La crisis alimentaria se manifiesta en la dificultad de las personas para el acceso a suficientes alimentos, nutritivos y seguros, para atender las necesidades esenciales que les permitan una vida sana y activa. El drama alimentario impide el desarrollo de las naciones, al obstaculizar la educación y agravar el malestar de las familias, disminuyendo la capacidad del ser humano de ganarse el sustento diario.
El informe último de la “Red Mundial contra las Crisis Alimentaria” señala que, tras la pandemia de Covid-19, han aparecido nueva amenazas. En 2021 había 193 millones de personas de 53 países o territorios que sufrían la crisis alimentaria, 38 millones más que en 2020. La situación era catastrófica en naciones como Etiopía, Madagascar, Yemen, Sudan del Sur y Burkina Faso.
Aunque en otras épocas tendían a identificarse seguridad y soberanía alimentaria, ahora se consideran categorías diferentes. La FAO señala que existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso a alimentos sanos y nutritivos, que llevan a una vida sana y con energía. La condición es disponer de poder adquisitivo para acceder a dietas saludables.
En cambio, la soberanía alimentaria supone la posibilidad de decidir y controlar lo que el consumidor se lleva a la mesa, por encima del poder de los grandes productores agroindustriales y los intereses económicos. El movimiento internacional “Vía Campesina” entiende la soberanía alimentaria como el derecho que tiene cada pueblo para definir su política en materia de alimentos.
Las crisis alimentarias son el resultado de diversos factores que se retroalimentan entre sí. Van desde conflictos hasta catástrofes ambientales y climáticas, desde crisis económicas hasta sanitarias, cuyas causas subyacentes son la pobreza y las desigualdades.
El principal impulso de la inseguridad alimentara proviene de los conflictos. Las guerras dejan al descubierto la fragilidad de los sistemas alimentarios, causando graves problemas para la seguridad alimentaria y nutricional de los colectivos afectados.
Algunos países son especialmente vulnerables a los riesgos de una guerra, sobre todo porque tienen un alto grado de dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas.
Con la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, el hambre crece en muchos países por el rápido encarecimiento de los alimentos básicos, los fertilizantes y la energía, todo lo cual supone una autentica crisis alimentaria. La guerra ha bloqueado el suministro de cereales, provocando operaciones especulativas y de acaparamiento. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ha señalado que la inseguridad alimentaria se ha duplicado hasta alcanzar a 276 millones de personas.
En España, con el 26,4% de la población en riesgo de pobreza, muchas familias sufren dificultades para llevar una dieta saludable, lo cual afecta a su desarrollo personal y profesional. Una mala alimentación influye en la salud física y mental, en particular a cuantas personas llevan mucho tiempo en desempleo y se encuentran en riesgo de exclusión. Este colectivo tiene más riesgo de caer en enfermedades cardiovasculares y sufrir enfermedades de salud mental.
Aunque el problema energético actual es evidente, la crisis en el suministro de alimentos es más acuciante. A lo lago de 2021, los precios del trigo subieron mucho más que los del petróleo, causando serios perjuicios en muchos de los países pobres, en los que una gran parte del gasto familiar se destina a alimentos. Según el Banco Mundial, cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos equivale a 10 millones más de personas en situación de extrema pobreza.
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