros) y se suman las transferencias que se reciben de las Administraciones Públicas (pensiones, subsidios de desempleo y otras prestaciones sociales).

Como resultado del proceso económico, la renta disponible neta media por persona en 2020, según el INE, quedó en 12.292 euros. Dado que el PIB por habitante a precios corrientes o de mercado fue de 23.670 euros, la renta que llegó a las familias para consumir o ahorrar representaba el 52% del producto bruto generado en el año

PRESIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD

 

En las últimas décadas se han ido modificando los resultados del pacto de bienestar más igualitario alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, con políticas dirigidas a revertir la distribución de la renta, en un intento de legitimar un aumento constante de las diferencias de ingresos.

La desigualdad económica se presenta frecuentemente como algo natural, rechazando cualquier propuesta de reforma, hasta conseguir que sea aceptada socialmente, justificando muchas veces con argumentos basados en la meritocracia y el crecimiento económico.

La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus ha añadido cierta presión sobre la desigualdad salarial, a la que ha respondido la Administración Pública española con transferencias a los trabajadores en programas ERTE y a desempleados, que lograron amortiguar la caída de los ingresos de muchos trabajadores.

El gráfico de CaixaBank Research muestra la reducción de desigualdad, según el Indice de Gini (0 a 100, menos a más desigualdad). Puede observarse que de marzo a mayo de 2020, los meses más duros de la pandemia, es cuando las prestaciones sociales reducen más el nivel de desigualdad. Las ayudas sociales consiguieron que descendiera el incremento de desigualdad del 11% al 2,3%, es decir, un 80%

Aunque la desigualdad de ingresos se centra muchas veces en la dispersión en los niveles salariales, lo cierto es que depende también de la intensidad en el empleo, la regularidad con la que se está trabajando. Es el extremo caso español, con una tasa de temporalidad en torno al 25% y una proliferación de contratos laborales con duración reducida.

El aumento de la desigualdad durante la crisis financiera de 2008 se debió en España en un 89% a la caída del empleo y en un 20% a una mayor dispersión de lo salarios entre los trabajadores, unas cifras opuestas al promedio de los países de la OCDE, donde el 18% del aumento de desigualdad del período se explica por cambios en el empleo y el 82% por la mayor dispersión.

La evolución de la desigualdad durante la pandemia volvió a estar condicionada por los vaivenes en el empleo. Entre febrero y abril de 2020, el 90% del incremento de desigualdad salarial (antes de las transferencias públicas) fue debido a la caída del empleo. Resulta evidente, por tanto, que para corregir la desigualdad hace falta revisar las dinámicas del empleo.

Según los estudios, a comienzos de la pandemia, a partir de marzo de 2020, la probabilidad de continuar empleado se redujo de forma notable sobre todo en los trabajadores con menores ingresos salariales. En el 20% de los salarios más bajos, la probabilidad se redujo en un 38%, en tanto que en el 20% superior de la escala salarial, le reducción fue del 15%.

Por edades, los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la pandemia en el mercado laboral. La probabilidad de estar empleado también se redujo más para los trabajadores nacidos en el extranjero que para los nacidos en España.

El incremento de la desigualdad respecto al nivel de la prepandemia es todavía considerable. La mejora en la empleabilidad de los trabajadores y el aumento de la intensidad en el empleo continuarán siendo las dos herramientas clave para ir corrigiendo la desigualdad.

RETIRADA DESGLOBALIZADORA

 

Tras la caída de actividad por la pandemia, el proceso globalizador está emitiendo señales preocupantes. Plantas de automóviles paradas por falta de semiconductores y barcos cargados de contenedores haciendo cola en puertos comerciales importantes evidencian una crisis en las cadenas mundiales de suministro de materiales.

La pandemia ha quebrado la exitosa logística de las últimas décadas, poniendo de relieve la arriesgada dependencia que los países occidentales tienen de algunos fabricantes asiáticos, especialmente de China.

Vemos en el gráfico de Bloomberg que se ha duplicado el porcentaje de contenedores en el tráfico marítimo mundial que llegan con retraso a su destino (64%)

Se están interrumpiendo las cadenas globales de suministro, que han permitido fabricar a bajo coste con piezas hechas en diferentes países. Hay dificultades para el tránsito de personas en algunas fronteras y el volumen de turismo ha descendido.

En una encuesta a 300 empresas, el 75% contestan que tuvieron retrasos en el suministro de materiales. El retraso medio en recibir maquinaria y vehículos fue de 90 días; electrodomésticos, 70 días, y aluminio, 60 días. Además, el precio medio de materiales como cobre, hierro y acero subió entre un 50% y un 60%. Escasez y aumento de precios van concatenados.

La lógica de las deslocalizaciones está cediendo paso a la necesidad de garantizar cierta soberanía. Francia anuncia un proceso reindustrializador, con apoyo decidido a la innovación, y muchos países plantean el autoabastecimiento en áreas esenciales como sanidad.

La extensión de la globalización había provocado la interdependencia de las economías, un proceso que se aceleró en la última década del siglo pasado. Este fenómeno, que ha contribuido al crecimiento económico, mejoró el nivel de vida y redujo la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero fomentó también el debilitamiento del tejido industrial en las naciones desarrollados.

