LA CAÍDA DEL TIPO DE INTERÉS

Tras la superación de la crisis de 2008, la evolución económica viene caracterizándose por un crecimiento económico moderado, muy baja tasa de inflación y tipos de interés próximos a cero.

En relación con los tipos de interés, los bancos centrales (Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana y otros) aplican una política monetaria expansiva cuando buscan aumentar la demanda de bienes y servicios de los países. Una mayor oferta monetaria reduce la tasa de interés, tiende a incrementar la inversión y, a través del multiplicador, crece el consumo, con lo que se llega a aumentar la demanda agregada de la economía.

Cuando una recesión adquiere el perfil de crisis financiera, los bancos centrales llegan a adoptar tres tipos de medidas que inciden en los mercados financieros: actuar como prestamistas de última instancia, dar garantías a los depositantes de fondos y ofrecer financiación a los mercados privados

Como prestamista de última instancia, un banco central presta fondos a entidades financieras cuando éstas no son capaces de conseguir créditos en los mercados privados. Por ejemplo, actúan como salvavidas de bancos con problemas de liquidez ante la retirada masiva de fondos por los depositantes.

Pero si el problema de un banco no es de liquidez sino de solvencia, porque está en situación de quiebra, los bancos centrales llegan a intervenir para garantizar los pasivos bancarios y evitar que los depositantes pierdan su dinero. En estos casos, los bancos centrales se hacen propietarios, al menos temporalmente, de los bancos comerciales que rescatan.

En ocasiones, los bancos centrales van más allá de sus operaciones habituales, como durante la crisis de 2008, comprando incluso bonos a corto plazo emitidos por empresas privadas, tratando de mantener la actividad económica cuando los mercados privados de crédito están agotados.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del Euribor, uno de los tipos de interés más importante en toda Europa:

Observamos una caída muy pronunciada, desde el 22% en 1977 hasta el 2% en 1999. En 2015 quedó al 0% y en 2018 entró en signo negativo.

Es evidente que la política de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo (BCE), determina los tipos de interés nominales a corto plazo, pero las autoridades monetarias señalan que ellas no establecen el tipo de interés que quieren, sino que es la tasa de interés natural la que indica el tipo objetivo a perseguir por la política monetaria.

El BCE sí define directamente dos tipos de interés, que condicionan el resto de los tipos del mercado: la tasa básica de refinanciación (ahora al 0%) y la facilidad de depósito para los bancos (-0,5%)

La tasa de interés natural se corresponde a grandes rasgos con el tipo de interés real (el nominal menos la inflación) y viene determinado por la demanda y la oferta de empresas, familias y gobiernos de fondos para ahorrar e invertir. Es un tipo compatible con el funcionamiento normal de la economía y la estabilidad financiera.

La evidencia parece apuntar que el tipo de interés real estimado se ha situado en las principales economías avanzadas en niveles históricamente bajos, incluso negativos. Tanto en EE.UU como en Europa al comienzo de la crisis era en torno al 2%, y cayó a mediados de 2019 hasta el 1% en EE.UU y al 0% en la Eurozona.

Además de las políticas monetarias expansivas, en el descenso de los tipos de interés influyen el envejecimiento de la población y el descenso de la productividad, que desincentiva la inversión. El aumento de la esperanza de vida tiende a incrementar el ahorro de los trabajadores para hacer frente a la jubilación, en tanto que la caída de la natalidad y de la población activa reduce el crecimiento potencial de la economía.

Parece que los bancos centrales están asumiendo ahora que la caída pronunciada de los tipos de interés puede tener efectos secundarios al prolongarse en el tiempo. Tras varios años de tipos negativos en la Eurozona y abundante liquidez, los beneficios de la expansión monetaria empiezan a perder fuerza y aumenta el temor de que puedan generarse incentivos perversos a la toma de riesgos excesivos por los agentes económicos en busca de rentabilidad, que podrían afectar a la estabilidad financiera.

EQUIDAD INTERGENERACIONAL

Algunos analistas tienen la impresión de que la evolución económica y social de los últimos años puede haber creado cierto desequilibrio entre generaciones. Después de varias décadas de progreso material y social, muchas de las personas que nacieron en los años 80 y 90 (millenials) viven hoy en condiciones peores que sus padres, con dificultades para afrontar su futuro.

Este colectivo de jóvenes menores de 40 años ha tenido acceso a una formación mejor que la mayoría de sus padres, pero la crisis financiera de 2008 les ha afectado más que a los mayores. La recesión económica se ha ido superando, pero la tasa de jóvenes en paro sigue siendo elevada y muchos de los que trabajan tienen que soportar situaciones de precariedad.

El Banco de España confirma que los jóvenes son los más perjudicados por la Gran Recesión. Ningún otro grupo de edad ha sufrido un desplome mayor en rentas y patrimonios en la última década. El 25% de los jóvenes entre 30 y 40 años vive aún con los padres y el porcentaje llega hasta el 50% en el tramo de 15 a 29 años.

Los colectivos de más edad, que han podido aguantar mejor la crisis, se han visto en la necesidad de ayudar a los jóvenes. Son muchos los jubilados que están colaborado en mantener a sus hijos y nietos con sus pensiones.

Ante los retos a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas es frecuente que se cuestione el Estado de Bienestar. El envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad y las transformaciones económicas de las últimas décadas, entre otros factores, evidencian la necesidad de plantear una revisión del modelo social en vigor.

La adaptación a la nueva realidad debería llevar a aumentar el gasto en políticas familiares, infancia y dependencia. Las políticas de apoyo a las guarderías son inversiones en capital humano, en tanto que los apoyos a las familias y a las situaciones de dependencia permiten a las mujeres afrontar los retos profesionales sin cargas añadidas. Aumentaría así la participación de las mujeres en el mercado laboral, se generarían empleos de más calidad y el Estado tendría más recursos para hacer frente a las políticas sociales, entre ellas a las pensiones.

A falta de que se generen recursos suficientes para llevar a cabo tales políticas, los desequilibrios se tendrán que corregir con incremento de impuestos o menores gastos sociales. Hay que tener en cuenta que, debido al envejecimiento de la población, el colectivo en edad de trabajar se va reduciendo.

En el siguiente cuadro del Instituto Nacional de Estadística español tenemos las tasas de riesgo de pobreza (ingresos inferiores a la mediana del conjunto de rentas disponibles) , en %, en los últimos 5 años:




Observamos la elevada tasa de riesgo de pobreza del colectivo de 16 a 29 años, que se mantiene en torno al 28%, muy por encima del promedio general (21%); una cierta mejora del grupo de 30 a 44 años en los últimos períodos y un incremento de la tasa relativa de pobreza en los mayores de 65 años.

La contabilidad generacional mide la carga impositiva en la vida laboral de las personas y los beneficios sociales que recaen tras jubilarse en cada generación a lo largo de su ciclo de vida. El desequilibrio generacional será consecuencia del reparto de cargas entre la generación actual y las futuras

Las dificultades de los jóvenes, con escasas oportunidades de empleo estable, amenazan la sostenibilidad del sistema social, con riesgo de que se traslade a las siguientes generaciones el coste de la inacción política actual, propiciando situaciones de inequidad intergeneracional.

MERCADO DE EMISIONES DE CARBONO

La cumbre del clima COP25, que acaba de celebrase en Madrid, ha servido al menos para actualizar desde el mundo científico la información disponible sobre la crisis climática que atraviesa el planeta.

Las noticias no son buenas, porque este año alcanzaremos cotas máximas de emisiones de CO2, que es la causa principal del aumento de temperatura. Y la mayor fuente emisora son los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que acumulan el 75% de todo el CO2 emitido.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas que está presente de forma natural en nuestro entorno. Resulta necesario para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis. El problema surge con las emisiones desproporcionadas de la industria, el transporte y el estilo de vida actual, que han convertido a este gas en uno de los principales causantes del efecto invernadero, junto al vapor de agua, el metano, el ozono y otros. Todos ellos contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.

