POLÍTICA FISCAL

La política fiscal es el conjunto de medidas que adoptan las Administraciones Públicas (Estado central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) a través de los gastos públicos y la recaudación de impuestos, con tres objetivos básicos: ocupar totalmente los recursos tanto humanos como materiales, estabilizar los precios e impulsar el crecimiento económico

Dado que, como miembro de la Eurozona, la política monetaria de España se decide en el Banco Central Europeo, la política fiscal es el instrumento más importante que disponen las autoridades del país para intervenir en la economía.

El gobierno puede actuar con dos tipos de políticas fiscales: discrecionales y estabilizadores automáticos. En el primer caso influye en los ingresos y los gastos públicos para impulsar el nivel de actividad económica, actuando, en épocas de crisis, a través de la reducción de tipos impositivos, lanzamiento de inversiones en obras públicas, programando planes de empleo y transfiriendo renta a las familias.

La política fiscal discrecional es expansiva cuando al aumentar los gastos o disminuir los impuestos eleva la renta disponible de los consumidores. En cambio, es restrictiva cuando actúa en sentido contrario, reduciendo los gastos o incrementando los impuestos.

Los estabilizadores automáticos tratan de equilibrar la actividad económica suavizando de modo inmediato las etapas del ciclo económico. Si la economía se encuentra en fase recesiva, los estabilizadores ralentizaran la caída y si está en plena expansión reducirán el incremento de la inflación. Los estabilizadores automáticos más importantes son el impuesto progresivo sobre la renta y el subsidio de desempleo.

Las políticas fiscales dan lugar a la presión fiscal, que es la carga que han de soportar las empresas y los ciudadanos de un país respecto a su PIB. En el siguiente gráfico tenemos una situación comparativa de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

            PRESIÓN FISCAL EN LA OCDE

Observamos que España estaba en 2017 entre los países de baja tributación, con un 33,3% sobre el PIB, a la altura de Gran Bretaña, pero 8 puntos porcentuales por debajo de Italia y 13 puntos de Francia en la recaudación de impuestos.

Las políticas de austeridad en el gasto público y la contención en los impuestos de los últimos años se han justificado exigiendo a los gobiernos el comportamiento habitual de las familias: nunca deben gastar más de lo que ingresan.

Es una idea que parece cargada de sentido común, pero entre el sector público y la familia hay diferencias importantes. Cuando una familia gasta menos de los que ingresa está ahorrando, pero cuando el Estado gasta menos, los agentes económicos (familias y empresas) perciben una renta menor y, en consecuencia, pagan menos impuestos, con lo que baja la recaudación, se ahorra menos y el sector público puede entrar en déficit más fácilmente.

Mientras las familias tienen un plazo limitado para pagar sus deudas, los Estados pueden emitirlas a muy largo plazo e incluso emitir deuda perpetua, es decir, pagando únicamente lo intereses sin tener que devolverla. Pueden también ir renovando la deuda a base de nuevas emisiones, como lo viene realizando el Estado español en la última década, algo que resulta muy difícil para las familias.

Tengamos en cuenta que el Estado tiene más larga existencia temporal que una familia y es responsable de realizar con endeudamiento inversiones de infraestructura que se disfrutarán durante muchos años. Por ello, también el coste de la financiación puede ser afrontada por varias generaciones.

AUMENTA EL PODER DE MERCADO

El mercado es un invento humano al que se asigna la función de fijar los precios de los productos, armonizando la difícil confrontación entre deseos infinitos y recursos limitados. Para que funcione un sistema económico basado en el mercado es necesario que exista competencia entre las empresas

En economía, el modelo que se toma como referencia es el de competencia perfecta, en el cual, entre otros supuestos, actúan muchos compradores y vendedores de pequeña dimensión, sin capacidad para influir en el precio que resulta de sus interacciones. Es un modelo plenamente competitivo, basado en hipótesis que difícilmente se cumplen en el entramado empresarial.