La pandemia del Covid-19 ha reducido el comercio internacional, el motor de la globalización, que tardará en alcanzar los niveles previos a la pandemia.

No parece que el coronavirus vaya a quebrar la tendencia globalizadora, sino que se transforme, eliminando eslabones en las cadenas globales de valor y produciendo determinados bienes dentro de las fronteras nacionales o en países cercanos.

Quizás sea más acertado hablar de una ralentización que de vuelta atrás de la globalización. Intentar producir en el propio país todos los bienes y servicios que se necesitan puede provocar el encarecimiento de los productos, que llevaría a bajas retribuciones y un estancamiento económico.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

 

Hacia el siglo segundo a.C., un escritor cartaginés afirmaba que “la naturaleza ya no nos sustenta, la pestilencia y el hambre, las guerras y las crecidas deben considerarse, ciertamente, una solución para las naciones, como poda de la especie humana cuyo número se está volviendo excesivo”.

La cuestión de cuántas personas puede sustentar el mundo, que es objeto de investigación desde hace mucho tiempo, resulta también importante cuando se examinan los problemas del cambio climático.

La población mundial, que aumentó en el año 2020 en 82,3 millones, alcanzó al comienzo de este año 7.837 millones de habitantes, distribuidos del modo siguiente: Asia (59%), África (17%), Europa (10%), Latinoamérica (8%), América del Norte (5%) y Oceanía (1%).

Podemos observar en el gráfico el notable incremento poblacional de China e India, que juntos alcanzan cerca de 2.800 millones de habitantes, más del doble del conjunto de los cinco grandes países siguientes en el ranking (EE.UU, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria)

El crecimiento de la población suele analizarse a través de la denominada “transición demográfica”, que es el proceso por el que las características demográficas se transforman a medida que el país se desarrolla.

Los cambios del crecimiento de la población resultan de la interacción de la transición de la mortalidad y de la transición de la fecundidad, procesos ambos que han concluido en gran medida en lo países desarrollados, pero prosiguen en los que están en vías de desarrollo.

El elevado crecimiento de algunos países se debe a que las tasas de mortalidad han descendido más deprisa que las de fecundidad, lo cual significa que la transición demográfica no ha concluido.

Los demógrafos miden la mortalidad calculando la “esperanza de vida al nacer”, los años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento se mantuvieran durante su vida. Estos patrones apenas cambiaron hasta el siglo XVIII y han mejorado mucho en las últimas décadas, sobre todo en el mundo desarrollado. Hoy día, la esperanza de vida al nacer en la población española está en torno a 82 años.

La disminución de la mortalidad se debió a tres factores: la mejora del nivel de vida, sobre todo de la alimentación; las mejoras de las medidas de salud pública, como el suministro de agua potable, alimentos sanos y drenaje de ciénagas infestadas de mosquitos, y los tratamientos médicos en la cura de las enfermedades.

La tasa de fecundidad (número de nacidos dividido entre mujeres en edad fértil), ha descendido aceleradamente en el mundo desarrollado en el último siglo. En España ha pasado de 2,77 en 1975 a 1,18 en 2020. El mantenimiento poblacional requiere una tasa de 2,1.

La “tasa neta de reproducción” (TNR) es la medida que combina los efectos de la fecundidad y la mortalidad en el crecimiento de la población. Se define como el número de hijos que cabe esperar que tenga una niña que nace, suponiendo que mantenga durante su vida la mortalidad y la fecundidad de la población existente en ese momento.

Esta tasa indica la importancia del descenso de la mortalidad en el crecimiento de la población, al hacer posible que las mujeres vivan más años de su vida fértil y, por tanto, puedan aumentar la tasa de fecundidad, incrementándose así la tasa neta de reproducción.

En los países europeos, el descenso de mortalidad desde mediados del siglo XIX hizo aumentar la TNR. Después, tanto la mortalidad como la fecundidad redujeron más la tasa. Finalmente, a mediados del siglo XX, las mejoras de la mortalidad habían perdido su capacidad de influir en la TNR, ya que casi todas las niñas llegaban a los años fértiles, por lo que las nuevas reducciones fueron ocasionadas por la caída da la fertilidad

Los flujos de migración sirven de ajuste a los países específicos. En el caso de España, la población aumentó en 61.609 personas durante 2020 y se situó en 47.394.223 habitantes a 1 de enero de 2021. El saldo migratorio positivo de 216.244 personas compensó con creces el saldo negativo vegetativo de 153.167 personas (incluida una corrección estadística de -1.468)

Expertos en demografía aseguran que el colapso de la fertilidad puede ocasionar, a partir de la década de 2050, una caída sistemática y prolongada de la población en casi todo el planeta, salvo que reaccionen los Gobiernos implantando programas de ayudas sociales y fiscales a la maternidad, y facilitando la conciliación laboral y familiar.

MEGAFONDOS DE INVERSIÓN

 

El control del sistema financiero está pasando de los bancos a una compleja red interconectada de fondos de inversión y gestoras de activos, una revolución en las dinámicas del capitalismo que da enorme poder a los megafondos.

La transformación del sistema financiero fue impulsada por las políticas neoliberales de liberalización, privatización y desregulación de la economía financiera, eliminando los mecanismos de control y creando las mejores condiciones para el crecimiento de los fondos.

