Los impuestos son el recurso básico para financiar los gastos que hacen posible la existencia de los servicios públicos, a fin de atender las necesidades de los ciudadanos, tales como sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. La fiscalidad es necesaria para reconocer y defender los derechos recogidos en las constituciones de los países. Hay quien afirma que la fiscalidad representa “el coste de los derechos”
Los impuestos afectan en mayor o menor grado a los incentivos económicos, y pueden alterar el comportamiento de los productores, consumidores y trabajadores, reduciendo la eficiencia, por lo que cualquier sistema tributario debería tratar de minimizar tal efecto negativo.
El gráfico siguiente, basado en la oferta y demanda de un producto, puede ayudar a observar la relación entre los impuestos y la eficiencia.
Si no hay impuesto sobre el producto, el precio y la cantidad de equilibrio se encontrarán en la intersección de las líneas de demanda y oferta. La cantidad de compraventa será Q2
El efecto que provoca un impuesto sobre el producto es una brecha entre el precio que paga el demandante (P2) y el que cobra de modo efectivo el oferente (P1), porque la Hacienda Pública se queda con la diferencia (P2-P1) en cada unidad de producto y recauda los ingresos del rectángulo en trazo oscuro. Observamos también que el impuesto produce un segundo efecto: reduce la cantidad de la compraventa hasta Q1, con lo que los ingresos serian (P2xQ1).
Por lo tanto, una subida del impuesto reduce la base impositiva. Cuando los impuestos son más altos, se realizan menos transacciones entre compradores y vendedores. El efecto disuasorio que tiene el impuesto es una ineficiencia, puesto que frustra los deseos de los grupos interesados en el producto.
Los aumentos recaudatorios no son proporcionales a las subidas de los tipos impositivos. Se puede llegar a que una subida impositiva no aumente la recaudación tributaria al ser anulada con creces por el descenso de la base impositiva
El segundo aspecto de un sistema impositivo es la equidad. Establece que las personas deben aportar a la Hacienda Pública según su capacidad contributiva, lo cual implica que los individuos deben estar sujetos a una carga tributaria acorde con su condición económica.
En la equidad impositiva existen dos componentes: la equidad horizontal, según la cual se debe imponer la misma carga contributiva a las personas que tienen una capacidad económica similar, y la equidad vertical, estableciendo que, cuanto mejor sea la condición económica del individuo, mayor sea la tasa de impuesto que debe pagar.
Al sistema fiscal se le pide que ayude a corregir las desigualdades que se producen como consecuencia del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores productivos. Aplicando criterios de progresividad, se distribuyen las cargas tributarias bajo el principio de la capacidad de pago en los servicios públicos que resultan difíciles de individualizarse.
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