BURBUJAS Y ESPECULACIÓN FINANCIERA

Una burbuja financiera consiste en una elevación infundada del precio de un activo ( vivienda, acción, bono...) durante un período largo de tiempo, que rompe el vínculo entre su valor y sus fundamentos económicos, como consecuencia de especular con el precio que puede alcanzar en el futuro.

Resulta difícil fijar el momento en que el precio de un activo se convierte en burbuja, puesto que está basado únicamente en expectativas. Mientras la demanda de un activo sea mayor que la oferta, su precio seguirá creciendo.

En tanto que el comprador confíe en que pueda vender un bien a un precio superior, obteniendo beneficio, el precio seguirá en alza. Cuando los poseedores del bien piensen que no subirá más tratarán de venderlo rápidamente, creando una oferta masiva que hundirá el precio en poco tiempo, incluso hasta caer a niveles inferiores a su valor real.

En el siguiente gráfico tenemos las variaciones en el precio de la vivienda en España durante el período 2007-2017


En junio de 2007 alcanzó la vivienda el precio máximo y en los siguientes años fue descendiendo, con algunos altibajos, hasta caer al valor mínimo en 2012, con una reducción en torno al 40%, y comenzó la fase de recuperación. El consejero delegado de una Sociedad de Tasación estima que los ciclos inmobiliarios en España son de dieciséis años, ocho alcistas y ocho de caídas de precio y de actividad.

A nivel global, desde la Gran Depresión de 1929, que se generó tras el auge especulativo de los años 20, dos burbujas sobre todo han acarreado crisis económicas internacionales: las empresas “punto.com” y las hipotecas tóxicas.

La burbuja de las empresas “punto.com”, con el valor de las firmas tecnológicas a niveles muy elevados, se produjo a finales de los años 90, con el auge de Internet. El súbito enriquecimiento de algunos emprendedores tuvo un efecto llamada para los inversionistas, que apostaron por la compra de más títulos de empresas tecnológicas en la confianza de que seguirían incrementándose sus precios.

Con el índice bursátil Nasdaq subiendo a elevado ritmo, el Presidente de la Reserva Federal norteamericana advirtió sobre la “exuberancia irracional” de los precios, pero los inversores continuaron apostando por las compañías, hasta que se hizo evidente que muchas empresas no eran rentables, y la burbuja acabó desinflándose, provocando una recesión en Estados Unidos, que tuvo efectos globales.

La crisis de comienzos de 2008 tuvo su origen en las hipotecas tóxicas (subprime), unos préstamos concedidos por los bancos, con altos intereses, a personas con dudosa capacidad para afrontar la devolución del dinero. Para movilizar sus activos, las entidades financieras reunieron varios préstamos hipotecarios en paquetes, mezclando tóxicos con otros de buena calidad, que vendieron en los mercados financieros como productos de garantía, con buenas calificaciones crediticias de firmas internacionales de rating.

La burbuja que se creó con estas operaciones fue desinflándose cuando se hizo evidente que una parte importante de los deudores no eran capaces de atender sus obligaciones de pago. El sistema bancario se desestabilizó, los índices de las Bolsas fueron descendiendo y aumentó el desempleo, que agravó la situación de las familias en dificultades económicas. Aunque el origen de esta crisis estuvo también en Estados Unidos, sus efectos se expandieron por otros muchos países, sobre todo europeos.

Algunos analistas apuntan que estamos ahora experimentando una burbuja, no en el precio de las acciones, sino en la renta fija. Unos tipos de interés reales (descontada la inflación) tan bajos como los actuales son insostenibles a largo plazo.

Con el ya anunciado final de la expansión monetaria, el aumento de la tasa de interés puede hacer que los valores de los título comiencen a descender, hasta hundir los precios de los bonos, dado que entre el valor de un título y su tipo de interés hay una relación inversa.

EL AHORRO DE LAS FAMILIAS

El ahorro interno de un país constituye la fuente más importante de recursos para financiar las inversiones en capital productivo, que junto con la educación y el progreso tecnológico son los principales impulsores de la productividad y del desarrollo económico y social.

Por medio del ahorro, una economía reserva parte de su producción para generar ingresos en el futuro. La familias guardan una parte de su renta para comprar una vivienda, adquirir otros bienes y afrontar gastos en el futuro; las empresas dedican parte de sus beneficios a la adquisición de nuevos equipamientos, y los gobiernos atienden las inversiones en infraestructuras y gestionan los compromisos del Estado de Bienestar.

Según la teoría económica del “ciclo vital”, los niveles de ahorro varían a lo largo de la vida de las personas en forma de U invertida. Las que más ahorran son las personas de mediana edad, en tanto que las jóvenes y las de mayor edad ahorran poco. Este comportamiento del ahorro se debe al deseo de mantener una calidad de vida estable a lo largo del tiempo. Se ahorra cuando los ingresos son más elevados y se utilizan esos recursos para atender las necesidades en los períodos de renta menor.

En España, el incremento en la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad están originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de personas mayores. La consecuencia es un aumento del envejecimiento de la población que, junto a otros factores coyunturales, acaba incidiendo en el ahorro de las familias.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del ahorro familiar español en la última década, en % sobre la Renta Disponible Bruta (RDB).


Como observamos en el gráfico, la tasa de ahorro de las familias españolas se ha ido reduciendo, hasta situarse en 2017 en el 5,5% de la renta disponible bruta, algo menos de la mitad de la correspondiente a la Eurozona (12,3%). La tendencia descendente se prolonga en la primera mitad del año actual, hasta quedar en el 4,4% a la altura del segundo trimestre.

El descenso del ahorro desde el comienzo de la recuperación económica es consecuencia directa del aumento que ha tenido el consumo, superior al de la renta disponible, que seguramente es debido al “consumo embalsado”, es decir, a las necesidades no cubiertas en el período de recesión, en el que se padeció la devaluación salarial.

En los años previos a la crisis había ido descendiendo la tasa de ahorro, al aumentar el consumo, incentivado por los reducidos tipos de interés y el “efecto riqueza” del auge de los precios de las viviendas y de otros activos. Con la entrada en la crisis de 2008 se inició el crecimiento del ahorro hasta una tasa del 13% en 2009, sobre todo por efecto de la precaución ante la incertidumbre.

En los próximos años, la generación “baby boom” española, que nació a mediados del siglo pasado y ensanchó la base de la pirámide demográfica, fue acumulando ahorros importantes, pero es un colectivo numeroso que está próximo a la jubilación y, con la lógica del ciclo vital, tenderá a reducir la tasa de ahorro.

LA DESIGUALDAD SEGUN PIKETTY

La desigualdad es un fenómeno complejo que tiene manifestaciones personales, territoriales, de renta y de riqueza. Influyen unas en otras y se definen de diversas formas, alcanzando magnitudes e interpretaciones que dependen de los componentes que se tengan en cuenta o de la perspectiva que se utilice.

Apoyado en un robusto soporte estadístico, el economista francés Thomas Piketty ha publicado “El capital en el siglo XXI”, un libro que ha alcanzado amplia difusión, un raro fenómeno en la literatura económica, denunciando la creciente desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza. El libro ha provocado un amplio debate y ha contribuido a la aparición de nuevas publicaciones de especialistas en la materia.

La desigualdad de rentas es reconocida hoy día como un problema económico global. Según el estudio del Pew Research Center, un “think tank” con sede en Washington D.C.,el 60% de la población mundial lo considera como un problema importante. El coeficiente de GINI apunta a un incremento en la desigualdad en el período 1990-2012 en los países desarrollados.

Una medida de la desigualdad es la participación del 10% más rico sobre la renta total, que ha aumentado en casi todos los países de la OCDE, situándose hoy su media en el entorno del 40% de los ingresos totales. Y el 1% más rico se apodera, como promedio, del 10% de la renta. En Estados Unidos y la India llega hasta el 20%.

En este contexto, la publicación del libro de Piketty ha tenido la virtud de impulsar el debate sobre la aparente tendencia del capitalismo a generar una creciente desigualdad. El estudio viene apoyado en un voluminoso conjunto de datos históricos sobre rentas y riquezas, que se extiende desde el siglo XVIII hasta hoy, de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

Piketty utiliza dos medidas de desigualdad: las indicadas participaciones del decil (10%) y del percentil (1%) superiores tanto en la renta como en la riqueza total. La desigualdad de rentas y de riqueza era muy elevada al comenzar el siglo XX. El 10% más rico capturaba más del 45% de la renta total y entre el 80-90% de la riqueza.

Por tanto, se trataba de un “capitalismo patrimonial” o “sociedad de herederos”, un sistema donde unas pocas familias concentraban la riqueza; la clase media era relativamente pequeña, y las oportunidades de ascenso social muy limitadas.


Como se aprecia en el gráfico, durante buena parte del siglo XX se produjo un descenso sostenido en la desigualdad, especialmente en el período 1910-1970, debido a la creación del impuesto sobre la renta, el fortalecimiento de los Sindicatos, la aparición del Estado de Bienestar en Europa, la Gran Depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial



En cuanto a la riqueza acumulada, la “destrucción patrimonial” de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial causaron un desplome de la participación del 10% más rico entre 20 y 30 puntos porcentuales, cayendo al mínimo del 60% en el año 1970.