Los grandes fondos no dependen de los bancos centrales ni de los Gobiernos y escapan a la legislación internacional bancaria, operando a menudo desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos y garantizar el anonimato de sus inversiones. 

Los megafondos de inversión, entre los cuales se encuentran BlackRock, Vanguard y State Street, se dedican a captar capitales de las pensiones privadas, inversores particulares, fondos o bancos de inversión y fondos dependientes de los Estados.

Tras la crisis financiera de 2008, el crecimiento de estos fondos ha sido espectacular. Según los datos de la publicación “El salto”, BlackRock es hoy el fondo de inversión más grande del mundo y tiene 9 billones de dólares en activos, equivalentes a siete veces el PIB español, el 10% del PIB mundial.

En el caso español, los denominados “intereses del IBEX.35” están de hecho fuera de nuestras fronteras. Los nuevos oligarcas del mercado se encuentran en Manhattan (BlackRock), Pensilvania (Vanguard) u Oslo (Norges Bank)

La estructura de la propiedad de las acciones en España ha sufrido una profunda transformación en las últimas décadas. En marzo de 2021, los inversores extranjeros tenían el 57% del valor total del mercado español, frente al 30,6% que poseían cuando se creo el IBEX-35, en 1992.

Al crecimiento de las participaciones en poder de los fondos extranjeros han contribuido las privatizaciones (actualmente el Estado sólo conserva un 2,9% de la Bolsa española); la entrada en el euro, que evitó el riesgo de invertir en una divisa volátil, incentivando la inversión extranjera, y la crisis de las Cajas de Ahorro, que tuvieron que deshacerse de sus carteras industriales, un hueco financiero que llenó el dinero extranjero.

El poder del megafondo BlackRock es tal que su presidente se reúne con jefes de gobierno, banqueros y reguladores. Cada año envía una carta a los consejeros delegados de las mayores empresas del mundo indicando las líneas estratégicas que deberían seguir para recibir dinero del megafondo.

Un aspecto destacado de la evolución de los fondos es la concentración: los tres más grandes disponen del 25% de los derechos de voto de S&P 500, uno de los índices financieros más importantes de EE.UU, basado en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas.

Un ejemplo de la relación de los megafondos con las instituciones europeas es la consultoría contratada hace un año con la Comisión Europea. BlackRock asesora en la incorporación de criterios verdes y sociales en las finanzas. Esta concesión supone para la Comisaria del Pueblo europeo, Emily O´Reilly, un conflicto de intereses que puede afectar negativamente a la ejecución del contrato.

Pero el principal poder de los grandes gestores de activos es la amenaza de una retirada masiva de fondos de inversiones. Suelen recordar frecuentemente que su misión es asegurar el retorno de las inversiones que realizan. Si no lo consiguen, se van. Es el modo de ejercer su poder para lograr que se aplique su ideario político.

SECUELAS ECONÓMICAS DE LA PANDEMIA

 

Cuando la pobreza y la desigualdad parecían ir aliviándose después de la Gran Recesión del 2008, la pandemia que surgió en 2020 ha dejado nuevas secuelas económicas por las restricciones que ha tenido el desarrollo de las actividades diarias.

Según la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza grave o carencia material severa en España subió en 2020 al 7% de la población, cuando en el año anterior no superaba el 4,7%. Dada la paralización de muchas actividades, han sido los programas ERTE y las prestaciones familiares las que han evitado un aumento mayor de las situaciones de pobreza.

El Producto Interior Bruto (PIB) español cayó en 2020 un 11%, al nivel monetario de 2015, el descenso mayor desde la Guerra Civil, un desplome de la producción de unos 125.000 millones de euros, cercano al equivalente al gasto anual en pensiones.

España ha sido uno de los países de la OCDE que más han sufrido las consecuencias económicas del coronavirus, debido a un período de confinamiento largo y una estructura productiva con gran dependencia de la hostelería y el turismo, las actividades con mayor interacción social.

La abundancia de pymes ha añadido mayor debilidad para aguantar las fluctuaciones de la actividad, y una posición fiscal con amplio déficit ha hecho que el Gobierno sea cauto en dar mayores ayudas directas a los afectados.

Aun así, la deuda pública ha escalado hasta el 122% del PIB, un nivel que expone al país a problemas ante un eventual incremento de los tipos de interés

Las rentas del conjunto de las familias apenas descendieron en 2020 y acumulan ya un ahorro que puede acabar en aumento de consumo este año, acelerando la recuperación económica.

La desigualdad es seguramente una de las secuelas más importantes. Según el FMI, la Covid-19 ha provocado en los países una persistente disminución en el nivel del PIB per cápita, con efectos duraderos en desigualdad de ingresos y un aumento de la pobreza absoluta.

No cabe duda de que el decidido impulso de la digitalización ha sido el efecto que más se va a notar en la economía, con impacto en el mundo laboral, así como el descenso del precio de las oficinas y la mayor demanda de semiconductores.

Según algunos expertos, la disrupción digital ha adquirido un empuje sin precedentes que cambiará la sociedad, con nuevas formas de trabajo, el crecimiento del comercio electrónico y la robotización de las organizaciones.