2019 es el segundo o tercer año más cálido desde 1850, cuando se iniciaron los mediciones fiables. Según el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la temperatura media del planeta estará este año 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales.

En el siguiente gráfico tenemos la desviación de la temperatura global (grados centígrados) respecto a la media del período 1961 a 1990 y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (partes de millón)

La figura muestra las tendencias ascendentes tanto de la temperatura global (línea azul) como de la concentración de CO2 en la atmósfera (en rojo)

Uno de los instrumentos que utiliza el análisis económico para mejorar las políticas públicas son los derechos de emisión de CO2, la negociación sobre los mercados de carbono, un asunto con importantes implicaciones económicas para las empresas y los Estados.

Se trata de los permisos que distribuyen los organismos públicos para que se puedan emitir determinadas cantidades de gases. Estas licencias se pueden comprar y vender entre las empresas contaminadores, con lo que se crea un mercado de derechos a emitir CO2.

Las empresas con diferentes costes de reducción de las emisiones pueden hacer entre ellas transacciones de permisos que resultan beneficiosas tanto para compradoras como vendedoras. Las instalaciones que mantengan sus emisiones por debajo de los derechos asignados pueden vender sus excedentes, al precio determinado por la oferta y la demanda de cada momento, a las empresas que estén necesitadas.

Por medio de este mecanismo, las empresas tienden a utilizar tecnologías y fuentes de alimentación más sostenibles medioambientalmente para evitar sanciones por sobrepasar los límites permitidos. Surge así un mercado de compra-venta de permisos para emitir más CO2 del autorizado, a cambio de una retribución económica a la empresa que ha hecho los deberes. Hay que demostrar anualmente que se tienen permisos para los gases resultantes de sus producciones y el incumplimiento es sancionado.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea constituye un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático y su herramienta principal para reducir de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero. Constituye el principal mercado de carbono del mundo. Representa más de tres cuartas partes del comercio internacional de carbono.

La cantidad total de gases de efecto invernadero está sujeta a un límite máximo, que se reduce a lo largo del tiempo, de tal forma que las emisiones totales disminuyen. La Comisión Europea reparte una cantidad determinada de toneladas de permisos de emisión de CO2 entre los países miembros y estos los subastan entre las empresa de sectores tales como la aviación y las centrales térmicas, siderurgias, refinerías, cementeras y papeleras.

Al cierre de la cumbre COP25, las diferencias entre los países en la negociación sobre los mercados de carbono han sido tan grandes que, de nuevo, no se ha podido llegar a un pacto en Madrid. Y la presidencia ha admitido que los textos presentados no tenían el "suficiente consenso" para la aprobación, por lo que ha propuesto que se cierre en la próxima cumbre de Glasgow.

Las organizaciones ecologistas advierten de las limitaciones del mecanismo de los permisos de emisión de gases. Apuntan que pensar que el comercio de carbono va a conseguir resolver la crisis climática es una falsa esperanza. Greenpeace reclama acciones más decididas para recortar las emisiones de los gases de efecto invernadero.

TRANSFERENCIAS SOCIALES

Las transferencias comprenden tanto los pagos como los bienes y servicios proporcionados en especie a los hogares por las Administraciones Públicas, financiados por impuestos, cotizaciones sociales y otros ingresos públicos.

Los Estados vienen ocupándose de actividades sociales que se engloban dentro del Estado de Bienestar. Ofrecen servicios de educación y atención sanitaria gratuita, viviendas a bajo coste, pensiones de jubilación, rentas de garantía de ingresos y subsidios por desempleo, así como otros programas sociales.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se fueron generando instituciones y estructuras públicas para garantizar el funcionamiento de la economía y prestar una mayor atención a las poblaciones, con servicios públicos, como pensiones, educación y salud, que debían financiarse con impuestos.

Los conflictos sociales de los años 60 impulsaron el incremento de la inflación y, al final de la década de los 70, la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se extendió por muchos países, cuestionó el Estado de Bienestar, aduciendo que era muy costoso para ser atendido por el sector público.

El argumento de los economistas liberales se apoya en que la provisión pública es indeseable, con lo que tratan de limitar cualquier gasto social al mínimo posible. Pero resulta evidente que son los países más desarrollados los que en mayor medida han ido desarrollando el Estado del Bienestar. Este tipo de gastos no frenan el crecimiento económico y la creación de empleo, porque se incrementa la demanda de bienes y servicios.

Las transferencias sociales forman parte de la redistribución de la renta. A través del proceso redistributivo, el Estado, financiado por los impuestos, modifica en función de criterios equitativos el reparto realizado anteriormente por el mercado,

En el siguiente gráfico tenemos el impacto de las transferencias sociales, en %, para el año 2017, en diversos países europeos:


Observamos que el efecto de las transferencias sociales en reducir la pobreza es inferior en España (23%) al promedio que logran los países de la Eurozona (32%), lo cual pone en evidencia una menor eficiencia del sistema redistributivo.

Destacan los países nórdicos, con tasas altas de reducción de pobreza, en algunos casos con un efecto corrector a la distribución primaria del mercado por encima del 50%, en tanto que los países periféricos (España, Portugal, Italia y Grecia) consiguen recortar la desigualdad muchos menos.

Ante esta situación, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a las autoridades españolas que diseñen mejor el gasto social y lo concentren en las rentas bajas.

La OCDE llama la atención sobre la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a las familias monoparentales, y por el alto riesgo de fracaso escolar, dado el elevado porcentaje de abandono temprano de las aulas en algunas Comunidades Autónomas de España, quizás por ausencia de un apoyo más individualizado a los estudiantes.

El organismo internacional hace énfasis en que el crecimiento económico debe equilibrar la productividad y la inclusividad. Se trata de utilizar el sistema fiscal y de transferencias sociales de manera eficiente y progresiva.

LA CARGA FISCAL

La subida o bajada de impuestos ha estado en el debate político en España en las últimas elecciones generales. Las propuestas más frecuentes han sido reducir impuestos, pero no han faltado planteamientos de subir la carga o presión fiscal (ingresos públicos totales sobre el PIB) y el gasto público.

La fiscalidad tiene influencia en la configuración de una sociedad justa y una economía sólida. Suele contribuir a corregir desigualdades, apoya la movilidad social y reduce las diferencias de renta que genera el mercado. Puede incidir también en las decisiones en materia de empleo y estimular el espíritu emprendedor y la innovación.

Los Gobiernos influyen en la actividad económica mediante los impuestos, el pago de transferencias (subsidios de desempleo, pagos de protección social…) y la compra de bienes y servicios.

La política fiscal puede lograr el incremento de la demanda con una reducción de impuestos o un incremento de gastos públicos, dado que aumentan el consumo al contribuir al crecimiento de la renta o ingreso disponible de las familias, formado por los ingresos menos los impuesto más las transferencias.

La demanda agregada se nutre también de los gastos e inversiones gubernamentales de bienes y servicios, tales como la construcción de escuelas y autopistas. Las inversiones públicas aumentan directamente el gasto total, pero tienen además un efecto indirecto añadido porque desencadenan una reacción acumulativa en el resto de la economía.

Según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la suma de los impuestos y las contribuciones sociales netas de España en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en 2018 en 35,4%, seis puntos porcentuales inferior a la media de la Eurozona, que alcanzó el 41,7%. Las tres grandes economías del euro superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en el 48,4%, Italia en el 42% y Alemania en el 41,5%.

Podemos observar en el siguiente gráfico la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea, junto con los promedios de la Eurozona y de la Unión en su conjunto.



Aunque los datos aportados por Eurostat señalan que la presión fiscal está en España unos 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, algunos estudios empresariales sostienen que, en términos de competitividad (presión fiscal normativa), teniendo en cuenta tanto la mayor proporción de economía informal como la inferior renta por habitante del país, el “esfuerzo fiscal” español supera de hecho al promedio europeo.

