La subida o bajada de impuestos ha estado en el debate político en España en las últimas elecciones generales. Las propuestas más frecuentes han sido reducir impuestos, pero no han faltado planteamientos de subir la carga o presión fiscal (ingresos públicos totales sobre el PIB) y el gasto público.
La fiscalidad tiene influencia en la configuración de una sociedad justa y una economía sólida. Suele contribuir a corregir desigualdades, apoya la movilidad social y reduce las diferencias de renta que genera el mercado. Puede incidir también en las decisiones en materia de empleo y estimular el espíritu emprendedor y la innovación.
Los Gobiernos influyen en la actividad económica mediante los impuestos, el pago de transferencias (subsidios de desempleo, pagos de protección social…) y la compra de bienes y servicios.
La política fiscal puede lograr el incremento de la demanda con una reducción de impuestos o un incremento de gastos públicos, dado que aumentan el consumo al contribuir al crecimiento de la renta o ingreso disponible de las familias, formado por los ingresos menos los impuesto más las transferencias.
La demanda agregada se nutre también de los gastos e inversiones gubernamentales de bienes y servicios, tales como la construcción de escuelas y autopistas. Las inversiones públicas aumentan directamente el gasto total, pero tienen además un efecto indirecto añadido porque desencadenan una reacción acumulativa en el resto de la economía.
Según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la suma de los impuestos y las contribuciones sociales netas de España en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en 2018 en 35,4%, seis puntos porcentuales inferior a la media de la Eurozona, que alcanzó el 41,7%. Las tres grandes economías del euro superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en el 48,4%, Italia en el 42% y Alemania en el 41,5%.
Podemos observar en el siguiente gráfico la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea, junto con los promedios de la Eurozona y de la Unión en su conjunto.
Aunque los datos aportados por Eurostat señalan que la presión fiscal está en España unos 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, algunos estudios empresariales sostienen que, en términos de competitividad (presión fiscal normativa), teniendo en cuenta tanto la mayor proporción de economía informal como la inferior renta por habitante del país, el “esfuerzo fiscal” español supera de hecho al promedio europeo.
En segundo lugar se situaron los impuestos a la producción y a las importaciones, que representaron un 11,9%, también inferior a la media de los países del euro. En este apartado, el IVA supuso el 6,6% del PIB, frente al 6,9% de la media en los países de la moneda única.
Los ingresos del tercer conjunto, compuesto por el impuestos sobre la renta (IRPF) y el patrimonio, alcanzaron el 10,6% del PIB, por debajo de la media (13%) de la Eurozona.
Se puede decir que la presión fiscal tiende a ser el resultado de la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas y de la calidad de las instituciones. El incremento del nivel de la carga fiscal supondrá una mejora para el país cuando la evaluación de los resultados muestre un aumento de la eficiencia tanto de los impuestos como de las políticas publicas. Es necesario gastar mejor para que la sociedad acepte impuestos más elevados.
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La fiscalidad tiene influencia en la configuración de una sociedad justa y una economía sólida. Suele contribuir a corregir desigualdades, apoya la movilidad social y reduce las diferencias de renta que genera el mercado. Puede incidir también en las decisiones en materia de empleo y estimular el espíritu emprendedor y la innovación.
Los Gobiernos influyen en la actividad económica mediante los impuestos, el pago de transferencias (subsidios de desempleo, pagos de protección social…) y la compra de bienes y servicios.
La política fiscal puede lograr el incremento de la demanda con una reducción de impuestos o un incremento de gastos públicos, dado que aumentan el consumo al contribuir al crecimiento de la renta o ingreso disponible de las familias, formado por los ingresos menos los impuesto más las transferencias.
La demanda agregada se nutre también de los gastos e inversiones gubernamentales de bienes y servicios, tales como la construcción de escuelas y autopistas. Las inversiones públicas aumentan directamente el gasto total, pero tienen además un efecto indirecto añadido porque desencadenan una reacción acumulativa en el resto de la economía.
Según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la suma de los impuestos y las contribuciones sociales netas de España en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se situó en 2018 en 35,4%, seis puntos porcentuales inferior a la media de la Eurozona, que alcanzó el 41,7%. Las tres grandes economías del euro superaban el 40%: Francia situó su presión fiscal en el 48,4%, Italia en el 42% y Alemania en el 41,5%.
Podemos observar en el siguiente gráfico la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea, junto con los promedios de la Eurozona y de la Unión en su conjunto.
Aunque los datos aportados por Eurostat señalan que la presión fiscal está en España unos 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea, algunos estudios empresariales sostienen que, en términos de competitividad (presión fiscal normativa), teniendo en cuenta tanto la mayor proporción de economía informal como la inferior renta por habitante del país, el “esfuerzo fiscal” español supera de hecho al promedio europeo.
La estructura de ingresos fiscales en España indica que el mayor peso en el año 2018 correspondió a las contribuciones sociales, con el 12,4% del PIB, por debajo de la media del 15,4% de la Eurozona.
En segundo lugar se situaron los impuestos a la producción y a las importaciones, que representaron un 11,9%, también inferior a la media de los países del euro. En este apartado, el IVA supuso el 6,6% del PIB, frente al 6,9% de la media en los países de la moneda única.
Los ingresos del tercer conjunto, compuesto por el impuestos sobre la renta (IRPF) y el patrimonio, alcanzaron el 10,6% del PIB, por debajo de la media (13%) de la Eurozona.
Se puede decir que la presión fiscal tiende a ser el resultado de la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas y de la calidad de las instituciones. El incremento del nivel de la carga fiscal supondrá una mejora para el país cuando la evaluación de los resultados muestre un aumento de la eficiencia tanto de los impuestos como de las políticas publicas. Es necesario gastar mejor para que la sociedad acepte impuestos más elevados.
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