EL ESTADO EN TIEMPOS DE CRISIS

El Estado ha sido considerado en la historia del pensamiento económico durante mucho tiempo como necesario pero improductivo, atribuyéndole los calificativos de gastador y regulador. Se le ha asignado la misión de fijar las reglas de juego e invertir en bienes básicos como las infraestructuras y la educación. 

Su actividad se ha restringido al campo de los bienes públicos, aquellos que benefician a más de un usuario a la vez y, por tanto, requieren de una provisión pública (alumbrado de las calles, parques, puentes…). Se le asigna el papel de corregir los fallos del mercado, aquellas actividades en las que el sector privado no invierte lo suficiente, por lo que, sin la intervención pública, amplios grupos sociales no podrían acceder a bienes y servicios básicos, tales como sanidad, educación o justicia. 

Está implantada la idea de que el Estado es ineficiente y su papel ha de ser limitado para evitar interferencias con el mercado. Debe centrarse en crear las condiciones que permitan el desarrollo empresarial, proteger la propiedad privada y asegurar el Estado de derecho. 

Como apunta la profesora Mazzucato, en gran medida, la economía nació como una disciplina para reivindicar la primacía productiva del sector privado. Era necesaria para establecer las condiciones para la producción de bienes y servicio, y representaba una fuerza estabilizadora de fondo, sin que llegara a ser un elemento productivo. 

Pero resulta difícil entender que el Estado no crea valor, cuando esta envuelto en tareas como rescatar bancos e invertir tanto en infraestructuras como en educación y ciencia básica, al tiempo que financia tecnologías e innovaciones que transforman la sociedad. 

Keynes propuso un nuevo papel para el Estado. Cuando el sector privado recorta la producción por las bajas expectativas, el sector público puede intervenir de manera positiva aumentando la demanda mediante un gasto adicional que fomente el consumo y la inversión privada, elevando el nivel del PIB. 

Por tanto, el Estado puede crear valor en la medida que permite incrementar la producción de bienes y servicios, lo cual supone un cambio en la manera de considerar el papel fundamental del sector público en la economía. 

Vemos en el gráfico cómo el gasto público se ha incrementado cerca de 10 puntos porcentuales sobre el PIB en 2020, cuando el Estado lanzó los programas de apoyo a las empresas y autónomos afectados por la pandemia del coronavirus Covid-19. 

En los presupuestos generales para 2021, el sector público en España ha asumido un papel aún más relevante, incrementando su nivel de gasto en un 19,4% respecto al año anterior, sobre todo para apoyar a empresas y autónomos, ante la merma de actividad en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y otras ramas 

Con la pandemia, incluso los más acérrimos neoliberales están solicitando regulaciones del mercado más estrictas y un papel más activo para el Estado en casi todos los países. En tiempos normales, los gastos de las familias y las inversiones privadas son las que impulsan el crecimiento económico, pero en períodos de crisis se solicita la protección del sector público. 

Dado que los mercados son inestables, pueden permanecer en niveles de actividad anormalmente bajos durante períodos considerables, sin dar señales de recuperación. En estas circunstancias, la intervención del Estado como “gastador de último recurso” resulta relevante. 

ECONOMÍA CIRCULAR

 

El modelo actual de producción y gestión de recursos, bienes y servicios, que busca potenciar un consumo a corto plazo, está chocando contra el desarrollo sostenible, enfocado a largo plazo. El paradigma del actual modelo, que se puede sintetizar en producir-usar-tirar, tiende a ser sustituido por los principios de la economía circular, que se basan en reducir-reusar- reciclar. 

La economía circular aboga por utilizar preferentemente materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo, a fin de que puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. 

Si los materiales no son biodegradables, es decir, no pueden descomponerse en elementos naturales por la acción de agentes biológicos (sol, agua, bacterias…), como es el caso de los componentes electrónicos, el objetivo será tratar de darles nueva vida desacoplando e incorporando al ciclo de producción para componer nuevas piezas. Cuando no sea posible, se reciclarán de una manera respetuosa con el medio ambiente. 

En contraste con el sentido circulatorio del esquema, el modelo económico actual es lineal, resulta agresivo para el medio ambiente y tiende a agotar las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. La economía circular trata de reducir todo lo posible la generación de residuos, de los que se procura recuperar materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan de nuevo al proceso productivo. 

