PRODUCTIVIDAD INCIERTA

Hemos pasado en poco tiempo del miedo a la deflación al temor a una inflación difícil de controlar, con la consecuencia de una recuperación menguante del Producto Interior Bruto (PIB), un indicador que muestra en España una tasa de crecimiento en descenso.

Se esperaba que, una vez mermada la virulencia de la pandemia, la recuperación de la producción sería rápida, pero el reinicio del funcionamiento de las cadenas de suministro ha resultado complejo, con demanda embalsada y ahorro forzoso acumulado.

La oferta productiva no ha sido capaz de responder a la demanda, ocasionando cuellos de botella productivos, logísticos y de transporte, con aumento generalizado de los precios de materias primas, energía y bienes intermedios.

Dos indicadores básicos de la evolución económica son el PIB y la productividad. El PIB real por habitante, una vez eliminada la influencia de los precios, ha crecido en los últimos 26 años en torno al 30%, lo que equivale a una tasa acumulada anual del 1,05%, poco más que la mitad del crecimiento anual conseguido, por ejemplo, por EE.UU en igual período.

En cuanto a la productividad, medida como PIB real por trabajador, ha crecido en los 26 años un 7,9%, que supone una tasa acumulativa anual del 0,3%. Esta es denominada “productividad aparente del trabajo” porque incluye también la productividad del capital y otros factores. Comparada, por ejemplo, con la tasa alemana, resulta muy escasa, consecuencia seguramente de la menor dimensión de las empresas españolas y de su bajo nivel de internacionalización.

Vemos en el cuadro, elaborado por Jose Antonio y Miguel Angel Herce, que el PIB real por habitante de España era en 1995 el 72,75% del promedio de la Eurozona y en 2021 descendió al 71,77%. En un cuarto de siglo, en el que se han recibido ayudas estructurales procedentes de la Unión Europea, el país no ha logrado acercarse más a la posición media europea.

En cuanto al segundo indicador, la productividad aparente del trabajo, el indicador ha pasado del 95,77% respecto de la Eurozona en 1995 al 85,74%, un retroceso significativo de 10 puntos.

El crecimiento del PIB procede de tres fuentes básicas: la acumulación de horas de trabajo, la acumulación de inversiones en equipamientos productivos (capital) y la acumulación de tecnología, también denominada “progreso tecnológico”.

El efecto en el crecimiento del PIB de los dos primeros se estima directamente, en función de sus participaciones en la renta nacional. En cambio, la participación del progreso tecnológico se deduce de restar al total de crecimiento los resultados de los otros dos factores.

El progreso tecnológico impacta en el PIB a medida que se renueva el trabajo y el capital aplicados a la producción. Por este motivo, al efecto tecnológico, que esta detrás del aumento de la renta por habitante y de la productividad, se le denomina “Productividad Total de los Factores” (PTF),

Por tanto, la PTF recoge los elementos que logran hacer más productivos lo recursos de capital y trabajo, aumentando la eficiencia de los mismos gracias al progreso tecnológico incorporado en los nuevo equipos productivos y humanos. Por ejemplo, a través de la formación continua de los trabajadores o la capacitación de la gerencia para tomar decisiones.

Según los datos publicados por la Fundación BBVA, la economía española tiene un problema estructural de incierta productividad. En términos de PTF, se produjo una caída del 10,5% entre 1995 y 2017, cuando en la Eurozona se incrementó en el 1,4% y en el conjunto de la Unión Europea en el 4,5%. En el desfase español respecto de otros países europeos han influido sin duda la reasignación masiva de trabajadores a sectores poco productivos, como la construcción o los servicios básicos de turismo.

En definitiva, el crecimiento del PIB español se ha conseguido aumentando el número de trabajadores o de horas trabajadas y realizando importantes inversiones de capital. La Productividad Total de los Factores no ha logrado ninguna aportación al crecimiento del PIB real en las últimas décadas, circunstancia que puede explicar el grueso de la diferencia observada en el nivel de PIB por habitante respecto a la media europea.

PREDICCIONES AUTOCUMPLIDAS

 

Las profecías autocumplidas son predicciones que, una vez emitidas, se convierten con mucha probabilidad en la causa de que se realicen, al generarse unas expectativas que acaban por cumplirse.

El sociólogo estadounidense Robert King Merton llegó a la conclusión de que las personas responden al sentido que le dan a una situación y no a su realidad objetiva, lo cual influye en sus conductas respecto a esa situación.

Un ejemplo de predicción autoumplida es el caso de un banco sobre el que se extiende el rumor infundado de una inminente quiebra y muchos de sus clientes tratan de recuperar sus depósitos. Esta exigencia inesperada provoca la insolvencia de la entidad financiera, cumpliéndose así el rumor predictivo.

La inflación es una variable económica en la que suelen incidir las predicciones. La versión general del Indice de Precios de Consumo (IPC) español, que tocó cima en marzo de este año con un 9,8% de incremento, ha descendido algunas décimas en los siguientes meses. En cambio, la modalidad subyacente sube hasta el 4,9% en mayo.

La inflación subyacente muestra de modo más preciso que la inflación general la tendencia de los precios de consumo a corto plazo. Esta versión del índice nació tras la crisis energética de los años setenta. La elevada volatilidad de los precios de aquella época movió a las autoridades económicas a generar otro indicador más estable que el IPC general.

El cálculo del subyacente excluye dos tipos de consumos, ambos con alta volatilidad: componentes energéticos (gasolina, gas, electricidad…) y productos alimenticios no elaborados (frutas, verduras…)

Vemos en el gráfico la evolución de las tasas anuales, general y subyacente, en los años 2021 y 2022. Tras incrementarse en los primeros meses de este año, la tasa general se ha situado en mayo en un 8,7%, en tanto que la subyacente va incrementándose desde mediados del año pasado.

La tasa subyacente es más complicada de bajar que la general, que toma en consideración el precio de los carburantes y la electricidad, más volátiles. El indicador subyacente, en el que se fija el BCE para ajustar su política monetaria, tiende a perpetuase en el tiempo, lo que conlleva a una pérdida de competitividad para el país.

Como podemos observar en el gráfico, hace un año la inflación subyacente se situaba en el 0,2%. Comenzó a subir en junio de 2021, llegando en septiembre al 1% y tan solo tres meses después se había duplicado (2,1%)

Con el inicio de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, se acentuaron los problemas de las cadenas globales de suministros y la inflación subyacente había llegado al 3%, incrementándose hasta el 4,4% en abril y situándose en mayo en el 4,9%.

