El crecimiento, que se apoya en el incremento de la productividad, lleva consigo el aumento del empleo y de la competitividad del país, elevando los ingresos públicos sin recurrir a subidas de tipos impositivos.
Como el crecimiento precisa de inversiones en equipamientos productivos y en activos intangibles, su financiación supone sacrificar niveles de vida actuales, ahorrando, con la esperanza de un mejor futuro. El riesgo asociado al crecimiento es la elevada contaminación que pueden producir los desechos tóxicos emanados por las actividades económicas.
En el gráfico, obtenido del Banco de España, podemos observar que la economía española ha crecido a ritmos superiores al 3% durante 3 años consecutivos, una expansión que se ha apoyado en el consumo interno, la inversión y las exportaciones. Las perspectivas para los próximos años apuntan a un mantenimiento de la recuperación, pero con tasas de crecimiento inferiores.
En este entorno de recuperación, mientras los salarios de muchos trabajadores están estancados, la renta de algunos colectivos ha crecido muy por encima de la media del país. Una de las razones fundamentales para que se dé esta situación es la pérdida de capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores.
Se escucha a algunos colectivos quejarse de que la recuperación económica no ha llegado a ellos, lo que indica que hay cierta ruptura en la relación entre crecimiento económico y mejora de bienestar general. En lugar de expandirse el crecimiento económico a toda la población, parece que queda acumulado en los niveles altos de ingresos.
La consecuencia es que este tipo de recuperación no consigue atajar el “riesgo de pobreza”, un indicador relativo que mide la desigualdad. En 2017 se situaba en 21,6% de los hogares españoles y 22,3% en el año anterior, una reducción mucho más pequeña de la que cabría esperar en un país que creció en esos años a tasas superiores al 3%.
Ya advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que “el crecimiento no reducirá la pobreza, mejorá la igualdad ni generará empleos y medios de vida seguros a menos que sea inclusivo y sostenible”
Y un crecimiento inclusivo es aquel que genera empleo de calidad, da oportunidades a todo los segmentos de la sociedad, especialmente a las personas más desfavorecidas, y distribuye los beneficios de la prosperidad de manera equitativa.
Como el crecimiento precisa de inversiones en equipamientos productivos y en activos intangibles, su financiación supone sacrificar niveles de vida actuales, ahorrando, con la esperanza de un mejor futuro. El riesgo asociado al crecimiento es la elevada contaminación que pueden producir los desechos tóxicos emanados por las actividades económicas.
Pero la carencia del crecimiento es que no explica a quién beneficia, a dónde va a parar el dinero de la economía. El PIB sólo indica qué ocurre con la renta media, pero se olvida de la incidencia que tiene en los diversos segmentos de la población.
En el gráfico, obtenido del Banco de España, podemos observar que la economía española ha crecido a ritmos superiores al 3% durante 3 años consecutivos, una expansión que se ha apoyado en el consumo interno, la inversión y las exportaciones. Las perspectivas para los próximos años apuntan a un mantenimiento de la recuperación, pero con tasas de crecimiento inferiores.
En este entorno de recuperación, mientras los salarios de muchos trabajadores están estancados, la renta de algunos colectivos ha crecido muy por encima de la media del país. Una de las razones fundamentales para que se dé esta situación es la pérdida de capacidad de negociación colectiva por parte de los trabajadores.
Se escucha a algunos colectivos quejarse de que la recuperación económica no ha llegado a ellos, lo que indica que hay cierta ruptura en la relación entre crecimiento económico y mejora de bienestar general. En lugar de expandirse el crecimiento económico a toda la población, parece que queda acumulado en los niveles altos de ingresos.
La consecuencia es que este tipo de recuperación no consigue atajar el “riesgo de pobreza”, un indicador relativo que mide la desigualdad. En 2017 se situaba en 21,6% de los hogares españoles y 22,3% en el año anterior, una reducción mucho más pequeña de la que cabría esperar en un país que creció en esos años a tasas superiores al 3%.
Ya advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que “el crecimiento no reducirá la pobreza, mejorá la igualdad ni generará empleos y medios de vida seguros a menos que sea inclusivo y sostenible”
Y un crecimiento inclusivo es aquel que genera empleo de calidad, da oportunidades a todo los segmentos de la sociedad, especialmente a las personas más desfavorecidas, y distribuye los beneficios de la prosperidad de manera equitativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario