LA INMIGRACIÓN

La inmigración es seguramente para España uno de los sucesos más importantes de las casi dos décadas de este siglo. Se está empezando a vislumbrar que este fenómeno es capaz de introducir cambios en la estructura económica y social del país.

Aunque los movimientos migratorios obedecen el objetivo de mejorar las condiciones de vida, en muchas ocasiones están impulsados por urgencias vitales, provocadas por conflictos políticos, hambrunas, guerras y demás calamidades, circunstancias en las que lo apremiante es alejarse de una realidad amenazadora.

El siguiente gráfico del Instituto Nacional de Estadística español nos permite conocer la evolución de los movimientos migratorios en los primeros semestres:


Observamos en el gráfico que la recuperación de la economía española en los últimos tres años ha propiciado que aumente el número de inmigrantes, con lo que el saldo migratorio positivo (columna negra en el gráfico) va creciendo.

En el primer semestre de 2018, el saldo positivo con el exterior fue de 121.564 personas, compensando con creces el saldo vegetativo negativo español (nacimientos menos defunciones) de 46.273 personas. El incremento de entradas del exterior respecto de igual período del año anterior supuso el 23% y las salidas al exterior se redujeron en 15,6%.

La población extranjera residente en España a de julio de 2018 era de 4,6 millones de personas, que representaba el 10% de la población total. Marruecos (692.000) y Rumanía (671.000) eran los países con mayor número de personas, representando entre ambos el 30% del total de extranjeros.

En una perspectiva económica, al ser la edad media inferior a la de la población del país, los inmigrantes hacen menos uso del sistema sanitario y, por supuesto, el gasto en pensiones es muy reducido ahora y seguirá siéndolo durante varias décadas.

El aumento de inmigrantes suscita frecuentemente dudas sobre el efecto en el mercado de trabajo y en la situación del Estado de Bienestar, dando por supuesto que van a recurrir todos ellos a las ayudas sociales. Sin embargo, se sabe por experiencia, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el elevado aumento de población extrajera entre 2002 y 2007, de 1,9 millones a 4,5 en cinco años, no afectó a la tasa de paro y rejuveneció la población española. Aunque la entrada de trabajadores inmigrantes puede provocar al principio un incremento de gasto público, los ingresos van aumentando con las cotizaciones sociales de los contratos laborales de los inmigrantes.

A corto plazo, los trabajadores del país con características parecidas a los inmigrantes pueden encontrarse con un estancamiento de los salarios por el aumento de la oferta, pero cuando los niveles formativos de los nativos sean mayores que de los que poseen los inmigrantes, la situación cambia. Se ha podido comprobar que muchas mujeres españolas con cierto nivel educativo han podido realizar trabajos remunerados gracias a la oferta de servicios domésticos (cuidado de niños y de ancianos) de los inmigrantes.

A largo plazo, se suele citar la experiencia de la inmigración en EE.UU, el país de inmigrantes por excelencia, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Los estudios señalan que los condados donde hubo mayor presencia de inmigrantes disfrutan, casi un siglo después, de mayor renta por habitante que otros territorio de escasa o nula inmigración. Se reconoce que los emigrantes constituyeron un colectivo relevante para el desarrollo de las economías locales.

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez, “la migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino."

CRECIMIENTO EQUITATIVO

El crecimiento económico es el incremento del valor de los bienes y servicios finales producidos en un país o el aumento del valor de la renta generada durante un período determinado. Se utiliza como medida el Producto Interior Bruto (PIB), que recoge la producción obtenida dentro de las fronteras de un país. La renta por habitante suele ser considerada como un indicador aproximado de bienestar material.

El crecimiento, que se apoya en el incremento de la productividad, lleva consigo el aumento del empleo y de la competitividad del país, elevando los ingresos públicos sin recurrir a subidas de tipos impositivos.

Como el crecimiento precisa de inversiones en equipamientos productivos y en activos intangibles, su financiación supone sacrificar niveles de vida actuales, ahorrando, con la esperanza de un mejor futuro. El riesgo asociado al crecimiento es la elevada contaminación que pueden producir los desechos tóxicos emanados por las actividades económicas.

Pero la carencia del crecimiento es que no explica a quién beneficia, a dónde va a parar el dinero de la economía. El PIB sólo indica qué ocurre con la renta media, pero se olvida de la incidencia que tiene en los diversos segmentos de la población.

En el gráfico, obtenido del Banco de España, podemos observar que la economía española ha crecido a ritmos superiores al 3% durante 3 años consecutivos, una expansión que se ha apoyado en el consumo interno, la inversión y las exportaciones. Las perspectivas para los próximos años apuntan a un mantenimiento de la recuperación, pero con tasas de crecimiento inferiores.

En este entorno de recuperación, mientras los salarios de muchos trabajadores están estancados, la renta de algunos colectivos ha crecido muy por encima de la media del país. Una de las razones fundamentales para que se dé esta situación es la pérdida de capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores.

Se escucha a algunos colectivos quejarse de que la recuperación económica no ha llegado a ellos, lo que indica que hay cierta ruptura en la relación entre crecimiento económico y mejora de bienestar general. En lugar de expandirse el crecimiento económico a toda la población, parece que queda acumulado en los niveles altos de ingresos.

La consecuencia es que este tipo de recuperación no consigue atajar el “riesgo de pobreza”, un indicador relativo que mide la desigualdad. En 2017 se situaba en 21,6% de los hogares españoles y 22,3% en el año anterior, una reducción mucho más pequeña de la que cabría esperar en un país que creció en esos años a tasas superiores al 3%.

Ya advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que “el crecimiento no reducirá la pobreza, mejorá la igualdad ni generará empleos y medios de vida seguros a menos que sea inclusivo y sostenible”

Y un crecimiento inclusivo es aquel que genera empleo de calidad, da oportunidades a todo los segmentos de la sociedad, especialmente a las personas más desfavorecidas, y distribuye los beneficios de la prosperidad de manera equitativa.

ECONOMÍA DE LA CONTAMINACIÓN

La Cumbre del Clima, en Polonia, encara esta semana la ronda final de unas negociaciones que deben concretar las reglas de aplicación de los compromisos del Acuerdo de París de 2015, un debate en el que los países desarrollados y en desarrollo tendrán que superar sus diferencias para afrontar juntos el desafío medioambiental.

El cambio climático y la contaminación del aire, que se han convertido en los principales problemas medioambientales del planeta, comparten un mismo escenario básico, el actual modelo energético, en el que la quema de combustibles incrementa la emisión de CO2, provocando el calentamiento global que deriva en el cambio climático.

Tratando de distinguir entre ambos fenómenos medioambientales, se puede especificar que el cambio climático es la variación global del clima de nuestro planeta debido a causas naturales y a la acción de lo seres humanos, que se manifiesta en forma de cambios en los patrones climáticos, aumento del nivel del mar y alteraciones meteorológicas cada vez más extremas, con consecuencias económicas y sociales negativas.

En cuanto a la contaminación, supone la presencia en el aire de sustancias o partículas que implican riesgo, daño o molestia para el ser humano, la flora o la fauna. La principal fuente de contaminación atmosférica son los gases que se derivan principalmente de las emisiones provocadas por los combustibles fósiles (incluidas las emisiones generadas por el transporte), los procesos industriales, la quema de bosques, el empleo de aerosoles y la radiación.


Podemos observar en el gráfico que entre China y EE.UU emiten a la atmósfera casi la mitad de todo el dióxido de carbono generado. Por sectores, los gases de efecto invernadero son producidos básicamente en la generación de electricidad y producción térmica (25%), agricultura y silvicultura (24%) e industria (21%)

Aunque cierto nivel de contaminación resulta inevitable cuando hay actividades, que a todos benefician, los expertos afirman que, a menos de instrumentarse una política medioambiental eficaz, nuestra sociedad generará demasiada (mala) contaminación. Una economía de mercado, sin intervención, produce más contaminación de la que debe.

En las actividades contaminadoras se da una asimetría entre los receptores de los beneficios y quienes pagan los costes. En una economía de mercado sin intervención pública que proteja al medio ambiente se decide utilizar un proceso que contamina sólo teniendo en cuenta los beneficios que produce al contaminador, sin consideración alguna a los que soportan los efectos negativos. Este coste no compensado que se impone al conjunto de la sociedad es denominado externalidad negativa.