La subida de la inflación subyacente augura incrementos de precios a corto plazo aún latentes como consecuencia de los efectos de segunda ronda, puesto que implican un traslado de precios de las empresas a lo consumidores finales

Desde el Gobierno se informa que la tasa de inflación irá disminuyendo paulatinamente, una vez que se consoliden los efectos de la medida (excepción ibérica) autorizada por la Comisión Europea para limitar los precios del gas, que ha de permitir reducir el precio de la electricidad.

Bien está que las autoridades económicas planteen expectativas de caída de la inflación al entorno del 3% en el próximo año, pero hace falta que la comunicación vaya acompañada de medidas que se perciban como efectivas. Mientras las expectativas de los agentes económicos y sociales sean que la inflación no va a descender, estaremos viviendo en una situación de profecía autocumplida y la inflación no descenderá sustancialmente.

CRISIS ALIMENTARIAS

La crisis alimentaria se manifiesta en la dificultad de las personas para el acceso a suficientes alimentos, nutritivos y seguros, para atender las necesidades esenciales que les permitan una vida sana y activa. El drama alimentario impide el desarrollo de las naciones, al obstaculizar la educación y agravar el malestar de las familias, disminuyendo la capacidad del ser humano de ganarse el sustento diario.

El informe último de la “Red Mundial contra las Crisis Alimentaria” señala que, tras la pandemia de Covid-19, han aparecido nueva amenazas. En 2021 había 193 millones de personas de 53 países o territorios que sufrían la crisis alimentaria, 38 millones más que en 2020. La situación era catastrófica en naciones como Etiopía, Madagascar, Yemen, Sudan del Sur y Burkina Faso.

Aunque en otras épocas tendían a identificarse seguridad y soberanía alimentaria, ahora se consideran categorías diferentes. La FAO señala que existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso a alimentos sanos y nutritivos, que llevan a una vida sana y con energía. La condición es disponer de poder adquisitivo para acceder a dietas saludables.

En cambio, la soberanía alimentaria supone la posibilidad de decidir y controlar lo que el consumidor se lleva a la mesa, por encima del poder de los grandes productores agroindustriales y los intereses económicos. El movimiento internacional “Vía Campesina” entiende la soberanía alimentaria como el derecho que tiene cada pueblo para definir su política en materia de alimentos.

Las crisis alimentarias son el resultado de diversos factores que se retroalimentan entre sí. Van desde conflictos hasta catástrofes ambientales y climáticas, desde crisis económicas hasta sanitarias, cuyas causas subyacentes son la pobreza y las desigualdades.

El principal impulso de la inseguridad alimentara proviene de los conflictos. Las guerras dejan al descubierto la fragilidad de los sistemas alimentarios, causando graves problemas para la seguridad alimentaria y nutricional de los colectivos afectados.

Algunos países son especialmente vulnerables a los riesgos de una guerra, sobre todo porque tienen un alto grado de dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas.

Con la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, el hambre crece en muchos países por el rápido encarecimiento de los alimentos básicos, los fertilizantes y la energía, todo lo cual supone una autentica crisis alimentaria. La guerra ha bloqueado el suministro de cereales, provocando operaciones especulativas y de acaparamiento. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ha señalado que la inseguridad alimentaria se ha duplicado hasta alcanzar a 276 millones de personas.

En España, con el 26,4% de la población en riesgo de pobreza, muchas familias sufren dificultades para llevar una dieta saludable, lo cual afecta a su desarrollo personal y profesional. Una mala alimentación influye en la salud física y mental, en particular a cuantas personas llevan mucho tiempo en desempleo y se encuentran en riesgo de exclusión. Este colectivo tiene más riesgo de caer en enfermedades cardiovasculares y sufrir enfermedades de salud mental.

Aunque el problema energético actual es evidente, la crisis en el suministro de alimentos es más acuciante. A lo lago de 2021, los precios del trigo subieron mucho más que los del petróleo, causando serios perjuicios en muchos de los países pobres, en los que una gran parte del gasto familiar se destina a alimentos. Según el Banco Mundial, cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos equivale a 10 millones más de personas en situación de extrema pobreza.

PRECIOS HEDÓNICOS

 

El precio hedónico es un término económico que describe un modelo en el que el precio de un producto, además de los diversos costes que supone su elaboración y distribución, tiene en cuenta otros factores que inciden en el bien.

Cada producto está constituido por una serie de características o atributos que, en conjunto, configuran la unidad básica ofrecida en el mercado. Dichos atributos, que son inevitablemente traspasados por el proveedor al consumidor en el momento en que este último lo compre, afectan positiva o negativamente al precio, dependiendo de la valoración que el demandante realice por cada uno de los atributos.

De este modo, se generan mercados implícitos por cada atributo, cuyas demandas y ofertas, no obstante, no son observables en forma directa. En la mayoría de los casos se reflejan en forma relativamente transparente en los precios.

En mercados más complejos, como el de los bienes raíces, el conocimiento de las demandas o los "precio sombra" de cada atributo cobra especial interés, fundamentalmente por la alta heterogeneidad de los atributos observados, su fácil diferenciación y su alto valor relativo.

Este tipo de modelo se utiliza sobre todo en el mercado inmobiliario. Las consideraciones sobre el precio de una propiedad tienen en cuenta el tamaño de la casa, el número de habitaciones, el tamaño de las mismas, la calidad de los materiales utilizados y otras características del edificio.

A estas consideraciones de análisis interno, los precios hedónicos añaden factores externos influyentes, tales como la ubicación de la casa, el vecindario, la proximidad de la propiedad a servicios, como escuelas, mercados y transportes públicos.

Por lo tanto, el método de lo bienes hedónicos supone que las características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado, con lo que el precio se puede descomponer en los atributos y asignar un pecio implícito a cada uno.

En el caso de una vivienda, su precio dependerá de las características estructurales, de localización y ambientales. Estas dos últimas van adquiriendo cada vez mayor importancia, valorándose la distancia a un parque, las vistas al mar o a un parque y el nivel de ruido.

Los precios hedónicos constituyen un significativo avance metodológico en el tratamiento de mercados implícitos por atributos, proporcionando técnicas para la obtención de precios y demandas implícitas a partir de la medición del precio del bien compuesto y de la forma en que se efectúa la "mezcla" de atributos que lo compone.

La aplicación de las teorías hedónicas se remonta a estudios realizados en EEUU en los años sesenta para determinar el efecto de la contaminación del aire sobre el precio de mercado de las viviendas, así como de otras características propias de los inmuebles y su vecindario.

Los precios hedónicos se utiliza también en el mercado laboral. Los trabajadores que son trasladados a otros países reciben remuneraciones superiores como compensación a la falta de algunos servicios en esos países y a los inconvenientes o molestias que lleva vivir en otros entornos.

