martes, 19 de junio de 2018

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

La explicación del comercio entre los países se suele basar en las diferencias de dotación de recursos entre territorios. Se apoya en las ventajas comparativas que se obtienen de la abundancia relativa de los factores utilizados en la producción, así como en la tecnología disponible.


El modelo de Hecksher-Ohlin, formulado en las primeras décadas del siglo pasado por economistas suecos, señala que los países con abundancia de capital productivo serán productores y exportadores de bienes intensivos en capital e importarán bienes de países intensivos en trabajo. 

Frente a este comercio, llamado "interindustrial”, en las últimas décadas va ganando importancia el denominado “comercio intraindustrial” o bidireccional, que se fundamenta en la teoría de la competencia monopolística (competencia imperfecta). Aunque dos países tengan la misma dotación de factores, cada uno puede producir el mismo o muy similar bien, pero buscando siempre la diferenciación, ya sea en calidad o en precio, a fin de incrementar su producción y obtener economías de escala, objetivo principal de este tipo de comercio.

Mientras que el comercio interindustrial se basa en productos terminados y refleja la ventaja comparativa, el intraindustrial es más bien el producto de la fragmentación de los procesos productivos en submódulos que se realizan en diferentes lugares del mundo con una integración del producto final en un solo sitio.

El comercio bidereccional supone un proceso de intercambio de productos equivalentes, un comercio en doble sentido dentro de una misma rama industrial. La diferenciación de productos hace posible que se importen y exporten bienes o servicios similares.

En el siguiente gráfico se presenta el grado de interrelación entre importaciones y exportaciones en los países de la OCDE, que evidencia el incremento del comercio intraindustrial en los países desarrollados:


Observamos que España se sitúa en una posición intermedia y que su nivel de contenido extranjero en las exportaciones va en aumento en los últimos años (20% al 28%)

Se constata que van adquiriendo importancia creciente los flujos comerciales de productos semejantes entre los países industrializados, especialmente dentro de la Unión Europea. El comercio intraindustrial no tiene importancia en los intercambios entre los países menos desarrollados y los desarrollados, aunque se aprecian ciertos flujos comerciales entre algunos países emergentes y los desarrollados. En conjunto, se estima que hasta una cuarta parte del comercio mundial puede atribuirse al comercio intraindustrial.

La mayor importancia del comercio intraindustrial se da en los sectores más avanzados tecnológicamente, como el de maquinaria, la industria farmacéutica, la química, el equipamiento de telecomunicaciones y el automóvil.

Un ejemplo paradigmático de comercio bidireccional lo constituye el intercambio de automóviles dentro de la Unión Europea. España importa vehículos de Francia, Italia, Alemania y otros países. Al mismo tiempo, fabrica y exporta automóviles a esos mismos países. Todos ellos producen un mismo bien, pero los modelos se diferencian en calidad o precio. Se dice que son productos sustitutivos, pero no plenamente, porque es evidente que el consumidor es capaz de diferenciarlos.

Esta modalidad de intercambio busca incrementar la eficiencia productiva, al desagregar los productos en complejas cadenas de valor internacionales, favoreciendo también a los consumidores al ampliar la oferta disponible, mostrar una variada calidad de productos y un mayor rango de precios.




















martes, 12 de junio de 2018

EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LOS HOGARES


De los tres componentes de la demanda interna de un país (hogares, empresas y sector público), que dinamizan las actividades económicas, el sector institucional más importante es sin duda alguna el compuesto por las familias, dado que viene a representar en torno al 58% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Junto al consumo, el ahorro y la inversión conforman el quehacer financiero de las familias. El ahorro, diferencia entre los ingresos o renta disponible y el consumo, permite a los hogares atender gastos en el futuro y las inversiones mejoran sus condiciones de vida.


Como podemos observar en el gráfico, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de las familias se situó en un 5,7% de la renta disponible el pasado año, 2 puntos porcentuales menos que en 2016, y la más baja desde 2007.