La protección del medio ambiente es hoy día una de la más importantes responsabilidades de los Estados en los países desarrollados, que utilizan unos instrumentos de políticas públicas denominados “estándares medioambientales”, normas que especifican las acciones concernientes a consumidores y productores, tales como obligar a los automóviles a llevar catalizadores para reducir las emisiones de gases, tratar las aguas residuales, o limitar a las empresas cierto tipo de emisiones.

El análisis económico considera que hay dos modos más eficientes que los estándares medioambientales para luchar contra la contaminación: los impuesto sobre las emisiones y los permisos de emisión negociables. El primero consiste en cobrar a los contaminadores un impuesto en función de la cantidad de contaminación que se produce, a fin de impulsarlos a tener en cuenta el verdadero coste que sus acciones imponen a la sociedad, es decir, a internalizar la externalidad.

El segundo modo, los permisos de emisión negociables, son licencias para emitir ciertas cantidades de contaminación, que pueden ser compradas y vendidas. Una vez que se distribuyen los permisos entre las empresas en base al nivel histórico de emisiones, se permite que se compren y se vendan entre ellas, de tal modo que la que tenga más facilidad para reducir la contaminación pueda vender algunos de los permisos sobrantes a la que se encuentre en dificultades para reducirla, beneficiándose ambas.

Después de tres años de estabilidad, las emisiones de CO2 mundiales volvieron a incrementarse en 2017, un 1,4%. En China han aumentado un 1,7% y en Europa el 1,5%. EE.UU. disminuyó un 0,5% sus emisiones en 2017, debido al despliegue de las energías renovables y a la sustitución del carbón por el gas de esquisto (fracking).

Los expertos advierten que los compromisos voluntarios adquiridos hasta ahora por lo países pueden llevar a una subida de la temperatura de 3,2ºC a final de siglo respecto de niveles preindustriales, cuando el listón de seguridad está situado en 2ºC. Y añaden que con sólo llegar a un incremento de 1,5ºC, los modelos predicen cambios muy importantes en las características climatológicas regionales, tales como alteraciones significativas del clima y desmedidas precipitaciones en unas regiones y sequías en otras.

Por todo ello, los economistas estudiosos del cambio climático coinciden en que es necesario incrementar sustancialmente los esfuerzos actuales de reducción de las emisiones, acelerando la transición global a tecnologías de energía limpia y mejorando la eficiencia en la producción y el consumo de energía.

DEBATES SOBRE CREACIÓN DE DINERO

La reciente crisis financiera ha dejado al descubierto la inestabilidad de un sistema financiero que otorga a los bancos comerciales o privados la capacidad de crear dinero de la nada, conformando un sistema que funciona con dos tipos de dinero: los billetes y monedas creados por un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, y los depósitos de los clientes de bancos privados. Ambos sirven igualmente para realizar los pagos

Cuando se deposita dinero en un banco, éste reconoce su deuda con el cliente, prometiéndole que le devolverá su dinero tan pronto lo pida. Como todos los clientes no suelen retirar el dinero al mismo tiempo, la ley permite a los bancos comerciales prestar más dinero del que disponen, exigiéndoles que guarden como reserva en el banco central una fracción del total de los depósitos. En la Eurozona, la normativa establece un mínimo del 1%, pero en la práctica se suele funcionar con un porcentaje mayor.

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo crea dinero el sistema bancario, suponiendo que guarda una reserva del 10% de los depósitos:



La persona X entrega 500 euros al Banco A (1) , que lo anota en el activo como Caja y en el pasivo como Depósito. El siguiente movimiento del Banco A (2) será guardar en Caja 50 euros (10%) y por el resto, 450 euros, conceder un crédito (ese es su negocio) a la persona Y.

Supongamos que la persona Y deposita el dinero del crédito en el Banco B (1), que lo anota en Caja y, al mismo tiempo, como Depósito. Al igual que el Banco A, guarda un 10% (45 euros) y concede crédito por el resto (405 euros) a Z, que lo anota tal como aparece en B (2)

Si sumamos los depósitos de X y de Y, observamos que el importe inicial de 500 euros se ha convertido, con el dinero bancario creado por los créditos, en 950 euros de capacidad de pago. Al avanzar el proceso, la secuencia a la que irá aumentando es 500 + 450 + 405 +… Se forma así una progresión geométrica decreciente con una acumulación de depósitos que alcanzará 5.000 euros.

Este es el sistema de “reserva fraccionaria”, que crea y expande el dinero bancario. El multiplicador monetario simple (10 en el ejemplo) ha convertido una entrada de dinero primario en oferta monetaria 10 veces mayor que el depósito inicial, utilizable en las transacciones comerciales del país.

En el sencillo supuesto se ha considerado que todo el dinero permanece en forma de depósitos a la vista, pero la realidad es que las familias guardan una parte en efectivo en sus casas, que aumenta en épocas de crisis bancarias. También las reservas que guardan los bancos aumentan en tiempos de inestabilidad financiera, temerosos de prestar dinero, como ha ocurrido en el período de la Gran Recesión. Todo ello da lugar a que se reduzca notablemente el multiplicador monetario y que tanto las empresas como las familias se encuentren con restricciones de crédito, como sucedió en el período 2010-2013.

Un sistema alternativo para crear dinero sería el modelo denominado “dinero soberano”, que únicamente utilizaría fondos del banco central, desapareciendo el creado por los bancos privados. El “sistema soberano”es más seguro, puesto que utiliza dinero del banco central, capacitado para emitir todo el dinero legal necesario en la economía, en tanto que el dinero bancario tiene como respaldo únicamente la deuda del banco, que puede caer en quiebra y necesitaría para sobrevivir un rescate aportado por los ciudadanos a través de los impuestos.

La situación actual es que el 90% del dinero en circulación lo crean los bancos privados al conceder créditos. Este predominio del dinero bancario ha suscitado debates en muchos países.

En Suiza, con su habitual sistema de referéndum por iniciativa popular, se rechazó en junio pasado, al alcanzar únicamente el 24% de votos favorables, la propuesta de dejar la creación de dinero únicamente en manos del Banco Central Suizo. No se ha querido denegar a los bancos comerciales la potestad de fabricar dinero a través de apuntes contables.

En Islandia, en 2015, también se intentó otorgar la creación de dinero únicamente a su Banco Central, tras dejar caer a los tres bancos más grandes del país y meter en la cárcel a una veintena de banqueros, pero la propuesta no salió adelante.

Aunque seguramente la decisión de limitar la función de los bancos comerciales a simples intermediarios financieros, sin capacidad para crear dinero, puede mejorar la estabilidad financiera del país, supone dar un vuelco total al sistema financiero vigente desde el siglo XVIII. Parece que es necesario continuar con los debates para profundizar en las consecuencias de abolir el sistema actual y concentrar la creación de dinero en un ente financiero público.

BURBUJAS Y ESPECULACIÓN FINANCIERA

Una burbuja financiera consiste en una elevación infundada del precio de un activo ( vivienda, acción, bono...) durante un período largo de tiempo, que rompe el vínculo entre su valor y sus fundamentos económicos, como consecuencia de especular con el precio que puede alcanzar en el futuro.

Resulta difícil fijar el momento en que el precio de un activo se convierte en burbuja, puesto que está basado únicamente en expectativas. Mientras la demanda de un activo sea mayor que la oferta, su precio seguirá creciendo.

En tanto que el comprador confíe en que pueda vender un bien a un precio superior, obteniendo beneficio, el precio seguirá en alza. Cuando los poseedores del bien piensen que no subirá más tratarán de venderlo rápidamente, creando una oferta masiva que hundirá el precio en poco tiempo, incluso hasta caer a niveles inferiores a su valor real.

En el siguiente gráfico tenemos las variaciones en el precio de la vivienda en España durante el período 2007-2017


En junio de 2007 alcanzó la vivienda el precio máximo y en los siguientes años fue descendiendo, con algunos altibajos, hasta caer al valor mínimo en 2012, con una reducción en torno al 40%, y comenzó la fase de recuperación. El consejero delegado de una Sociedad de Tasación estima que los ciclos inmobiliarios en España son de dieciséis años, ocho alcistas y ocho de caídas de precio y de actividad.