El principio de circularidad en los procesos productivos ya se está aplicando en algunas empresas. Así, las botellas se convierten en alfombrillas y salpicaderos para automóviles; con la basura de los océanos se fabrica ropa; con las hojas de olivos, fertilizantes y tinte de pieles, y las baterías usadas de los coches eléctricos pueden iluminar campos de futbol 

La amenaza del cambio climático y la recuperación económica posterior al Covid-19 han impulsado la necesidad de acelerar el transito de un modelo económico linea, basado en la premisa de recursos abundantes, baratos y fáciles de eliminar, a un modelo económico más sostenible en la manera de producir y consumir. 

Según el informe de la Fundación COTEC, España se encuentra todavía por debajo de la media europea en generación de residuos, si bien la distancia se ha venido reduciendo en el último quinquenio. En cuanto al tratamiento, los vertidos residuales representan en España en torno al 54% del volumen total (el resto se reparte entre incineración, reciclado y compostaje), más del doble de la media de la Unión Europea (24%) y muy lejos del objetivo establecido por la Comisión Europea para 2030 (10%) 

Para lograr un despliegue significativo de la economía circular es importante sensibilizar a la sociedad sobre el cambio de patrón de consumo y apostar por industrias verdes, que basen su competitividad en modelos de negocio respetuosos con el medio ambiente y realicen inversiones en la transformación energética. 

Por tanto, avanzar hacia el modelo circular requiere un proceso de trasformación que implica a gobiernos, empresas y consumidores. Afecta de manera transversal a todos los sectores económicos y necesita apoyarse en la innovación y el desarrollo tecnológico. 

EL DINERO EN EFECTIVO

 

El Grupo Parlamentario Socialista registró recientemente en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que planteaba la eliminación gradual del pago en efectivo, con la mirada puesta en que las transacciones económicas lleguen a realizarse exclusivamente en dinero digital. 

A la Asociación Española de Banca tampoco les gusta el dinero en efectivo, porque hay que transportarlo y tiene costes. Apuestan por el dinero totalmente digital, pero estiman que su implantación habría que realizarlo con mucha prudencia, dado que la desaparición del efectivo podría afectar a colectivos vulnerables sin acceso actual al dinero digital. 

Es cierto que, hoy día, el dinero en efectivo compite con otros medios de pago populares (transferencias, tarjetas de crédito, sistemas de móvil y criptomonedas), pero muchas personas utilizan aún el efectivo como primera opción para realiza sus pagos. 

Hay evidencias de que el dinero digital está ganando la batalla: desciende el número de cajeros automáticos y aumentan las terminales electrónicas en puntos de venta. Además, con la crisis del coronavirus tiende a incrementarse la brecha entre los pagos con tarjeta y las retiradas de fondos en los cajeros. 

En España, las tarjetas en circulación llevan cuatro años de crecimiento anual. Según los datos del Banco de España, en junio había 87 millones de unidades, un 3,7% más que un año antes y un 21% más que hace una década. 

Las ventajas principales del dinero en efectivo son que es aceptado como medio de pago y que resulta más rápido que la tarjeta o el cheque porque generalmente no requiere identificación alguna ni esperar confirmaciones. 

El inconveniente fundamental del dinero físico es su coste de producción, mantenimiento, transporte y custodia. Así, el coste de producir la moneda de 1 céntimo es de 1,65 céntimos, en tanto que el de 2 céntimos es similar a su valor. Los billetes, por su parte, necesitan muchos elementos de seguridad, con los costes añadidos de cuidado y reposición. Se ha calculado que el coste de producir y mantener el dinero en efectivo en Europa se sitúa en torno a 200 euros por persona al año. 

El dinero electrónico permite controlar mejor la política monetaria, dirigida a establecer un tipo de interés que promueva la inversión y el ahorro. Al dinero físico no se le pueden imponer tasas negativas de interés y, en cambio, sí al dinero depositado en los bancos (dinero digital), tal como lo están haciendo ahora algunas entidades financieras. 

El dinero digital es capaz de aumentar la rapidez en las transacciones y colabora en la desaparición parcial de la economía sumergida, al eliminar el sistema de pago habitual de los defraudadores. 

El obstáculo principal a la desaparición del dinero en efectivo se encuentra en las normativas de rango europeo. El Tratado de la Unión Europea establece que los billetes y monedas son de cursos legal y la Comisión Europea dictaminó en 2010 que los billetes y monedas en euros deben aceptarse como medios de pago en las transacciones. 

El Banco Central Europeo (BCE), en 2019, llegó a manifestar que entendía como desproporcionada la propuesta de reducir el límite actual de 2.500 euros a 1.000 en el pago en efectivo establecido por los gobiernos, aún siendo su finalidad luchar contra la economía sumergida y el blanqueo de capitales. 

Pero ahora el BCE ha iniciado el proceso para desarrollar su propia criptomoneda, el euro digital, como alternativa a las de otros países y a las privadas, como bitcoin y la libra de Facebook. 

No cabe duda de que tecnológicamente sería posible desenvolverse sin dinero en efectivo. Solo falta profundizar en las adaptaciones jurídicas y financieras, al tiempo que van cambiando las costumbres de los ciudadanos. 

DESCARBONIZACIÓN

Las consecuencias derivadas del cambio climático, asociadas al calentamiento global, han alcanzado en los últimos años un lugar muy destacado entre las preocupaciones de la sociedad, una inquietud transversal, que está dando lugar a iniciativas de ámbitos tanto locales como supranacionales. 

Se constata que las emisiones de gases contaminantes amenazan con aumentar la temperatura, lo cual augura fenómenos meteorológicos extremos, mayor estrés hídrico, subida de nivel del mar y alteraciones en los ecosistemas. 

La evidencia científica muestra que el fenómeno del calentamiento global está asociado a la actividad económica y, más en concreto, a la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, que también es la principal responsable de la contaminación del aire que respiramos 

Aparte de su efecto sobre las enfermedades pulmonares y la calidad de vida de los ciudadanos, la contaminación se correlaciona con una elevación de la temperatura media que puede afectar severamente a la economía y provocar potenciales crisis humanitarias o migratorias de difícil evaluación en estos momentos 

Para hacer frente a estas circunstancias se plantea la necesidad de descarbonizar las economías, reduciendo las emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono (CO2). Se apuesta por una transición en el modelo energético y productivo, electrificando los sectores económicos y realizando inversiones en energías renovables. 

En el siguiente gráfico del Ministerio de Transición Ecológica podemos ver la evolución prevista del consumo de energía primaria en el largo plazo 

Observamos en el gráfico el consumo previsto de energía primaria, combustibles no convertidos u originales, en ktep (kilotoneladas de equivalente en petróleo), que lleva a la sustitución paulatina de los combustibles fósiles por las energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica y la extraída de la materia orgánica) 

Los objetivos de descarbonización fijados por la Comisión Europea para 2050 suponen un gran desafío. El plazo fijado puede parecer largo, pero si se quiere alcanzarlo hará falta la movilización de ciudadanos, empresas, bancos, gobiernos y autoridades públicas. 

Tras cerrarse el período de información en septiembre pasado, el Consejo de Ministros español ha aprobado la “Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050”, que supone llegar a emitir sólo lo que la Tierra es capaz de absorber. Esta es una hoja de ruta de descarbonización para cumplir los objetivos del país como miembro de la Unión Europea. 

El plan estratégico se plantea que España reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto de 1990 antes del año 2050. El 10% restante será absorbido por formaciones vegetales, que funcionan como sumideros de carbono. 

En la adaptación al cambio climático, los objetivos son situar el conjunto de energías renovables en un 97% de la energía final, conseguir que el sector eléctrico sea 100% renovable, descender la dependencia energética del extranjero del 73% al 13%, electrificar más del 50% de la economía y fomentar sumideros de carbono que permitan alcanzar la neutralidad climática. 

En el proceso de recuperación económica tras la crisis provocada por el coronavirus, avanzar hacia los objetivos establecidos supondría una mejora en la acción climática y una oportunidad para la modernización y competitividad, socialmente inclusiva, con un impacto positivo en la salud y en la vida de los ciudadanos.