A pesar de que el conjunto de los hogares aumentó su renta disponible en el 2% el año 2017, la tasa de ahorro se redujo por el incremento del gasto en consumo en un 4,2%. Esta subida del consumo, junto a las exportaciones, han sido los motivos de que el PIB ascendiese en 2017 hasta el 3,1%.

El ahorro generado fue insuficiente para financiar el flujo de inversión de las familias, que aumentó un 18,5% en el año. Por lo tanto, el sector hogares tuvo necesidad de financiación, que ascendió a 3.063 millones de euros en 2017.

Las familias españolas, que tenían en 2008 una deuda en torno a 908.000 millones de euros, han ido reduciéndola a lo largo de los pasados años, aunque a un ritmo descendente, hasta quedar el endeudamiento en 704.000 millones. Esta deuda supone un 63% del PIB, muy cercana a la media europea.

Después de varios años con capacidad de financiación, dedicada en parte a devolver préstamos, las familias están incrementado de nuevo el endeudamiento, sobre todo en préstamos para consumo, que han crecido un 15%.

Existe preocupación por la excesiva deuda concentrada en familias con rentas bajas. Con préstamos contratados a tipo de interés variable, la esperada subida de los tipos puede convertir en muy pesada la carga financiera.

































martes, 5 de junio de 2018

TRABAJADORES POBRES


Aunque en la fase de crecimiento económico en que se encuentra España está habiendo incremento de empleo de modo continuo, los indicadores sociales señalan que la mejora económica no ha llegado a muchos ámbitos. La precariedad laboral aún se va elevando, el paro de larga duración permanece en niveles altos y aumenta entre los trabajadores ocupados la situación de riesgo de pobreza. 



Vemos en el gráfico, en linea azul (datos a la izquierda) el crecimiento de la tasa de empleo (ocupados/población 16-64 años, %) a partir de 2013 y la evolución ascendente de la tasa de riesgo de pobreza entre los que trabajan (línea roja, datos a la derecha)

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 35 países industrializados, con la misión de promover políticas para la mejora del bienestar económico, en 2015 el 14,8% de los hogares españoles con uno de sus miembros trabajando vivía bajo el umbral de la pobreza, cuando la media del conjunto de la OCDE era del 8%. Puede que la situación de estos colectivos haya mejorado en los últimos 2 años, pero casi el doble de riesgo de pobreza que la media es ya un dato significativo de la situación social.

El organismo internacional destaca también que la desigualdad, calculada a través del Indice de Gini (entre 0 y 1, aumentando la desigualdad), era en España de 0,34, superior a la media del conjunto de los países (0,31). En esta misma línea se expresa un estudio realizado con la coloración de Caritas y Cruz Roja, señalando que “en España hay casi 4 millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo”

Algunos analistas señalan que la economía no esta trayendo progreso para todos debido a que  ha dejado de funcionar el espíritu de la postguerra mundial, según el cual los que progresaban económicamente se sentían en el deber de apoyar a los que les iba peor, pagando impuestos para hacer posible el Estado de Bienestar.

Se constata que desde los años 80 ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta entre los salarios de los trabajadores y los sueldos de los directivos de grandes empresas y los beneficios de los accionistas. Se considera que La Administración Pública también tiene mucho que mejorar en su función redistribuidora de la renta.

La crisis financiera reciente ha traído una reconversión del mercado laboral, caracterizada por el aumento del empleo de mala calidad y la precarización, que ha incrementado el colectivo de trabajadores pobres, una población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Está compuesta por los jóvenes anclados en la precariedad; las personas mayores de 45 años que han perdido su trabajo a raíz de la crisis; las mujeres, que sufren el proceso de feminización de la pobreza, y los autónomos, más o menos forzados.

La mera existencia de un porcentaje significativo de trabajadores pobres viene a ser un síntoma de mal funcionamiento de una organización social, porque al trabajo se le suelen asignar las funciones de otorgar a las personas bienestar, seguridad y dignidad. Por ello, además del desempleo, resulta preocupante la mala calidad del empleo generado.






martes, 29 de mayo de 2018

NUEVA PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA

Un documento publicado por el “Banco de Pagos Internacionales”, una organización con 60 bancos centrales de todo el mundo como miembros, apunta que estamos ante un cambio en las tendencias demográficas, que se orienta hacia un incremento rápido de la tasa de dependencia económica, una variable clave para el crecimiento económico a largo plazo de los países.


