EL TAMAÑO EMPRESARIAL

 

Aunque hay un reducido número de grandes compañías en España que compiten con las multinacionales en los mercados de todo el mundo, la microempresa es el modelo societario dominante en el país. 

Esta asimetría hace que la dimensión media sea bastante inferior a la de otros países con nivel de desarrollo similar y explica en parte la mayor vulnerabilidad del tejido empresarial español en momentos de dificultades económicas. 

Desde la crisis financiera de 2008, además de reducirse el peso del sector industrial, ha descendido el número de empresas de construcción y se ha incrementado la participación del sector de servicios. Todo ello ha ocasionado la disminución del tamaño medio de las empresas, con consecuencias tales como la menor capacidad para autofinanciarse, innovar y desenvolverse en los mercados internacionales. 

La reglamentación de la Unión Europea define los tipos de empresa en función de los activos del balance y el número de empleados, tal como vemos en el siguiente esquema: 

El término usado habitualmente como PYME incluye hoy día a tres subcategorías de tipos de empresa por tamaño: microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. 

Esta era la distribución por tamaños en el tejido empresarial español en enero de 2020: 

Podemos comprobar la abrumadora mayoría de microempresas (94,48%) en el sector privado. La pequeña empresa viene a representar el 2,07%; la mediana, el 0,68% , y no llega a 30.000 (0,83%) el número de compañías grandes. El colectivo de Pymes supone el 97,23% del total de empresas en España 

Uno de los argumentos que se utilizan para explicar el tamaño de las empresas es que la economía española está enfocada principalmente a la actividad de servicios. Este sector ocupa a más del 75% del total de trabajadores y abundan en el mismo las empresas muy reducidas. Pero habría también otras razones, tales como la falta de cultura emprendedora, el escaso gasto en I+D+i, la poca tradición de cooperación entre empresas y la excesiva dependencia de la financiación bancaria. 

Se suele considerar que las empresas de menor tamaño pueden aventajar a las grandes en la rapidez para tomar decisiones como respuesta a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes, pero lo cierto es que a mayor tamaño, las empresas pueden acceder a fuentes de financiación en mejores condiciones, ofrecer a su equipo humano recorridos profesionales más atractivos y tener una cartera de productos y servicios más amplia, factores que ayudan a posicionarse en el mercado global en mejores condiciones de viabilidad. 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELEVADO

 Como consecuencia de la pandemia, el declive económico de los países viene condicionado tanto por la gravedad del ataque del virus y el rigor de las medidas de salud pública para contenerlo, como por la composición sectorial de las economías y el nivel de apoyo de la política fiscal a los afectados. 

España será el miembro de la Unión Europea que más esté sufriendo la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, sobre todo tras la segunda ola. 

El el siguiente gráfico tenemos la estimación de los datos del PIB de 2020 y 2021 de los principales países europeos y la media de la Zona Euro: 

Vemos que en 2020 la caída media estimada del PIB en la Zona Euro es del 8%, en tanto que la de España supera el 12%, 4 puntos más de descenso, que provocará un déficit público del 7,7% , según el Gobierno. 

En base a la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la deuda pública sobre el PIB se incrementará en 2020 en 22,8 puntos, situándose en el 118,3% al final del año. Para 2021 se espera una reducción de 2,4 puntos, suponiendo que se ejecuten todos los proyectos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. 

La combinación de aumento del déficit público y reducción del PIB que se da este año será probablemente la mayor de la historia reciente, contribuyendo entre los dos movimientos al incremento notable del ratio de endeudamiento. 

Tras la contención de la crisis sanitaria y la normalización de la actividad económica, con la inercia actual y en ausencia de medidas contractivas o expansivas, se estima que el ratio de deuda sobre el PIB tenderá a estabilizarse en el entorno del 118%, en los próximos años, como puede observarse en el gráfico de la AIReF 

La carga financiera de intereses no resulta preocupante a corto plazo, debido a la intensificación de las compras de activos del Banco Central Europeo. En valores absolutos, el importe de los intereses ha descendido desde 35.442 millones de euros en 2014 hasta los 31.740 millones previsto en los Presupuestos Generales del Estado para este año 

La AIReF estima que la puesta en marcha del plan Next Generation de la Unión Europea (NGEU) puede tener un efecto positivo sobre la actividad económica tanto en el corto plazo como en la productividad y en el crecimiento potencial en el largo plazo, que podría traducirse en una reducción del déficit público y un menor ratio de deuda sobre el PIB en los próximos años. 