A nivel global, desde la Gran Depresión de 1929, que se generó tras el auge especulativo de los años 20, dos burbujas sobre todo han acarreado crisis económicas internacionales: las empresas “punto.com” y las hipotecas tóxicas.

La burbuja de las empresas “punto.com”, con el valor de las firmas tecnológicas a niveles muy elevados, se produjo a finales de los años 90, con el auge de Internet. El súbito enriquecimiento de algunos emprendedores tuvo un efecto llamada para los inversionistas, que apostaron por la compra de más títulos de empresas tecnológicas en la confianza de que seguirían incrementándose sus precios.

Con el índice bursátil Nasdaq subiendo a elevado ritmo, el Presidente de la Reserva Federal norteamericana advirtió sobre la “exuberancia irracional” de los precios, pero los inversores continuaron apostando por las compañías, hasta que se hizo evidente que muchas empresas no eran rentables, y la burbuja acabó desinflándose, provocando una recesión en Estados Unidos, que tuvo efectos globales.

La crisis de comienzos de 2008 tuvo su origen en las hipotecas tóxicas (subprime), unos préstamos concedidos por los bancos, con altos intereses, a personas con dudosa capacidad para afrontar la devolución del dinero. Para movilizar sus activos, las entidades financieras reunieron varios préstamos hipotecarios en paquetes, mezclando tóxicos con otros de buena calidad, que vendieron en los mercados financieros como productos de garantía, con buenas calificaciones crediticias de firmas internacionales de rating.

La burbuja que se creó con estas operaciones fue desinflándose cuando se hizo evidente que una parte importante de los deudores no eran capaces de atender sus obligaciones de pago. El sistema bancario se desestabilizó, los índices de las Bolsas fueron descendiendo y aumentó el desempleo, que agravó la situación de las familias en dificultades económicas. Aunque el origen de esta crisis estuvo también en Estados Unidos, sus efectos se expandieron por otros muchos países, sobre todo europeos.

Algunos analistas apuntan que estamos ahora experimentando una burbuja, no en el precio de las acciones, sino en la renta fija. Unos tipos de interés reales (descontada la inflación) tan bajos como los actuales son insostenibles a largo plazo.

Con el ya anunciado final de la expansión monetaria, el aumento de la tasa de interés puede hacer que los valores de los título comiencen a descender, hasta hundir los precios de los bonos, dado que entre el valor de un título y su tipo de interés hay una relación inversa.

EL AHORRO DE LAS FAMILIAS

El ahorro interno de un país constituye la fuente más importante de recursos para financiar las inversiones en capital productivo, que junto con la educación y el progreso tecnológico son los principales impulsores de la productividad y del desarrollo económico y social.

Por medio del ahorro, una economía reserva parte de su producción para generar ingresos en el futuro. La familias guardan una parte de su renta para comprar una vivienda, adquirir otros bienes y afrontar gastos en el futuro; las empresas dedican parte de sus beneficios a la adquisición de nuevos equipamientos, y los gobiernos atienden las inversiones en infraestructuras y gestionan los compromisos del Estado de Bienestar.

Según la teoría económica del “ciclo vital”, los niveles de ahorro varían a lo largo de la vida de las personas en forma de U invertida. Las que más ahorran son las personas de mediana edad, en tanto que las jóvenes y las de mayor edad ahorran poco. Este comportamiento del ahorro se debe al deseo de mantener una calidad de vida estable a lo largo del tiempo. Se ahorra cuando los ingresos son más elevados y se utilizan esos recursos para atender las necesidades en los períodos de renta menor.

En España, el incremento en la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad están originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de personas mayores. La consecuencia es un aumento del envejecimiento de la población que, junto a otros factores coyunturales, acaba incidiendo en el ahorro de las familias.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del ahorro familiar español en la última década, en % sobre la Renta Disponible Bruta (RDB).


Como observamos en el gráfico, la tasa de ahorro de las familias españolas se ha ido reduciendo, hasta situarse en 2017 en el 5,5% de la renta disponible bruta, algo menos de la mitad de la correspondiente a la Eurozona (12,3%). La tendencia descendente se prolonga en la primera mitad del año actual, hasta quedar en el 4,4% a la altura del segundo trimestre.

El descenso del ahorro desde el comienzo de la recuperación económica es consecuencia directa del aumento que ha tenido el consumo, superior al de la renta disponible, que seguramente es debido al “consumo embalsado”, es decir, a las necesidades no cubiertas en el período de recesión, en el que se padeció la devaluación salarial.

En los años previos a la crisis había ido descendiendo la tasa de ahorro, al aumentar el consumo, incentivado por los reducidos tipos de interés y el “efecto riqueza” del auge de los precios de las viviendas y de otros activos. Con la entrada en la crisis de 2008 se inició el crecimiento del ahorro hasta una tasa del 13% en 2009, sobre todo por efecto de la precaución ante la incertidumbre.

En los próximos años, la generación “baby boom” española, que nació a mediados del siglo pasado y ensanchó la base de la pirámide demográfica, fue acumulando ahorros importantes, pero es un colectivo numeroso que está próximo a la jubilación y, con la lógica del ciclo vital, tenderá a reducir la tasa de ahorro.

LA DESIGUALDAD SEGUN PIKETTY

La desigualdad es un fenómeno complejo que tiene manifestaciones personales, territoriales, de renta y de riqueza. Influyen unas en otras y se definen de diversas formas, alcanzando magnitudes e interpretaciones que dependen de los componentes que se tengan en cuenta o de la perspectiva que se utilice.

Apoyado en un robusto soporte estadístico, el economista francés Thomas Piketty ha publicado “El capital en el siglo XXI”, un libro que ha alcanzado amplia difusión, un raro fenómeno en la literatura económica, denunciando la creciente desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza. El libro ha provocado un amplio debate y ha contribuido a la aparición de nuevas publicaciones de especialistas en la materia.

La desigualdad de rentas es reconocida hoy día como un problema económico global. Según el estudio del Pew Research Center, un “think tank” con sede en Washington D.C.,el 60% de la población mundial lo considera como un problema importante. El coeficiente de GINI apunta a un incremento en la desigualdad en el período 1990-2012 en los países desarrollados.

Una medida de la desigualdad es la participación del 10% más rico sobre la renta total, que ha aumentado en casi todos los países de la OCDE, situándose hoy su media en el entorno del 40% de los ingresos totales. Y el 1% más rico se apodera, como promedio, del 10% de la renta. En Estados Unidos y la India llega hasta el 20%.

En este contexto, la publicación del libro de Piketty ha tenido la virtud de impulsar el debate sobre la aparente tendencia del capitalismo a generar una creciente desigualdad. El estudio viene apoyado en un voluminoso conjunto de datos históricos sobre rentas y riquezas, que se extiende desde el siglo XVIII hasta hoy, de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

Piketty utiliza dos medidas de desigualdad: las indicadas participaciones del decil (10%) y del percentil (1%) superiores tanto en la renta como en la riqueza total. La desigualdad de rentas y de riqueza era muy elevada al comenzar el siglo XX. El 10% más rico capturaba más del 45% de la renta total y entre el 80-90% de la riqueza.

Por tanto, se trataba de un “capitalismo patrimonial” o “sociedad de herederos”, un sistema donde unas pocas familias concentraban la riqueza; la clase media era relativamente pequeña, y las oportunidades de ascenso social muy limitadas.


Como se aprecia en el gráfico, durante buena parte del siglo XX se produjo un descenso sostenido en la desigualdad, especialmente en el período 1910-1970, debido a la creación del impuesto sobre la renta, el fortalecimiento de los Sindicatos, la aparición del Estado de Bienestar en Europa, la Gran Depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial



En cuanto a la riqueza acumulada, la “destrucción patrimonial” de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial causaron un desplome de la participación del 10% más rico entre 20 y 30 puntos porcentuales, cayendo al mínimo del 60% en el año 1970.

