LA ESCASEZ DE VACUNAS

 En diciembre de 2020, la farmacéutica Pfizer puso en el mercado la primera vacuna contra el Covid-19, lo que le otorgó una posición  dominante, pero en enero ya comenzaron las dificultades de producción y la farmacéutica redujo el suministro de dosis a los países europeos.

Otra de las grandes farmacéuticas, AstraZeneca, avisó que solo enviaría el 40% de lo comprometido a la Unión Europea, y la multinacional norteamericana Moderna informó que tendría que reducir a la mitad las entregas previstas. Todos estos retrasos en los suministros están afectando a los programas de inoculación, aflorando entre los responsables sanitarios el temor a la escasez de vacunas.

Pero esta perspectiva de escasez va más allá de Europa. Es un fantasma que recorre ya el mundo entero. En las próximas semanas, COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, hará entrega de dosis a 30 países en desarrollo, pero esta primera ronda de asignaciones sólo cubre entre el 2 y el 3% de la población de las naciones que reciben vacunas a través de este organismo.

Aunque los grandes economistas clásicos dejaron escrito que la cuestión fundamental que debía estudiar la economía era el origen y la distribución de la riqueza, a finales del siglo XIX fue imponiéndose la idea de que la raíz de las cuestiones económicas se encontraba en que los recursos son escasos y, por tanto, estamos obligados a elegir. Los textos académicos lo dicen muy claro: “los bienes son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia”.

Pero en esta ocasión son los gobiernos de algunos países ricos los que están creando una escasez artificial al oponerse a la producción y distribución de la vacuna, a precio asequible, en todos los países del mundo, como sería necesario para acabar con la pandemia.

Hay que aplaudir algunas iniciativas, como los acuerdos entre Johnson & Johnson, productor de vacuna, y Merck, empresa con capacidad, para que esta última proporcione el llenado y el acabado de la vacuna de Janssen (J & J).

Otros movimientos para extender la vacuna podrían venir de la transferencia bilateral de tecnología, mediante la concesión voluntaria de licencias por parte de una empresa propietaria de las patentes de una vacuna contra el Covid-19 a otra empresa que pueda producirlas.

Pero la opción preferida por los organismos internacionales es la transferencia coordinada de tecnología, lo cual implica que las universidades y los fabricantes concedan licencias de sus vacunas a otras compañías a través de un mecanismo mundial que facilitaría la formación del personal y coordinaría las inversiones en infraestructura.

A fin de combatir la escasez de dosis a nivel mundial, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a que los países puedan producir sus propias vacunas contra el Covid-19.

Llegar a producir los países las vacunas que precisen requiere que las grandes empresas farmacéuticas renuncien a los derechos de propiedad intelectual, una medida excepcional que está prevista para proteger la salud o la vida de las personas en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, firmado en 1994.

Como la pandemia del coronavirus es global y sus mutaciones pueden llegar de naciones sin acceso suficiente a la vacuna, el esfuerzo de unos pocos países ricos para acumular las escasas dosis no va terminar con la enfermedad, sino que puede alargar la superación de la crisis sanitaria-económica.

RENTA PER CAPITA

La renta per cápita o renta por habitante indica la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) de un país y su población. Es la cantidad anual de ingreso bruto medio por ciudadano. Se expresa muchas veces en términos nominales, es decir, sin eliminar el efecto de las variaciones de precios, y sirve para conocer las diferencias económicas entre los países.

En el año 2000, la renta media española representaba el 65% del promedio de la Zona Euro (19 países). Cinco año más tarde, en plena burbuja inmobiliaria, ascendía al 76% y se mantuvo en este nivel, hasta que en 2020 cayó al 71%

La renta por habitante puede descomponerse en dos factores: productividad laboral y tasa de empleo. La productividad se calcula por el cociente entre el PIB y el número de empleados (equivalentes a tiempo completo) o el número de horas trabajadas. El segundo de los factores, la tasa de empleo, es la proporción de empleados respecto de la población en edad de trabajar.