Como no parece que se vayan a desglobalizar las cadenas de suministro, porque tendría gran impacto en los costes, las empresas tendrán que soportar parones de sus producciones y habrán de buscar alternativas.

Cada área geográfica puede llegar a tener su propio suministro de ciertos materiales, como los sanitarios y los chips, así como fuentes energéticas para garantizar el suministro cuando se incrementen las tensiones geopolíticas.

 

ESCALADA INFLACIONARIA

 

En vista de los niveles que han alcanzado las deudas de ciertos países, algunos analistas económicos alertan de que nos encaminamos hacia un escalonamiento inflacionario. El economista Nourel Roubini, profesor en la Universidad de Nueva York, es contundente: “En el medio plazo temo que haya una estanflación total con crisis de deuda"

En España, el indicador de precios (IPC) sitúa su variación anual al final de septiembre en el 4%. Aunque desde el inicio de la pandemia la inflación se mantuvo negativa durante el 2020, el índice no ha dejado de crecer desde comienzos de este año.

En los períodos de estanflación van de la mano el incremento del coste de la vida y el estancamiento económico, con el resultado de un aumento del desempleo.

En 1973, una guerra de tres semanas provocó una de las mayores crisis energéticas y económicas del mundo. Es conocida como la guerra del Yom Kippur, nombre de la festividad judía del perdón, en la que Siria y Egipto, junto con una coalición de países islámicos, atacaron a Israel.

La respuesta de los israelíes, apoyada por EE.UU, fue inmediata y desmesurada. A modo de represalia, los países árabes de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petroleo) impusieron subidas del precio del petróleo que acabaron con el acceso al combustible barato. El barril de crudo pasó de 1,89 dólares antes de la guerra a 3,39 al final de 1973 y subió hasta 11,6 dólares en 1974. Hoy supera los 80 dólares.

La crisis energética y económica golpeó a España a lo largo de las décadas de los años 70 y 80. El crecimiento del PIB fue nulo en 1979 y la inflación del año llegó al 15,8%, cifras que vienen a señalar que el país estaba inmerso en plena estanflación.

El alto desempleo y la elevada inflación desmoronaron la teoría keynesiana. Desde las filas del monetarismo, con Friedman a la cabeza, surgió una teoría que puso de manifiesto el papel de las expectativas de inflación. Señalaba que las empresas y los trabajadores tienden a anticipar una futura inflación mayor, que se incorpora a sus negociaciones de precios y salarios

En un entorno escasamente competitivo y con mercado laboral poco flexible, el proceso provoca el alza de los precios y salarios, que suele derivar en una espiral inflacionaria.

Es evidente que la aceleración de la inflación de las décadas 70 y 80 se debió sobre todo al crecimiento espectacular de los precios de las materias primas y la energía, así como el alza de los salarios nominales por encima de la inflación.

Las políticas de estímulo de la demanda resultaron imprescindibles para luchar contra el paro, pero algunos economistas aconsejaban añadir medidas más selectivas y desagregadas con apoyos del lado de la oferta.

Para luchar contra la inflación se confía en una coordinada actuación mixta fiscal y monetaria, con políticas de rentas, particularmente las basadas en acuerdos de empresarios y sindicatos sobre bases permanentes.

LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

 

La denominada “maldición de los recursos naturales” o paradoja de la abundancia hace referencia a una situación en la que algunos territorios ricos en minerales y combustibles se desarrollan menos que otros lugares en donde escasean los recursos.

Los estudios sobre el desarrollo económico muestran que algunos de los países con mayores dotaciones de recursos naturales crecieron más lentamente que el resto en la segunda mitad del siglo XX.

La conocida como “enfermedad holandesa” se asocia a este fenómeno de abundancia de un recurso natural. Surgió en 1960, cuando los ingresos en divisas de los Países Bajos aumentaron mucho como consecuencia de la exportación de gas natural, descubierto en yacimientos al norte del país.

La explicación del semanario económico The Economist fue que los grandes beneficios de la explotación de los recursos naturales indujeron a la entrada de capitales en la industria extractiva de gas a expensas de otros sectores. Aumentó la renta nacional y la demanda, provocando inflación en el país.

El aumento de la exportación del recurso natural dio lugar a un superavit en la balanza comercial, que generó la entrada de capital extranjero, con apreciación del tipo de cambio del florín, la moneda del país. El fortalecimiento de la moneda dificultó las exportaciones del resto de los sectores, cayendo sus beneficios y las nuevas inversiones, lo que reorientó las inversiones hacia el sector de los recursos naturales. A largo plazo, el país se encontró con una estanflación y con la moneda sobrevalorada.

(Mineral coltán, el nuevo “oro azul”)

La abundancia de recursos naturales es una realidad en muchos países del mundo y, en la mayoría de ellos, han prevalecido regímenes cuasi dictatoriales. En Rusia, por ejemplo, el país con mayores recursos naturales del mundo, el sistema democrático es aún reciente. 

Venezuela, en situación económica comprometida y con un deteriorado nivel de vida de sus ciudadanos, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y algunos minerales como hierro de alta calidad, bauxita, oro, diamantes y torio, además de enormes reservas de coltán. Este mineral, el nuevo “oro azul”, se utiliza para fabricar los componentes clave de los teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

Las mayores reservas de coltán se encuentran en la República Democrática del Congo que, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), es uno de los países más pobres del mundo.