La institucionalización del Estado de Bienestar creó mecanismos redistributivos que permitieron la aparición de una importante clase media en estas sociedades, y la posibilidad para las clases bajas de mejorar su nivel de vida a través de su esfuerzo. Así, el capitalismo adquirió un carácter “meritocrático” que no tenía en el siglo XIX.

Sin embargo, parece que los datos más recientes revelan que durante los últimos 50 años este proceso se ha revertido. Se observa un crecimiento sostenido de la desigualdad, cuyo nivel se acerca cada vez más al de principios del siglo pasado, lo cual podría tener consecuencias desestabilizadoras. En 1970, el ingreso medio de los cien ejecutivos norteamericanos mejor pagados era 45 veces mayor que el salario medio de los trabajadores del país; en 2006 había ascendido a 1.723 veces mayor .

Hasta organismos internacionales conservadores como la OCDE y el FMI comienzan a dar señales de alarma por el peligro que empieza a suponer la desigualdad de nuestro tiempo, pero sin llegar a reconocer que las propias organizaciones han influido con las políticas mantenidas en los últimos años. Como afirma el profesor Juan Torres, “parece obvio que el primer paso para reducir la desigualdad es garantizar que las decisiones económicas estén también sometidas a las reglas de la democracia”.

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha planteado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta situarlo en 900 euros mensuales en 14 pagas, una medida progresista en términos de igualdad social, equiparable a la limitación de las horas máximas de la jornada de trabajo.

El salario mínimo es el caso más frecuente de las normativas legales para presionar un precio al alza. Por ejemplo, en el sector de productos agropecuarios, como el trigo o la leche, la medida se utiliza para mantener cierto nivel de renta de los agricultores.

Se establece un suelo al precio del trabajo para ayudar a algunos colectivos, pero se estima que puede generar ciertos efectos colaterales indeseados y previsibles cuando el salario mínimo está por encima del que haría igualar la cantidad de trabajo ofrecida con la demanda por las empresas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución del SMI en las últimas décadas


Se suele argumentar que el exceso de oferta que resulta de establecer un salario mínimo puede provocar efectos en dos direcciones: posible incremento de desempleo y aparición de cierto mercado negro de trabajo.

El desempleo puede afectar sobre todo a jóvenes, mujeres, personas poco formadas y parados de larga duración. Pero la experiencia de los los últimos 15 años, según la Ministra de Economía, muestra que ninguno de los cuatro últimos incrementos de SMI hicieron retroceder al empleo total. En esta ocasión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha calculado que se dejarían de crear unos 40.000 empleos en 2019.

El gobernador del Banco de España ha señalado que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas de SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”.

El segundo efecto, la afloración del mercado negro, viene del previsible incumplimiento de la ley por parte de algunos empresarios, imponiendo retribuciones salariales inferiores al mínimo o evitando dar de alta en la Seguridad Social para ahorrar costes.

Otra alternativa de algunas empresas para evitar pérdidas o reducir costes sería tratar de imponer a sus trabajadores una jornada oficial más reducida (trabajo a tiempo parcial), con el salario más elevado, pero aumentando las horas de trabajo sin remuneración añadida.

Aunque el salario anunciado suponga un aumento repentino y de cierta consideración, algunos analistas argumentan que es asumible por las empresas, dado que la productividad por hora trabajada en España representa un 97% de la Unión Europea y el salario mínimo no supone más que un 75%.

En cualquier caso, el establecimiento de un salario mínimo significa que la sociedad no acepta actividades empresariales con productividad y salarios que no permitan pagarlo, porque se considera que son inaceptables socialmente, al resultar incapaces de proporcionar un mínimo nivel de vida al trabajador asalariado.

Aunque ya sabemos que algunas medidas bienintencionadas pueden tener en economía efectos contrarios al bienestar social, un aumento de los salarios no significa que las empresas vayan a caer en pérdidas y opten por reducir el empleo, puesto que los márgenes no suelen estar siempre ajustados al mínimo. Sí puede suponer una disminución de beneficios y un menor reparto de dividendos.

El aumento del SMI va a beneficiar al 10% de los trabajadores, aquellos que perciben las menores retribuciones. Tendrá poco efecto en el País Vasco o Navarra, comunidades autónomas en las que los salarios son más elevados, pero influirá en Extremadura, Andalucía o Canarias, con retribuciones menores.

Además de reparar la devaluación salarial de los últimos años, en los que se han producido transferencias de rentas desde los salarios más bajos a los beneficios, el aumento del SMI servirá para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar las rentas de las familias, que tendrán mayor capacidad de consumo, aumentarán la demanda y favorecerán el crecimiento económico.








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EL TRABAJO EN LA RENTA NACIONAL

Entre las Cuentas de la Renta y del Producto Nacionales se encuentra el Producto Interior Bruto (PIB). Una de las formas de calcular este indicador de la producción agregada es como suma de las rentas del país. Consiste en agrupar las rentas pagadas por las empresas a cuantos han intervenido en la producción: salarios de los trabajadores, intereses de los que prestaron sus ahorros a las empresas y al gobierno, alquileres de terrenos e inmuebles utilizados por las empresas y beneficios de los propietarios de las empresas.

En este indicador, el grado de participación del trabajo en la renta de un país viene dado por el total de los costes laborales dividido entre el valor añadido, que resulta de descontar a los ingresos de la producción los costes de los factores intermedios, tales como materiales, energía y otros

Aunque este cálculo es complejo y suscita debates técnicos, la tendencia al descenso de la parte del trabajo en la renta total se confirma pese a los ajustes, tal como lo viene señalando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con respecto a la mayoría de los países industrializados.

Cuando se incluyen las rentas mixtas de los autónomos, lógicamente aumenta la participación del trabajo en el PIB, pero se puede observar que el indicador sigue siendo decreciente en las últimas décadas. Y dejando a un lado los sueldos que representan el 1% más elevado, la reducción del indicador es mucho mayor, lo cual significa el alto crecimiento de las remuneraciones de la alta dirección de las grandes empresas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución de la participación del trabajo en España, calculado como cociente entre el coste por asalariado y el PIB a precios de mercado por ocupado, con el índice 1978=100



El gráfico muestra que, desde la década de los 80 del siglo pasado, la participación del trabajo es decreciente, lo cual significa que la productividad ha ido creciendo por encima de los salarios, en beneficio de las rentas del capital.

Entre las causas posibles de esta caída de la participación podrían estar la pérdida de poder relativo de los trabajadores al debilitarse la sindicación, los aumentos de los márgenes de las empresas como consecuencia de la concentración, aumentando el poder de mercado, y los cambios en la proporción entre trabajo cualificado y poco cualificado.

Un fenómeno que ha tenido importancia es que las nuevas tecnologías han logrado reducir el precio de los bienes de capital (máquinas, por ejemplo) al tiempo que aumentaban su eficiencia, que ha llevado a las empresas a sustituir trabajo por capital.

Hay que tener en cuenta también la mayor liberalización internacional, que provoca la penetración creciente de importaciones procedentes de empresas extranjeras con productos más baratos, aprovechando sus menores costes laborales, una situación que obliga a ajustar los precios a las empresas nacionales para poder competir, con disminución de los costes laborales, bien reduciendo el empleo o bajando los salarios. Asimismo, las deslocalizaciones empresariales han provocado con frecuencia procesos de destrucción de empleo en algunos sectores.

Otro hecho relevante es la financiarización de la economía, haciendo que los principales accionistas de las grandes empresas sean inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds) que están interesados sobre todo por la rentabilidad a corto plazo. Este interés coincide con el de los gestores que tienen una parte importante de su retribución ligada al precio de las acciones.

Todo ello supone un cambio de orientación en la política de distribución de beneficios, reduciendo la parte que se reinvierte en la actividad productiva de la empresa, que es la que llevaría al incremento del empleo en el largo plazo, para dar prioridad al reparto de dividendos o a la compra de acciones de la propia empresa para aumentar su precio a corto plazo

El resultado es que estamos en una tendencia de aumento de la participación en el PIB de las rentas del capital, es decir, dividendos e intereses. Al concentrarse la riqueza se está produciendo una creciente acumulación personal de las rentas de capital, lo que provoca el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta generada, sobre todo antes de realizar la redistribución por medio de los impuestos y los gastos públicos, con el riesgo de poner en peligro la cohesión social.

CRISIS BANCARIAS

Ha transcurrido una ´década desde que quebró Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, que llevó a muchos países a la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929. Las entidades financieras cayeron en crisis de liquidez y de crédito, pero sobre todo de confianza, que derivó en una crisis global.

La carencia de liquidez sembró de desconfianza a los bancos, negándose a prestar dinero entre ellos. Los clientes, a los que no concedían créditos, perdieron también la confianza en las entidades financieras. Y el clima de incertidumbre hizo que los usuarios de los bancos comenzaran a retirar sus depósitos.

En la actividad bancaria hay que distinguir entre bancos de depósitos (bancos formales o comerciales) y bancos de inversión (llamados “bancos en la sombra” porque están poco regulados), que no admiten depósitos y se dedican a la compraventa especulativa para su propio beneficio y para el de los inversores.

Los bancos de depósitos aceptan los ahorros de los ciudadanos y se comprometen a devolverlos en cuanto se los pidan. El rendimiento lo obtienen aprovechando que no todos los depositantes van a requerir la devolución de sus fondos al mismo tiempo. Este hecho permite que los bancos no mantengan en efectivo todo el dinero recibido, sino que lo presten en su mayor parte, manteniendo una pequeña proporción en reserva para atender las retiradas diarias de fondos.

Por tanto, los bancos de depósitos se endeudan a corto plazo con los depositantes, que pueden solicitar la devolución inmediata, y prestan a largo plazo a empresas y familias sin posibilidad de reclamar la devolución antes del vencimiento. Esta es la llamada “transformación del plazo de vencimiento”: conversión de pasivos a corto plazo (depósitos) en activos a largo plazo (créditos bancarios con intereses)

Como banco de inversión, Lehman Brothers obtenía fondos prestados en los mercados financieros a corto plazo y después invertía en proyectos especulativos a plazos más largos. Así operan los “bancos en la sombra”, instituciones financieras que no aceptan depósitos, pero realizan también transformaciones de plazos.

Los “bancos en la sombra” (bancos de inversión, fondos de cobertura, socimis inmobiliarios, capital riesgo, plataformas de crowdfunding...), que han ido creciendo a partir de 1980, no han estado sometidos a las regulaciones impuestas a los bancos de depósitos, tales como la obligación de mantener cierta proporción de capital o de reservas.

La transformación del plazo de vencimiento causa vulnerabilidad a los dos tipos de bancos. En los bancos de depósito, al mantener en efectivo una pequeña fracción de los fondos de los depositantes, el pánico bancario (en ocasiones profecías que se autocumplen), acaba provocando muchas veces la quiebra.

Los bancos en la sombra no tienen depositantes que requieran la devolución de su dinero, pero si los prestamistas del mercado financiero piensan que un banco deja de ser seguro, que va a resultar difícil recuperar al vencimiento el dinero, no le otorgarán créditos y el banco no podrá seguir operando con sus clientes. Puede tratar de vender sus activos inmediatamente para lograr efectivo pero, como sucedió con Lehman Beothers, muy endeudado para financiar sus operaciones, resulta difícil evitar la bancarrota.

España es el país de la Unión Europea que más dinero ha perdido en rescate a los bancos y cajas de ahorro. En cifra absoluta, el importe ha sido de 47,9 millones de euros, un 4,3% del PIB.



El pánico bancario se manifiesta en una paralización repentina de los mercados financieros, a causa de la pérdida de confianza en conseguir liquidez. Además de perjudicar a los relacionados con el banco, se extiende como un contagio, ocasionando la pérdida de confianza de los depositantes de otros bancos, que puede originar una cascada de hundimientos.

A partir de la crisis de 2008, los bancos centrales han ampliado sus medidas financieras más allá de otorgar créditos a los bancos de depósito y realizar operaciones de mercado abierto. Han estado concediendo créditos también a los bancos en la sombra y comprando bonos a corto plazo a empresas privadas, elevando así la dimensión de su carácter de “prestamistas de última instancia” para facilitar a las economías el crédito necesario cuando el mercado de préstamos privados está agotado.

LA PRESIÓN FISCAL

La presión fiscal se define como la relación entre los impuestos que recauda el sector público de un país y la actividad económica medida con el Producto Interior Bruto (PIB).

Los impuestos directos incluyen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de carácter progresivo y el Impuesto sobre Sociedades, proporcional. Se tiene en cuenta para el cálculo de la presión fiscal la Contribución a la Seguridad Social, como impuesto directo que se computa sobre las nóminas de los trabajadores. En cuanto a los impuestos indirectos, el predominante es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con tres tipos de cotización, según el producto o servicio.

España tuvo en 2016 una presión fiscal del 34,1%, cuatro décimas menos que en el año precedente, según Eurostat. En comparación con los países europeos, la tasa resulta reducida y supone una recaudación de 7,2 puntos porcentuales sobre el PIB menor que la media de la Eurozona.

En el siguiente cuadro tenemos los datos del año 2016 de varios países europeos representativos

Entre las causas de la menor recaudación se pueden citar el elevado nivel de desempleo, que reduce las retenciones del IRPF y, sobre todo, las deducciones, desgravaciones y bonificaciones en los dos grandes impuestos directos. En concreto, España tiene en el IRPF una presión fiscal 2 puntos porcentuales inferior a la media de la Unión Europea.

También en las cotizaciones sociales hay diferencias, porque en España la base de cotización esta topada para las rentas altas, mientras que en otros países europeos no existe tal límite.

En cuanto al IVA , España aplica el tipo reducido de impuesto (10%) en lugar del general (21%), a la hostelería y a los hoteles. Desde la Comisión Europea se viene aconsejando que se disminuya el volumen de bienes y servicios gravados al tipo reducido.

Como la presión fiscal se calcula en función del pago efectivo de impuestos y no según la obligación establecida en las leyes, la evasión impositiva reduce el porcentaje de presión fiscal. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) señala que sólo en IRPF, una mayor eficacia en la recaudación podría aportar al Estado más de 23.000 millones de euros anuales.

Otro indicador tributario es la “cuña fiscal”, que refleja el efecto de la presión impositiva sobre el trabajo. Se calcula como porcentaje que representan los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el coste laboral, incluyendo la Contribución a la Seguridad Social, que realiza la empresa, y la que recae sobre el trabajador, más el IRPF. La carga total supone un 39,5% del coste laboral.

Este porcentaje de cuña fiscal vendría a señalar la brecha entre el coste laboral y el salario neto real de consumo, es decir, la diferencia entre lo que un trabajador gana (su salario bruto) y lo que realmente se lleva a casa.

El porcentaje de España (39,5%) se sitúa por encima de la media (36%) de las naciones industrializadas del mundo (OCDE), pero alejado de los grandes países de la Eurozona, tales como Alemania (49,4%), Francia (48,1%) o Italia (47,8%)

Es evidente que sin una presión fiscal suficiente, la Administración Pública no puede atender las demandas que plantea la población. Podemos observar que los ciudadanos de los países nórdicos europeos, que soportan mayor presión fiscal, son los que disfrutan de mejores prestaciones sociales.

Como afirma el Secretario General de Gestha, combatiendo la economía sumergida y la evasión fiscal, también “habría margen para mejorar el déficit público, el endeudamiento y el Estado de Bienestar”.

LA HEGEMONÍA DEL DÓLAR

Hacía el final de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países emprendieron la tarea de inventar un nuevo orden económico para la postguerra. Reunidos en Bretton Woods (New Hampshire), en el este de Estados Unidos, desarrollaron un nuevo marco para garantizar la estabilidad del sistema monetario y para reconstruir los países devastados por el conflicto armado.

Aunque el economista británico Keynes defendía un sistema monetario mundial basado en una unidad monetaria no nacional, a la que denominó “Bancor”, prevaleció el planteamiento norteamericano de un sistema de intercambio basado en el dólar, vinculado al oro. 