BIENESTAR ECONÓMICO Y FELICIDAD

 

El profesor italiano Emanuele Felice, identifica la felicidad con tres rasgos: la liberación de las limitaciones materiales, la calidad de las relaciones sociales y cierta orientación trascendente que da sentido a la vida.

Este ensayista, autor del libro “Historia económica de la felicidad”, considera, al igual que otros historiadores, casi idílica la situación de los “primitivos” humanos, dedicados a la caza y a la recolección de frutos, que tuvieron una vida más sana que la propiciada a cohortes posteriores en la revolución agrícola.

El salto a la agricultura instituyó una sociedad muy dispar, basada en la separación entre clases sociales y la desigualdad de la mujer respecto al hombre. Durante los siglos siguientes se buscó la felicidad en la vida ultraterrena y en filosofías que predicaban la anulación de los deseos (estoicismo), sin intención alguna de mejorar las condiciones de vida material.

El gran avance para la humanidad llegó con el Siglo de las Luces (XVIII) y la rápida industrialización. El progreso tomó impulso con la máquina de vapor, la electricidad, la automoción, el teléfono y otra serie de inventos.

La higiene y la medicina ampliaron la esperanza de vida. Se extendió la alfabetización, al tiempo que se reducía la pobreza extrema. Tras las dos guerras mundiales, desde la segunda mitad del siglo XX se disfruta de mayor bienestar material.

Según el Informe Mundial de la Felicidad, que celebra este año su décimo aniversario, el bienestar subjetivo se basa en tres indicadores principales: evaluaciones de la vida, como la medida más estable de la calidad de vida de las personas, basada en la encuesta Gallup, y las emociones positivas y negativas

Las evaluaciones de vida brindan la medida más adecuada para las comparaciones internacionales. Capturan la calidad de vida de una manera más completa que los informes emocionales, basados en experiencias diarias, y difieren más entre países que las emociones

El siguiente ranking de la Encuesta Mundial Gallup se basa en la escala de Cantril, que recoge el nivel de afirmación personal. Consiste en una escalera de 10 niveles que va desde lo mejor con 10 puntos hasta lo peor con 1 punto.

Los países europeos siguen ocupando los primeros puestos mundiales de felicidad. Finlandia (7,8) es el primero en la lista, seguido de Dinamarca e Islandia. Este año, las tres mayores subidas en el ranking fueron en Serbia, Bulgaria y Rumanía, en tanto que los descensos tuvieron lugar an Libano, Venezuela y Afganistán. España (6,4) desciende desde el puesto 24 del año anterior al 29

Aunque la pandemia produjo dolor y sufrimiento, el Informe Mundial reconoce también un notable aumento de apoyo social y benevolencia. Se ha podido apreciar la capacidad humana de apoyarse mutuamente en época de grandes necesidades. Los resultados del estudio demuestran que las comunidades con confianza en el Gobierno y las instituciones son más felices y resistentes frente a las crisis.

En los últimos diez años se ha incrementado el interés público en la felicidad. Los responsables de formular las políticas toman la felicidad como un objetivo importante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alentado a que todos sus miembros midan la felicidad cada año y la Unión Europea pide a sus países miembros que pongan el bienestar en el centro del diseño de las políticas públicas.

El Informe señala que los resultados del promedio mundial de evaluaciones de vida nacionales han sido relativamente estables, pero con una amplia variedad de experiencias nacionales y regionales, con cierta “tendencia moderada al alza a lago plazo en el estrés, la preocupación y la tristeza en la mayoría de los países y una ligera disminución a largo plazo en el disfrute de la vida”.

EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

La deuda pública española se ha disparado durante la pandemia del coronavirus. Al cierre del año 2021, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), representaba ya un 118,7%.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución en cifras absolutas del stock de deuda pública, según el Protocolo de Déficit Excesivo, etablecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Eurozona.

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La deuda fue aumentando desde el inicio de la crisis financiera en el año 2008 hasta finales de 2014, con un importante crecimiento en el año 2020, a consecuencia de la política de protección social para paliar los efectos de la pandemia.

Como se observa en el gráfico, a finales de 2021 la deuda había llegado a 1,4 billones de euros, alejada del Plan de Estabilidad europeo, fijado en el 60% del PIB.

En la evolución de la deuda pública influyen sobre todo los siguientes componentes: el déficit o superavit primario sobre el PIB (sin incluir intereses de la deuda); los tipos de interés a pagar por la deuda acumulada; la tasa de crecimiento nominal (real más inflación) de la economía, y un componente denominado “ajuste déficit-deuda”.

El superavit primario no aparece habitualmente en la economía española, con lo que no está ayudando a reducir el nivel de deuda. El año 2021 se cerró con un déficit del -4,7% del PIB y se prevén también déficits para este año y los siguientes.

Con unos tipos impositivos altos en comparación con los países de la Eurozona, la recaudación tributaria es bastante menor en España, debido al exceso de deducciones, exenciones y desgravaciones fiscales, así como un mayor fraude fiscal.

Los siguientes dos factores que inciden sobre la deuda favorecieron a la economía española en el período 2015-2019. Las tasas de crecimiento nominal fueron mayores que los tipos de interés nominal, con lo que facilitaron la reducción de la deuda pública respecto al PIB. El año 2020, con la crisis pandémica, sucedió el efecto contrario, debido a que el PIB cayó hasta el -9,8% y el tipo de interés fue del 2,2%

Este efecto adverso puede repetirse en los años próximos por el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo, si deja de comprar bonos y decide ir subiendo los tipos de interés.

El componente “ajuste déficit-deuda”se refiere a aumentos de deuda sin efectos en el déficit público. Son compras de activos financieros de las Administraciones Públicas, es decir operaciones de endeudamiento que no tienen su origen en los presupuestos públicos, tales como aportaciones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) y participaciones en el rescate de entidades europeas.

Con tipos de interés cercanos a cero, la deuda parece sostenible, pero con los tipos en aumento los gastos financieros pueden convertirse en una carga muy pesada para los presupuestos del Estado.

CADENAS DE APROVISIONAMIENTO

 

La cadena de aprovisionamiento, llamada también cadena de valor global, es el conjunto de actividades que hay que desarrollar en localidades geográficas distintas para obtener un bien o servicio. Está compuesto por eslabones que corresponden a tareas que la organización debe llevar a cabo para obtener y comercializar un bien.

Entre las etapas de la cadena de suministro se pueden distinguir: el diseño del producto a obtener, la materia prima necesaria, la fabricación, la distribución y la venta al consumidor final. Las etapas suelen repartirse entre diversas naciones y se completa el producto en un solo lugar. Cada eslabón genera un valor añadido, con lo que el producto final es más valioso que la suma de sus componentes.