Se detectan en el medio y largo plazo dos riesgos para la economía española. El primero se deriva de los daños estructurales que puede producir la pandemia, tanto provocando un persistente deficit público estructural más elevado como obligando a afrontar la materialización por parte del Estado de los pasivos contingentes por los avales otorgados en préstamos. 

El segundo riesgo vendría de la vulnerabilidad frente a las subidas del tipo de interés, poco probables a corto plazo, debido a los elevados niveles de deuda. Si los tipos suben de modo insistente, volvería el riesgo de ser España rescatada, como sucedió en 2012. 

La AIReF recomienda diseñar un plan a medio y largo plazo, a implementarse tras la recuperación, para reconducir el abultado déficit presupuestario actual a los niveles aceptados por los criterios de la consolidación fiscal. Ayudaría a aumentar la credibilidad y reducir la incertidumbre. 

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

Hay que distinguir entre renta y riqueza. Mientras la renta es el flujo de ingresos que se reciben dentro de un período (por ejemplo, sueldo mensual), la riqueza o patrimonio está constituido por los activos financieros (depósitos bancarios, acciones, bonos…) y no financieros (inmuebles, vehículos…) de los que se es propietario en una fecha determinada. Restando a la riqueza así obtenida (riqueza bruta) las deudas y obligaciones (préstamos, pagarés…) pendientes de pago en la misma fecha se obtiene la riqueza neta o patrimonio neto. 

El siguiente mapa nos muestra un panorama de la distribución mundial de la riqueza en 2019, con datos en dólares estadounidenses (USD) 

La riqueza mundial creció en 2019 el 1,2% respecto de 2018, alcanzando una cifra estimada de 360 billones de dólares, lo que supone un patrimonio neto medio por habitante adulto de 70.000 dólares. 

En el grupo de países con elevados niveles de riqueza se encuentran Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y núcleos de Asia, como Hong Kong, Singapur y Taiwan, así como algunos países de Oriente Medio (Israel, Kuwait. Qatar y Emiratos Árabes). 

Según el informe de Global Wealth Report, la desigualdad sigue creciendo en la distribución de los recursos económicos. El 1% de la población más rica del mundo tiene el 45% de la riqueza total y el 10% alcanza hasta el 82%.El estudio señala que, pese a reducirse las diferencias entre los países en los últimos años por la aparición de economías emergentes, dentro de cada país la desigualad ha ido aumentando. 

España acumula una riqueza de 7,7 billones de dólares, que supone el 2,1% del total mundial, con una población que sólo representa el 0,7%. La riqueza media por adulto llega a 207.000 dólares, invertida en su mayor parte en activos reales (165.000), y el resto (42.000) en activos financieros. 

La alta concentración de la riqueza puede observarse a través de la mediana estadística (valor situado en medio de la distribución), que en España es de 95.000 dólares, muy por debajo del promedio citado (207.000) 

En el siguiente gráfico de Oxfam podemos ver cómo avanza la concentración de riqueza en España: 

En las dos últimas décadas, partiendo del 20% de la riqueza acumulada, el grupo del 1% más rico va avanzando en la concentración de patrimonio, hasta alcanzar en 2017 un 25% del total acumulado en el país, y el 10% más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza total (53,8%), es decir, más que el 90% restante. Es de destacar que en 2016 y 2017, años de recuperación económica tras la crisis financiera, el 1% más rico capturó el 40% de la riqueza creada en ese período. 

La concentración de riqueza viene facilitada por ser hereditario el patrimonio, con lo que contribuye a perpetuar las desigualdades a través de las generaciones. De acuerdo con un estudio realizado en 2016, la mitad de las grandes fortunas españolas proviene directa o indirectamente de la herencia. 

Obviamente, cierto nivel de ahorro acumulado hace posible a las familias afrontar gastos imprevistos y situaciones extraordinarias a lo largo de la vida, así como gestionarlo para obtener nuevas rentas en el futuro. No cabe duda de que llegar a disponer de algún patrimonio es importante para la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTDO

 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) establecen la previsión anual de ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Sector Público Estatal, adscritos a los diversos Ministerios. No se incluyen los presupuesto completos de las Comunidades Autónomas ni de los entes locales (Diputaciones y Ayuntamientos) 

En el conjunto de las entidades españolas que forman parte del sector público estatal se encuentran, además de la Administración General, las pertenecientes a la actividad financiera del Estado y de su intervención en la economía, como los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones, entidades gestoras de la Seguridad Social y consorcios. 

Los PGE son elaborados por el Gobierno del Estado y se debaten y aprueban por las Cortes Generales (Congreso de Diputados y Senado) en base a las normas jurídicas establecidas y al calendario previamente fijado. 