Se considera que una empresa tiene poder de mercado, alejándose del modelo de competencia perfecta, cuando es capaz de imponer el precio de un producto por encima del que tendría en un mercado funcionando en competencia libre. Como el aumento de precio lleva a una reducción de la demanda y, por consiguiente, a la disminución de la cantidad vendida, podría dar lugar al empeoramiento del bienestar social.

En el siguiente cuadro se sintetizan los supuestos de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta (monopolio,oligopolio, competencia monopolística)

Los niveles de poder de mercado pueden variar desde el monopolio, único oferente de un producto, con control total sobre el precio, hasta las empresas que venden en exclusiva productos diferenciados, pero que han de enfrentarse a la competencia de otras empresas con ofertas similares. Los monopolios capturan rentas que provocan una pérdida de bienestar social al transferir excedentes desde los consumidores hacia las empresas.

Dos factores que facilitan la existencia de poder de mercado son las barreras de entrada y las economías de escala. Las barreras pueden ser tanto legales (patentes) como las elevadas inversiones iniciales y el gasto importante de publicidad para darse a conocer. En cuanto a las economías de escala, las nuevas empresas tienen el reto inminente de acceder a un nivel elevado de producción para poder aprovecharse de la reducción de costes fijos y ser capaces de competir con otras empresas que llevan tiempo en el sector.

Las empresas pueden evitar la competencia mediante acuerdos (carteles) con los competidores para el control de precio o el reparto de los mercados, creando monopolios parciales. La ausencia de presión competitiva suele limitar la creación de nuevos productos, hace olvidar la mejora de la calidad y ayuda a soslayar la exigencia de mantener precios bajos.

El Derecho de competencia de la Unión Europea prohibe los carteles y la Comisión Europea impone multas importantes a las empresas implicadas. Pero el ser ilegales, los carteles se mantienen en secreto y no resulta fácil demostrar su existencia.

La Comisión Europea aplicó recientemente a Google una multa de 2.420 millones de euros por abuso de poder de mercado, “una vez probada su posición dominante en el mercado y el abuso que ejerce en las páginas web de comparación de precios de productos”. También han sido multadas por la Comisión, entre otras corporaciones, Facebook, Appel y algunos fabricantes de camiones, entre los cuales se encuentran MAN, VOLVO y RENAULT.

Investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) han hallado correlación significativa entre márgenes, beneficios y concentración industrial. También se destaca que en los sectores más concentrados hay incremento de márgenes y menor inversión e innovación, así como una menor participación de las rentas de trabajo, en beneficio de las rentas de capital

Como señala el profesor Ontiveros, resulta evidente que en los últimos años la competencia se está reduciendo en algunos sectores de las economías avanzadas. El aumento de poder de mercado permite fijar márgenes a las empresas, especialmente a las grandes, con tendencia monopolista, que puede tener implicaciones en el bienestar general y en la asignación eficiente de los recursos.

SALARIOS Y BENEFICIOS

La participación salarial en el PIB generado a comienzos de siglo era en torno al 50%, los beneficios no superaban el 40% y el restante 10% consistía en los impuestos de producto. Al cabo de casi dos décadas, la participación de la remuneración al trabajo ha descendido al 47,3%, al tiempo que aumenta la parte del capital y los impuestos se mantiene prácticamente estables.

En el siguiente gráfico tenemos el detalle de la evolución de los componentes del PIB en la última década:


Tras la doble recesión que provocó la crisis financiera, en la economía española se han creado 2.400.000 empleos entre 2014 y 2018, al tiempo que el paro se ha ido reduciendo.

Sin embargo, según la Contabilidad Nacional, la remuneración por asalariado a tiempo completo sólo ha aumentado un 0,5% anual en el quinquenio, debido a la tasa elevada de paro, en torno al 18%, y al subempleo, que esconde la contratación a tiempo parcial involuntario.

