Las transferencias comprenden tanto los pagos como los bienes y servicios proporcionados en especie a los hogares por las Administraciones Públicas, financiados por impuestos, cotizaciones sociales y otros ingresos públicos.
Los Estados vienen ocupándose de actividades sociales que se engloban dentro del Estado de Bienestar. Ofrecen servicios de educación y atención sanitaria gratuita, viviendas a bajo coste, pensiones de jubilación, rentas de garantía de ingresos y subsidios por desempleo, así como otros programas sociales.
Al final de la Segunda Guerra Mundial se fueron generando instituciones y estructuras públicas para garantizar el funcionamiento de la economía y prestar una mayor atención a las poblaciones, con servicios públicos, como pensiones, educación y salud, que debían financiarse con impuestos.
Los conflictos sociales de los años 60 impulsaron el incremento de la inflación y, al final de la década de los 70, la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se extendió por muchos países, cuestionó el Estado de Bienestar, aduciendo que era muy costoso para ser atendido por el sector público.
Las transferencias sociales forman parte de la redistribución de la renta. A través del proceso redistributivo, el Estado, financiado por los impuestos, modifica en función de criterios equitativos el reparto realizado anteriormente por el mercado,
En el siguiente gráfico tenemos el impacto de las transferencias sociales, en %, para el año 2017, en diversos países europeos:
Observamos que el efecto de las transferencias sociales en reducir la pobreza es inferior en España (23%) al promedio que logran los países de la Eurozona (32%), lo cual pone en evidencia una menor eficiencia del sistema redistributivo.
Destacan los países nórdicos, con tasas altas de reducción de pobreza, en algunos casos con un efecto corrector a la distribución primaria del mercado por encima del 50%, en tanto que los países periféricos (España, Portugal, Italia y Grecia) consiguen recortar la desigualdad muchos menos.
Ante esta situación, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a las autoridades españolas que diseñen mejor el gasto social y lo concentren en las rentas bajas.
La OCDE llama la atención sobre la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a las familias monoparentales, y por el alto riesgo de fracaso escolar, dado el elevado porcentaje de abandono temprano de las aulas en algunas Comunidades Autónomas de España, quizás por ausencia de un apoyo más individualizado a los estudiantes.
El organismo internacional hace énfasis en que el crecimiento económico debe equilibrar la productividad y la inclusividad. Se trata de utilizar el sistema fiscal y de transferencias sociales de manera eficiente y progresiva.
Los Estados vienen ocupándose de actividades sociales que se engloban dentro del Estado de Bienestar. Ofrecen servicios de educación y atención sanitaria gratuita, viviendas a bajo coste, pensiones de jubilación, rentas de garantía de ingresos y subsidios por desempleo, así como otros programas sociales.
Al final de la Segunda Guerra Mundial se fueron generando instituciones y estructuras públicas para garantizar el funcionamiento de la economía y prestar una mayor atención a las poblaciones, con servicios públicos, como pensiones, educación y salud, que debían financiarse con impuestos.
Los conflictos sociales de los años 60 impulsaron el incremento de la inflación y, al final de la década de los 70, la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se extendió por muchos países, cuestionó el Estado de Bienestar, aduciendo que era muy costoso para ser atendido por el sector público.
El argumento de los economistas liberales se apoya en que la provisión pública es indeseable, con lo que tratan de limitar cualquier gasto social al mínimo posible. Pero resulta evidente que son los países más desarrollados los que en mayor medida han ido desarrollando el Estado del Bienestar. Este tipo de gastos no frenan el crecimiento económico y la creación de empleo, porque se incrementa la demanda de bienes y servicios.
Las transferencias sociales forman parte de la redistribución de la renta. A través del proceso redistributivo, el Estado, financiado por los impuestos, modifica en función de criterios equitativos el reparto realizado anteriormente por el mercado,
En el siguiente gráfico tenemos el impacto de las transferencias sociales, en %, para el año 2017, en diversos países europeos:
Observamos que el efecto de las transferencias sociales en reducir la pobreza es inferior en España (23%) al promedio que logran los países de la Eurozona (32%), lo cual pone en evidencia una menor eficiencia del sistema redistributivo.
Destacan los países nórdicos, con tasas altas de reducción de pobreza, en algunos casos con un efecto corrector a la distribución primaria del mercado por encima del 50%, en tanto que los países periféricos (España, Portugal, Italia y Grecia) consiguen recortar la desigualdad muchos menos.
Ante esta situación, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a las autoridades españolas que diseñen mejor el gasto social y lo concentren en las rentas bajas.
La OCDE llama la atención sobre la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a las familias monoparentales, y por el alto riesgo de fracaso escolar, dado el elevado porcentaje de abandono temprano de las aulas en algunas Comunidades Autónomas de España, quizás por ausencia de un apoyo más individualizado a los estudiantes.
El organismo internacional hace énfasis en que el crecimiento económico debe equilibrar la productividad y la inclusividad. Se trata de utilizar el sistema fiscal y de transferencias sociales de manera eficiente y progresiva.
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