Así, por ejemplo, un ordenador puede fabricarse en Alemania, con gran parte de las piezas que proceden de China, y utilizando algunos programas informáticos que tienen su origen en EE.UU.

Al ir reduciéndose los costes de comunicación y de transporte, las cadenas de valor experimentaron en los años noventa un crecimiento acelerado. El impulso vino también de la apertura de China, India y otras economías emergentes con mano de obra muy barata. En el año 2015, las transacciones de bienes intermedios utilizados para elaborar productos finales en otros países había llegado al 66% del comercio mundial.

Las cadenas de valor permiten aprovechar las ventajas comparativas entre países, tienden a reducir los movimientos migratorios, aumentan la renta de los países menos desarrollados y permiten mantener bajos los precios de los productos. El efecto negativo de las cadenas de suministro es que pueden trasladar los centros de producción a los países de mano de obra más barata, con pérdida de empleo en las naciones de origen.

La crisis financiera de 2008 trajo muchas dudas acerca del nivel de elevada globalización al que se había llegado, y la pandemia del coronavirus vino a remarcar más tarde los riesgos inherentes a la dependencia respecto del exterior que las cadenas de valor global habían provocado en bienes de primera necesidad.

Aparecieron también problemas derivados de la escasez de suministros de carácter global, con disrupciones en algunos eslabones de la cadena de producción, que han provocado perturbaciones importantes en los procesos. Ha habido también algunos replanteamientos estratégicos para mejorar la cadena productiva.

Vemos en el gráfico la evolución de la cuota de comercio total de las cadenas de suministros, con incrementos elevados en las dos décadas anteriores a la crisis financiera.

Las nuevas cadenas de aprovisionamiento tienden a ser más cortas para evitar el efecto amplificador de las disrupciones y también más redundantes en los componentes clave. Las tecnologías digitales están permitiendo una detección temprana de fallos en la cadena. También mejora el aspecto logístico, aumentando la inversión en existencias y pasando del “justo a tiempo” a “por si acaso”

Se está produciendo un cambio en los criterios de configuración de las cadenas de valor. Al criterio principal de la eficiencia, que impulsaba a trasladar parte de los procesos productivos a otros países con costes laborales menores, se unen los criterios de seguridad y de atención a las consideraciones de tipo ético.

La seguridad supone garantizar un control de las actividades estratégicas de la economía y lleva a implementar sistemas de control de inversiones extranjeras, pensando sobre todo en inversiones en países asiáticos Los elementos de tipo ético tratan de evitar situaciones de trabajo infantil, violación de derechos humanos y condiciones laborales abusivas.

En la búsqueda de mayor resiliencia destacan dos medidas: un mayor grado de diversificación en los suministros, tratando de evitar que aprovisionamientos vitales dependan de una única fuente, e incremento en los niveles de existencias, para asegurar el ritmo de producción en caso de trastornos en los suministros. Se reconoce que ambas medidas tienden a incrementar los costes.

Sin llegar al retorno de las actividades productivas a su países de origen, se busca en muchos casos situarlas en lugares más cercanos, realizando movimientos de regionalización, para avanzar hacia un modelo de globalización mas equilibrado.

PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO (PPA)

El poder adquisitivo se refiere en general a la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con cierta cantidad de dinero. Es la relación entre el dinero que se posee y el precio que se paga por los productos y servicios.

Esa relación está afectada por la inflación o alteración generalizada de los precios, que condiciona el valor adquisitivo de la moneda.

La inflación actúa como un impuesto regresivo. Tiene mayor impacto cuanto menor sea la renta disponible de la familia, puesto que la dedicación al consumo es proporcionalmente mayor al descender la renta.

En el contexto internacional, la paridad del poder adquisitivo compara los precios de los productos que son similares en varios países y, corrigiéndolos con sus respectivas inflaciones, trata de establecer el poder de compra de los ciudadanos.

El análisis económico de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) afirma que el precio de un mismo bien en dos países debe ser igual al intercambiarse sus monedas. Sirve para comparar la productividad y el nivel de vida medio en las naciones.

Se fundamenta en la ley del precio único. Si no hay costes de transacción ni barreras comerciales, los tipos de cambio a largo plazo deberían hacer que los mismos bienes tengan precios similares.

Para medir el poder adquisitivo de dos divisas diferentes apareció en 1986 el “Indice Big Mac”. creado por la revista británica The Economist, que determina los tipos de cambio de una manera más simple que el cálculo a través de una cesta de bienes y servicios con productos adquiridos regularmente por una familia media.

La hamburguesa Big Mac resulta útil para establecer comparaciones entre las monedas, dado que es un producto estandar disponible en una amplia variedad de países.

El cálculo se realiza dividiendo el precio de una hamburguesa Big Mac en un país entre el precio del mismo tipo de hamburguesa en otro país con moneda distinta. El valor obtenido se compara con la cotización del tipo de cambio entre esas dos monedas y, si es menor al tipo de cambio de mercado, significa que la primera divisa está infravalorada, en tanto que si es superior, estará sobrevalorada.

Por ejemplo, el precio de un Big Mac en EE.UU es de 5,81 dólares y en la Eurozona de 4,8 euros. La relación (5,81/4,8) es equivalente a 1 euro = 1,21 dólares. Si el euro se cotiza en el mercado a 1,17 dólares, quiere decir que el euro está infravalorado respecto del dólar. Cabría esperar que se revalorice a largo plazo.

La Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) suele servir para eliminar el efecto de las oscilaciones del tipo de cambio de las monedas, que reflejan, entre otros factores, las diferencias de nivel de precios entre países.

El PIB en paridad del poder adquisitivo de todos los países se calcula convirtiendo sus monedas en dólares internacionales. Un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PIB que el que posee el dólar de los Estados Unidos en ese país.

 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

      Estimado abril 2022

                                                  

El cuadro muestra los seis principales países del mundo, ordenados según su PIB a valores de PPA. Es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por el país en un año, valorados a precios de dólares internacionales (USD).

Como puede observarse, la producción de China supera ya a la de EE.UU, una vez corregido el efecto de los precios. España ocupa el puesto 16 en este ranking, con un valor de PIB(PPA) de 2.209.419 millones de dólares, que representa un valor de 46.612 dólares por habitante.

ANALISIS DE LA DESIGUALDAD

 

Los estudios publicados por el economista francés Thomas Piketty en los últimos años han permitido profundizar en la evolución histórica de las desigualdades. En su ultimo libro “Capital e ideología”, con la figura de tipo elefante ofrece una imagen del crecimiento de la renta media por adulto entre 1980 y 2018 para cada decil en la economía mundial.