La Reserva Federal norteamericana se comprometía a cambiar en cualquier momento los dólares por oro a razón de 35 dólares la onza troy (31,1 gramos). El precio de las demás divisas se alineaban respecto del dólar con tipos de cambio fijos. El dólar venía a ser la única moneda convertible en oro y, en consecuencia, la divisa internacional dominante.

El nuevo sistema daba ventaja a EE.UU, puesto que podía comprar todo lo que quisiera a los demás países con solo imprimir dinero, en tanto que el resto del mundo necesitaba producir bienes y servicios para conseguir dólares. El billete verde era ya hegemónico y EE.UU se había convertido en jugador y árbitro al mimo tiempo. Su ventaja comparativa era la imprenta de dólares, que le permitía imprimir billetes hasta agotar las reservas de oro.

Para 1971, EE.UU ya no era capaz de cumplir sus compromisos de conversión en oro y el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar y la adopción de tipos de cambio flotantes. El colapso del sistema, abandonando la vinculación al oro, no supuso disminución alguna en el dominio del dólar, a pesar de las importantes caídas de su valor. No se vio alternativa al nuevo “patrón dólar” y el sistema está vigente en nuestros días, con EE.UU como único proveedor mundial de liquidez, que le otorga un poder económico y político dominante.

Como divisa privilegiada, el dólar tiene una demanda constante en todo el mundo, lo cual permite que los déficits por cuenta corriente no le supongan problema alguno al país norteamericano. En cambio, son muchas las naciones, en particular las emergentes, que necesitan dólares para devolver sus deudas, por lo que tienen que vender sus monedas locales para comprar dólares. Es el reciente caso de Turquía, en plena crisis monetaria.

El incremento en la demanda hace escasear el dólar, con lo que hay que comprarlo más caro. Supone entregar más cantidad de la moneda local (la lira turca, por ejemplo), lo cual provoca su depreciación Este tipo de movimiento hace que los inversores extranjeros en países emergentes vean peligrar su capital y decidan repatriar el dinero, que provoca inestabilidad, con más ventas de moneda local para adquirir la divisa fuerte (dólares) y mayor depreciación de las monedas de los países emergentes.

La composición monetaria de las reservas internacionales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra dominada por el dólar, con el 62,7% del total de reservas mundiales, siguiéndole a distancia el euro con un 20,2%.

Se han llegado a promover ciertos planteamientos de sustitución del dólar por una canasta de monedas y algunos bancos centrales comenzaron a utilizar también otra monedas, pero el dólar es un medio de pago muy extendido y, además, se percibe como un depósito de valor que concede seguridad, por lo que es previsible que continúe su hegemonia durante bastante tiempo.

EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN

El sector terciario comprende las actividades que proporcionan servicios a la sociedad. En tanto que la producción de los bienes es realizada por los sectores primario (agricultura, ganadería, pesca) y secundario (industria, construcción), el sector servicios incluye una gran variedad de actividades: transporte, turismo, comercio, sanidad, educación, finanzas y cultura, entre otras.

La terciarización comenzó en España en la década de los años 1960, con el tránsito de una economía basada fundamentalmente en el sector primario al predominio actual del sector terciario. Los rasgos destacados de este proceso son la urbanización, la industrialización y el desarrollo del turismo. Ha crecido el PIB, el empleo ha aumentado y la población dispone de mayor renta, con lo que crece el consumo de servicios de salud, educación y turismo.

El incremento de la productividad en la agricultura, debido a la mecanización del campo, y en la industria, con nuevas tecnologías que requieren cada vez menos personal, impulsó el trasvase de parte de la población de los dos sectores al terciario. Por otro lado, aumentó la demanda de servicios para las empresas productivas, tales como diseño, investigación, comercialización y servicios postventa

En el comienzo de la crisis financiera, los ocupados españoles en el sector servicios representaban el 68%. Diez años más tarde, según Eurostat, la proporción ha aumentado hasta el 75,5%, un incremento mayor del que se ha dado en otros países europeos, posiblemente debido a la caída del sector de la construcción, el retroceso de la industria y el aumento de las ramas de hostelería y transportes.

En el siguiente cuadro tenemos la distribución de los trabajadores ocupados por sectores económicos en España:


Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 14,2 millones de personas están registradas en España en el sector servicios, que suponen 100.000 más que en 2008, en tanto que el resto de los sectores está por debajo de los niveles anteriores a la crisis. La hostelería puede haber recogido el excedente de la construcción, al nutrirse ambas actividades con personal de baja cualificación laboral.

En los últimos años se han analizado las implicaciones que puede tener el proceso de terciarización en las economías desarrolladas tanto en la productividad como en la desigualdad. Como señaló Paul Krugman, “la productividad no es todo, pero a largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida a lo largo del tiempo depende casi totalmente de su capacidad para aumentar el valor de la producción por habitante”.

En este aspecto, diversos analistas han advertido del descenso en el crecimiento de la productividad y en la renta a medida que se van desplazando factores desde la industria a los servicios, aunque no hay duda de que existe una gran diversidad en los subsectores de servicios, con niveles de productividad y ritmos de crecimiento muy distintos, algunos incluso receptores de los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

El temor a la desigualdad proviene de que los salarios de los servicios para los niveles de cualificación baja y media tienden a ser menores que los correspondientes a la industria, sector que se ha caracterizado siempre por una mayor movilidad social. La precariedad en las condiciones de trabajo es mayor en los servicios, sobre todo en ámbitos como la restauración y el reparto a domicilio.

CONTROL DE PRECIOS

El precio que se establece en los mercados resulta del equilibrio entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Este precio de equilibrio no suele satisfacer a todos los implicados.

Es por ello que surgen demandas a los poderes públicos para que intervengan los Gobiernos en los mercados, imponiendo controles de precios, en sus dos modalidades: precio máximo o precio mínimo. Estas regulaciones producen ciertos efectos secundarios previsibles y no deseados. Nos vamos a centrar en los precios máximos, citando antes dos casos aireados por la prensa.

El gobierno venezolano estableció control de precios en el año 2003, tras un período sombrío de huelgas y en una situación de crisis económica. Se publicó una lista de bienes y servicios considerados de primera necesidad, cuyos precios máximos de venta al público serían fijados por el Ejecutivo Nacional. Aunque se suponía que los controles serían temporales, 15 años después el sistema regulatorio continua en vigor.

Otro caso de aplicación de precio máximo bastante frecuente se da en el control de alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona está considerando la posibilidad de regular el mercado a través de medidas que controlen el precio del alquiler y limiten la cantidad de pisos turísticos.

Los precios máximos se imponen sobre todo en tiempos de guerras, desastres naturales o crisis excepcionales, situaciones que producen subidas repentinas de precios, en las cuales se pueden aprovechar unos pocos para enriquecerse en perjuicio de la mayoría de la gente

Para conocer los efectos que produce el precio máximo en un producto vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que el producto X alcanza en el mercado libre un precio de equilibrio (Pe) de 100 euros con una cantidad de 10.000 unidades (Qe), donde coinciden la oferta (S) y demanda del producto (D)

Las autoridades del país estiman que resulta un precio elevado para los compradores y establecen un precio máximo obligatorio (P max) de 80 euros por unidad. Como a este nuevo precio la demanda (Qd) es de 12.000 unidades y la oferta (Qs) se reduce a 8.000, el primer efecto resulta evidente en el gráfico: un exceso de demanda sobre la oferta de 4.000 unidades. Significa que una parte de la demanda de los consumidores queda desatendida al no haber producto suficiente. Es una pérdida de eficiencia, porque los consumidores no reciben cuanto desean y los fabricantes deciden reducir la producción.

Un segundo efecto de los precios máximos es la generación de incentivos para las actividades ilegales. Aparece el “ mercado negro”, con una actividad económica que está al margen de la ley, donde el consumidor puede adquirir, a mayor precio que el máximo legal, el producto que demanda. A este precio más elevado, los fabricantes están dispuestos a producir mayor cantidad, pero deben desviar parte de la producción al marcado paralelo al legal, en el que el consumidor tiene generalmente menos garantía del producto o servicio que recibe y la Hacienda Pública pierde recaudación.