La institucionalización del Estado de Bienestar creó mecanismos redistributivos que permitieron la aparición de una importante clase media en estas sociedades, y la posibilidad para las clases bajas de mejorar su nivel de vida a través de su esfuerzo. Así, el capitalismo adquirió un carácter “meritocrático” que no tenía en el siglo XIX.

Sin embargo, parece que los datos más recientes revelan que durante los últimos 50 años este proceso se ha revertido. Se observa un crecimiento sostenido de la desigualdad, cuyo nivel se acerca cada vez más al de principios del siglo pasado, lo cual podría tener consecuencias desestabilizadoras. En 1970, el ingreso medio de los cien ejecutivos norteamericanos mejor pagados era 45 veces mayor que el salario medio de los trabajadores del país; en 2006 había ascendido a 1.723 veces mayor .

Hasta organismos internacionales conservadores como la OCDE y el FMI comienzan a dar señales de alarma por el peligro que empieza a suponer la desigualdad de nuestro tiempo, pero sin llegar a reconocer que las propias organizaciones han influido con las políticas mantenidas en los últimos años. Como afirma el profesor Juan Torres, “parece obvio que el primer paso para reducir la desigualdad es garantizar que las decisiones económicas estén también sometidas a las reglas de la democracia”.

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha planteado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta situarlo en 900 euros mensuales en 14 pagas, una medida progresista en términos de igualdad social, equiparable a la limitación de las horas máximas de la jornada de trabajo.

El salario mínimo es el caso más frecuente de las normativas legales para presionar un precio al alza. Por ejemplo, en el sector de productos agropecuarios, como el trigo o la leche, la medida se utiliza para mantener cierto nivel de renta de los agricultores.

Se establece un suelo al precio del trabajo para ayudar a algunos colectivos, pero se estima que puede generar ciertos efectos colaterales indeseados y previsibles cuando el salario mínimo está por encima del que haría igualar la cantidad de trabajo ofrecida con la demanda por las empresas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución del SMI en las últimas décadas


Se suele argumentar que el exceso de oferta que resulta de establecer un salario mínimo puede provocar efectos en dos direcciones: posible incremento de desempleo y aparición de cierto mercado negro de trabajo.

El desempleo puede afectar sobre todo a jóvenes, mujeres, personas poco formadas y parados de larga duración. Pero la experiencia de los los últimos 15 años, según la Ministra de Economía, muestra que ninguno de los cuatro últimos incrementos de SMI hicieron retroceder al empleo total. En esta ocasión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha calculado que se dejarían de crear unos 40.000 empleos en 2019.

El gobernador del Banco de España ha señalado que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas de SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”.

El segundo efecto, la afloración del mercado negro, viene del previsible incumplimiento de la ley por parte de algunos empresarios, imponiendo retribuciones salariales inferiores al mínimo o evitando dar de alta en la Seguridad Social para ahorrar costes.

Otra alternativa de algunas empresas para evitar pérdidas o reducir costes sería tratar de imponer a sus trabajadores una jornada oficial más reducida (trabajo a tiempo parcial), con el salario más elevado, pero aumentando las horas de trabajo sin remuneración añadida.

Aunque el salario anunciado suponga un aumento repentino y de cierta consideración, algunos analistas argumentan que es asumible por las empresas, dado que la productividad por hora trabajada en España representa un 97% de la Unión Europea y el salario mínimo no supone más que un 75%.

En cualquier caso, el establecimiento de un salario mínimo significa que la sociedad no acepta actividades empresariales con productividad y salarios que no permitan pagarlo, porque se considera que son inaceptables socialmente, al resultar incapaces de proporcionar un mínimo nivel de vida al trabajador asalariado.

Aunque ya sabemos que algunas medidas bienintencionadas pueden tener en economía efectos contrarios al bienestar social, un aumento de los salarios no significa que las empresas vayan a caer en pérdidas y opten por reducir el empleo, puesto que los márgenes no suelen estar siempre ajustados al mínimo. Sí puede suponer una disminución de beneficios y un menor reparto de dividendos.

El aumento del SMI va a beneficiar al 10% de los trabajadores, aquellos que perciben las menores retribuciones. Tendrá poco efecto en el País Vasco o Navarra, comunidades autónomas en las que los salarios son más elevados, pero influirá en Extremadura, Andalucía o Canarias, con retribuciones menores.

Además de reparar la devaluación salarial de los últimos años, en los que se han producido transferencias de rentas desde los salarios más bajos a los beneficios, el aumento del SMI servirá para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar las rentas de las familias, que tendrán mayor capacidad de consumo, aumentarán la demanda y favorecerán el crecimiento económico.








,