Observamos la curva dividida en tres tramos: el primero, que recoge el 50% de la población de menor renta, creció en los 38 años en torno al 80%, lo que supone un 1,56% de aumento medio anual acumulado. Se encuentran en este apartado los países emergentes (China, India, Brasil, Mexico...)

En el segundo tramo, con la población de los deciles de 50 a 90, las rentas crecieron en torno al 40%, que equivale al aumento anual medio acumulado del 0,89% En este grupo están los países desarrollados (EE.UU. Unión Europea y otros). En el tercer bloque se muestran las rentas más elevadas, sobre todo el correspondiente al 1% más rico, que capturó un 27% del crecimiento total mundial, cuando el 50% de la población de menor renta no capturó más del 12%

La categoría de regímen desigualitario más antigua y frecuente es la que se denomina “sociedad ternaria o trifuncional”, constituida por tres grupos: el clero, la nobleza y el tercer estado. El clero era la clase religiosa encargada de la dirección espiritual, que proporcionaba las normas y referencias morales. La nobleza era la clase militar, que aportaba seguridad y evitaba el bandolerismo generalizado.

El tercer estado lo constituía la clase laboriosa y plebeya, que agrupaba al resto de la sociedad, Incluía a campesinos, artesanos y comerciantes, que mediante su trabajo permitían al conjunto de la sociedad alimentarse, vestirse y reproducirse.

El clero y la nobleza eran los estamentos dominantes en Europa antes de la Revolución Francesa y concentraban una parte considerable de la riqueza, al tiempo que ejercían funciones señoriales y jurisdiccionales vinculadas a sus propiedades. Era una sociedad enormemente desigual. En Francia, por ejemplo, el 10% más rico de la población ostentaba más del 80% del total de la propiedad privada, y en España, hacia mediados del siglo XVIII, la Iglesia poseía entre el 25 y el 30% del total de las propiedades.

Con la Revolución Francesa cayó el Antiguo Régimen y se introdujeron cambios políticos importantes, pero solo se modificó ligeramente la concentración de la propiedad. El Estado asumió el monopolio de lo poderes soberanos y quedó establecido un derecho absoluto a la propiedad privada.

La segunda mitad del siglo XIX, con la gran industria y las inversiones financieras internacionales, fue el primer período de globalización financiera y comercial en el mundo. Se consolidó el capitalismo y la desigualdad alcanzó su nivel más elevado.

Las dos guerras mundiales del siglo XX llevaron al colapso a la propiedad privada. Las destrucciones materiales, junto a las nacionalizaciones, afectaron significativamente al valor y a la concentración de la propiedad.

El concepto de propiedad evolucionó hacia un carácter más social y la fiscalidad progresiva llegó a niveles elevados a mediados del siglo pasado en Europa. Al mismo tiempo, las nacionalizaciones reforzaron el papel del Estado, con un gasto público que financió sectores como la educación y la sanidad, iniciando la transformación de las sociedades propietaristas en socialdemócratas.

Piketty considera el período 1950-1980 como la edad de oro de la socialdemocracia, con un crecimiento rápido de la renta por habitante en Europa y la desigualdad anclada en niveles inferiores a los períodos anteriores. Los tipos impositivos alcanzaron valores elevados tanto en EE.UU como en el Reino Unido.

Consecuencia de la orientación conservadora de Reagan y Thatcher, que introduce la política de liberalización comercial, desregulaciones y privatizaciones, en las décadas de 1980 y 1990 se produjo un descenso de la progresividad fiscal, con aumento de la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad

En el siglo actual prevalece una ideología conservadora, “hipercapitalismo neopropietarista” en palabras de Piketty, que proclama la autorregulación del mercado, trata de limitar el poder del Estado y cuestiona la progresividad fiscal.

PACTO DE RENTAS

 

La política de rentas se fundamenta en un pacto para contener la inflación renunciando a indexar salarios y precios, es decir, no aumentarlos automáticamente con el Indice de Precios de Consumo (IPC), lo cual supone aceptar una pérdida de poder adquisitivo.

En el pacto se suele aceptar que los incrementos salariales serán inferiores a la inflación y, por tanto, perderán capacidad de compra. Los sindicatos se encargan de reflejar el acuerdo en los convenio colectivos.

La contrapartida empresarial que se pacta suele ser la congelación o limitación de los dividendos que se pagan a los dueños del capital, pero puede que no suponga una pérdida de poder adquisitivo. Los beneficios no repartidos se acumulan en la empresa y se pueden convertir en inversiones o dedicarse a la compra de activos financieros, que darán rendimientos distribuibles en el futuro.

A veces se habla de reducir los márgenes empresariales, pero esta medida exigiría una mayor capacidad de control sobre las empresas. La acción sobre los salarios es posible por los convenios colectivos, pero la decisión sobre el precio está de modo individual en cada empresa.

La alternativa del pacto de rentas formal entre sindicatos y empresarios es la situación de hechos consumados que se está dando en los últimos meses. Los convenios recogen la caída de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las empresas no pueden trasladar todo el aumento de costes a los consumidores, lo que implica que soportan parte de la inflación.

La cercanía actual a una inflación del 10% anual en marzo parece abocarnos a un pacto de rentas. Las dificultades de suministros y los precios de la energía, que se hicieron evidentes cuando empezamos a salir de la pandemia, son los principales causantes.

Es cierto que las tendencias inflacionarias iban en aumento debido a la escasez de combustibles fósiles, recursos no renovables, que se están agotando, sin que surjan sustitutos viables, en el proceso de transición energética.

El encarecimiento de la energía se transmite prácticamente a todos los productos y servicios. Solamente el transporte de los productos agrícolas requiere el consumo de importantes cantidades de combustible diésel. Como los alimentos intervienen en las cadenas de producción de muchos bienes y servicios, impulsan el incremento generalizado de precios.

Vemos en el gráfico la caída de la capacidad de compra de los salarios del 3,6% en 2021 y la previsión para este año: descenso del 4,5%.

El efecto inmediato de las subidas de precios es, por tanto, la disminución del poder de compra de las familias, lo cual reduce el consumo y la demanda agregada. Al mismo tiempo pierden competitividad las empresas, reduciéndose también las exportaciones.

La inversión privada se verá afectada por la incertidumbre de un futuro en el que las ventas caen y los costes de producción crecen. Será difícil que esta situación lleve a los empresarios a endeudarse o a dedicar mayores recursos propios a nuevos proyectos.