La estructura de ingresos fiscales en España indica que el mayor peso en el año 2018 correspondió a las contribuciones sociales, con el 12,4% del PIB, por debajo de la media del 15,4% de la Eurozona.

En segundo lugar se situaron los impuestos a la producción y a las importaciones, que representaron un 11,9%, también inferior a la media de los países del euro. En este apartado, el IVA supuso el 6,6% del PIB, frente al 6,9% de la media en los países de la moneda única.

Los ingresos del tercer conjunto, compuesto por el impuestos sobre la renta (IRPF) y el patrimonio, alcanzaron el 10,6% del PIB, por debajo de la media (13%) de la Eurozona.

Se puede decir que la presión fiscal tiende a ser el resultado de la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas y de la calidad de las instituciones. El incremento del nivel de la carga fiscal supondrá una mejora para el país cuando la evaluación de los resultados muestre un aumento de la eficiencia tanto de los impuestos como de las políticas publicas. Es necesario gastar mejor para que la sociedad acepte impuestos más elevados.





















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EL TRABAJO DE LOS CUIDADOS

Aunque los términos “trabajo” y “empleo” se utilizan muchas veces como sinónimos, lo cierto es que el trabajo hace referencia a una dimensión de la actividad humana mucho más amplia que el empleo.

Así lo considera la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye en el concepto de trabajo a todas las actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios, o atienden las necesidades de una comunidad aportando los medios de sustento para las personas. En cambio, el empleo queda reducido al trabajo efectuado a cambio de retribución, sin importar la relación de dependencia (asalariado o autoempleado).

Por tanto, el trabajo va más allá que el empleo, incluyendo tareas que hacen posible el desarrollo como seres humanos, imprescindibles para la vida, pero no reconocidas económicamente, que se conocen como “cuidados”, tales como limpiar, hacer las compras, cocinar y cuidar niños o adultos dependientes.

Los cuidados tienen naturaleza económica porque utilizan recursos escasos, materiales e inmateriales, además de energía y tiempo, que dan lugar a costes directos e indirectos, para realizar trabajos que atienden necesidades humanas.

La economía de los cuidados pone en cuestión la visión dominante del “hombre económico”, origen de las desigualdades de género. Contradice también a la idea de que la conducta humana busca inexorablemente maximizar los ingresos en forma de beneficios, rentas o salarios.

El trabajo de cuidados no remunerado viene a ser un obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado laboral, dado que las tareas domésticas y de cuidados recaen en mucha mayor medida sobre las espaldas de las mujeres que de los hombres.

Como las empresas están interesadas en personas que lleguen a sus puestos de trabajo libres de responsabilidades que interfieran con la actividad laboral, han aceptado los roles de género vigentes en la sociedad, que asignan a los hombres el trabajo productivo, con valoración social y económica, y a las mujeres el trabajo reproductivo, las tareas domésticas y los cuidados.

A estas tareas de trabajo invisible, la Encuesta de Población Activa (EPA) las engloba como “labores del hogar”, dentro de la categoría de inactivos, que no genera derechos ni exige contraprestación monetaria. Las personas dedicadas a cuidar sus propios hogares en España superaban en 2018 los 2,5 millones, el 87% mujeres.

El 81% de los hombres inactivos con edades de 16 a 64 años están estudiando a son pensionistas, en tanto que las mujeres, casi la mitad de las inactivas (47,5%) en el tramo de edad de 16 a 64 años se dedica a las labores del hogar (que incluyen cuidados de personas), a pesar de que su número ha descendido en más de un millón y medio en los últimos quince años.

Las ocupaciones laborales retribuidas que tienen que ver con los cuidados están también feminizadas. La retribución salarial puede situarse en torno al 30% por debajo de la media del conjunto de las ocupaciones. Entre las empleadas de hogar tienen destacada presencia las mujeres inmigrantes, que abandonan su hogar para mantener el de otra familia, en otro país, constituyendo las “cadenas globales de cuidados”. En España suponen el 40% de las afiliaciones al Sistema Especial de Empleadas de Hogar.

La presencia de inmigrantes es consecuencia del vacío que se ha producido en los cuidados al entrar en crisis el modelo imperante, debido tanto al envejecimiento de la población, que implica una mayor demanda de asistencia en la vida diaria, como al incremento de mujeres en actividades fuera del ámbito familiar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de dependencia, (cociente entre la población menor de 16 años, más la mayor de 64, entre la de 16 a 64 años) actualmente es del 54,2% y subirá a más del 62% en 2033, una evolución que incrementará la necesidad de cuidados.

Otorgar valor al trabajo de los cuidados pasa por un mejor reparto de tareas entre hombres y mujeres y la dotación por parte de la Administración Pública de infraestructuras y recursos. Sólo así las mujeres podrán incorporarse sin sobrecargas al mundo laboral en condiciones de igualdad.

INDICADORES PARA CAPTAR EL BIENESTAR

En la última década han ido aumentando las voces que reclaman repensar seriamente las políticas económicas, a fin de evitar que se orienten sólo por los habituales indicadores del crecimiento, en especial por el tradicional Producto Interior Bruto (PIB).

Se pide poner el foco en captar la evolución del bienestar de los ciudadanos, sin suponer que el crecimiento económico conduce inexorablemente a la mejora del buen vivir colectivo. El objetivo sería tratar de afinar en la contabilización de la producción y la riqueza para que muestren con veracidad la vida real de los ciudadanos.

Hace diez años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con gran influencia en las políticas públicas de sus países miembros, solicitó a un grupo de prestigiosos economistas un informe bajo el título de “Más allá del PIB”. El documento ha promovido diversos encuentros y conferencias en los últimos años para avanzar en este enfoque.

El PIB es una “convención” que nació con la Gran Depresión de los años 30 y la economía de la Segunda Guerra Mundial, de tal modo que asoció el valor y el precio, excluyendo todas las actividades que no tienen precio.

Entre las limitaciones del PIB se encuentran la no inclusión de las actividades productivas de las familias, como el trabajo doméstico y el cuidado de niños y adultos dependientes. Por ello, a medida que crece el PIB, parte del crecimiento es un cambio de la producción familiar a la producción de mercado, con lo cual se sobrestima la mejora del bienestar.

Otras limitaciones son que deja a un lado la economía informal, que se oculta para evadir impuesto y regulaciones; se olvida del tiempo libre, que puede considerarse un bien económico en cuanto que hace una aportación al bienestar, y no resta el coste de la contaminación, que influye en la calidad del medio ambiente.

La reciente Gran Recesión ha puesto de manifiesto las dificultades del PIB para recoger la situación de la gente corriente. En la mayoría de los países europeos, el aumento del PIB no ha acarreado la mejora de los colectivos más desfavorecidos, lo cual ha incrementado la desconfianza en los dirigentes políticos.

Los expertos de la OCDE recalcan que la medición va unida a la acción, con lo que las malas mediciones llevan a actuaciones desacertadas, y aquello que no se mide queda generalmente ignorado. De ahí la importancia de una mejor información estadística, con desgloses por sexo, edad y nivel de ingreso.

Ante las carencias del PIB, han surgido diversos indicadores alternativos que tratan de recoger mejor la realidad económica de los países y de sus habitantes. El más consolidado es el Indice del Desarrollo Humano (IDH), promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se combina el PIB con la esperanza de vida, la educación y la desigualdad.

Han ido surgiendo otros indicadores, como el Indice de Progreso Real, que es el de referencia para los ecologistas, el Indice de la Felicidad y el Indice de Vida Mejor, este último impulsado por la OCDE. Pero ninguno se ha consolidado como alternativa aceptada en general para el diseño de políticas públicas.

Será interesante que se llegue a consolidar una nueva medida, pero no cabe duda de que más importante que acertar con el indicador adecuado es enfocar el sistema económico hacia el bienestar humano, porque la orientación actual se centra en un mayor crecimiento en producción y consumo, con escasa consideración a los problemas medioambientales y a las necesidades básicas de los ciudadanos.

