SALDO PRESUPUESTARIO Y DEUDA PÚBLICA

Cuando el presupuesto general de un Estado tiene mayores gastos que ingresos, incurre en déficit y necesita emitir bonos para solicitar financiación en los mercados financieros. Por el contrario, si tiene superavit puede dedicarlo a pagar la deuda contraída. En consecuencia, la deuda pública viva es el importe total pendiente de pago por los préstamos recibidos, como resultado del total de los déficit menos el conjunto de los superavit.

Los déficit públicos persistentes provocan un incremento de los préstamos utilizados, aumentando así los intereses a pagar que, a su vez, elevan el nivel del déficit. Se suele decir que los déficit se alimentan a sí mismos.

El siguiente gráfico muestra la evolución, en % de PIB, del déficit público en España en los últimos 16 años.


Podemos observar el efecto de la recesión financiera de 2009, con un déficit del 11% sobre PIB. El conjunto de las administraciones públicas cerró 2019 con un déficit del 2,7%, situándose en 33.223 millones de euros, tras 11 años de continuados saldos deficitarios.

Diversas instituciones financieras prevén que el déficit español en 2020 puede situarse entre 9% y 13%, dependiendo de la duración del confinamiento y cierre de establecimientos que aconseje la evolución de la pandemia.

La deuda pública respecto del PIB es uno de los indicadores más significativos para medir la salud financiera del país. El persistente déficit público, el rescate bancario y las necesidades de liquidez han ido aumentando en los últimos años la deuda pública española, que al cierre de 2019 alcanzaba el 95,5% del PIB. Las estimaciones del FMI apuntan a que la pandemia del Covid-19 puede incrementarla hasta el 113%.

El aumento de la deuda pública ejerce presión sobre los presupuestos generales del Estado. Al igual que los particulares, los gobiernos tienen que pagar las deudas, incluidos los intereses y, aunque los tipos de interés en estos momentos no son elevados, la prima de riesgo española comienza a subir.

Cuando un Estado pide prestado para pagar incluso los intereses que genera su deuda quiere decir que tiene un saldo primario (sin contar con los intereses entre los gastos) deficitario, lo cual agrava el endeudamiento. Los prestamistas de fondos cuestionarán su capacidad de pago y, como consecuencia, puede generarse una crisis financiera.

Pero el déficit público puede utilizarse como política fiscal para estimular la economía, como se trató de hacer en la crisis financiera de 2008, y está planteándose ahora para afrontar las consecuencias económicas del Covid-19.

A largo plazo, los gobiernos deben tratar de compensar los déficit de algunos años con superavit de los períodos de bonanza económica pero, a corto plazo, la reconstrucción económica en España va a necesitar recursos provenientes de la Unión Europea, a fin de que no queden lastradas las cuentas de la Administración Pública por tiempo indefinido.

RENTA MÍNIMA Y RENTA BÁSICA

La secuela de recesión económica que están dejando las medidas de confinamiento y de cierre de establecimientos para combatir la pandemia replantea la necesidad de garantizar cierto nivel de ingreso a todas las familias. Entre las diversas estrategias de apoyo social que se han venido debatiendo en las últimas décadas destacan la renta mínima de inserción y la renta básica universal.

La renta mínima de inserción, que recibe también otros nombres, es una prestación asistencial o no contributiva que existe ya en España, cedida a las Comunidades Autónomas, para personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana.

Esta prestación exige ciertos requisitos al beneficiario, tales como estar empadronado en el municipio de la Comunidad de la que solicita la transferencia, carecer de recursos suficientes, tener denegadas otras ayudas de carácter social y aceptar las medidas de inserción laboral y de formación establecidas.

Por citar algunos ejemplos, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la prestación se denomina “Renta de Garantía de Ingresos”, con una cuantía mensual, para un individuo, de 644 euros durante 24 meses, en Madrid la cuantía es de 400 euros mensuales, sin limite temporal.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, con una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, el porcentaje de personas que accedieron a la Renta Mínima de Inserción en España en 2017 fue del 8% de ese colectivo, con diferencias notables entre Comunidades Autónomas. Así, mientras en el País Vasco, con el 8,6% de riesgo de pobreza, percibía la prestación el 76,3% de ese colectivo, en Madrid, con una tasa de riesgo de pobreza del 16,6%, accedió a la prestación el 11%, y en Andalucía, con una tasa de pobreza del 27,5%, recibió la prestación sólo el 4,5%

El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alson, manifestaba tras la visita a España en febrero: “el sistema de la Renta Mínima de Inserción sugiere que, o bien esta estructurado intencionalmente para excluir a las personas, o está extremadamente mal diseñado”.