Afganistán, con enormes reservas de litio y otros minerales, es otro ejemplo de la maldición de los recursos, que impide a la población beneficiarse de una generosa naturaleza. La Unión Soviética ya detectó la abundancia de yacimientos cuando invadió el país entre 1979 y 1989, pero no hizo nada para explotarlos. La economía afgana es ahora muy frágil y depende de la ayuda de otros países.

Pero la maldición de los recursos naturales no afecta a todos los países. Algunas naciones, como Noruega, Canadá y Australia se han podido desarrollar a pesar de que cuentan con recursos naturales en abundancia.

Los estudios llevados a cabo muestran que la calidad de las instituciones del país determina que los recursos naturales sean una maldición o una bendición para sus ciudadanos. Y los indicadores de la calidad institucional de los países, según el Banco Mundial, son el control de la corrupción, la efectividad del Gobierno y la calidad regulatoria.

 

 

 

EL MERCADO ELÉCTRICO

El Gobierno español espera que sus recientes medidas sobre el mercado eléctrico alivien la factura final de los consumidores, pero los mercados de futuros están alejando cualquier señal de que el precio mayorista pueda relajarse.

Los mercados de futuros de la energía, los del precio del gas y los del CO2, son equivalentes a lo que podría ser el "mercado de la bolsa de la energía" y muestran predicciones para los período siguientes.

El gráfico permite comparar los precios de la luz entre los años 2020 y 2021 en el período enero-agosto. En mayo comenzó la escalada de la tarifa eléctrica, que continúa aún en octubre.

Uno de los sistemas de obtención de electricidad es la central térmica de “ciclo combinado”, en el que coexisten dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, con una turbina de gas y otra de vapor de agua.

En el funcionamiento del mercado eléctrico español, las centrales entran en la subasta en orden creciente a sus ofertas, y son retribuidas todas al precio más alto, el de los costes de producción de los ciclos combinados de gas.

Este diseño ha generado unos ingresos extraordinarios a las centrales nucleares e hidroeléctricas (representan una tercera parte de la oferta total de electricidad), que tienen unos costes muy inferiores a las que utilizan el gas.

Por tanto, el sistema marginalista hace que el gas marque el precio del resto de componentes del sistema eléctrico. Se calcula que un 50% de la subida en el precio mayorista de la luz es la debida al precio del gas y un 20% a los derechos de emisión del CO2.

El Gobierno está revisando la fiscalidad sobre el precio de la luz y se propone alterar el modelo en el que se fijan los precios que pagamos los consumidores minoristas. Trata de cambiar la tarifa del pequeño consumidor con un promedio de precios futuros, como hacen en Reino Unido o Portugal

Se han aprobado también medidas para permitir que las centrales eólicas, solares, nucleares e hidráulicas puedan cerrar contratos con grandes consumidores a precios por debajo del resultante en la subasta general.

A corto plazo, el Gobierno apuesta por reducir las cargas que recaen sobre el sector eléctrico y trata de apropiarse de los beneficios extraordinarios y totalmente injustificados que el sistema de fijación del precio marginalista proporciona a las empresas hidroeléctricas y nucleares, para dedicarlos a la reducción de la factura eléctrica de los consumidores.

Los proveedores de gas respondieron al frío del pasado invierno vaciando las instalaciones de almacenamiento y posteriormente se han mostrado reacios a rellenarlas con gas de alto precio. Como resultado, las instalaciones de almacenamiento europeas no se encuentran en los máximos habituales de otoño de otros años.

El aumento de los precios está alimentando la inflación y amenaza con entorpecer la recuperación económica, puesto que la factura eléctrica reduce el presupuesto de las familias para otras compras y aumenta los costes de las empresas

RESERVAS INTERNACIONALES

 

Las reservas internacionales son depósitos de capital controlados por lo bancos centrales y las autoridades monetarias de cada país. Están compuestas por oro, Derechos Especiales de Giro (DEG) y divisas extranjeras, en su mayor parte dólares.

Como activos externos, las reservas disponibles sirven para financiar las necesidades de la balanza de pagos, intervenir sobre el tipo de cambio y mantener la confianza en la propia moneda.

El indicador económico de las reseras mide la capacidad del país para hacer frente a sus pasivos u obligaciones generadas por las compras en el extranjero.

Observamos en el gráfico la evolución favorable de las reservas internacionales españolas, que alcanzaban al final de 2020 la cifra de 81 billones de dólares americanos (810.000 millones en versión europea).

La financiación internacional constituye para muchos países uno de los pilares centrales para poder abordar planes de inversión a largo plazo, unos proyectos que generen rentas futuras con las que atender los compromisos adquiridos.

Para paliar los efectos en las reservas internacionales de la crisis sanitaria del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por valor de 650.000 millones de dólares

El DEG es la unidad de cambio del FMI, respaldada por una cesta de monedas: dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes. Los DEG serán repartidos entre los paises miembros de acuerdo con sus participaciones en la institución, en función del PIB y de otros factores.  

Fue en 1969 cuando se creó el DEG como una reserva internacional complementaria en el contexto de paridades fijas de los acuerdos de Bretton Woods. Las asignaciones de los DEG pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar liquidez y complementar las reservas oficiales de los países miembros, como ocurrió en medio de la crisis financiera de 2008.