INVESTIGACIONES PARA COMBATIR LA POBREZA

Entre las diversas manifestaciones de la pobreza se encuentran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso muy limitado a servicios básicos como la educación o la salud. Poner fin a la pobreza en cualquiera de sus formas es el principal reto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas para el año 2030.

La Agenda de la ONU comienza con el reto de erradicar la pobreza (ODS 1) y viene complementada con el avance en la calidad de la educación (ODS 4) y la mejora en la salud y en el bienestar (ODS 3), porque como señalaba Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, “la pobreza es la privación de capacidades”

En esta sintonía, el Premio Nobel 2019 ha recaído sobre las investigaciones realizadas para aliviar la pobreza mundial por los profesores de las universidades norteamericanas de Harvard y MIT, Abhijit Banerjee (indio), Esther Duflo (francesa) y Michael Kremer (estadounidense).

Se destaca del trabajo de los premiados que han introducido un nuevo enfoque para obtener respuestas fiables sobre mejores formas de luchar contra la pobreza mundial. Mediante el trabajo de campo, han tratado de “analizar la pobreza desde la pobreza”, una perspectiva que ayuda a diagnosticar mejor y aplicar con más acierto las medidas que tienen mayor impacto en la vida de los más pobres.

Han experimentado en el área de desarrollo económico, asignando un determinado programa a un grupo aleatorio de personas, mientras que otro grupo de idénticas características quedaba fuera del programa. La comparación de los resultados permite llegar a establecer una relación causal entre introducir un programa específico y el efecto provocado por el mismo.

Una de las laureadas, Esther Duflo, la Nobel mas joven (46 años), experta en economía del desarrollo, considera que no hay una sola medida que pueda acabar con la pobreza. Su mensaje suena contundente:

“La lucha contra la pobreza consiste en combatir, con paciencia y deliberación, los muchos problemas que hacen que la vida de los pobres sea difícil: las malas escuelas, el agua sucia, las enfermedades infecciosas, los caprichos del clima y otros desastres naturales, el saneamiento deficiente, la falta de habilidades, la corrupción a pequeña escala, los baches de una carretera. La lista es interminable”.

El equipo de economistas premiados han estudiado los incentivos, las restricciones y la información relevante para abordar cada tipo de situación de pobreza, construyendo patrones de comportamiento que pueden llegar a generalizarse en todo el mundo.

Explican, por ejemplo, que en la India, hay zonas donde el 90% de los niños se ven afectados por lombrices intestinales que les causan anemia, sensación de debilidad y apatía, un constante malestar que no se considera como grave y, por tanto, no se recurre al médico, pero afecta a la calidad de vida.

Se estableció un programa de desparasitación en 75 colegios y los niños tratados con pastillas, además de mejorar en salud, redujeron el absentismo escolar un 25%. El coste del programa fue de 3,5 dólares por niño, mucho menor que otras medidas, a veces utilizadas, como repartir comida gratis o regalar uniformes. “Lo más efectivo y más barato para que más niños vayan a la escuela es darles una pastilla que les quite los parásitos intestinales”, señala Duflo. La idea convenció al Gobierno de la India y 140 millones de niños fueron tratados en las escuelas.

Los investigadores señalan que muchos programas sociales se diseñan bajo el supuesto de que la gente se va a comportar de manera puramente racional, con el objetivo de conseguir la máxima utilidad, tal como pregona la teoría económica en vigor. Sin embargo, la conducta de las personas es más compleja. La economía del comportamiento amplía los argumentos sobre los motivos de las decisiones en la vida real y ayuda a superar modelos excesivamente simplistas.

Como ejemplo ilustrativo, Duflo señala cómo la falta de uso de fertilizantes por los agricultores de Kenia, que racionalmente resultaba incomprensible por los beneficios que iban a lograr, se superó entrando en los detalles de la situación. Un nuevo diagnóstico afloraba con claridad que no se rechazaba por el coste ni las características del producto. Unicamente había una especie de procrastinación y los agricultores no se animaban a ir hasta el mercado a comprar los fertilizantes. Se optó por la entrega a domicilio y la propuesta logró aumentar el uso del fertilizante un 70%. Fue una solución fácil, barata y eficaz. Pero hacía falta profundizar en la realidad, lo que Ruflo llama “ensuciarse las manos con los detalles”, algo que muchos científicos sociales evitan por irrelevante o tedioso.

No cabe duda de que investigaciones de este tipo, con ensayos controlados, que han sido guiados por el análisis y la economía del comportamiento, ayudan a seleccionar y llevar a cabo las inversiones sociales que merecen la pena afrontar para que tengan impacto en las vidas de las personas atrapadas en la pobreza.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE INCLUSIVO

Entre los objetivos de “Desarrollo Económico Sostenible” del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), el octavo, dedicado al “Trabajo decente y el Crecimiento económico” apunta a estimular la sostenibilidad mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica.

La contabilidad del crecimiento llega a medir la aportación del aumento de capital físico (instalaciones y equipamientos) y del capital o potencial humano (formación y habilidades), pero como el efecto del progreso tecnológico resulta difícil de cuantificar de modo directo, su aportación se determina como residuo, deduciendo a la tasa de crecimiento del PIB los efectos del aumento de los capitales físico y humano.

El siguiente gráfico (Krugman, Wells and Grady) permite observar los efectos del progreso tecnológico:



La curva más baja indica la relación en 1940 entre el capital físico por trabajador (en abscisas) y el PIB real por trabajador (en ordenadas). La curva más alta representa la misma relación entre las dos variables en 2010. Se puede observar que el progreso tecnológico a lo largo de 70 años permitió producir, en paridad de poder adquisitivo (descontada la inflación), mucho más con cada cantidad de capital físico.

Se estimó que la mitad del crecimiento anual de la productividad se debía a una mayor “productividad total de los factores” (PTF), es decir, a la producción conseguida con el mismo volumen de capital físico y humano, un efecto de las economías de escala, cuando la producción crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor productivo, con lo que el progresos tecnológico resulta decisivo para el crecimiento económico

Según cálculos del Banco de España, si la PTF española se hubiese incrementado en las últimas dos décadas al nivel de la eurozona, la renta por trabajador alcanzaría hoy en España casi el 90 % de la media de la Eurozona, frente al 83 % que representa en la actualidad.

No cabe duda de que la inversión en conocimiento, innovación y capital humano, al incrementar la productividad en el uso de los recursos naturales, favorecen la sostenibilidad del crecimiento económico, puesto que utilizan menos recursos físicos por unidad de PIB.

Pero al crecimiento económico se le pide que sea también inclusivo, porque si no es capaz de cohesionar la sociedad, difícilmente mejorará el bienestar general. La economía española continúa su fase expansiva, aunque se ha entrado en una senda de desaceleración.

La Comisión Europea advierte de la alta proporción de ciudadanos españoles a los que no está alcanzando la mejora económica del país y permanecen en riesgo de pobreza o exclusión social (26,1%), lo cual supone que nos encontramos en un nivel elevado de desigualdad, consecuencia sobre todo del alto desempleo (14%), el doble de la media europea. España dedica el 0,5% del PIB a políticas de empleo, la cuarta parte de algunos países de la Eurozona.

Estudios promovidos por organizaciones internacionales señalan que las medidas de redistribución económica impactan de manera más efectiva en la reducción de la pobreza que las destinadas a incrementar, sin más, el crecimiento. Incluso se llega a afirmar que la desigualdad no razonable, fuera de toda lógica, puede perjudicar al propio crecimiento económico.

CONFLICTOS ARANCELARIOS

Pese a las argumentadas opiniones de que los Gobiernos no deberían entorpecer el libre flujo de bienes que surge de la oferta y la demanda en el comercio internacional, muchos países utilizan impuestos y otras restricciones, así como subvenciones, para limitar las importaciones o favorecer las exportaciones.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la institución a la que compete resolver los enfrentamientos comerciales a través de las reglas aceptadas por sus 164 países miembros. Las decisiones se adoptan por consenso entre ellos y después son ratificadas por los Parlamentos estatales.

