El Gobierno español tiene en material fiscal, al menos, dos
compromisos para este año: la reforma fiscal y un nuevo modelo de financiación
autonómica, ambos considerados por muchos como auténticas “cajas de truenos”.
En el caso de la reforma fiscal, según el proyecto presupuestario enviado a la Comisión Europea el año pasado, se trata de acercarnos al nivel tributario de los países europeos. Con este objetivo, el Ministerio de Hacienda ha establecido diversas medidas tributarias. Algunas afectan a la fiscalidad medioambiental y otras a la economía digitalizada. La finalidad es garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.
La capacidad recaudatoria del sistema fiscal español era escasa durante la dictadura franquista y no se pudo aprovechar el crecimiento económico de los años sesenta para introducir reformas fiscales que acercaran los niveles de recaudación a la media europea.
Fue durante los primeros años de la democracia cuando el país pasó de un sistema dependiente de la imposición indirecta a lograr un mayor peso en la imposición directa, con la introducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Teniendo en cuenta los impuestos recaudados como porcentaje de la renta total, a pesar del aumento de la tributación en los años ochenta y noventa, la progresividad del sistema fiscal español fue mejorando, pero no dejó de ser limitada. Los tipos efectivos apenas crecieron con el nivel de renta, debido a la evasión de las rentas más altas
La progresividad aumentó respecto a la transición durante el período 2013-2017, aunque los cambios metodológicos dificultan la comparación. Harán falta nuevos estudios para analizar los efectos distributivos de los sistemas impositivos a largo plazo.
Vemos en el cuadro la evolución de los principales impuestos en
los últimos años. El IRPF entre los impuestos directos, y el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) entre los indirectos, los que más recaudan, crecieron en el
año pasado hasta 92 y 71 miles de millones, respectivamente.
El comité de expertos para la reforma fiscal ha entregado recientemente al Gobierno sus conclusiones para modificar el sistema tributario español. Ha recomendado subir el IVA, imponer un mínimo para los impuestos de sucesiones y patrimonio e incrementar la fiscalidad de los hidrocarburos.
El diagnóstico es que hay necesidad de financiación en los servicios públicos para cubrir el déficit y afrontar otros retos, como el envejecimiento y el cambio tecnológico, por lo que los expertos creen que resulta imprescindible ampliar las bases tributarias, y una de las palancas para subir la recaudación es el IVA.
Es en la fiscalidad verde donde a España, según los expertos, le queda más margen para aumentar su recaudación, especialmente en lo que se refiere directa o indirectamente a los impuestos que gravan la circulación de coches.
El documento de propuestas también está a favor de una de las medidas en las que está trabajando el Gobierno: los peajes. Tanto en vías de gran capacidad como en urbanas, se gravará en las autovías en relación con la distancia recorrida, a través de dispositivos electrónicos.
Los expertos son partidarios de reducir los impuestos a la electricidad y gravar el queroseno, el combustible para la aviación exento hasta ahora, e introducir un impuesto a los billetes de avión para desincentivar el uso de este medio de transporte, cuyas emisiones se han incrementado mucho en los últimos años.
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