El DEG, que es utilizado como unidad de cuenta por el FMI y otros organismos internacionales, no es ni una moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso. El DEG, que equivale en torno a 1,20 euros, se puede canjear por dólares, euros y otras monedas.

Hay situaciones en las que un país cae en impago de manera prolongada, dejando de satisfacer los intereses o el principal de la deuda. La consecuencia inmediata suele ser el endurecimiento de las condiciones de financiación.

A veces se llega a excluir de la financiación internacional al pais moroso, o bien, se abre un proceso de reestructuración de la deuda entre deudor y acreedor, que merma la confianza en el país.

Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que despues de la crisis de diciembre de 2001, tardó 14 años en poder acceder de nuevo a los mercados internacionales. Los acreedores extranjeros no le prestaban dinero al Gobierno argentino, con lo que el país se encontró con menor capacidad de gasto y de inversión, que afectó al  nivel de vida de sus ciudadanos.

POBLACIÓN Y NIVEL DE RENTA

 Las variaciones de la población afectan tanto al consumo de un país como a su capacidad productiva y a su crecimiento. Cada nueva persona representa una unidad potencial de factor trabajo, pero como intervienen otros factores de producción, el incremento de personas no aporta una cantidad mayor de esos otros factores (el capital, por ejemplo), sino que reduce su cantidad per cápita.

Sabemos que la disponibilidad de capital físico resulta necesaria para realizar cualquier trabajo y, en la mayor parte de las actividades económicas, el trabajador que cuente con más recurso productivos de capital es capaz de producir más.

Por tanto, las diferencias de capital por trabajador entre los países explican, en parte, las divergencias de renta entre las naciones del mundo. Las mediciones realizadas hace unas décadas señalaban que el capital disponible en forma de instrumentos productivos de un trabajador chino, por ejemplo, no llegaba al 8% del que podía utilizar un norteamericano, y el de un operario nigeriano no alcanzaba más allá el 3%. 

El despegue de la tasa de crecimiento no se dio hasta los últimos doscientos años. En el siglo XIX la población mundial creció a una tasa media anual del 0,6%; en la primera mitad del XX, un 0,9%, y en la segunda mitad, un 1,8%

El número total de habitantes del planeta Tierra, hoy día de 7.800 millones, de cumplirse las previsiones, podría estar cerca de 10.000 millones en 2050. Cabe mencionar que más de un 50% de la población mundial se encuentra en Asia, seguida de África con algo más de un 17%. 

En su famosa obra “Ensayo sobre el principio de la población” (1798), Thomas Malthus, erudito y clérigo inglés, estableció que la población humana crece según una progresión geométrica, en tanto que la capacidad de aprovechar los recursos del planeta aumenta al ritmo de una progresión aritmética, mucho más lentamente

Este demógrafo de finales de silo XIX fue quien mejor explicó la evolución histórica de la población. Decía que, si se dan las debidas condiciones, los seres humanos pueden reproducirse a ritmo elevado. Sólo la cantidad limitada de recursos, especialmente de tierra, frenaba la fecundidad potencial.

A menor población, el bienestar es mayor, lo que acelera el crecimiento poblacional, que disminuye los recursos disponibles para cada habitante y la población es más pobre. El proceso se va repitiendo hasta que, al final, la sociedad alcanza un nivel de vida acorde con una población determinada. Cuando se ha producido una mejora del entorno productivo, un aumento de productividad, por ejemplo, con la introducción del riego o de un nuevo cultivo, ha aumentado el nivel de vida. A este nivel le sigue un nuevo proceso antes indicado y la población llega a un nuevo estado estacionario (sin crecimiento), más numeroso, pero el nivel de renta por habitante apenas ha variado.

En el modelo de Malthus, la innovación tecnológica o el aumento de la tierra cultivable no mejora las condiciones de vida, sino que se limita a aumentar la población. Se suelen citar dos ejemplos ilustrativos: China e Irlanda.

Al final del primer milenio, China era el país más avanzado del mundo desde el punto de vista tecnológico, pero con su elevada población, el pueblo chino vivía en el mismo nivel que la atrasada Europa: en el nivel de subsistencia.

A mediados del siglo XVIII se introdujo en Irlanda la patata, que podía alimentar a más del doble de personas que un trigal similar, y se convirtió en el principal producto alimenticio, aumentando significativamente la producción agrícola del país. La población se triplicó y, como había predicho Malthus, apenas mejoró el nivel de vida de los irlandeses.

Según el clérigo británico, la prevención de la natalidad es la única manera de que una sociedad pueda aumentar su nivel de vida, porque tendrá en el estado estacionario una población menor, con un nivel de renta por habitante más alto. En palabras de Malthus, “Al observar que por las leyes de la naturaleza no podríamos procurar alimentos a la población, nuestro siguiente intento sería lógicamente ajustar la población a los alimentos”. 

El modelo malthusiano, que explicaba el comportamiento poblacional del pasado, dejó de funcionar casi en la misma época en la que fue desarrollado, a principios del siglo XIX. Por un lado, el progreso de la ciencia y la tecnología han sido suficientemente rápidos como para compensar la disminución de los recursos naturales por habitante, y por otro, en Europa occidental al menos, el crecimiento de la población ha ido disminuyendo.

