martes, 8 de octubre de 2019

TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA VERDE


El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera como Economía Verde a la que conjuga el bienestar humano y la igualdad social, al tiempo que reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Refleja el cambio de paradigma hacia un enfoque holístico, integrador, propugnando que empresas e inversores apuesten por un desarrollo sostenible a largo plazo.

Hay un amplio consenso entre los científicos en cuanto a que los niveles crecientes de dióxido de carbono (CO2), consecuencia sobre todo de quemar carbón y petróleo, están causando un efecto invernadero en la Tierra, al retener la mayor parte de la energía del Sol y elevar la temperatura del planeta, que puede provocar altos costes humanos y económicos.

En el siguiente grafico de la Agencia Estatal de Meteorología se representan con barras de colores las variaciones medias de la temperatura en España de 1901 a 2018


Cada línea indica la temperatura media de un año. Las líneas azules son los años en los que la temperatura media fue menor que la media del período 1901-2018. Las rojas representan los años en los que la media fue mayor. A mayor intensidad del color, más elevada variación respecto a la media. Los colores más intensos señalan una variación de 1,2ºC respecto a la temperatura media

La reducción de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global es posible usando energía de fuentes no fósiles, como la eólica, la solar y la nuclear. La cuestión es que los problemas medioambientales no ofrecen automáticamente incentivos para cambiar los comportamientos. Como la contaminación es una externalidad negativa que las personas y las empresas imponen a otras sin tener que dar a cambio ninguna compensación, se hace necesaria la intervención pública para regular el cambio climático y llegar a consensos políticos sobre el reparto internacional de los costes a través de las reuniones denominadas “cumbres climáticas”

El Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en 2015, ya estableció que los países debían presentar planes de recorte para las emisiones de efecto invernadero, a fin de frenar el aumento de las temperaturas.

El objetivo sigue siendo que el incremento medio de la temperatura del planeta no supere durante este siglo los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, se quede por debajo de 1,5ºC. Pero se estima que los planes presentados llevarán a un aumento de 3ºC, con grave impacto sobre los seres humanos y la naturaleza.

Así, los expertos climáticos de la ONU advierten que el aumento del nivel de mar se ha acelerado y es ya imparable por el deshielo en los extremos norte (Groelandia) y sur (Antártida) del planeta, aumentando el peligro en las zonas costeras bajas, en las que viven 680 millones de personas, (10% de la población mundial), tanto por ciclones como inundaciones,

Como el Acuerdo de París establece que cada 5 años los países deben revisar sus planes para comprobar el avance de las realizaciones, en la reciente cumbre de Nueva York el Secretario General de la ONU ha pedido a los Gobiernos que anuncien o presenten ya sus revisiones.

Apoyándose en la meta más ambiciosa (quedarse por debajo de 1,5ºC), el máximo dirigente de la ONU, Antonio Guterres, reta a los Estados a que asuman cuatro compromisos concretos: a) no construir nuevas centrales de carbón a partir de 2020, b) acabar con los subsidios a los combustibles fósiles que frenan la expansión de las renovables, c) elaborar planes para 2030 que recorten las emisiones un 45% respecto de 2010 y d) que en 2050 se logre la neutralidad del carbono, igualando el expulsado a la atmósfera con el capturado.

Movimientos como “Fridays for the Future”, movilizando a jóvenes en Europa, y “Green New Deal”, con debates de los candidatos demócratas en EE.UU. suponen avances hacia la sensibilización ante el cambio climático. Pero los expertos señalan que serán necesarios planes y regulaciones para promover una transición decidida hacia las energías renovables, lo cual supone que los Estados tendrán que adoptar un papel más activo en la economía.















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