La productividad española se situaba en la cola de los países europeos en 2019. Mientras que en el conjunto de la Unión Europea la productividad creció el 1,1%, en España no pasó del 0,4%,, sólo por encima de Italia y Luxemburgo. El mayor problema es que sigue perdiendo terreno respecto de los países del Este del continente. Por ejemplo, en 2007, el PIB por ocupado de España superaba al de Polonia en un 39%, y en 2018 descendió hasta el 22%.

Se puede decir que el crecimiento económico español en los años anteriores a la pandemia fue extensivo más que intensivo. El PIB de Epaña aumentó porque se incorporaron más trabajadores al mercado laboral, no porque los ocupados aportaran mayor producción. La recuperación en esos años se apoyó en sectores de escaso valor añadido.

En España no se han dado pasos para consolidar el tamaño empresarial. El tejido productivo sigue atomizado, con mucha proporción de pymes y microempresas. La consecuencia es una menor ratio de capital por trabajador, lo cual lleva a mantener bajos los salarios para no perder competitividad.

El segundo de lo factores que influyen en la renta per cápita, la tasa de empleo, muestra el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen empleo. El siguiente gráfico recoge la evolución comparativa entre España y la media europea en el colectivo de 20 a 64 años.

En 2005, España tenía la misma tasa de empleo que la media europea, pero la crisis financiera fue introduciendo un desfase que en 2013 alcanzaba cerca de 10 puntos porcentuales. Ha ido disminuyendo la diferencia, pero en 2019 España tenía la tasa del 68% y la media europea (EU27) llegaba al 73,1%. La tasa de empleo es quizás la que mejor explique la diferencia de renta per capita entre España y la media europea.

La renta per cápita no puede considerarse como un indicador de bienestar social. Al ser una media, no tiene en cuenta las desigualdades económicas entre los individuos, engloba algunos gastos que no influyen en el bienestar, no considera la destrucción de recursos naturales y subestima la producción real de un país por no tener en cuenta los bienes y servicios que no pasan por el mercado, tales como el trabajo doméstico, el cuidado de familiares y el trabajo voluntario.

TRANSICIÓN DIGITAL

La necesidad de atenuar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus ha impulsado a ciudadanos, empresas y administraciones públicas a aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización.

La introducción del teletrabajo y las gestiones por internet, las viodeollamadas con familiares y amigos y el acceso al buscador de información Google han ido cambiando la relación de los ciudadanos con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Según un estudio de la Fundación BBVA, el 60% de los españoles considera que tanto internet como el móvil se han convertido en esenciales en sus vidas. El 96% afirma que los utiliza a diario, cuando hace una década no pasaba del 18% los que consideraban esencial internet y el 48% recurría al móvil.

Acelerar la digitalización puede ser también una ayuda para modernizar las bases económicas y sociales del país. Esta transformación va a contar con el apoyo del Plan Europeo para la Reconstrucción, que identifica a la transición ecológica y a la transición digital como las fundamentales para la recuperación económica y la realización de las reformas estructurales que los países deben afrontar cara al futuro.

La Comisión Europea considera que la transformación digital abrirá nuevas oportunidades para las empresas, impulsará el desarrollo de las tecnologías, promoverá una sociedad abierta y democrática y hará posible una economía dinámica y sostenible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

En este contexto, la transformación digital tiene carácter transversal y multisectorial. Afecta a todas las actividades económicas de la sociedad. Es un reto complejo que pretende beneficiarse del avance en la digitalización, tratando de que incorpore a todos los ciudadanos.

Por los estudios de mercado de IDC Research España, se sabe que casi dos tercios de las empresas están llevando a cabo procesos de transformación, pero queda un remanente significativo que no tiene ningún plan para iniciar un cambio digital.

Puede ser clave que una empresa disponga de flexibilidad y capacidad para implantar algunas medidas como el teletrabajo o la organización de la producción y la distribución en nuevos entornos. A través de la digitalización de procesos no solo se pueden automatizar algunas acciones, sino que, recurriendo a la información de los datos, es posible buscar alternativas que supongan un ahorro de costes o identificar fallos para mejorar el sistema de producción. El éxito de una transformación digital no depende tanto del equipamiento tecnológico como de tener una estrategia muy clara del proceso a desarrollar a largo plazo.

La recuperación económica pasa por la digitalización de las pymes, que suman el 99% del tejido empresarial español y suponen mas del 60% del empleo. La partida presupuestaria española dedicada a transformar las pequeñas y medianas empresas alcanza los 4.656 millones de euros. El objetivo a conseguir es que en 4 años el 25% del volumen de negocio de las pymes venga del comercio electrónico, cuando hoy día no supera el 10%

Se confía en que las ayudas públicas impulsen la colaboración de las empresas privadas, de tal modo que se genere un efecto multiplicador, que evite desaparición de pymes. Entre las ventajas de la digitalización se encuentra la internacionalización de las pequeñas empresas. Al venderse por internet, la empresa sale de su zona de influencia para convertirse en una plataforma global

La transformación digital es también una de las estrategias de los bancos con el enfoque de ampliar la base de clientes y reducir las sucursales. Parecen preocupados porque en el horizonte afloran los gigantes tecnológicos, que pretenden hacerse más presentes en el negocio bancario.

Según la Comisión Europea, los Estados deben incluir la transición digital como uno de los pilares de los planes de recuperación, con una dedicación al menos del 20% de los fondos. Estaría bien que se analizaran los impactos que puede producir esta transformación en el mercado de trabajo, a fin de evitar que se amplíe la precarización y la desigualdad en la sociedad.

CAPTURA DE RENTAS

El concepto de “renta” ha cambiado en el pensamiento económico a través de los tiempos. Los economistas del siglo XVIII describían la “renta” como un ingreso no ganado, consecuencia de un comportamiento parasitario que lograba extraer valor de una actividad que sí lo creaba.

En la economía neoclásica, que prevalece hoy día, el valor deriva del precio en el mercado, con lo que todos lo ingresos se consideran productivos. El concepto de ingresos no ganados ha desaparecido, sustituido por rentas generadas en mercados que no se desenvuelven en situaciones competitivas (monopolios y oligopolios).

El analista Martin Wolf estima que el sistema económico capitalista está siendo dominado por poderes económicos monopolísticos, y que “renta” significa una recompensa por encima de la necesaria para conseguir el suministro de bienes y servicios o para contratar trabajo.

En el “capitalismo rentista” el mercado y el poder político permiten que, disminuyendo la competencia, ciertos individuos y empresas extraigan rentas a todos los demás. Esta “rentización”, con concentración de mercado y crecientes beneficios monopolistas, resulta evidente en compañías tecnológicas estadounidenses conocidas en finanzas como los FAANGS, grupo al que pertenecen Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet (Google).

Vemos en el gráfico de AMAZON que los ingresos netos mundiales en el último decenio han pasado de 34.200 millones a 280.520 millones de dólares, es decir, se han multiplicado por 8,2.

Las enormes ganancias de las empresas tecnológicas líderes citadas se deben al control sobre las patentes, la fortaleza financiera que les otorgan los créditos a bajos tipos de interés y la compra de competidores potenciales. Pero también es cierto que, además del poder de monopolio, sus innovaciones tecnológicas influyen en los resultados económicos que consiguen.

Una definición híbrida de la renta combina la visión proveniente de la propiedad monopolística de activos no producidos, como la tierra y los minerales, con los sistemas retributivos para altos directivos, caracterizados por el “pago en exceso”, por encima del requerido en una gestión eficiente.

Las remuneraciones de los altos directivos de las empresas del IBEX-35 suponen en algunos casos cientos de veces más que la retribución de un empleado medio de sus empresas. Cabría preguntarse si la productividad alcanzada por los ejecutivos también lo es. La respuesta más cercana a la realidad vendría a ser que los altos directivos están “extrayendo rentas” de las empresas que gestionan.

Esta capacidad para capturar o extraer rentas podría ser debida a que la mayoría de los Consejos de Administración carecen de suficiente información e independencia como para negociar eficazmente con los directivos su remuneración. Les resulta difícil controlar su labor y conectarla con los resultados de sus empresas.

A veces se observan paradojas difíciles de explicar, como el caso de una empresa del IBEX-35 cuyo Consejero Delegado percibió en 2020 nada menos que 3,7 millones de euros, entre retribución fija y variable por objetivos, en un año en el que su compañía declaraba una pérdida de 3.289 millones de euros.