Esta tasa de dependencia se puede calcular de modo global o con respecto a los dos tramos de población teóricamente dependiente (<16 y >64 años). La tasa global se define como la proporción de dependientes, personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar, que tienen entre 16 y 64 años. Este tipo de cálculo, que se utiliza en las estadísticas internacionales, supone una simplificación, puesto que una parte de las personas en edad laboral no forman parte de la población activa al no estar incorporadas al mercado de trabajo. Se consideran activas únicamente a las que trabajan percibiendo una remuneración o están buscando empleo.


El incremento del número de personas mayores crecerá rápidamente, lo cual hará reducir la población en edad de trabajar y, al necesitar las personas con edad avanzada mayores cuidados, intensivos en mano de obra, como la atención personal en el caso de la demencia, dará lugar a la escasez de fuerza laboral. Desde el punto de vista económico, una elevada tasa de dependencia condiciona los gastos públicos de los países en pensiones y en sanidad.

El siguiente gráfico representa la evolución de la tasa de dependencia económica global, en %, en España:















Con el descenso en número de los menores de edad, debido a la reducción de la natalidad, la dependencia global fue reduciéndose desde 1975, año en el que se situaba en torno al 65%, hasta el período 2005-2008, con cerca del 47%. Como observamos en el gráfico, a partir de 2008, bajo la influencia decisiva del colectivo de mayores de 64 años, la tasa ha ido incrementándose. En 2018 alcanzó un un 55,7%, es decir, que hay una persona dependiente por cada 1,79 ocupados. Se prevé que el ratio continúe ascendiendo hasta un 59,2% dentro de 5 años (1 dependiente por 1,69 trabajando)

La creciente esperanza de vida es sin duda una buena noticia, pero el gasto público asociado al envejecimiento se convierte en la mayor carga presupuestaria de la Administración Pública: pensiones, atención sanitaria y cuidados de las personas dependientes. Según el Banco de España, el gasto conjunto de las tres partidas puede pasar del 19% al 21% del PIB en las próximas tres décadas..

Con la revalorización de las pensiones el 0,25% anual y la entrada en vigor de factor de sostenibilidad en 2019, que vincula las pensiones nuevas que entren en el sistema a la esperanza de vida, el Gobierno ya había echado sobre la espalda de los pensionistas el ajuste del presupuesto en envejecimiento.

Pero la respuesta multitudinaria en las calles de muchas ciudades españolas esta obligando al Estado a modificar las perspectivas y empezar a admitir que para afrontar de verdad el reto de las pensiones será necesario avanzar hacia los modelos europeos y proveer a la Hacienda Pública de mayores ingresos.














martes, 22 de mayo de 2018

LA DEUDA, ARMA DE DOBLE FILO

Uno de los impulsores del progreso económico ha sido la emisión de títulos de deuda o medios de intercambio, y el más importante de todos, el dinero, una riqueza abstracta que se hace realidad con el tiempo.

El artificio de la deuda ha permitido el aprovechamiento de oportunidades para la mejora económica. No se puede afirmar que la deuda sea siempre negativa, pero sí es acertado considerarla como un arma de doble filo. Si se utiliza sin prudencia deja de crear bienestar generalizado y se convierte en un vehículo de dependencia.

Cierta proporción del crecimiento de la deuda pública a partir de la crisis financiera reciente ha sido debida a que una parte de la deuda privada (hogares y empresas), sobre todo la bancaria, fue absorbida por el sector público. A pesar de ello, al final de 2017, en España, la deuda privada era del 137,3% del PIB, en tanto que la pública fue del 98,1%.