La decisión de la OMC de permitir a Estados Unidos imponer aranceles a más de 1.500 productos europeos para compensar las ayudas públicas a la Aeronáutica Airbus ha abierto la puerta a una guerra comercial que va a afectar también a las exportaciones españolas de productos, como vino, queso, aceite de oliva, productos porcinos y licores.

Las guerras comerciales entre países son habituales en la historia económica. En esta ocasión, Trump ha reivindicado que EE.UU está siendo tratado injustamente en sus relaciones comerciales, en un proceso que comenzó hace 15 años, con la disputa entre las aeronáuticas Boing y Airbus, que es considerado como el contencioso más largo de la historia de la OMC y el que ha generado las mayores medidas compensatorias.

El Presidente norteamericano comenzó en enero de 2018 a imponer una serie de aranceles sobre diversos productos, como el acero y el aluminio, los paneles solares y las lavadoras, que afectaron a mercancías procedentes de la Unión Europea (UE), China, Canadá y México. Como sucede en todas las guerras comerciales, algunos países afectados anuncian que tomarán represalias.

Parece que el objetivo prioritario de Trump es reducir el enorme déficit comercial de EE.UU con China, que alcanzó el año pasado un incremento del 8%. Los chinos negocian con los norteamericanos, pero siguen poniendo aranceles a sus importaciones de productos agrícolas, que socavan la base de la masa de votantes del presidente norteamericano.

En esta batalla arancelaria, en lugar de aplicar sanciones, la Comisión Europea se muestra partidaria de promover acuerdos entre los países para cerrar el contencioso de las ayudas y propone la fijación de un nuevo sistema internacional de subsidios en el sector aeronáutico, teniendo muy en cuenta el desafío que supone la entrada en el mercado de “competidores fuertemente subvencionados”, en referencia a China, con lo que el duopolio entre Aibus y Boing puede tener los días contados.

El siguiente gráfico (Krugman), con datos de la Comisión de Comercio Internacional norteamericano, ofrece una perspectiva de la evolución de los aranceles.

Se puede observar el descenso del arancel medio a las importaciones en EE.UU, del 3,5% en 1993 al 1,5% en 2011, así como de su efecto sobre el PIB, con ganancias de los productores nacionales y de los Gobiernos y pérdidas de los consumidores.

Se viene observando que las fricciones comerciales y el avance de las tecnologías, junto con el incremento de los salarios en China, están afectando también al planteamiento de las estrategias de deslocalización. Una encuesta de la Cámara de Comercio de EE.UU en China señala que el 41% de las empresas estadounidenses implantadas en China están considerando mover su producción: un 25% llevaría la fabricación a otros países del sureste asiático; el 10% elegiría México y un 6% volvería a EE.UU.

En cualquier caso, con la visión aislacionista de Trump y su afán de saltarse la normas, la peor amenaza actual para la estabilidad del comercio mundial es que se rompa el equilibrio comercial logrado en las últimas décadas.

EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El término productividad del trabajo o, sin más, productividad hace referencia a la producción por trabajador o a la producción por hora trabajada, que posibilita el crecimiento económico sostenido.

La producción de los trabajadores ha ido aumentando debido a la utilización de más capital físico (maquinaria y equipamientos), al incremento de capital humano (formación y habilidades) y al mayor nivel de progreso tecnológico (acumulación de avances técnicos).

A partir de los años 60, la contabilidad del crecimiento muestra la importancia del progreso tecnológico o productividad total de los factores (PTF) en el crecimiento de la producción agregada de los países, que resulta en muchos casos superior al efecto conjunto de la acumulación de capital y de trabajo.

Según el Informe Anual 2018 del Banco de España, la PTF ha crecido un 0,4% promedio anual en España entre 2013 y 2018, frente a un 0,6% en la Eurozona (UEM), lo cual significa que se ha seguido ampliando, aunque a menor ritmo, el diferencial desfavorable respecto al promedio de los demás países europeos.

Podemos observar que en el conjunto de la UEM (Union Económica y Monetaria) la productividad acumulada en el conjunto del período llega al 13% (línea azul) , en tanto que en España no supera el 6% (linea roja).

El informe atribuye el modesto incremento en España a uno de los componentes de la PTF: la calidad en la asignación de los recursos. Mientras que en el período anterior a la Gran Recesión la asignación de recursos, inversiones fundamentalmente, estuvo orientada hacia proyectos con productividad reducida, en los años recientes una mayor proporción fue utilizada por empresas con mejor nivel de productividad.

Desde 2013, la inversión en equipo y en activos intangibles ha aumentado proporcionalmente respecto a la inversión total y se ha reducido la participación de los activos inmobiliarios. Hay que contar también con el efecto de la reasignación positiva de factores, que ha supuesto el cierre de empresas con muy bajos niveles de productividad en el período de crisis.

En el siguiente gráfico tenemos la productividad media aparente del trabajo en empresas españolas y la media del conjunto de Francia, Alemania e Italia (promedio=1) en 2016

Podemos observar que la productividad media en España se sitúa en el 60% en las microempresas y entre el 78% y 87% en empresas medianas y grandes respecto de las entidades europeas

Los analistas señalan que existe en España cierto déficit de capital humano y tecnológico. Se reconoce la mejora educativa de la población en las últimas décadas, aunque persiste el reto del elevado abandono escolar (18,3% entre 18 y 24 años). La inversión en I+D continua siendo reducida, tanto el componente público (0,8%) como el privado (1,4%), ambos sobre el PIB, por lo que la brecha tecnológica respecto a los países europeos es amplia.

La situación del mercado laboral, con marcada dualidad de contratos indefinidos y temporales, limita el crecimiento de la productividad, debido al efecto negativo de la elevada temporalidad, al desincentivar la inversión en la formación de los trabajadores.

CONDICIONES ECONÓMICAS DE VIDA

Diversas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidad, la OCDE y la Comisión Europea, que analizan el progreso de las sociedades y el bienestar de las personas, han estimado la conveniencia de ampliar los indicadores de desarrollo económico que vienen utilizándose, superando el tan socorrido PIB por habitante.

Se ha optado por una perspectiva multifuncional de la calidad de vida, que incluye un conjunto de indicadores agrupados en dimensiones: Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Ocio y relaciones sociales, Seguridad física y personal, Gobernanza y derechos básicos, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Estos indicadores se desagregan según ciertas características, como sexo, edad, nivel de renta, ámbito geográfico y otros aspectos.

El siguiente gráfico nos muestra la evolución de 7 de los indicadores, así como el global, en el último decenio en España



El indicador global de calidad de vida en el decenio muestra un incremento de 1,38%. Las mejoras más importantes se han obtenido en las dimensiones “Educación” (+4,49%) y “Salud” (+4,71%), en tanto que “Trabajo”(-2,81%) y “Condiciones materiales de vida”(-0,35%) han sufrido empeoramientos respecto de 2008.

Centrándonos en la dimensión ”Condiciones materiales de vida”, el indicador económico proviene de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que se realiza con criterios armonizados desde 2004 en todos los países de la Unión Europea.

La Encuesta proporciona información sobre la renta disponible final neta anual del hogar, formada por los ingresos totales percibidos por la familia durante el año, una vez deducidos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio y la cotización a la Seguridad Social e incluidas las transferencias recibidas.

La renta que se refleja en la encuesta corresponden a los ingresos recibido en el año anterior, que se componen fundamentalmente de retribuciones al trabajo por cuenta ajena, beneficios o pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales y rentas del capital y de la propiedad.

Con el fin de poder comparar familias de distinto número de componentes se utiliza el concepto de “renta equivalente del hogar”, que estandariza las familias en función del número de “unidades de consumo equivalente” Se tiene así en cuenta la economía de escala que se da al compartir los ingresos.