Aunque los precios máximos producen escasez, ineficiencias y provocan la aparición de mercados negros, las autoridades públicas continúan imponiendo regulaciones en ciertas circunstancias, con la convicción de que los precios máximos hacen posible que grupos con menor capacidad económica de la sociedad pueden comprar ciertos productos básicos o encuentren pisos de alquileres asumibles.

Pero el análisis de la demanda y la oferta nos muestra que la escasez de oferta que provocan los precios máximos tienden a largo plazo a impulsar elevaciones de los precios, precisamente el efecto contrario al deseado por los reguladores.

LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO

Organizaciones de Naciones Unidas remarcan que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Va a tener consecuencias para el mercado laboral y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

La esperanza de vida de las personas viene aumentando desde hace muchas décadas en todos los países. Los avances del sector sanitario y farmacéutico, junto con los cambios en el estilo de vida de la sociedad, han hecho posible que la vida humana se prolongue en España a un ritmo de cuatro años por década en el último siglo, hasta llegar a alcanzar en promedio más de 82 años de vida en la actualidad, convirtiéndose en el cuarto país más longevo del mundo, por detrás de Japón, Suiza y Singapur.

El incremento de la esperanza de vida, la escasa mortalidad infantil y juvenil y la drástica caída de la natalidad hacen que aumente la edad media de los españoles, hoy día en torno de 43 años. La causa más importante del envejecimiento es sin duda la caída en picado de la natalidad, que comenzó hace tres décadas, hasta llegar a la actual tasa de hijos por mujer de 1,27, casi un punto (un hijo) menos de lo necesario para que se dé el relevo generacional (2,1 hijos por mujer).



En la prospectiva del cuadro se aprecia un incremento de personas en los grupos de edad más avanzada, de 65 a 79 años y de 80 años en adelante. Del 9,1% que representaban en conjunto estos grupos de población en 1950, la previsión sobrepasa el 30% para el 2050.

El cambio de la pirámide poblacional tiene consecuencias para los contribuyentes, puesto que en los Presupuestos Generales del Estado aumentan las partidas destinadas a las pensiones y a sostener el sistema sanitario. Una población activa en descenso tendrá que soportar las necesidades de los menores de edad y las personas mayores.

Los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que desde 1981 la población de mayores casi se ha duplicado, en tanto que la juvenil se ha reducido en un 40%.

A falta de una política decidida de apoyo a la natalidad, que bien podría incluir beneficios fiscales, lo cierto es que son los inmigrantes los que rejuvenecen la población española, rebajando la edad media, aunque no sea más que en un año.

Las extranjeras en España superan el índice de fecundidad de las madres españolas, hasta alcanzar un 1,6 hijos por mujer. En parte puede ser por sus hábitos y cultura, pero también porque emigran en edades de tener hijos. En conjunto, la población española supera los 46,6 millones de habitantes, pero no pasaría de 42,1 millones de no ser por el colectivo de los inmigrantes

DESIGUALDAD GENERACIONAL

La desigualdad incide con diferente intensidad sobre las personas en función del nivel educativo, las condiciones familiares, la residencia, el género o la cohorte generacional a la que pertenecen.

Diversos estudios ponen de relieve la escasa atención que se está prestando al incremento de la desigualdad dentro de cada país entre los diferentes grupos generacionales. El colectivo de 16 a 29 años soporta situaciones de alto nivel de desempleo y elevada incidencia del trabajo temporal y del trabajo parcial involuntario, que acarrean menores salarios y dificultades de promoción y formación en el trabajo.

En el siguiente cuadro se recoge la situación del desempleo por grupos de edad, en porcentaje sobre la población activa, en España, en el segundo trimestre de 2018:

Observamos que la tasa de paro en el grupo de 20 a 24 años duplica al de 25 a 54 años y el desempleo juvenil llega a afectar a la mitad de su colectivo. En cifras globales, la situación relativa ha empeorado en el segundo trimestre, ya que mientras en el grupo de 25 a 54 años ha descendido el paro en 271.600 personas y en los mayores de 55 años, en 41.800, los jóvenes de 16 a 24 años en desempleo aumentaron en 7.400.

En mazo 2018, la tasa de desempleo para menores de 25 años era en España el 36,3%, la más alta de Europa después de Grecia. La tasa menor tenía Alemania (6,6%) y la media europea se situaba en 16,8%.

En base al índice de Gini, la desigualdad se ha mantenido en Europa en la última década, (salvo en España, que ha aumentado). La renta disponible de la población mayor de 65 años ha crecido y se ha estancado en el resto de la población. Se debe en gran parten al efecto de las pensiones de jubilación en la redistribución de las rentas.

Da la impresión de que el sistema de bienestar vigente otorga una desigual protección en términos generacionales, dando preferencia al colectivo de personas mayores y relegando a los jóvenes de los programas de rentas mínimas, como lo demuestra las dificultades de acceso a la vivienda, lo cual les acarrea bajos niveles de emancipación.

Hay que recordar que el pacto social implícito supone que los jóvenes reciben una formación y cuentan con expectativas de buenas condiciones laborales para poder sostener y reiniciar el ciclo intergeneracional. Pero parece que el sistema se está resintiendo en el encuentro con el mercado de trabajo.

Los jóvenes no deben caer en una situación de agobio y falta de oportunidades que resquebraje el consenso social. En una fase de mejora económica, una mayor atención a la situación de la juventud puede ayudar al restablecimiento del equilibrio, facilitando el acceso de los jóvenes al trabajo y mejorando las condiciones de los ocupados.

FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

Las transacciones económicas internacionales requieren un mercado para intercambiar unas monedas por otras. Es el denominado “mercado de divisas”, en el que se igualan la demanda y la oferta, estableciéndose los tipos de cambio, los precios entre las monedas. Se trata de un mercado electrónico, global, que se utiliza en todos el mundo para comprar y vender monedas.

El tipo de cambio se puede definir como el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional, o bien, el precio de la moneda nacional expresado en otra extranjera. Por ejemplo, si el tipo de cambio es de 1,16 dólares por euro, en sentido inverso, será de 0,86 euros por dólar.

Conviene distinguir entre el tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. El primero es el que reflejan las cotizaciones entre monedas y el segundo, el real, tiene en cuenta los precios relativos de los bienes y servicios de los países, es decir, el poder de compra de una divisa en relación con otra. 

El tipo de cambio real, denominada también “Paridad de Poder Adquisitivo” (PPA) es una referencia a largo plazo, porque señala la tasa que igualaría en promedio el coste de una cesta determinada de productos en dos países.

Pero en el corto plazo la cotización entre divisas puede diferir mucho de la paridad de equilibrio del largo plazo. La cotización de cada momento viene afectada tanto por el diferencial de inflación entre las divisas como por el diferencial de tipo de interés.

Así, por ejemplo, una divisa con los intereses más elevados atraerá más flujos de inversión al país, favoreciendo su apreciación. Las dos variables, inflación y tipo de interés, están interrelacionadas y, más que sus valores actuales, son relevantes las expectativas de evolución futura.

Como ejemplo, el siguiente gráfico muestra la relación entre el euro y el dólar norteamericano en términos de PPA (PPP rate, en inglés)

Observamos en el gráfico que la cotización entre ambas monedas ha llegado a oscilar en la última década, por encima y por debajo, en torno al 18% respecto de la capacidad adquisitiva o paridad de largo plazo (PPP), mostrando un euro sobrevalorado del 2003 al 2012 y una infravaloración en la moneda europea a partir de 2014.

Importantes fluctuaciones del tipo de cambio están afectando a varios países emergentes, en especial a la lira turca. El incremento de los aranceles decretado por EE.UU contra la importación de acero (50%) y aluminio (25%) ha provocado el desplome de la divisa turca.

La lira ya venía experimentando caídas desde 2014. Cerró 2017 a 0,26 dólares por lira y ha descendido hasta 0,15, lo cual supone una depreciación acumulada este año del 42%. Turquía viene sufriendo tres desequilibrios que afectan a su moneda: inflación media del año elevada (12%), déficit por cuenta corriente en su balanza de pagos (-5,5%) y deuda creciente con el extranjero.

Aunque el núcleo central de la crisis cambiaria está en Turquía, los efectos llegan a Argentina, Sudáfrica, Brasil, Rusia e India, países emergentes que han acumulado en los últimos años un fuerte endeudamiento, en gran medida en moneda extranjera. Estas sacudidas en los tipos de cambio pueden ser el anuncio de un período de turbulencias financieras.

LA BRECHA EXTERIOR

En las crisis de la economía española, el déficit exterior suele ser un indicador relevante del intenso desajuste de la estructura productiva. Así ocurrió en los años de la burbuja inmobiliaria (2002-2007), cuando el país fue acumulando un creciente déficit en sus relaciones comerciales con el exterior, que llegó a registrar en la cuenta corriente de la balanza de pagos un saldo histórico del -9,6% del PIB en el año 2007, lo cual significa que se necesitó recurrir a una financiación externa superior a 100.000 millones de euros para atender a los gastos internos de consumo e inversión.

En el siguiente cuadro tenemos la evolución de la balanza por cuenta corriente en la última década, subdividida en sub-balanzas:



La brecha exterior de la burbuja inmobiliaria fue reduciéndose, hasta que en la segunda mitad de 2012 España dejó de depender del crédito exterior por primera vez en muchos años y fue acumulando excedentes frente al resto del mundo. En el año 2017, como se recoge en el cuadro anterior, alcanzó un saldo positivo por cuenta corriente cercano a 20.000 millones de euros, en torno al 1,8% del PIB.

Un primer determinante de este cambio en la relación económica con el exterior fue el notable incremento de las exportaciones en plena crisis. En el período de 2008 a 2017, las ventas se elevaron a una tasa media del 7,1% anual. Este comportamiento dio lugar a la ampliación de la apertura comercial (exportaciones/PIB), pasando del 17,6% en 2007 al 24% en 2014.

El aumento de las ventas se concentró en los bienes intermedios (productos semielaborados para fabricar bienes de equipo, ensamblar automóviles y obtener productos químico-farmacéuticos) y alimentos (frutas, hortalizas, legumbres y productos cárnicos). Cabe mencionar como significativa también la exportación de automóviles.

Aunque la reducción de los costes laborables puede haber influido en este avance exportador, los estudios realizados apuntan más bien a otras razones. Se ha podido constatar que una parte considerable del comercio internacional viene discurriendo por factores ajenos a la competitividad-precio.

Las ventajas competitivas relevantes van ligadas a las condiciones de la producción y de la tecnología, a la comercialización y a la financiación, así como al entorno macroeconómico. Las estrategias son decididas en gran parte por las empresas multinacionales, participando habitualmente en el intercambio unidades del mismo grupo empresarial.

Las importaciones contribuyeron también a la reducción del déficit comercial exterior, dado que aumentaron con moderación, influidas por las variaciones de los precios en las compras energéticas (petróleo y gas). Cabe destacar también las adquisiticiones de bienes semielaborados (componentes de automoción, mecánicos, electrónicos y químicos), que se elaboran después, en muchos casos para exportarlos formando parte de cadenas de valor globales.

En la sub-balanza de servicios destaca la partida de turismo y viajes, que en España ha sido siempre el contrapeso al saldo negativo de los intercambios de bienes. Los ingresos turísticos han pasado de 40.000 millones de euros en 2011 a 60.000 millones en 2017, aprovechándose de las dificultades que atraviesan algunos competidores turísticos en el Mediterráneo.

Otros servicios distintos del turismo también están logrando superavit en sus relaciones con el exterior, tales como seguros, transporte, telecomunicaciones-informática, consultoría y construcción, consecuencia del proceso de internacionalización de las grandes empresas españolas.

En cuanto a las rentas primarias, la partida más importante es el intercambio de rentas de inversión. Desde 2012 se produjo un fuerte descenso de los intereses devengados por los préstamos recibidos desde el exterior, aunque siguieron aumentando las salidas por beneficios y dividendos. Se incluyen los fondos del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) de origen comunitario, por precios agrícolas garantizados, y los pagos de la aportación española al presupuesto comunitario.

Las rentas secundarias, que dan saldos negativo, se refieren a la salida de remesas de emigrantes y los flujos con la Unión Europea, que contabilizan las aportaciones de España sobre las cuotas de IVA y del PIB. En los ingresos, destacan los procedentes del Fondo Social Europeo.

En definitiva, el cierre de la brecha exterior fue consecuencia del aumento de las exportaciones, con cierta contención en las importaciones, facilitada por el comportamiento favorable en los precios de los productos energéticos. Aumentaron los ingresos por turismo y los servicios profesionales de las empresas en el exterior, disminuyeron las rentas primarias por los menores intereses a pagar de los préstamos y descendió el déficit de las rentas secundarias, en especial por la caída en los envíos de fondos de los inmigrantes a sus países de origen.

RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA

La Comisión Europea anunció recientemente una multa de más de 4.300 millones de euros (4,5% de la facturación de 2017) al gigante de Internet Google por abuso de posición dominante a través de Android, su sistema operativo de dispositivos móviles, y la obligación de cesar su práctica monopolística en el plazo de 90 días.

Se le acusa de aprovechar la plataforma para extender al móvil su dominio en el mercado de los motores de búsqueda, imponiendo restricciones ilegales a los fabricantes y operadores de red móviles, que han impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una oferta competitiva.

La competencia es una derivada lógica de la economía de mercado, en la que las empresas privadas concurren al mercado para ofrecer sus productos y servicios a los consumidores. Además de los precios, la capacidad competitiva de las empresas viene determinada por la calidad de los productos, la innovación y los servicios de atención al cliente.

Se dice que hay competencia perfecta cuando ninguna empresa tienen poder suficiente para fijar el precio del producto. En este caso será la interacción entre empresas oferentes y demandantes la que determinará el precio. Es un mercado con muchos compradores y vendedores, de tal modo que ninguno de los dos grupos ejerce una influencia decisiva en el precio del producto, que ha de ser un bien o servicio homogéneo.

Existen mercados donde las empresas no se atienen al precio que puede surgir en el mercado, sino que tienen capacidad para amoldarlo a su conveniencia. Se dice que son mercados de competencia imperfecta. Así, cuando el número de vendedores es reducido y deciden no competir para mantener altos los precios (colusión), nos encontramos ante un mercado de tipo oligopolístico. Y cuando hay un único oferente del producto y éste fija su precio estamos en un mercado monopolístico.



En el esquema gráfico observamos los diferentes niveles de monopolio y oligopolio. Cuando es la demanda la que está concentrada en una empresa o en unas pocas, se dice que existen situaciones de monopsonio u oligopsonio,

Una modalidad mixta es la que se denomina “competencia monopolística”, donde ofertan en el mercado múltiples empresas, pero con productos diferenciados y en segmentos distintos, bien definidos, como es el caso del mercado de automóviles.

Los mercados de competencia imperfecta se caracterizan también por la existencia de barreras que impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas. La información suele ser asimétrica, porque el vendedor posee mucha más información sobre el producto que el comprador.

Ya lo advirtió hace dos siglos y medio el escocés Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna: "Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías".

Ante el hecho de que la competencia es imperfecta en los mercados reales, las normas antimonopolio vigentes en la Unión Europea tratan de garantizar a las empresas condiciones leales y equitativas, sin que afecten a la innovación y al desarrollo empresarial.

Las normas establecen que las empresas no pueden fijar precios o repartirse los mercados entre ellas, ni abusar de su posición dominante para expulsar a sus competidores o fusionarse, cuando ello suponga adquirir una posición de control del mercado.

Las grandes empresas tienen prohibido aprovechar su poder de negociación para imponer condiciones que dificulten a sus proveedores o clientes negociar con sus competidores, dado que tienden a incrementar los precios y quita posibilidades de elección a los consumidores.

La Comisión Europea vigila también que no se otorguen subsidios inmerecidos, dado que las ayudas que conceden a las empresas los Gobiernos pueden favorecer intereses particulares en detrimento de los que compiten por sus propios méritos.

Las facultades de la Comisión para investigar y poner fin a las infracciones de las normas de competencia de la Unión Europea están sujetas, en último término, al control jurisdiccional de los tribunales europeos, a los que elevan a menudo sus reclamaciones las entidades afectadas.