La segunda modalidad de prestación, denominada “Renta Básica Universal”, se define como aquella que paga el Estado como derecho de ciudadanía a todos los residentes de la sociedad, independientemente de su situación económica o laboral. Viene a ser una herramienta de protección social en forma de subsidio de igual cuantía, incondicional y garantizado para todos los ciudadanos.

Es una renta a la que se pueden acumular otros ingresos y permite eludir la situación de pobreza y las consecuencias del paro, evitando la estigmatización social de un subsidio condicionado como la renta mínima de inserción.

Esta modalidad de apoyo a la ciudadanía no ha llegado a implantarse prácticamente en ningún país, a excepción de Finlandia, donde ha estado funcionando, pero el Gobierno decidió no renovarlo a los dos años de funcionamiento. Un caso especial es Alaska, donde se mantiene desde 1982, en base a los beneficios que genera un Fondo de inversión petrolífero. La cuantía de la prestación es de 2.000 dólares al año, con el único requisito para los beneficiarios de residir en el país durante doce meses.

La renta básica ha pasado de ser una propuesta marginal a considerarse una opción por las corrientes principales de la economía. Es considerada como un programa de coste elevado, con lo que suele suscitar dudas sobre la capacidad para poder financiarlo y provoca también ciertas controversias sobre su impacto en materia de incentivos, al no exigir que el beneficiario acepte un empleo.

La implantación de un renta de cobertura amplia ha sumado más adeptos en las últimas semanas que antes en años, dando un salto exponencial en el debate público. Está en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social consecuencia de la pandemia. Sería también útil para reactivar la demanda cuando se levanten las cuarentenas.

Se ha podido constatar que los programas actuales de rentas mínimas son en su mayoría insuficientes para reducir sustancialmente la alta tasa de pobreza en España, y no ayudan las disparidades tanto en regulaciones como en niveles de generosidad de las prestaciones sociales de las Comunidades Autónomas Por ello, vendría bien avanzar hacia un sistema del tipo de la renta básica universal, con un sistema fiscal progresivo que permita financiarlo, capaz de reforzar el bienestar social, garantizando realmente un ingreso vital a todos los ciudadanos en cualquier circunstancia.

APOYOS FINANCIEROS

Los países están tomando medidas tanto en materia de salud pública como estrictamente económicas. Las actuaciones de tipo sanitario están centradas en contener la expansión del coronavirus mediante el confinamiento social, para aplanar la curva de contagios y limitar la presión sobre los sistemas de salud, con lo que las consecuencias económicas afectan tanto a la oferta de bienes y servicios como a la demanda.

Los países golpeados por la pandemia van adoptando decisiones rápidas para mantener ingresos, prorrogar impuestos, subsidiar gastos fijos y conceder avales y créditos, con el fin de evitar roturas en las cadenas de pagos y caídas en bancarrotas.

La oferta se ve afectada por el cierre de establecimientos productivos y comerciales y las dificultades logísticas y financieras que acarrea la contención de la pandemia. Al mismo tiempo, el confinamiento y la reducción del comercio entre países provocan la caída de la demanda, tanto interna del país como la proveniente del extranjero.

En el siguiente gráfico, el crecimiento del balance del banco central norteamericano muestra el importante apoyo que va a prestar con una contundente creación de dinero:


Por su parte, el Banco de Inglaterra anuncia que está preparado para prestar dinero al Gobierno si éste no recauda suficientes fondos en los mercados financieros, para luchar contra la expansión del coronavirus. Como país con moneda propia, la libra, el banco central británico está autorizado para prestar dinero directamente a la Hacienda pública.

En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), la reacción al parón económico de la pandemia ha sido inmediata y va a dedicar a la compra de bonos públicos y corporativos hasta 750.000 millones de euros para dar confianza a los mercados. Al no permitir los Tratados de la Unión Europea comprar directamente bonos gubernamentales, el BCE tiene que adquirirlos en el mercado secundario, a fin de mantener en valores mínimos los tipos de interés exigidos por los inversores financieros.

Mientras que algunos países, como EE.UU y Alemania han tenido una reacción contundente, con medidas de gasto público que representan el 4,4% y el 5,5% del PIB, respectivamente, España ha ido introduciendo las medidas gradualmente, quizás porque no tiene margen fiscal para incrementar el gasto público y necesita saber con certeza el apoyo que va a venir de las instancias europeas.

Tanto España como Italia han venido solicitando en los organismos europeos la utilización de eurobonos, emitidos conjuntamente por los países, con el objetivo de aliviar la presión de los inversores internacionales, que exigen mayor rentabilidad a los Estados más endeudados.

