Parece que las grandes economías
están decididas a dejar a un lado la competencia fiscal entre países y poner
remedio a la existencia de paraísos de baja tributación.
El pacto histórico que acaban de
firmar establece un impuesto de
sociedades mínimo del 15% y la obligación a las empresas “más grandes y
rentables” de tributar el 20% en aquellos países donde sus beneficios superen
el 10% de la facturación.
Como afirmaba un dirigente alemán:
“Es una buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala
noticia para los paraísos fiscales del mundo”
Quizás el importante gasto
público que han tenido que realizar los países para afrontar las consecuencias
de la pandemia ha acelerado los debates que venían produciéndose en los últimos
años. El punto de mira es ahora alcanzar un sistema fiscal más justo y eficaz
en la era de la economía digital.
Entre los propios ciudadanos es
bastante frecuente encontrarnos con quienes sienten un rechazo casi visceral a
pagar impuestos, argumentando que tampoco pagan otros la parte que les
corresponde. Lamentan que la evasión fiscal de algunos aumente la carga de
otros y que se pierda capacidad para proveer servicios públicos.
Hay un análisis coste-beneficio
individual, comparando la aportación realizada a la Hacienda Pública con los
bienes y servicios públicos recibidos, que se mezcla con el papel
redistributivo que deben cumplir los impuestos.
El nivel de impuestos de un país
se mide con la presión fiscal, que es el cociente entre la recaudación y el
PIB. Se recauda poco en España porque las bases imponibles son reducidas. El
sistema impositivo tiene muchas deducciones y exenciones, que hacen descender
tanto los ingresos por IVA como por rentas de capital.
Aunque la presion fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea, el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes está entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo o sacrificio fiscal, utilizado por algunos analistas, es alto porque pone la presión fiscal en términos per cápita.
Este indicador, que se debate
entre analistas, al conceder mayor peso al nivel de renta, afecta más
fiscalmente a un país como España, con alto nivel de paro, contrataciones
temporales y trabajadores en situación precaria.
La equidad horizontal exige
incrementar las bases imponibles, corrigiendo las abundantes deducciones y
exenciones fiscales de los impuestos más importantes. Podría ocurrir que
aumente la presión fiscal, al crecer la recaudación sobre el PIB, pero se
reduzca el esfuerzo fiscal, como consecuencia de un incremento mayor del PIB
real por habitante.
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