LIMITACIONES DEL MERCADO

 

Aunque el sistema de economía de mercado es capaz de gestionar en general la fijación de los precios de bienes y servicios, existen situaciones en las que no logra la asignación eficiente de los recursos.

En muchos casos, la mano invisible inventada por Adam Smith para explicar el funcionamiento de los mercados conduce a situaciones indeseables, tales como las desigualdades sociales o la contaminación del medio ambiente. Estos efectos negativos se denominan “fallos del mercado”.

Se suelen citar entre los principales fallos las externalidades negativas, que hacen recaer el coste económico sobre colectivos diferentes a los que realizan la actividad; la existencia de bienes públicos, no rentables para el inversor particular, pero sí para el país; la competencia imperfecta, con prácticas restrictivas del libre funcionamiento, y la distribución desigual de la renta, tanto personal como geográfica.

El alumbrado general sería un ejemplo de bien público, puesto que todos pueden servirse del mismo sin necesidad de pagarlo directamente.

En la situación de pandemia se ha podido observar que el libre mercado de las empresas de servicios carece de incentivo para paralizar la actividad con el objetivo de evitar los contagios del virus. Es un fallo de mercado del tipo de externalidad negativa, en el que el ejercicio de ciertas actividades perjudica a la población.

También el sistema eléctrico español necesita ser mejor regulado para corregir sus ineficiencias, subsanando los fallos de mercado que castigan con un sobrecoste a los usuarios y bendicen con dividendos extraordinarios a las grandes empresas suministradoras.

Aunque desde la década de 1980 se ha venido propagando la idea de que el mercado es sinónimo de eficiencia y el sector público se asemeja a la ineficiencia, lo evidente es que la libertad económica debe tener limitaciones.

La eficiencia del mercado se ha ido desvaneciendo en la situación pandémica y los ciudadanos han necesitado acogerse a las soluciones aportadas por el sector público, que ha tenido que suspender la libertad de empresa y cerrar los servicios no esenciales para evitar la propagación del virus.

La sanidad pública ha asumido la protección de la salud de los afectados  por el coronavirus y se ha tenido que ocupar de que el material sanitario llegue a los hospitales, con una planificación centralizada.

La Seguridad Social se ha hecho cargo del pago a quienes la economía de mercado ha dejado sin ingresos, con ERTEs subvencionados, prestaciones por desempleo y rentas básicas.

Ha sido en la pandemia cuando ha aflorado la relevancia del sector público y la necesidad de equilibrar las actividades públicas y privadas en una economía mixta como la española, aumentando la dotación económica de lo público en sectores sensibles como sanidad, educación, investigación y dependencia.

SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL

 

El Sistema Monetario Internacional es el conjunto de instituciones, normas, acuerdos e instrumentos que hacen posible la existencia de relaciones monetarias entre países. Resulta imprescindible para la realización de cobros y pagos en diferentes monedas.

En 1944 tuvo lugar en Bretton Woods la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, tras las consecuencias políticas y económicas de dos guerras mundiales.

Las monedas de los países industrializados ya no estaban bien acopladas al valor del oro, como consecuencia de la alta inflación y de haber tenido que financiar los conflictos bélicos emitiendo moneda.

El patrón oro clásico del siglo XIX se fundamentaba en fijar en términos de oro el valor de cada unidad monetaria, de tal modo que el banco central emisor de la divisa garantizaba que los billetes y monedas estaban respaldadas con ese metal.

El precio entre dos monedas era el resultado de comparar las cantidades de oro que los bancos centrales de ambas monedas habían prometido entregar a su poseedor. Por ejemplo, si el dólar tenía una promesa de entregar 23 gramos de oro y la libra una promesa de entregar 113 gramos de oro, el tipo de cambio entre ambas monedas sería de 4,9 dólares por libra.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el patrón oro clásico fue sustituido por el patrón dólar-oro. Los acuerdos de Bretton Woods establecieron que todas las monedas estarían vinculadas al dólar. Esta divisa quedaba a su vez atada a un precio fijo en oro y sólo los bancos centrales tenían el derecho de convertir sus tenencias de dólares en lingotes de oro, a razón de 35 dólares la onza (28,35 gramos)

Pero en 1971 colapsó el sistema de Bretton Woods. En medio de las dificultades económicas producidas por la guerra de Vietnam, Estados Unidos decretó la inconvertibilidad, anulando la posibilidad de cambiar dólares por oro a los bancos centrales del resto del mundo.

(En la imagen, Bretton Woods, en New Hampshire (EE.UU). El hotel Mount Washington, donde 44 países aliados acordaron el funcionamiento del sistema financiero)

Fue una quiebra encubierta de EE.UU, que se atribuyó el derecho de imprimir cuantos billetes considerara necesarios, cubriendo con dólares sus déficit fiscales e inundando con su dinero el sistema financiero. Se calcula que en la actualidad el 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales están en dólares.

Los tipos de cambio entre divisas se convirtieron en flotantes, con lo que no eran necesarios los controles de capital establecidos en el sistema de Bretton Woods. La extinción de los controles ha permitido en estas últimas décadas un gran incremento de los flujos de capital, lo cual ha hecho ganar espacio al sector financiero, relegando al capital productivo.  