El Eurogrupo, compuesto por los ministros de Economía de la Eurozona, alcanzó el 9 de abril un acuerdo de mínimos, que no incluye la emisión de eurobonos, pero va a movilizar 540.000 millones de euros, que servirán para hacer frente de manera inmediata a los efectos del coronavirus a corto plazo. El documento firmado deja la puerta abierta a un posible plan de recuperación con vistas al medio plazo, que será debatido por los Jefes de Estado y de Gobierno.

La movilización de fondos prevista se compone de 240.000 millones de euros del MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el fondo de rescate europeo; 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, destinados a empresas y sobre todo a pymes, y 100.000 millones de euros del SURE, el fondo europeo contra el paro, propuesto por la Comisión, que financiará programas como los ERTE, El paquete de medidas pretende ser una triple red de seguridad que abarca a los gobiernos, las empresas y los trabajadores.

Tras largos debates, el Eurogrupo decidió que el MEDE sea finalmente el salvavidas para los gobiernos que requieran fondos en caso de un deterioro rápido de sus finanzas públicas. Podrán pedir hasta el 2% del PIB del país que solicite la ayuda y, aunque sea un rescate, el país prestamista no estará condicionado por ajustes ni obligado a realizar reformas. El único requisito es que los créditos se utilicen para financiar los costes sanitarios, directos e indirectos, derivados de la crisis del coronavirus.

El ya largo confinamiento y la suspensión de actividades económicas en España por razones sanitarias sumerge al país en una recesión. Y, pese a los apoyos del BCE y de las instituciones europeas, surgirán dificultades financieras por el esfuerzo en el gasto fiscal, que elevarán tanto el déficit como el endeudamiento público.

EL PARÓN ECONÓMICO

Según los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, en el mes de marzo han descendido en 833.979 las personas afiliadas a la Seguridad Social, al tiempo que las inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentaron en 302.265, elevando el paro registrado en España a 3.548.312 personas, un 9% más que en marzo 2019.

El siguiente gráfico recoge la evolución del desempleo español en los últimos 12 meses:

Estas cifras reflejan las primeros efectos del parón económico que ha sufrido el país como consecuencia del cierre de establecimientos productivos, salvo los servicios esenciales, decretado por el Gobierno en el Estado de Alarma impuesto para hacer frente a la expansión del coronavirus (covid-19) entre la población.

No se incluyen entre los parados a los 3,1 millones de trabajadores de las empresas que han solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permite suspender por el tiempo que dure el Estado de Alarma y sus prórrogas los contratos de los trabajadores, y que éstos, sin darles de baja, cobren la prestación por desempleo. Las empresas acogidas al ERTE están comprometidas a no despedir trabajadores en los próximos 6 meses.

La reducción del PIB en 2020 puede ser elevada, como consecuencia de las pérdidas en turismo y del cierre temporal de la hostelería, la educación, la construcción y gran parte de la industria y del comercio minorista, aunque el nivel final de caída dependerá de cuánto se prolongue la situación de emergencia y el vigor del proceso de recuperación.

Desde el punto de vista económico, además de proporcionar al sector sanitario los recursos materiales y humanos que está demandando, se trata de ayudar cuanto sea posible a las empresas y a los trabajadores que se han quedado sin ingresos, y evitar por todos los medios la interrupción de las cadenas de suministro de bienes y servicios para atender las necesidades básicas de la población.

Las medidas adoptadas por el Gobierno han tratado de mitigar los efectos del elevado paro que la situación está provocando, con un doble objetivo: asegurar prestaciones a cuantos pierden el empleo y evitar que las cesaciones de empleo fueran permanentes.

Además de los avales públicos para la obtención de créditos bancarios en mejores condiciones, las medidas de emergencia pueden abarcar desde diferir el pago de impuestos, hipotecas, alquileres y otros gastos de familias, autónomos y pymes, hasta conceder subvenciones para ayudar al cumplimiento de los compromisos de pagos.

La emergencia sanitaria está haciendo aflorar el aumento de desigualdad que se ha venido consolidando durante el período de recuperación económica. Con el aumento de la temporalidad laboral se fue incrementando el colectivo de trabajadores pobres, hasta llegar a los 9 millones de ciudadanos o más de 3,5 millones de familias subsistiendo por debajo del nivel de pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral y los bajos salarios.

A diferencia de las clásicas recesiones económicas, la caída de producción en esta crisis no está provocada por la falta de demanda, sino que es consecuencia de las medidas para evitar el contagio masivo de la población, por lo que se trata de garantiza el funcionamiento de los sectores esenciales, proporcionar recursos a los colectivos afectados y reducir al mínimo posible el daño al tejido empresarial, tratando de evitar que la falta de liquidez provocada por el parón económico se convierta en una crisis de solvencia.