El Gobierno español ha presentado el proyecto de Presupuestos para 2021, un documento voluminoso y complejo, del que trataremos de extraer algunos aspectos significativos. 

Con una cifra de gastos reales (no financieros) de 416.496 millones de euros y unos ingresos reales (no financieros) de 320.230 millones, el déficit del Estado se situaría al final de 2021 en el -7,7% del PIB y la deuda pública en el 117,4% del PIB, cuando al final de 2019, antes de comenzar la pandemia, el déficit y la deuda eran de -2,86% y 95,50%, respectivamente. 

Como observamos en el cuadro esquemático del Ministerio de Hacienda, el nuevo gasto presupuestario supone un incremento de 17,5% sobre 2020 en las operaciones no financieras, aquellas que afectan a los agentes económicos. 

En el reparto del gasto por políticas destaca el pago de pensiones (163.297 M. de euros), que lleva incorporado un incremento, por adaptación al IPC, del 0,9 % en las pensiones contributivas, y el 1,8% en las no contributivas. Esta partida presupuestaria supone un 39,2% del gasto total no financiero. 

La segunda partida en importancia son las transferencias a otras administraciones públicas, por 70.288 M., fundamentalmente para atender los gastos de actividades de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, sobre todo educación y sanidad. Representa el 12,8% de gasto total. 

Otras partidas relevantes para la gestión política serían el gasto en fomento de empleo, con 7.405 M., 29,5% más que en 2020; la inversión en infraestructuras, con 11.527 M, y la política de Ciencia, Innovación y Desarrollo, con 3.232 M, un 59,4% más que el año anterior. 

Los recursos para sanidad aumentarán en 2021 en un 75% y los destinados a educación, en un 70%. El reforzamiento del Ingreso Mínimo Vital beneficiará a más de 2 millones de personas y se aumentará el indicador IPREM, que sirve de referencia para las ayudas públicas, en un 5%, hasta 564,7 euros mensuales. 

Como vemos en el cuadro oficial, pese al incremento de la deuda pública en 2021, los gastos financieros van a mantenerse en una cifra similar a la de 2020 (31.740 M.), debido a la caída de la tasa de interés por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. 

Las operaciones financieras, con activos de 39.577,60 M. no se tienen en cuenta en el cálculo del déficit público, aunque sí se incluyen en la deuda. Son préstamos que hace el Estado y se recuperarán en los años siguientes. En cuanto al apartado de Pasivos Financieros (94.410,65 M) incluye los préstamos que corresponde devolver en 2021, pero que seguramente van a refinanciarse de nuevo. 

Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores que integran los PGE consolidados, corresponde al Estado el 45,5 por ciento del gasto, un 42,1 por ciento a la Seguridad Social, un 10,4 por ciento a los organismos autónomos, y el restante 2 por ciento al resto de entidades del sector público administrativo. 

En cuanto a los ingresos, los recursos más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales, que representan en conjunto el 85,4% del importe total no financiero consolidado. El resto de recursos está compuesto, fundamentalmente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. 

En los ingresos directos, el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se incrementa en 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales y en las rentas de capital y de ahorro se establece una subida de 3 puntos a partir de los 200.000 euros, una medida recomendada por la OCDE. 

En el Impuesto de Sociedades, se reduce la exención por plusvalía o dividendos de filiales del 100% al 95%. La imposición sobre el Patrimonio incrementa el gravamen del último tramo del 2,5 al 3,5%, que es el que supera los 10 millones de euros. 

Las bebidas azucaradas y edulcoradas tendrán un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas, aunque en bares y restaurantes continuará aplicándose el 10%. 

La Ministra de Hacienda indicó que se han aprobado nuevos impuestos, como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, y que está en tramitación el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Todos ellos tendrán reflejo presupuestario más adelante. 

La Comisión Europea ha avalado el borrador de Presupuestos del Gobierno español, pero advirtiendo de ciertos riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, dado el alto nivel de endeudamiento. Bruselas teme que la deuda acumulada suba hasta el 120% del PIB. 

LA AUSTERIDAD FISCAL

 La austeridad fiscal se identifica con medidas de cierto rigor en el control del gasto público, que los Estados tienden a aplicar cuando se registran déficit presupuestarios, con significativas diferencias negativas entre ingresos y gastos públicos, sobre todo en economías con elevado nivel de endeudamiento. 

Las decisiones de austeridad fiscal suelen incluir habitualmente recortes salariales a los empleados públicos, reducción de prestaciones sociales (pensiones, subsidios de desempleo y otras transferencias), descenso de inversiones publicas, privatización de activos y subidas de impuestos. 