Según las reglas de la OCDE, una persona viviendo sola constituye una unidad de consumo y se le asigna el peso de 1, dado que ha de afrontar todos los gastos del hogar; a los demás adultos, un peso de 0,5, y a los menores de 14 años, 0,3 de peso.

La renta equivalente del hogar se calcula dividiendo la renta disponible total entre el número de unidades de consumo equivalente que lo componen, asignándola por igual a todos los miembros que forman parte del hogar. Se obtiene así el indicador de los ingresos equivalentes disponibles de las personas en un hogar estandarizado.

Por ejemplo, un hogar que ingresa al año 36.000 euros, habitado por una sola persona, constituye una unidad de consumo; si viven dos adultos, asciende a 1,5 unidades, con lo que la renta por unidad de consumo equivalente desciende a 24.000 euros; con dos adultos y un menor de edad, las unidades de consumo llegan a 1,8 y la renta equivalente cae a 20.000; con un menor más las unidades suman 2,1 y la renta equivalente queda en 17.143 euros.

El Instituto Nacional de Estadística, que adoptó en 2013 una nueva metodología para el cálculo de los ingresos del hogar, combinando la información de las encuestas con los ficheros de las administraciones tributarias, publica cada año la información sobre los ingresos medios anuales (renta media) y los ingresos medianos anuales (renta mediana) de los hogares estandarizados, tanto por persona como por unidad de consumo.

Para la encuesta de 2018, el INE establece una renta media por persona, dividiendo los ingresos totales del hogar entre el numero de miembros, en 11.412 euros anuales, (con alquiler imputado, 13.223), en tanto que la renta media por unidad de consumo, al dividir los ingresos entre el número total de unidades de consumo, asciende a 16.937 euros (con alquiler imputado, 19.479)

El método de las unidades de consumo que estandariza los hogares permite fijar los ingresos equivalentes por familia, con lo cual posibilita conocer mejor que la renta por habitante el nivel de vida material comparativa de las familias.

TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA VERDE

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera como Economía Verde a la que conjuga el bienestar humano y la igualdad social, al tiempo que reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Refleja el cambio de paradigma hacia un enfoque holístico, integrador, propugnando que empresas e inversores apuesten por un desarrollo sostenible a largo plazo.

Hay un amplio consenso entre los científicos en cuanto a que los niveles crecientes de dióxido de carbono (CO2), consecuencia sobre todo de quemar carbón y petróleo, están causando un efecto invernadero en la Tierra, al retener la mayor parte de la energía del Sol y elevar la temperatura del planeta, que puede provocar altos costes humanos y económicos.

En el siguiente grafico de la Agencia Estatal de Meteorología se representan con barras de colores las variaciones medias de la temperatura en España de 1901 a 2018

Cada línea indica la temperatura media de un año. Las líneas azules son los años en los que la temperatura media fue menor que la media del período 1901-2018. Las rojas representan los años en los que la media fue mayor. A mayor intensidad del color, más elevada variación respecto a la media. Los colores más intensos señalan una variación de 1,2ºC respecto a la temperatura media

La reducción de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global es posible usando energía de fuentes no fósiles, como la eólica, la solar y la nuclear. La cuestión es que los problemas medioambientales no ofrecen automáticamente incentivos para cambiar los comportamientos. Como la contaminación es una externalidad negativa que las personas y las empresas imponen a otras sin tener que dar a cambio ninguna compensación, se hace necesaria la intervención pública para regular el cambio climático y llegar a consensos políticos sobre el reparto internacional de los costes a través de las reuniones denominadas “cumbres climáticas”

El Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en 2015, ya estableció que los países debían presentar planes de recorte para las emisiones de efecto invernadero, a fin de frenar el aumento de las temperaturas.

El objetivo sigue siendo que el incremento medio de la temperatura del planeta no supere durante este siglo los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, se quede por debajo de 1,5ºC. Pero se estima que los planes presentados llevarán a un aumento de 3ºC, con grave impacto sobre los seres humanos y la naturaleza.

Así, los expertos climáticos de la ONU advierten que el aumento del nivel de mar se ha acelerado y es ya imparable por el deshielo en los extremos norte (Groelandia) y sur (Antártida) del planeta, aumentando el peligro en las zonas costeras bajas, en las que viven 680 millones de personas, (10% de la población mundial), tanto por ciclones como inundaciones,

Como el Acuerdo de París establece que cada 5 años los países deben revisar sus planes para comprobar el avance de las realizaciones, en la reciente cumbre de Nueva York el Secretario General de la ONU ha pedido a los Gobiernos que anuncien o presenten ya sus revisiones.

Apoyándose en la meta más ambiciosa (quedarse por debajo de 1,5ºC), el máximo dirigente de la ONU, Antonio Guterres, reta a los Estados a que asuman cuatro compromisos concretos: a) no construir nuevas centrales de carbón a partir de 2020, b) acabar con los subsidios a los combustibles fósiles que frenan la expansión de las renovables, c) elaborar planes para 2030 que recorten las emisiones un 45% respecto de 2010 y d) que en 2050 se logre la neutralidad del carbono, igualando el expulsado a la atmósfera con el capturado.

Movimientos como “Fridays for the Future”, movilizando a jóvenes en Europa, y “Green New Deal”, con debates de los candidatos demócratas en EE.UU. suponen avances hacia la sensibilización ante el cambio climático. Pero los expertos señalan que serán necesarios planes y regulaciones para promover una transición decidida hacia las energías renovables, lo cual supone que los Estados tendrán que adoptar un papel más activo en la economía.

EL DECLIVE DE LA CLASE MEDIA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los 36 países más desarrollados, ha presentado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe para advertir que el nivel de vida de la clase media se estanca o está en declive, lo cual supone que va reduciéndose el grupo social que sirvió de cohesionador durante la segunda mitad del siglo XX.

La clase media suele describirse como aquella parte de la sociedad que posee relativa estabilidad financiera y calidad de vida. Se señalan como rasgos característicos de este grupo social: cierto nivel educativo, disfrute de ocio, buena atención sanitaria o una jubilación decente.

Aunque la imagen popular viene a asociarlo a “vivir de forma bastante confortable”, un estudio reciente de CaixaBank Research señala que el 20,3% de los miembros de la clase media española admiten dificultades para llegar a fin de mes, lo cual evidencia que en este grupo existen compartimentos estancos: clase media-baja y clase media-alta.

De una manera más precisa, la OCDE define la clase media como el conjunto de personas cuyos ingresos están entre el 75% y el 200% de la renta mediana, que es el valor central (no el promedio) del conjunto de las rentas una vez ordenadas.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la renta mediana en 2017 (último dato disponible) era de 14.203 euros anuales, con lo cual una persona que vivía sola era clase media con una renta después de impuestos y transferencias sociales entre 10.652 y 28.406 euros anuales.

En el siguiente gráfico tenemos la distribución de los colectivos de rentas en el conjunto de la OCDE y en España


Observamos que en el conjunto de la OCDE (azul) el 61% de la población pertenece a la clase media, un 29% (18+11) se sitúan entre las rentas bajas y el 9% integran el nivel de renta alta. En los últimos 30 años, la proporción de la clase media dentro de la población en la OCDE ha descendido 3 puntos porcentuales.

Para el caso de España (rojo), el estudio sitúa el 55% de la población en la clase media, un 33% entre las renta bajas y el 12% como rentas altas, con lo cual la clase media representa 6 puntos porcentuales menos que el promedio del colectivo de países. En las tres últimas décadas, la proporción de la clase media ha caído en España 3,7 punto porcentuales, de los cuales 3,6 han pasado al grupo social bajo y 0,1 al más alto.

El siguiente gráfico permite conocer la evolución de la clase media a través de las generaciones:



Tanto en el conjunto de la OCDE como en España va descendiendo la clase media con las nuevas generaciones. En el caso de España (rojo), entre los “Baby boomers” (nacidos entre 1941 y 1964) alcanzaban a los 20 años la clase media un 60%, entre la “Generacion X” (1965-1982) bajan al 58% y entre los “Millennials”(1983-2002) caen al 50%. Se extiende así el pensamiento de que las generaciones venideras vivirán peor que sus padres.

Esta evolución supone que la clase media ha envejecido a un ritmo mayor que el conjunto de la población. En España, entre 1985 y 2015, el porcentaje de jóvenes que forman parte de la clase media se ha reducido 10,4 puntos porcentuales y entre los mayores de 65 años ha aumentado en 5,5 p.p.

Cada nueva generación tiene mayor dificultad para alcanzar la clase media. Puede ser debido a que les resulta más costoso lograr la formación y las habilidades profesionales requeridas, cada vez más exigentes, y también a que se ha incrementado notablemente el coste del acceso a la vivienda, quizás el principal gasto de la clase media.

La dificultad añadida en España es la situación del mercado laboral, con la lamentable dualidad entre trabajadores temporales e indefinidos. Sin duda alguna, la tasa promedio de temporalidad española del 26,8% (14,5% en la UE) dificulta mucho contar con empleos estables para asentar proyectos de vida. En cualquier caso, serán las instituciones y las políticas de cohesión social que se apliquen las que moldearán el modelo económico y social de los próximos años.

INCIDENCIA ECONÓMICA DEL ENVEJECIMIENTO

El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad en los países desarrollados están acelerando el envejecimiento de la poblacion. La mejora en la calidad de vida y los avances de la medicina han provocado el aumento de la esperanza de vida, con lo que se alcanzan edades impensables en épocas anteriores, hasta aumentar de modo significativo el número de personas que superan los 80 años.

En el caso de España, el envejecimiento se ha acelerado por una de las longevidades más altas del mundo (83 años). En menos de tres décadas se ha duplicado el porcentaje  de personas mayores de 65 años. Ha impulsado este proceso la baja tasa de natalidad, que en 1975 era de 3 hijos por mujer en edad fértil y actualmente oscila en torno a 1,2, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). Ha sido la inmigración la que ha venido a mitigar los efectos de esta caída de la natalidad.

El siguiente gráfico de Eurostat muestra la evolución de la edad media de la población en España.




Observamos que en 1950 la edad media era de 27,5 años, actualmente ronda los 45 y superará los 52 en el año 2040. En los 69 años transcurridos desde 1950 ha crecido un 63,6%, lo que supone un aumento medio de 3 meses por año, un ritmo de crecimiento que se va a mantener hasta 2045.

El siguiente gráfico establece la posición de los grupos de edad en España:




El gráfico muestra que en 1950 los mayores de 65 años representaban menos del 10%, actualmente suponen en torno al 18% y superaran el 30% en 2050, un proceso acelerado de envejecimiento.

Para abordar el efecto del envejecimiento de la población en la generación de renta de un país hay que distinguir entre Producto Interior Bruto (PIB) por trabajador y por habitante. Al analizar la productividad debemos fijarnos en el PIB por trabajador, pero la cantidad de producción que se dispone para cada persona, el PIB por habitante, es el indicador del bienestar económico del país.

Podemos establecer la siguiente expresión cuantitativa para obtener el PIB por habitante:

PIB/población = (PIB/ocupados) x (ocupados/activos) x (activos/población)

La expresión indica tres razones por las que el nivel de vida puede crecer en un país: a) el aumento de la productividad, es decir, el PIB por trabajador, b) el incremento de la proporción de ocupados respecto de los activos, lo cual significa el descenso de la tasa de paro, y c) el aumento de la tasa de actividad, que conlleva el descenso de los inactivos (estudiantes, jubilados, dedicados a labores de hogar…)

Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2019, la población ocupada en España era de 19.804.000 y el numero de parados 3.230.600, lo que supone un total de población activa de 23.034.600 personas. Como la población residente en España es alrededor de 47 millones, los inactivos serán 23.965.400 y el PIB a comienzos de 2019 se situaba en 1.208.248 millones de euros

Introduciendo estos datos en la expresión cuantitativa anterior, podemos calcular el PIB por habitante, con desglose de la productividad, la proporción de ocupados sobre activos y la tasa de actividad (todos en millones)

PIB por habitante = 1.208.248 / 47 = 25.707€

         Productividad = 1.208.248 / 19,8 = 61.022 €
         Proporción de ocupados = 19,8 / 23 = 0,86
         Tasa de actividad = 23 / 47 = 0,49

Podemos afirmar que el nivel económico de vida por habitante en 2019 (25.707 €) es consecuencia de la productividad media de los trabajadores (61.022 €), de la proporción que representan respecto de los activos (86%), es decir, un paro del 14%, y de la tasa de actividad sobre toda la población (49%), que supone un colectivo de inactivos del 51%

La productividad indica cuánto más puede hacer una economía con los mismos trabajadores y recursos. Según el INE, en España, en 2018, el crecimiento de la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo fue nulo. Medida por hora efectivamente trabajada, el dato cayó en negativo (-0,25%). Los expertos achacan esta pérdida de productividad al incremento de peso en el empleo total de sectores como la Construcción y las Administaciones Públicas, con menor productividad que la Industria.

El segundo componente citado, la proporción de ocupados respecto de los activos, depende a las políticas activas de empleo, que en España han mostrado escasa eficacia, aunque con la recuperación económica la tasa de paro ha descendido hasta el 14%

Y la tasa de actividad sobre toda la población, tercer componente, está condicionado por la situación demográfica del país. Aunque tanto la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral como las personas inmigrantes pueden ayudar a reducir la brecha de la tasa de reposición, la población ocupada tenderá a descender, reduciendo así la capacidad de generar renta. Por tanto, habrá de ser la productividad la que mejore para contrarrestarla y evitar el empeoramiento en las condiciones de vida de la población.

DESACELERACIÓN ECONÓMICA

Van publicándose diversos indicadores que anticipan un debilitamiento futuro de la actividad económica. Estas noticias están afectando a la formación de expectativas tanto de las empresas como de las familias. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) español de agosto señala una percepción negativa, con 86 puntos sobre 200, cayendo 16,4 puntos con respecto al mismo mes de 2018

La consolidación de los tipos de interés negativos, que se inició tras el comienzo de la Gran Recesión, ha sido una reacción de los bancos centrales a la escasa inflación y a la débil actividad. Está influyendo en la opinión de los inversores, confirmándoles que la época de tipos de interés negativos va a alargarse más de lo esperado.

A los efectos de la guerra comercial y de divisas, así como las desavenencias tecnológicas, la crisis de la industria del automovil y la ralentización de la Eurozona, hay que añadir el posible Brexit sin acuerdo y el deterioro de mercados como el argentino. La crisis se cierne sobre algunos de nuestros socios económicos principales, tales como Alemania, Italia, México, Reino Unido, Rusia y Turquía, que suponen el destino del 30% de las exportaciones españolas.

En el siguiente gráfico (Dpto. de Análisis Bankinter) podemos observar la desaceleración de la tasa del incremento del PIB



Parece que estamos ante una situación cercana a la de Japón, que desde los años 1990 está aplicando sin mucho éxito políticas de expansión monetaria que han permitido un elevado nivel de endeudamiento. En el contexto actual resulta muy difícil implementar medidas que supongan el aumento del gasto público, que traería el incremento del déficit fiscal español, ya en el límite permitido por los criterios de estabilidad europeos. Como ha advertido recientemente el BCE, España no tiene margen ni para subir los gastos ni para bajar impuestos.

La sensación que dan los escritos de muchos economistas es que se duda de las políticas de respuesta ante el nuevo escenario económico que se vislumbra para los próximos años. La crisis de 2008 se intentó atajar al principio con medidas expansivas de gasto público, propias de la política fiscal, que provocaron al aumento de los déficit públicos y condujeron a medidas de austeridad, agravando la situación económica de los países que las aplicaron.

Prevaleció la política monetaria de los bancos centrales europeo y norteamericano, de corte bastante heterodoxo, basada en mantener bajos tipos de interés e inyectar masivas cantidades de dinero a través de ayudas a los bancos y la compra de bonos en los mercados financieros.