La tasa de variación puede verse con más detalle en el siguiente gráfico de CaixaBank Research, así como la cuantía de los salarios mensuales por deciles en 2017:

Observamos que los dos extremos de la distribución, los deciles 1 y 10, tuvieron un incremento interanual de 1,4%, en tanto que los que ocupan una posición intermedia (deciles 4 a 7)), descendieron o no tuvieron ninguna variación durante el período, en términos nominales.

Existe cierta polarización del mercado laboral, con una menor demanda de trabajo en los empleos de nivel mediano, más fáciles de automatizar, que ocasiona una reducción de las remuneraciones en torno a la mediana, al tiempo que aumentan los salarios en los extremos de la distribución, dibujando un gráfico en forma de U.

En conjunto, en la economía española se ha alcanzado la misma producción de hace 10 años con cerca de 500.000 trabajadores menos, y 9.500 millones de reducción en la masa salarial.

En cambio, la evolución de los beneficios ha sido muy favorable. Según la Agencia Tributaria, el resultado contable declarado por las empresas en España alcanzó en 2017 los 217.000 millones de euros, un 9,2% más que en 2016, muy cerca del resultado record, logrado en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Mientras se contienen los salarios, aumenta la parte del capital en los resultados, argumentando que los excedentes se reinvierten en las empresas. Pero los medio de prensa vienen informando que se incrementa la compra de acciones propias, una tendencia que, junto al reparto de dividendos, engrosará los bolsillos de los accionistas.

 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La norma de estabilidad presupuestaria significa que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio los presupuestos de cada período. Pueden incurrir en superavit (más ingresos que gastos), pero deben evitar situaciones de déficit (más gastos que ingresos).

Se llama saldo presupuestario a la diferencia entre los ingresos público por recaudación de impuestos y los gastos públicos, tanto por compra de bienes y servicios como en transferencias (pensiones, subsidio de desempleo...).

Aunque el saldo presupuestario tiende a ser un indicador de la política fiscal aplicada, hay que tener en cuenta que una variación determinada del gasto en la compra de bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión, tiene mayor efecto en la demanda agregada que la variación de los impuestos o de las transferencias.

En el siguiente cuadro tenemos la evolución del déficit público español, en porcentaje sobre el PIB, en los últimos 12 años:

Tanto el déficit público observado como el saldo estructural (el déficit ajustado al ciclo económico) de los últimos tres años han sido en España los más elevados de los 19 países de la Eurozona. En cuanto al déficit primario (sin contar con el pago de intereses), viene a oscilar en torno al 0,9% del PIB.

El saldo presupuestario ajustado al ciclo económico (saldo estructural) es una estimación de cuál sería el déficit público si el PIB real fuera el correspondiente a la producción normal (producción potencial), eliminando las consecuencias de posibles fases recesivas o expansivas.

Como podemos observar en el cuadro, el déficit estructural fluctúa menos que el déficit observado, lo cual quiere decir que los elevados déficit de los años 2009 a 2012 fueron consecuencia de la situación recesiva de la economía.

La mayoría de los economistas estima que el gobierno debe equilibrar los presupuestos solo en promedio, es decir, que se puede tener déficit en años malos, que se compensen con superávit en años buenos. Un equilibrio permanente cada año impediría que los impuestos y las transferencias actuaran como estabilizadores automáticos.

En una economía en recesión, cuando el paro hace que se reduzca el volumen de salarios y, por tanto, el consumo, el subsidio de desempleo, por ejemplo, entra en funcionamiento actuando como estabilizador automático y, aunque pueda generar déficit, tiende a sostener el consumo, evitando un mayor hundimiento de la economía.

Como parte de los acuerdos de creación del euro, los gobiernos firmaron en 1999 el pacto de estabilidad, exigiendo a cada país miembro de la Eurozona mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

El objetivo era evitar déficits irresponsables provocados por presiones políticas, que podían poner en peligro la estabilidad del euro. El inconveniente del acuerdo ha sido que obliga a los países a recortar gastos o subir impuestos cuando, en situaciones de recesión, el déficit sobrepasa el nivel establecido.

