LIMITACIONES DEL MERCADO

 

Aunque el sistema de economía de mercado es capaz de gestionar en general la fijación de los precios de bienes y servicios, existen situaciones en las que no logra la asignación eficiente de los recursos.

En muchos casos, la mano invisible inventada por Adam Smith para explicar el funcionamiento de los mercados conduce a situaciones indeseables, tales como las desigualdades sociales o la contaminación del medio ambiente. Estos efectos negativos se denominan “fallos del mercado”.

Se suelen citar entre los principales fallos las externalidades negativas, que hacen recaer el coste económico sobre colectivos diferentes a los que realizan la actividad; la existencia de bienes públicos, no rentables para el inversor particular, pero sí para el país; la competencia imperfecta, con prácticas restrictivas del libre funcionamiento, y la distribución desigual de la renta, tanto personal como geográfica.

El alumbrado general sería un ejemplo de bien público, puesto que todos pueden servirse del mismo sin necesidad de pagarlo directamente.

En la situación de pandemia se ha podido observar que el libre mercado de las empresas de servicios carece de incentivo para paralizar la actividad con el objetivo de evitar los contagios del virus. Es un fallo de mercado del tipo de externalidad negativa, en el que el ejercicio de ciertas actividades perjudica a la población.

También el sistema eléctrico español necesita ser mejor regulado para corregir sus ineficiencias, subsanando los fallos de mercado que castigan con un sobrecoste a los usuarios y bendicen con dividendos extraordinarios a las grandes empresas suministradoras.

Aunque desde la década de 1980 se ha venido propagando la idea de que el mercado es sinónimo de eficiencia y el sector público se asemeja a la ineficiencia, lo evidente es que la libertad económica debe tener limitaciones.

La eficiencia del mercado se ha ido desvaneciendo en la situación pandémica y los ciudadanos han necesitado acogerse a las soluciones aportadas por el sector público, que ha tenido que suspender la libertad de empresa y cerrar los servicios no esenciales para evitar la propagación del virus.

La sanidad pública ha asumido la protección de la salud de los afectados  por el coronavirus y se ha tenido que ocupar de que el material sanitario llegue a los hospitales, con una planificación centralizada.

La Seguridad Social se ha hecho cargo del pago a quienes la economía de mercado ha dejado sin ingresos, con ERTEs subvencionados, prestaciones por desempleo y rentas básicas.

Ha sido en la pandemia cuando ha aflorado la relevancia del sector público y la necesidad de equilibrar las actividades públicas y privadas en una economía mixta como la española, aumentando la dotación económica de lo público en sectores sensibles como sanidad, educación, investigación y dependencia.