Se esperaba que estas inyecciones masivas de dinero lograrían reactivar la demanda agregada y conseguirían incrementar la inflación, a fin de aliviar la situación de las empresas y familias muy endeudadas, pero apenas se ha apreciado el esperado crecimiento de la demanda global ni el anunciado aumento de la inflación.

La política de expansión monetaria sí ha servido para sostener bajo el tipo de interés de la deuda, con lo que algunos países, como España, están pudiendo mantener altos niveles de endeudamiento con un coste de interés soportable. También ha beneficiado a los bancos, pero los bajos tipos de interés están ya afectando a su rentabilidad.

Aunque parece que el margen de la política monetaria es cada vez más escaso, el BCE ha decidido este mes continuar con la política de expansión. Inyectará 20.000 millones de euros mensuales a partir de noviembre y penalizará los depósitos de los bancos (facilidad marginal de depósito) en el banco central en 10 puntos básicos más, hasta el -0,50%, para hacer frente al debilitamiento económico de la Eurozona y la incertidumbre originada por las tensiones comerciales.

Respecto al interés, el BCE dejó inalterado el tipo de referencia del 0% al que presta semanalmente a lo bancos y seguirá prestándoles a un día al 0,25% (facilidad marginal de crédito). La autoridad monetaria esta utilizando todos los instrumentos disponibles para restaurar el crecimiento y la inflación en la Eurozona, pero advierte a los Gobiernos con margen de maniobra que la política fiscal (ingresos y gastos públicos) debe convertirse ahora en el principal instrumento.

EL AHORRO DE LAS FAMILIAS

En la actividad económica de un país intervienen tres tipos de agentes: las economías domésticas (familias), las empresas y el Estado (Administraciones Públicas). Una economía doméstica es una persona o grupo de personas que comparten su renta. Constituye la unidad básica de consumo y es la propietaria de los recursos productivos.

La diferencia entre los ingresos o renta de las familias y el consumo de bienes y servicios constituye el ahorro, que viene a ser una consecuencia de la decisión de cuánto consumir ahora y cuánto consumir en el futuro.

Como en economía el interés es un precio, el 2% de retribución anual al dinero ahorrado, por ejemplo, significa que por cada euro de consumo reducido hoy podremos obtener 1,02, en el futuro, en este caso un año.

Si el tipo de interés disminuye al 1%, el consumo actual será más barato respecto al consumo futuro, puesto que sólo obtendríamos 1,01 euros al cabo de un año. Por tanto, el comportamiento racional sería reducir el ahorro, destinando más parte de la renta al consumo ahora.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del ahorro de las familias españolas, en porcentaje sobre la renta disponible



Además del tipo de interés, el ahorro viene influido por las expectativas económicas porque es una decisión sobre el futuro. La cantidad que se desea reservar, el ahorro de previsión, estará en función de la renta que se espera obtener en ese futuro.

Como observamos en el gráfico, en el año 2009, a comienzos de la Gran Recesión, se duplicó el porcentaje de ahorro respecto al año anterior, pasando del 5,8% al 13,4%, como precaución ante las malas expectativas, y a partir del 2015, con la recuperación económica, mejoran las expectativas y desciende el nivel de ahorro, hasta caer en 2018 al 4,9%, 0,6 pp por debajo del registrado en 2017 y 1 pp inferior a la tasa de ahorro de 2007, cuando se registró el mínimo de la anterior fase expansiva

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2019 la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 5,4%, lo que supone un aumento de 0,6 puntos con respecto al último trimestre de 2018, pero lejos del nivel de ahorro medio de las familias de la Eurozona, que llega al 12,1% de su renta disponible.

En 2017, los españoles gastaron 5.000 millones de euros más que los ingresos y en 2018 la cifra alcanzó lo 15.000 millones, la mitad en consumo, con el apoyo de créditos, y el resto en inversión de vivienda. Según el servicio de estudios de Funcas, desde 2013 la renta disponible ha aumentado en un 10,5%, en tanto que el consumo subió el 16,5%

A pesar de que el PIB alcanzó su nivel anterior a la crisis hace dos años, el consumo de las familias no ha llegado a situarse en las cifras de 2008. Algunos analistas opinan que puede ser la causa de que la familias tengan la sensación de menor bienestar y recurran a intensificar el gasto.

El conjunto de los hogares ha vuelto a una situación de necesidad de financiación. En 2017 registraron un pequeño déficit financiero, pero en 2018, con la caída del ahorro al 4,9% de la renta disponible, el déficit ha alcanzado un 1,2% del PIB

No cabe duda de que el mayor consumo de las familias ha estado contribuyendo a mantener la recuperación económica española. Es uno de los elementos que explican la diferencia en el crecimiento con respecto a los países de la Eurozona.

El problema surgirá en la fase descendente del ciclo económico, que parece a la vuelta de la esquina, cuando la caída del consumo puede ser relevante, dado que las familias tendrán que recurrir a ajustes para afrontar la situación de endeudamiento financiero.

INDUSTRIA Y DIGITALIZACIÓN

Se reconoce a la industria una elevada capacidad para generar mejores empleos, estimular la actividad exportadora y aumentar la productividad. Hay una estrecha relación entre los productos industriales y los servicios asociados, con lo que se facilita la competitividad de la economía.

La información del mundo real, analógica, se está convirtiendo en información digital para que pueda ser usada en los ordenadores, que utilizan el código binario (0 y 1). Esa función la cumplen dispositivos como los modem, las tarjetas de sonido, los escáneres...

La digitalización es capaz de impactar en la economía y provocar transformaciones en la sociedad, aumentando la conectividad global, pero se desconoce en profundidad el efecto de la evolución del amplio sector tecnológico, que abarca software, internet, telecomunicaciones, infraestructuras y demás aspectos impulsados con la digitalización, en la economía real y en la sociedad.

En el proceso transformador de la manufactura, la tercera revolución industrial supuso el empleo de la electrónica y la energía atómica. Comenzó la automatización de los procesos industriales. Se desarrollaron los medios de comunicación y los de transporte.

Y ha llegado la denominada Industria 4.0, considerada la cuarta revolución industrial, caracterizada por la robótica, el Internet de las cosas, la minería de datos, el Big Data, la Inteligencia Artificial y otras tecnologías que aún están en desarrollo.

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo en la industria española en los últimos diez años



La evolución de la afiliación, desde 2,7 millones de trabajadores en 2007 hasta 2,2 millones en 2017, muestra una pérdida en torno al medio millón de empleos (18,4%). La producción del sector representó en 2018 el 14% del PIB español, cuando el promedio en la Unión Europea llega al 17,5%. La recomendación de la Comisión Europea es que la aportación de la industria alcance el 20% del PIB en cada país, un objetivo que va a resultar difícil cumplir.

Una característica del sector industrial es que está expuesta al contexto internacional más que otros sectores, como los servicios. Según Caixa Bank Research, “El aumento en las tensiones comerciales durante mayo y buena parte de junio y las dificultades que atraviesa el sector de la automociónestán, probablemente, detrás del deterioro del índice de manufacturas”.

A largo plazo, en el proceso de avanzada digitalización en la industria hay que tener presente que, como todos los cambios tecnológicos que han traído las revoluciones industriales, la robótica y la inteligencia artificial tendrán de modo directo tres efectos: aumento de la productividad, haciendo que el capital y el trabajo sean más eficientes; desplazamiento de trabajadores de sus puestos actuales, dado que desaparecerán empleos, y apertura de oportunidades para que afloren nuevas ocupaciones.

La eficiencia de los trabajadores, con inversión en educación y formación profesional, y sobre todo la generación de nuevas ideas acompañadas de innovaciones en productos, capaces de dar lugar a nuevos bienes y servicios con valor económico, son las acciones relevantes que pueden facilitar la reinserción laboral de desplazados por la digitalización y sostener el crecimiento económico y el empleo del país.