Como se ha comprobado en la crisis de 2008, la austeridad exigida por la normativa del 3% hace que la política fiscal acentúe las recesiones en lugar de aliviarlas. Las naciones periféricas europeas, entre ellas España, perdieron durante la crisis la confianza de los inversores, que dudaban sobre la capacidad de devolver las deudas.

En diciembre de 2011 se llegó al acuerdo de tomar como nueva referencia el equilibrio presupuestario estructural, el ajustado por el ciclo económico. Cada país debe situarse cerca de cero, con déficits anuales que no superen el 0,4% del PIB. La estabilidad en un contexto intertemporal se situó en una deuda máxima del 60% del PIB (en España estamos en torno al 100%)

Pero las normas fiscales van a seguir haciendo que, en períodos de crisis, los países europeos se vean forzados a recortar gastos o subir impuestos, medidas que resultan improcedentes desde el punto de vista del análisis macroeconómico.

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

La deuda externa es el endeudamiento de un país con entidades extranjeras, bien por ser contraída por las Administraciones Públicas (deuda pública), o bien, por préstamos recibidos por empresas y particulares (deuda privada).

Un país tiene que recurrir a fondos del exterior cuando escasea el ahorro interno y necesita recursos para invertir y producir mayor volumen de bienes y servicios. Si los fondos no se utilizan de modo eficiente, el país se ve en la necesidad de solicitar la refinanciación, la demora en la devolución o la reestructuración del crédito.

La deuda exterior es una de las principales vulnerabilidades de la economía española. El endeudamiento bruto conjunto público y privado en manos extranjeras ha superado los dos billones de euros, una cifra nunca alcanzada, que supone el 167% del PIB.

Según el Banco de España, descontando los préstamos realizados por el país al exterior, la posición de inversión internacional neta se situaba en el cuarto trimestre de 2018 en un 84% del PIB, el dato más bajo desde 2007, lo que indica una menor dependencia del ahorro exterior.

La deuda total española se incrementó notablemente cuando los bancos españoles acudieron al mercado internacional a financiarse emitiendo titulizaciones y cédulas hipotecarias, a fin de poder prestar el dinero que demandaba el sector inmobiliario, creando la burbuja que reventó al final de 2007.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la deuda externa española que, pese a ir descendiendo, resulta muy elevada en la actualidad.


En una perspectiva amplia, la deuda es una abstracción que consiste en utilizar dinero futuro para llevar a cabo en el presente una inversión productiva, que es la que ha de generar ese dinero. Gracias a este sutil artificio, la humanidad ha podido mejorar sus condiciones de vida a lo largo de los siglos

La deuda no es en sí negativa, pero viene a ser un arma de doble filo. Si se utiliza sin prudencia deja de crear bienestar generalizado y se convierte en un medio de dependencia.

Además de devolver el crédito, la necesidad de pagar los intereses que genera la deuda externa contraída por el Estado requiere un nivel mayor de impuestos o la reducción de gastos. Supone la transferencias de recursos al extranjero, lo cual significa una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos del país.

Parece que estamos ante el final del ciclo expansionista en las tres potencias económicas más relevantes: Estados Unidos, China y Alemania. En su reciente conferencia de prensa, el Banco Central Europeo rebajó las previsiones de crecimiento de los países europeos y adelantó que lanzará a partir de septiembre nuevas inyecciones de liquidez, para asegurar que el crédito fluya de los bancos a empresas y familias.

España mantiene en los últimos años, coincidiendo con el crecimiento económico, un superavit por Cuenta Corriente en su Balanza de Pagos en torno al 1,6% del PIB. Este excedente de ahorro frente al exterior puede ser un alivio para afrontar en los próximos años cualquier cambio brusco de la coyuntura económica.