El sector público tampoco está en situación de expandir el presupuesto, por lo que el Gobierno español ha planteado en el Congreso de los Diputados un plan nacional de respuesta al impacto de la guerra, que incluiría el impulso de un pacto de rentas, pero los sindicatos se muestran escépticos en poder llegar a un acuerdo a corto plazo.

Este acuerdo, según apuntan desde el Ejecutivo, proporcionaría estabilidad desde la perspectiva de los costes sociales y los beneficios empresariales, la protección de las familias más vulnerables y de los sectores afectados, como el turístico y el agrícola, así como medidas para profundizar en la transición energética.

En definitiva, el reto es repartir las facturas de la guerra, la energía y las materias primas, así como las consecuencias de la crisis sanitaria, aceptando el compromiso empresarial de reducir dividendos y compartir beneficios, al tiempo que las pérdidas reales de salarios se vean compensadas en los próximos años.

RESULTADOS EDUCATIVOS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Bachillerato. Amplía de tres a cinco las ramas educativas a escoger en los últimos años y, para los estudiantes que no tengan una orientación definida, añade un Bachillerato General que permitirá dirigirse a diferentes titulaciones universitarias.

El próximo curso se ofrecerán nuevas asignaturas, como Emprendimiento Empresarial, Cultura Audiovisual e Historia de la Filosofía, esta última será obligatoria en segundo curso.

Se propone entre los objetivos transformar los Centros docentes en organizaciones digitalmente competentes, facilitando al profesorado actividades formativas certificadas para acreditar la competencia digital.

Continua el debate entre los profesionales de la enseñanza que dan más importancia a los conocimientos diciplinares en el desarrollo de los alumnos y los que defienden que educar es algo más que instruir y que en el proceso educativo los jóvenes interiorizan valores, además de adquirir conocimientos y habilidades.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa 38 Estados, remarca que la educación es un activo no solo por su valor intrínseco, sino también porque proporciona habilidades. Como resultado, la inversión en educación produce altos rendimiento en el futuro.

Actualmente se considera que la segunda etapa de educación secundaria (15-17 años) es el nivel mínimo para abordar con éxito el acceso al mercado de trabajo y es también requisito para acceder a la educación superior.

El fortalecimiento de este nivel medio educativo, tanto en su ámbito general como en el profesional, puede hacer más atractiva esta etapa para estudiantes con inclinaciones diferentes. Los programas de formación profesional pueden tener alicientes para estudiantes que buscan empleos más prácticos o que desean incorporarse antes al mercado de trabajo.

La tasa de graduación en España en la segunda etapa de educación secundaria es del 74,7 %, inferior a las de la OCDE (80,3 %) y a la de la UE22 (80,6 %), aunque ha crecido 8,5 puntos porcentuales en el período 2013 y 2019

El gasto en educación es mayoritariamente público (75%), pero las diferencias regionales son importantes. La heterogeneidad se da en las tasas de matriculación en los niveles no obligatorios, así como en el peso de los centros privados y en la importancia de la educación concertada

Influye también el entorno socioeconómico de los alumnos. En las Comunidades Autónomas con mayor renta es mas alto el gasto de las familias en educación. Los abandonos tempranos de los estudios son más frecuentes y las tasas de matriculación en niveles no obligatorios más reducidas en territorios de rentas bajas.

España tiene una de las tasas de abandono escolar temprano más altas de la Unión Europea, aunque ha logrado reducirla a la mitad en la última década, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La diferencia de género es importante. El abandono en los hombres ha caído del 31% al 16,7% y en las mujeres, del 21,5% al 9,7%.

No cabe duda de que el coste de oportunidad ha tenido influencia en esta mejora de la escolaridad. Si no se va a conseguir un empleo o el que se encuentre no va a tener buenas perspectivas, es preferible seguir estudiando. La crisis financiera y la más reciente de la pandemia han provocado la caída en la demanda de personal poco cualificado.

El Parlamento Europeo propuso a las autoridades educativas de los paises extender la educación obligatoria hasta que se alcance la mayoría de edad como medio para mejora la cualificación de los jóvenes, y lo están llevando a la práctica países como Alemania, Holanda, Bélgica y Portugal.

La propuesta de extender la educación obligatoria para los alumnos desde los 16 hasta los 18 años aparece de forma recurrente en el debate educativo. Ampliar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria quizás sea una medida que ayude a superar la lacra del abandono escolar temprano.

EFCTOS DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

La política económica es el conjunto de medidas que adoptan los países para facilitar estabilidad y crecimiento económico, fijando directrices que lleven a un buen funcionamiento.

Entre sus objetivos se encuentran los de carácter coyuntural o de corto plazo, tales como el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora en la balanza de pagos.

Otros objetivos son de carácter más estructural o de largo plazo, como el crecimiento del producto del país y la equitativa distribución de la renta y la riqueza.

En la política económica se distinguen dos disciplinas: la política fiscal, que recauda los impuestos y gestiona el gasto público, y la política monetaria, encargada de controlar la masa monetaria y los tipos de interés, para facilitar la estabilidad de los precios.

El crecimiento económico es quizás el resultado a largo plazo que buscan con mayor empeño las medidas económicas, y se mide por las variaciones porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) entre dos períodos.

En el proceso de crecimiento es relevante la productividad de los trabajadores, que puede aumentarse ampliando la inversión por trabajador y aplicando el avance tecnológico.

En el crecimiento influye también el nivel de demanda. Hace que se incremente la producción de las empresas y crea puestos de trabajo.

La observación de los resultados de las dos últimas crisis muestra que en la pandemia ha habido una caída del PIB mucho mayor (“V”acentada) que la provocada por la crisis financiera. Sin embargo, en la recesión de la pandemia el tiempo de recuperación ha sido la cuarta parte de la que hizo falta en la crisis anterior.

Parece que se ha aprendido de la crisis financiera. Ante la recesión de la pandemia, la política económica ha apoyado la demanda interna, incrementando el gasto social, con resultados mejores para el conjunto de la economía. La ideología conservadora de la corriente económica preponderante ha tenido que ceder ante una realidad contrastada.

En la crisis última han prevalecido los apoyos públicos a trabajadores y empresas, huyendo de las restricciones presupuestaria y recortes de gastos que condicionaron la salida de recesión anterior.

En estos momentos, la preocupante evolución de la inflación alimenta las tesis que piden la subida de los tipos de interés. Aunque la inflación está durando más de los esperado, incluso con alzas que se acercan los dos dígitos, la subida de los tipos por el Banco Central Europeo podría tener efectos muy nocivos en economías tan endeudadas como la española.

Pero Holanda y otros países del norte europeo no dejan de observar con suspicacia a los países sureños del continente. Insisten en la necesidad de reglas fiscales austeras, volviendo a las restricciones de déficit y deuda pública vigentes antes de la suspensión decretada, hasta finales de este año, por las autoridades europeas.

LAS CRISIS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

 

La Guerra Civil produjo en España la mayor contracción económica de la historia moderna del país. En 1936, el Producto Interior Bruto (PIB) español cayó un 26,8% y otro 7,4% en el año siguiente La consecuencia del conflicto bélico fue la pérdida de la tercera parte de la producción.

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el PIB del país descendió de nuevo un 8,1%, en esta ocasión por la debilidad del socio alemán y el establecimiento de una autarquía con la intención de proteger la industria nacional. Pero un férreo intervencionismo estatal lo que trajo fue mercado negro y racionamiento.

En la década de los 70, la decisión de los países árabes de no vender petróleo a los que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur provocó subidas del precio del crudo, dando comienzo a la denominada crisis del petróleo.

La inflación se disparó y el desempleo aumentó. El país sufrió una crisis industrial y energética, que se agravó por la tardanza en reaccionar, ante el ocaso de la dictadura. Por fin, en 1977 se afrontó la situación con la firma de los Pactos de la Moncloa, con medidas para controlar la inflación y el déficit público.

Entre 1992 y 1995, tras los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla, con las Administraciones Públicas y empresas muy endeudadas, fueron necesarias cuatro devaluaciones de la peseta, la moneda nacional en la época, para afrontar la crisis de competitividad a consecuencia de la inflación, que se saldó con una caída del 1,1% en el producto del país.

Con el derrumbe de las hipotecas “subprime” y la caída de Lehman Brothers estalló en 2008 la conocida como Gran Recesión. Al reventar la burbuja financiera, los mercados entraron en pánico, cerrando el acceso a la liquidez.

Bajo la creencia asentada de que el precio de la vivienda siempre iría subiendo, los españoles se habían endeudado con el extranjero en cantidades elevadas a través de la banca. La entrada de dinero extranjero en abundancia encareció el país. La pérdida de competitividad hizo que se aumentara le compra de bienes y servicios del exterior. En las crisis anteriores, la evaluación de la moneda servía de correctivo, pero con el euro no era posible la devaluación. Empezaron los ajustes y la destrucción de empleo.

Como se consumía mucho más de lo que se producía, en plena burbuja inmobiliaria, en 2007, se necesitaron 100.000 millones de euros para financiar las cuentas públicas. El endeudamiento fue posible por la garantía que daba el euro. En el verano de 2012 se tuvo que pedir fondos a la Unión Europea para financiar el rescate de la banca.

La crisis de la pandemia Covid-19 ha sido otro mazazo para la economía española, que en 2020 se desplomó un 11% a causa de las restricciones que impusieron las autoridades para controlar la expansión del coronavirus.

El sector de servicios y la hostelería han sido los más castigados. Junto al sector exterior, ha caído la demanda interna y se ha desplomado la inversión. El sector público ha podido compensar una parte de la caída de las rentas de familias y empresas con la financiación del Banco Central Europeo.

La crisis de la pandemia ha supuesto una desviación de la senda de crecimiento que se había iniciado tras superar la crisis financiera. Esperemos que el conflicto bélico ucraniano que ahora nos preocupa no impida la reanudación de una nueva fase de crecimiento sostenible.

LA REFORMAFISCAL

 

El Gobierno español tiene en material fiscal, al menos, dos compromisos para este año: la reforma fiscal y un nuevo modelo de financiación autonómica, ambos considerados por muchos como auténticas “cajas de truenos”.

En el caso de la reforma fiscal, según el proyecto presupuestario enviado a la Comisión Europea el año pasado, se trata de acercarnos al nivel tributario de los países europeos. Con este objetivo, el Ministerio de Hacienda ha establecido diversas medidas tributarias. Algunas afectan a la fiscalidad medioambiental y otras a la economía digitalizada. La finalidad es garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.

La capacidad recaudatoria del sistema fiscal español era escasa durante la dictadura franquista y no se pudo aprovechar el crecimiento económico de los años sesenta para introducir reformas fiscales que acercaran los niveles de recaudación a la media europea.

Fue durante los primeros años de la democracia cuando el país pasó de un sistema dependiente de la imposición indirecta a lograr un mayor peso en la imposición directa, con la introducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Teniendo en cuenta los impuestos recaudados como porcentaje de la renta total, a pesar del aumento de la tributación en los años ochenta y noventa, la progresividad del sistema fiscal español fue mejorando, pero no dejó de ser limitada. Los tipos efectivos apenas crecieron con el nivel de renta, debido a la evasión de las rentas más altas

La progresividad aumentó respecto a la transición durante el período 2013-2017, aunque los cambios metodológicos dificultan la comparación. Harán falta nuevos estudios para analizar los efectos distributivos de los sistemas impositivos a largo plazo.

Vemos en el cuadro la evolución de los principales impuestos en los últimos años. El IRPF entre los impuestos directos, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre los indirectos, los que más recaudan, crecieron en el año pasado hasta 92 y 71 miles de millones, respectivamente.

El comité de expertos para la reforma fiscal ha entregado recientemente al Gobierno sus conclusiones para modificar el sistema tributario español. Ha recomendado subir el IVA, imponer un mínimo para los impuestos de sucesiones y patrimonio e incrementar la fiscalidad de los hidrocarburos.

El diagnóstico es que hay necesidad de financiación en los servicios públicos para cubrir el déficit y afrontar otros retos, como el envejecimiento y el cambio tecnológico, por lo que los expertos creen que resulta imprescindible ampliar las bases tributarias, y una de las palancas para subir la recaudación es el IVA.

Es en la fiscalidad verde donde a España, según los expertos, le queda más margen para aumentar su recaudación, especialmente en lo que se refiere directa o indirectamente a los impuestos que gravan la circulación de coches.

El documento de propuestas también está a favor de una de las medidas en las que está trabajando el Gobierno: los peajes. Tanto en vías de gran capacidad como en urbanas, se gravará en las autovías en relación con la distancia recorrida, a través de dispositivos electrónicos.

Los expertos son partidarios de reducir los impuestos a la electricidad y gravar el queroseno, el combustible para la aviación exento hasta ahora, e introducir un impuesto a los billetes de avión para desincentivar el uso de este medio de transporte, cuyas emisiones se han incrementado mucho en los últimos años.

 

EL DRAMA UCRANIANO

 

La invasión rusa de Ucrania, además de ser un drama para el pueblo ucraniano, traerá consecuencias negativas para los ciudadanos rusos y afectará a todos los países europeos. Es muy probable que el aumento de riesgo que se percibe tienda a incrementar los presupuestos de defensa, lo cual perjudicará el bienestar de los ciudadanos porque reducirá las inversiones en educación, sanidad o infraestructuras.

