El salario mínimo es el caso más frecuente de las normativas legales para presionar un precio al alza. Por ejemplo, en el sector de productos agropecuarios, como el trigo o la leche, la medida se utiliza para mantener cierto nivel de renta de los agricultores.
Se establece un suelo al precio del trabajo para ayudar a algunos colectivos, pero se estima que puede generar ciertos efectos colaterales indeseados y previsibles cuando el salario mínimo está por encima del que haría igualar la cantidad de trabajo ofrecida con la demanda por las empresas.
En el siguiente gráfico se representa la evolución del SMI en las últimas décadas
Se suele argumentar que el exceso de oferta que resulta de establecer un salario mínimo puede provocar efectos en dos direcciones: posible incremento de desempleo y aparición de cierto mercado negro de trabajo.
El desempleo puede afectar sobre todo a jóvenes, mujeres, personas poco formadas y parados de larga duración. Pero la experiencia de los los últimos 15 años, según la Ministra de Economía, muestra que ninguno de los cuatro últimos incrementos de SMI hicieron retroceder al empleo total. En esta ocasión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha calculado que se dejarían de crear unos 40.000 empleos en 2019.
El gobernador del Banco de España ha señalado que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas de SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”.
El segundo efecto, la afloración del mercado negro, viene del previsible incumplimiento de la ley por parte de algunos empresarios, imponiendo retribuciones salariales inferiores al mínimo o evitando dar de alta en la Seguridad Social para ahorrar costes.
Otra alternativa de algunas empresas para evitar pérdidas o reducir costes sería tratar de imponer a sus trabajadores una jornada oficial más reducida (trabajo a tiempo parcial), con el salario más elevado, pero aumentando las horas de trabajo sin remuneración añadida.
Aunque el salario anunciado suponga un aumento repentino y de cierta consideración, algunos analistas argumentan que es asumible por las empresas, dado que la productividad por hora trabajada en España representa un 97% de la Unión Europea y el salario mínimo no supone más que un 75%.
En cualquier caso, el establecimiento de un salario mínimo significa que la sociedad no acepta actividades empresariales con productividad y salarios que no permitan pagarlo, porque se considera que son inaceptables socialmente, al resultar incapaces de proporcionar un mínimo nivel de vida al trabajador asalariado.
Aunque ya sabemos que algunas medidas bienintencionadas pueden tener en economía efectos contrarios al bienestar social, un aumento de los salarios no significa que las empresas vayan a caer en pérdidas y opten por reducir el empleo, puesto que los márgenes no suelen estar siempre ajustados al mínimo. Sí puede suponer una disminución de beneficios y un menor reparto de dividendos.
El aumento del SMI va a beneficiar al 10% de los trabajadores, aquellos que perciben las menores retribuciones. Tendrá poco efecto en el País Vasco o Navarra, comunidades autónomas en las que los salarios son más elevados, pero influirá en Extremadura, Andalucía o Canarias, con retribuciones menores.
Además de reparar la devaluación salarial de los últimos años, en los que se han producido transferencias de rentas desde los salarios más bajos a los beneficios, el aumento del SMI servirá para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar las rentas de las familias, que tendrán mayor capacidad de consumo, aumentarán la demanda y favorecerán el crecimiento económico.
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Se establece un suelo al precio del trabajo para ayudar a algunos colectivos, pero se estima que puede generar ciertos efectos colaterales indeseados y previsibles cuando el salario mínimo está por encima del que haría igualar la cantidad de trabajo ofrecida con la demanda por las empresas.
En el siguiente gráfico se representa la evolución del SMI en las últimas décadas
Se suele argumentar que el exceso de oferta que resulta de establecer un salario mínimo puede provocar efectos en dos direcciones: posible incremento de desempleo y aparición de cierto mercado negro de trabajo.
El desempleo puede afectar sobre todo a jóvenes, mujeres, personas poco formadas y parados de larga duración. Pero la experiencia de los los últimos 15 años, según la Ministra de Economía, muestra que ninguno de los cuatro últimos incrementos de SMI hicieron retroceder al empleo total. En esta ocasión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha calculado que se dejarían de crear unos 40.000 empleos en 2019.
El gobernador del Banco de España ha señalado que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas de SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”.
El segundo efecto, la afloración del mercado negro, viene del previsible incumplimiento de la ley por parte de algunos empresarios, imponiendo retribuciones salariales inferiores al mínimo o evitando dar de alta en la Seguridad Social para ahorrar costes.
Otra alternativa de algunas empresas para evitar pérdidas o reducir costes sería tratar de imponer a sus trabajadores una jornada oficial más reducida (trabajo a tiempo parcial), con el salario más elevado, pero aumentando las horas de trabajo sin remuneración añadida.
Aunque el salario anunciado suponga un aumento repentino y de cierta consideración, algunos analistas argumentan que es asumible por las empresas, dado que la productividad por hora trabajada en España representa un 97% de la Unión Europea y el salario mínimo no supone más que un 75%.
En cualquier caso, el establecimiento de un salario mínimo significa que la sociedad no acepta actividades empresariales con productividad y salarios que no permitan pagarlo, porque se considera que son inaceptables socialmente, al resultar incapaces de proporcionar un mínimo nivel de vida al trabajador asalariado.
Aunque ya sabemos que algunas medidas bienintencionadas pueden tener en economía efectos contrarios al bienestar social, un aumento de los salarios no significa que las empresas vayan a caer en pérdidas y opten por reducir el empleo, puesto que los márgenes no suelen estar siempre ajustados al mínimo. Sí puede suponer una disminución de beneficios y un menor reparto de dividendos.
El aumento del SMI va a beneficiar al 10% de los trabajadores, aquellos que perciben las menores retribuciones. Tendrá poco efecto en el País Vasco o Navarra, comunidades autónomas en las que los salarios son más elevados, pero influirá en Extremadura, Andalucía o Canarias, con retribuciones menores.
Además de reparar la devaluación salarial de los últimos años, en los que se han producido transferencias de rentas desde los salarios más bajos a los beneficios, el aumento del SMI servirá para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar las rentas de las familias, que tendrán mayor capacidad de consumo, aumentarán la demanda y favorecerán el crecimiento económico.
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