Algunos ejemplos claros de fortunas acumuladas por extracción de rentas serían los oligarcas rusos que se apoderaron de los derechos de explotación de recursos naturales de su país y los constructores españoles y de otros países que se benefician de contratos con el sector público o de recalificaciones de terrenos. Es lo que recibe la denominación de “capitalismo de amigotes”-

Los estudios concluyen que los países que favorecen la extracción de rentas suelen conseguir menores niveles de desarrollo que aquellas naciones que cuentan con mercados mas competitivos, que tienen mayor capacidad para mejorar el bienestar de su población.

POLÍTICA FISCAL EN TIEMPOS DE CRISIS

La política fiscal es la rama de la política económica que utiliza los Presupuestos Generales del Estado para mantener la estabilidad económica, tratando de evitar situaciones de inflación o desempleo. 

Uno de los componentes del documento presupuestario es el gasto público, donde constan los recursos empleados por el Gobierno para facilitar bienes y servicios a los ciudadanos, atender el pago de las pensiones, conceder prestaciones por desempleo y realizar transferencias de fondos como ayudas sociales a los colectivos necesitados. El segundo componente de los presupuestos generales son los ingresos públicos, que adoptan formas de impuestos, contribuciones sociales, tasas e ingresos patrimoniales. 

Caben dos tipos de política fiscal: expansiva y restrictiva. El primer tipo, que trata de estimular el crecimiento económico y crear empleo, suele generar déficit en los Presupuestos del Estado, dado que tiende a incrementar más el gasto público que el ingreso, financiando la diferencia con la emisión de deuda pública. 

La política fiscal restrictiva reduce el gasto público y sube los impuestos, con lo que desciende la demanda agregada y la producción. Se aplica cuando la economía se encuentra en un período de expansión excesiva y se teme un aumento significativo de la inflación. 

En los países del euro, al no poder recurrir a la devaluación monetaria, se ha utilizado como política restrictiva la “consolidación fiscal”, que suele acabar de hecho con una devaluación de salarios. 

En el gráfico tenemos la evolución de la presión fiscal, que es la relación entre la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al PIB. Se situó en 2019 en el 41,2% en la Unión Europea y el 41,6% en la Eurozona. La presión española no superó el 35,4% 

Suele decirse que las guerras, revoluciones y desastres son las que dan consistencia a los sistemas fiscales de los países. Así, las dos guerras mundiales del pasado siglo alumbraron nuevos impuestos, en particular el impuesto sobre la renta, que hoy día es el predominante. Seguramente no va a ser diferente con la pandemia del Covid-19, con efectos asimilables en algunos aspectos a una guerra, que acabará influyendo en los sistemas fiscales de las próximas décadas. 

Se van a introducir dos nuevos impuestos: la “tasa Tobin”, que grava con el 0,2% las operaciones de compraventa de acciones emitidas en España de sociedades con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, y la “tasa Google”, que grava con el 3% las empresas tecnológicas con ingresos anuales de más de 750 millones (en España, 3 millones) 

La crisis de la pandemia ha reforzado el papel protector del Estado, promoviendo el lanzamiento de programas específicos de transferencias financieras para sostener las rentas de empresas y ciudadanos afectados por la caída forzosa de la actividad económica. 

Los nuevos programas tienen como objetivo facilitar la reasignación de recursos hacia los sectores emergentes. Algunas empresas que se mantuvieron a flote gracias a las políticas sociales ya no serán viables y aparecerán oportunidades en sanidad y otros sectores tecnológicos. 

Entramos en una fase distinta tras los largos meses de crisis. Las empresas están pasando de la carencia de liquidez a un posible problema de solvencia y, por tanto, hace falta que el Estado despliegue otro tipo de apoyos, destinados a reforzar los recursos propios de las entidades. 

El desafío será combinar la protección aún necesaria para determinados colectivos con la reasignación de las ayudas, todo ello en un contexto de incertidumbre elevada, en el que aparecerán dificultades para la devolución de los créditos concedidos por los bancos, con lo que se activarán los avales públicos otorgados para las situaciones de insolvencia definitiva.