El alza de precios de los productos energéticos, una de las secuelas de la guerra, beneficiará a un segmento limitado de empresas vinculadas a las industrias del petróleo y del gas, pero perjudicará a los países importadores y contribuirá a impulsar la inflación, que ya está a niveles elevados.

Rusia depende de los ingresos procedente de Europa, pero los europeos necesitamos el gas y el petróleo rusos, que no serán fáciles de reemplazar en el corto plazo. El Banco Central ruso dispone de abundantes reservas en moneda extranjera que, si las sanciones impuestas por EE.UU y la Unión Europea no acaban impidiendo, son suficientes para cubrir casi dos años de importaciones.

Es muy posible que en el largo plazo Rusia sea el mayor perdedor económico del conflicto internacional que ha iniciado, porque las consecuencias de la actual invasión pueden ir agravándose. Las sanciones irán haciendo daño y el aislamiento del país debilitará las relaciones comerciales internacionales.

El cierre de varios bancos rusos al sistema de intercambios de información bancaria SWIFT puede aislar a los rusos del sistema financiero internacional. Al mismo tiempo, se impide que el Banco Central ruso pueda defender el derrumbe de su moneda con la venta de sus reservas internacionales, por lo que avanza la caída del valor del rublo respecto del dólar y el euro.

A las guerras suelen atribuirse algunos efectos económicos positivos, como el aumento del gasto agregado y el impulso del progreso tecnológico en busca de nuevas técnicas para el combate, que más tarde llegan a la vida civil, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

Pero las guerras suponen siempre un coste muy elevado que necesita financiación, bien incrementando impuestos o recurriendo a la deuda que habrá que pagar. Además de pérdidas de seres humanos y costes directos, la guerra tiene costes de oportunidad: lo que podía haberse conseguido si los recursos bélicos se hubieran dedicado a actividades productivas.

Efectos inmediatos de la guerra han sido los aumentos de precios tanto del gas como el petroleo. Este último rebasa los 100 dólares el barril y el gas está teniendo subidas importantes ante la percepción adelantada por los mercados internacionales de las consecuencias del conflicto.

El sistema marginal del calculo de precio en el mercado eléctrico, según las normas comunitarias, viene a agudizar artificialmente el impacto de la guerra en las economías europeas. Los mercados de futuros están apuntando, a raíz de la invasión, aumentos adicionales en los precios del gas, lo cual supone un problema para el avituallamiento energético de la Unión Europea.

Las medidas que producen daño económicos en Rusia también afectan a empresas europeas que mantienen relaciones económicas con el país, por lo que se alzan voces reclamando que se establezca un régimen compensatorio para las ellas. Argumentan que la Unión Europea cuenta con un PIB conjunto que equivale 10 veces el ruso, con lo que se cuenta con el suficiente potencial económico como para aguantar el pulso ruso.

En el régimen económico internacional liberal los países participantes deben respetar ciertas reglas de juego porque, de no ser así, se abre el camino hacia el proteccionismo y el repliegue nacional. Ya hay voces que promueven una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea y la necesidad de reforzar el papel de una política industrial propia.

PARADOJAS DEL CAPITALISMO VERDE

El capitalismo verde es para algunos una variante nueva del sistema económico vigente en nuestros días. Se presenta ahora como ecológico y afirma que puede conseguir la neutralidad de emisiones sustituyendo progresivamente las energías fósiles por renovables, bajas en carbono.

En esta nueva fase económica, que augura una reconstrucción sostenible, el adjetivo verde es utilizado tanto por los políticos como los directivos de grandes empresas y va unido a expresiones como neutralidad climática, parques fotovoltaicos y ciudades sostenibles.

Paradójicamente, al mismo tiempo se dedican recursos a la ampliación de algunos aeropuertos, argumentando que serán sostenibles. Pero, según las investigaciones realizadas, el transporte aéreo mundial representa el 3,5% del calentamiento climático y la estrategia debería ser justo la contraria: reducir los vuelos y el número de aeropuertos

Se calcula que Europa utiliza el 20% de las materias primas que se producen en el mundo y no obtiene más del 3% en su propio territorio. El 17% tiene que importarlo. Además, si piensa fabricar placas solares, aerogeneradores, acumuladores de energía y otro productos para avanzar hacia el sueño verde, necesitará más materiales y energía, que también tendrá que buscarlos fuera.

A nivel global, según datos del Banco Mundial (“Minerales for climate action”), para desplegar la transición eólica, solar y geotérmica harán falta 3.000 millones de toneladas de minerales y metales estratégicos, entre los cuales se encuentran cobre, níquel, cobalto, litio y otros muchos.

Otra paradoja es que para manipular estos materiales y minerales necesarios habrá que emplear energías fósiles que deteriorarán los ecosistemas y agravarán el calentamiento y la contaminación. Lograr una misma cantidad de energía requiere invertir muchas más unidades de energía renovable, porque el rendimiento es menor que el de los fósiles y, además, las renovables dependen de las condiciones metereológicas.

Para ser verde no basta con buscar la neutralidad de emisiones en Europa, sino que es preciso que la energías y materiales que se importan no lleven una mochila de emisiones y contaminación. Hay que recordar también que estos minerales y materiales están sometidos a la especulación de las transnacionales, con repercusiones geopolíticas y daños ambientales, así como a secuelas sociales en su extracción.

Cierta perspectiva liberal pretende que con algunos ajustes y modificaciones se puede evitar el desastre climático. Dan a entender que el sistema tal como lo conocemos es viable y la crisis queda reducida a una cuestión de consumo personal, como si un cambio de preferencias de consumo pueda evitarla.

El enfoque de la crisis climática se parece demasiado al pensamiento dominante que culpa del mal de la pobreza extrema a la sociedad en su conjunto, en lugar de apuntar al sistema económico capitalista, que propicia la acumulación de la riqueza en una minoría en lugar de distribuirla de modo equitativo.

El ecoteólogo Leonard Boff termina así su disertación sobre el gran señuelo que supone el capitalismo verde: “Embriagados por su ignorancia y su codicia ilimitadas “greed is good”(la codicia es buena), nos llevarán como inocentes corderos al matadero. No por voluntad del Creador ni por un desvío del proceso cosmogénico, sino por su irresponsabilidad y por la falta de conciencia de los errores cometidos que no quieren corregir. Y así, alegremente y disfrutando todavía de la vida, nos obligarán tal vez a sufrir el destino vivido hace 65 millones de años por los dinosaurios".