En el siguiente gráfico recogemos la evolución de la deuda privada respecto al PIB (en columnas,escala izquierda) y de la deuda pública, también en % del PIB (en línea, escala derecha), esta última según el Protocolo de Déficit Excesivo:


El endeudamiento privado crece de modo acelerado hasta la llegada de la crisis financiera y va reduciéndose, tanto por el esfuerzo de devolución de los préstamos como por la elevación de las exigencias bancarias para acceder a nuevos créditos. El comportamiento de la deuda pública ha sido muy distinto de la privada, puesto que ha pasado del 35% del PIB en 2007 al 98% en 2016.

Podemos considerar como deudores a los tres grandes sectores institucionales: familias, sociedades no financieras y el conjunto de las administraciones públicas. La contrapartida al endeudamiento, el acreedor, es el sistema financiero, compuesto por las entidades bancarias y las instituciones financieras no monetarias.


Estas últimas, en su mayor parte fondos de inversión y fondos de titulación, han tenido una participación activa como canalizadores hacia el exterior. Un volumen de fondos importante que gestiona el sistema financiero español tiene como acreedores a prestamistas del resto del mundo.

El colapso de las burbujas financiera e inmobiliaria provocó en España una drástica caída de los impuestos que estaban basados en la vivienda, que unido al rescate bancario, incrementó la deuda pública hasta cerca del 100% del PIB al final del año pasado.

La política de ajustes diseñada por la Comisión Europea, pensada para reducir el déficit público y la deuda, provocó un aumento del endeudamiento, debido a que los recortes en el gasto público generaron una nueva recesión (2011-2013), con la consiguiente reducción de los ingresos.

Aunque en medio oficiales se espera que para 2020 descienda la deuda pública al 60% del PIB, nivel de endeudamiento que, según las normativas europeas, no debe sobrepasarse, España va a tardar mucho más tiempo en controlar su deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta que habrá que esperar hasta 2035.

Si la deuda pública no empieza a descender, España puede encontrarse en una situación muy vulnerable en los próximos años, dado que los tipos de interés pueden ir creciendo y, por tanto, en aumento la carga del servicio de la deuda.














martes, 15 de mayo de 2018

LA ESFERA FINANCIERA

A partir de la década de 1970, en el sistema económico se observa un gran desplazamiento hacia la “financiarización”. Mientras que las actividades productivas avanzan con dificultades en los países desarrollados, las financieras van inflándose.

Importantes empresas industriales, tales como automovilísticas o del petróleo, han tendido a independizarse de los bancos, al contar con recursos para financiar sus propias inversiones.

Al mismo tiempo, algunos bancos orientan su negocio más hacia las transacciones en los mercados financieros y préstamos a los hogares, que a prestar dinero y servicios financieros a actividades productivas.

Puede constatarse que también las familias están viéndose afectadas. Tienen mayor relación con las entidades financieras por el incremento de actividades que les conciernen: préstamos, ahorros, pensiones y seguros.

La esfera financiera se desenvuelve muchas veces casi desconectada de la producción, en tanto que el flujo económico esta referido, en última instancia, a una economía real, que es la única capaz de generar valor para poder materializar los activos financieros. Los derechos sobre ese valor se expresan en forma de títulos que se compran y se venden. Surgen así nuevos beneficios que sólo son aparentes, porque tales anotaciones contables carecen de respaldo real, dando lugar al denominado por algunos “capital ficticio”.

El capital real o capital productivo coincide con los activos fijos que maneja la empresa y su valor depende del coste de reposición de esos bienes físicos. Varía con el volumen de los mismos y con la alteración de su valor unitario.

En un primer momento, las acciones que emite la empresa tienen un valor equivalente al capital real, pero se contagian de capital ficticio al ser influidos por las ganancias empresariales esperadas en el entorno mercantil. El carácter ficticio se evidencia en los altibajos bursátiles, cuando las acciones y las obligaciones cambian de valor notablemente sin que se altere la riqueza efectiva.

Se constata que el capital financiero va incrementándose con mayor velocidad que el capital real, debido al desarrollo alcanzado por las grandes sociedades anónimas, a los altos ingresos de los oligopolios y al aumento de la deuda pública, con lo que prosigue la concentración de la riqueza en la oligarquía financiera.



