Es por ello que surgen demandas a los poderes públicos para que intervengan los Gobiernos en los mercados, imponiendo controles de precios, en sus dos modalidades: precio máximo o precio mínimo. Estas regulaciones producen ciertos efectos secundarios previsibles y no deseados. Nos vamos a centrar en los precios máximos, citando antes dos casos aireados por la prensa.
El gobierno venezolano estableció control de precios en el año 2003, tras un período sombrío de huelgas y en una situación de crisis económica. Se publicó una lista de bienes y servicios considerados de primera necesidad, cuyos precios máximos de venta al público serían fijados por el Ejecutivo Nacional. Aunque se suponía que los controles serían temporales, 15 años después el sistema regulatorio continua en vigor.
Otro caso de aplicación de precio máximo bastante frecuente se da en el control de alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona está considerando la posibilidad de regular el mercado a través de medidas que controlen el precio del alquiler y limiten la cantidad de pisos turísticos.
Los precios máximos se imponen sobre todo en tiempos de guerras, desastres naturales o crisis excepcionales, situaciones que producen subidas repentinas de precios, en las cuales se pueden aprovechar unos pocos para enriquecerse en perjuicio de la mayoría de la gente
Para conocer los efectos que produce el precio máximo en un producto vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que el producto X alcanza en el mercado libre un precio de equilibrio (Pe) de 100 euros con una cantidad de 10.000 unidades (Qe), donde coinciden la oferta (S) y demanda del producto (D)
Las autoridades del país estiman que resulta un precio elevado para los compradores y establecen un precio máximo obligatorio (P max) de 80 euros por unidad. Como a este nuevo precio la demanda (Qd) es de 12.000 unidades y la oferta (Qs) se reduce a 8.000, el primer efecto resulta evidente en el gráfico: un exceso de demanda sobre la oferta de 4.000 unidades. Significa que una parte de la demanda de los consumidores queda desatendida al no haber producto suficiente. Es una pérdida de eficiencia, porque los consumidores no reciben cuanto desean y los fabricantes deciden reducir la producción.
Un segundo efecto de los precios máximos es la generación de incentivos para las actividades ilegales. Aparece el “ mercado negro”, con una actividad económica que está al margen de la ley, donde el consumidor puede adquirir, a mayor precio que el máximo legal, el producto que demanda. A este precio más elevado, los fabricantes están dispuestos a producir mayor cantidad, pero deben desviar parte de la producción al marcado paralelo al legal, en el que el consumidor tiene generalmente menos garantía del producto o servicio que recibe y la Hacienda Pública pierde recaudación.
Aunque los precios máximos producen escasez, ineficiencias y provocan la aparición de mercados negros, las autoridades públicas continúan imponiendo regulaciones en ciertas circunstancias, con la convicción de que los precios máximos hacen posible que grupos con menor capacidad económica de la sociedad pueden comprar ciertos productos básicos o encuentren pisos de alquileres asumibles.
Pero el análisis de la demanda y la oferta nos muestra que la escasez de oferta que provocan los precios máximos tienden a largo plazo a impulsar elevaciones de los precios, precisamente el efecto contrario al deseado por los reguladores.
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