Desde la pérdida de la convertibilidad en oro, las monedas no están vinculadas a ningún metal y se han convertido en monedas fiduciarias, basadas solamente en la confianza en cada país emisor, fluctuando sus valores sobre todo con la demanda y la oferta en el mercado de divisas. Evidentemente, influyen la política monetaria y la estabilidad económica.

EL EURO DIGITAL

 

Los responsables del euro, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como los bancos centrales del Eurosistema, vienen proporcionando dinero líquido de dos maneras: emitiendo billetes y monedas y transfiriendo depósitos electrónicos a lo bancos y a otras instituciones financieras.

Después de nueve meses de análisis previos, al no haberse identificado obstáculos técnicos, el BCE ha decidido aprobar de forma definitiva una investigación sobre el euro en forma de divisa digital, que durará dos años, en los que se definirán aspectos claves como el diseño y la distribución

Un euro digital sería una forma electrónica de dinero de banco central que todos los ciudadanos y empresas podrían utilizar —como los billetes y monedas, pero en formato digital— para realizar sus pagos diarios de manera rápida, fácil y segura.

Sería una moneda accesible a través de monederos virtuales y serviría para realizar todo tipo de transacciones, como complemento del efectivo, no un sustituto. Tampoco reemplazaría al dinero bancario

Tiene menos riesgo que el dinero fiduciario (papel moneda) pues al ser digital se puede seguir el rastro y es más seguro. 

 

Mientras las criptomonedas se basan en protocolos descentralizados, el euro digital será un sistema con base en el Banco Central Europeo. Pero la propia institución apunta la posibilidad de utilizar arquitecturas con elementos centralizados y descentralizados.

Los precios de las criptomonedas suelen ser volátiles, lo que dificulta su uso como medio de pago o unidad de cuenta, sin que haya ninguna institución pública que los respalde. En cambio, como argumenta el BCE, el euro digital tendrá el mismo nivel de confianza que el dinero efectivo, puesto que ambos estarán respaldados por el mismo banco central.

En el diseño del euro digital será importante el impacto medioambiental de su infraestructura. Según los experimentos previos, para las arquitecturas que se probaron, la energía utilizada ha sido insignificante en comparación con el consumo de una criptomoneda como bitcoin

El BCE continuará la investigación en torno al euro digital hasta 2023. Será entonces cuando tomará la decisión de iniciar su desarrollo e implementar las posibles soluciones, trabajando junto a bancos y empresas.

La apertura de esta investigación no prejuzga la decisión sobre si definitivamente se lanzará al mercado el euro digital. Una vez finalizado el proceso, el organismo tendrá que decidir de nuevo si se implementa o no. En cualquier caso, este método de pago no estará operativo antes de 2026

FISCALIDAD MÁS JUSTA

 

Parece que las grandes economías están decididas a dejar a un lado la competencia fiscal entre países y poner remedio a la existencia de paraísos de baja tributación.

El pacto histórico que acaban de firmar establece un impuesto  de sociedades mínimo del 15% y la obligación a las empresas “más grandes y rentables” de tributar el 20% en aquellos países donde sus beneficios superen el 10% de la facturación.

Como afirmaba un dirigente alemán: “Es una buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales del mundo”

Quizás el importante gasto público que han tenido que realizar los países para afrontar las consecuencias de la pandemia ha acelerado los debates que venían produciéndose en los últimos años. El punto de mira es ahora alcanzar un sistema fiscal más justo y eficaz en la era de la economía digital.

Entre los propios ciudadanos es bastante frecuente encontrarnos con quienes sienten un rechazo casi visceral a pagar impuestos, argumentando que tampoco pagan otros la parte que les corresponde. Lamentan que la evasión fiscal de algunos aumente la carga de otros y que se pierda capacidad para proveer servicios públicos.

Hay un análisis coste-beneficio individual, comparando la aportación realizada a la Hacienda Pública con los bienes y servicios públicos recibidos, que se mezcla con el papel redistributivo que deben cumplir los impuestos.

El nivel de impuestos de un país se mide con la presión fiscal, que es el cociente entre la recaudación y el PIB. Se recauda poco en España porque las bases imponibles son reducidas. El sistema impositivo tiene muchas deducciones y exenciones, que hacen descender tanto los ingresos por IVA como por rentas de capital.

Como vemos en el gráfico, en 2019 la presión fiscal en la Eurozona era del 41,6%; en el conjunto de la Unión Europea alcanzaba el 41,1%, y en España no pasaba del 35,4%

Aunque la presion fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea, el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes está entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo o sacrificio fiscal, utilizado por algunos analistas, es alto porque pone la presión fiscal en términos per cápita.

Este indicador, que se debate entre analistas, al conceder mayor peso al nivel de renta, afecta más fiscalmente a un país como España, con alto nivel de paro, contrataciones temporales y trabajadores en situación precaria.

La equidad horizontal exige incrementar las bases imponibles, corrigiendo las abundantes deducciones y exenciones fiscales de los impuestos más importantes. Podría ocurrir que aumente la presión fiscal, al crecer la recaudación sobre el PIB, pero se reduzca el esfuerzo fiscal, como consecuencia de un incremento mayor del PIB real por habitante.