Un buen indicador de la importancia del capital financiero, cada vez más transnacional, lo tenemos en el gráfico, donde se recoge la evolución de este tipo de capital, gestionado por las grandes empresas, con filiales en países diferentes al originario (casa matriz).

El capital transnacional aumentó en los primeros doce años de este siglo en un 105%, en dólares constantes, en tanto que el PIB mundial se quedó en un incremento del 40%, es decir, que el capital financiero aumentó 2,6 veces el incremento del producto real mundial.

Las empresas transnacionales se van desligando cada vez más de vínculos territoriales y se mueven al ritmo de las expectativas de beneficio en cualquier parte del mundo, ejerciendo notable influencia en el escenario político y económico mundial, en connivencia con los paraísos fiscales.

Como dejó escrito el economista norteamericano Paul M. Sweezy, “La esfera financiera tiene la capacidad potencial de convertirse en un subsistema autónomo integral y posee una enorme capacidad de autoexpansión”.

Surgen constantemente activos financieros, que no constituyen riqueza, y se utilizan para redistribuir el valor entre las clases sociales y los individuos que las forman. La financiarización de la actividad económica provoca una redistribución de las rentas que perjudica al trabajo y beneficia al capital, en particular a la esfera financiera.











































martes, 8 de mayo de 2018

EL TAMAÑO DEL ESTADO






La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en España, considera consumo público al gasto de consumo final realizado por las Administraciones Públicas en los bienes y servicios que ofrecen a los hogares o a la comunidad para atender directamente sus necesidades.

Aunque en el momento de la entrega de estos bienes y servicios el hogar o la colectividad no paga por ellos, de manera indirecta sí son los ciudadanos los que están financiándolos vía impuestos u otros pagos.

En consecuencia, el gasto público total incluye los consumos, pero tiene más componentes. Así, por ejemplo, los servicios de educación, sanidad, protección social son considerados consumos, puesto que el Estado actúa como proveedor de servicios a la población, pero los pagos de pensiones y las prestaciones por desempleo no son consumos, sino estrictamente gastos públicos, dado que no tienen contrapartidas. En este caso, el Estado únicamente redistribuye la renta generada en el país.

En España, las Comunidades Autónomas gestionan el 60% del presupuesto de los servicios que se prestan a los ciudadanos y un 20% queda a cargo de los Ayuntamientos, dejando a la Administración central del Estado únicamente el 18%.

Como el objetivo del Gobierno es que en los próximos años los ingresos permanezcan en el entorno del 39% del PIB, también el gasto se situará en esa cifra, puesto que se pretende eliminar el déficit público, con lo cual quedará muy lejos del 48,1% del 2012, un año marcado por el rescate bancario y el alto nivel del desempleo.

La estrategia gubernamental parece que se centra en ir incrementando los gastos, pero siempre menos que el crecimiento del PIB, con lo cual irá disminuyendo el nivel del Estado de bienestar respecto al producto total del país, aunque se es consciente de que el envejecimiento de la población va a requerir mayores recursos para las pensiones en los próximos años.

A continuación tenemos los datos de gasto público en Europa, recogidos de “El País”:


Observamos que Francia y los países nórdicos europeos se sitúan en cabeza de la lista, en tanto que España, con un 42,2% de gasto, tiene un desfase de 5,4 puntos porcentuales con respecto a la media de la Zona euro.

El Programa de Estabilidad (2017-2020) señala que los ingresos públicos deben pasar del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% en 2020, cuando el promedio de la Eurozona es del 46,1%. Por su parte, el gasto tiene que disminuir del 42,2% del PIB en 2016 al 39,2% al final del período, en tanto que el promedio de la Eurozona se encuentra en 47,2%.

Estas previsiones de descensos del gasto público marcan una tendencia clara hacia un Estado de Bienestar mas reducido que en la Unión Europea. Pero un Estado más pequeño requiere un sector privado con mayor participación en educación y en sanidad, por lo que no van a faltar debates sobre la dimensión del Estado de Bienestar, los servicios que debe proveer y su financiación.