Así sucedió en la Gran Recesión, a partir de 2010, con las medidas de consolidación fiscal aplicadas en España, que precarizaron a la población, con recortes en servicios sociales y sin apenas apoyo a colectivos vulnerables. La reducción de empleo y las pérdidas salariales afectaron a la demanda de consumo que, bajo los efectos de los multiplicadores keynesianos, encauzaron la caída de la economía en una segunda recesión dos años más tarde. 

Con la ley de estabilidad financiera de 2012 se pretendió dar cobertura a la normativa neoliberal, respaldada por la Unión Europea, que vino a reafirmar las políticas de ajuste y los recortes, argumentando que eran los instrumentos idóneos para abordar situaciones de recesión económica. 

Pero no se espera que una estrategia de austeridad solucione los desequilibrios que está produciendo la nueva crisis económica, esta vez provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. No cabe duda de que las cuentas públicas deberán sanearse y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, pero no con normativas rígidas de consolidación fiscal. 

Parece que la pandemia está ayudando a establecer una visión distinta de la política económica a aplicar, a pesar de que algunos partidarios de la austeridad expansiva y profetas de calamidades auguren problemas si no se implantan recetas neoliberales. 

Jerome Powel, Presidente de la Reserva Federal americana, afirmaba recientemente que “ La gravedad de la recesión dependerá de las medidas de política adoptadas en los diversos niveles del Gobierno para prestar socorro y apoyar la recuperación económica”. Algunos analistas añaden que, aun reconociendo la importancia de la política monetaria de los bancos centrales, hay mucho más que un Gobierno puede hacer. 

En este período de crisis, el esfuerzo económico de la política fiscal en España ha recaído en los sectores más sensibles y en el mantenimiento de empleo en las situaciones de caída temporal de la actividad. 

Como vemos en el gráfico, España se encuentra, con el 4,3% sobre el PIB, en un nivel intermedio entre los países europeos en el gasto presupuestario de apoyo por las consecuencias del Covid-19. 

Por las declaraciones de responsables de instituciones económicas, se puede constatar que está suavizandose la perspectiva negativa sobre las consecuencias de una deuda pública elevada y se propugna una revisión internacional de los endeudamientos, sobre todo en los países menos desarrollados. 

Asimismo, investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconsideran el papel de la inversión pública, que de ser considerada como poco relevante y más bien propicia a generar incrementos de deuda y déficit, la encuentran ahora como determinante en tiempos de incertidumbre, con capacidad para fomentar la inversión de las empresas privadas. 

Algunos investigadores demuestran que el efecto de la inversión pública sobre la renta es positivo y permanente, tanto en el corto como en el largo plazo, y puede conseguir elevar el PIB en una cantidad mayor que la invertida inicialmente, 

Se estimaba hasta ahora que la intervención del Gobierno en la economía, aunque fuera por buenas causas, tenía costes por la pérdida de eficiencia y de crecimiento. Sin embargo, nuevos planteamientos afirman que un sector público emprendedor no tiene intereses tan opuestos a los sectores privados, y puede orientar la política económica, en gestión compartida con lo agentes económicos y sociales, hacia una mejora del desempeño económico. 

ELEVADO DESEMPLEO JUVENIL

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) recién publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2020, siguen reflejando la situación acarreada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en el mercado laboral. 

El descenso del número de trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) supone que las personas van entrando en actividad de modo efectivo, con lo que las horas reales de trabajo realizadas en el tercer trimestre han aumentado en un 15,10% respecto al trimestre anterior. 

El número de ocupados en el trimestre aumenta en 569.600 personas (3,06%) respecto al período precedente, alcanzando un total de 19.176.900, pero en el cómputo de los últimos 12 meses el empleo disminuye como consecuencias de las caídas de ocupación que hubo en el primer semestre de 2020. Mientras que en el sector privado el empleo descendió en 805.900 personas, aumentó en 108.500 en el sector público. 

Desde el final del confinamiento domiciliario, en junio, se va recuperando la población activa y disminuyen las personas fuera del mercado laboral (inactivos), con lo que el número de parados aumenta en el tercer trimestre en 355.000 personas y alcanza un total de 3.722.900 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución trimestral de las tasas de paro a lo largo de 2019 y el 2020, con el paro juvenil (línea roja), el colectivo de 25 años en adelante ( línea azul) y el promedio de paro (línea amarilla) 

Continúa siendo muy importante la diferencia entre la tasa de paro general (16,26% en el tercer trimestre de 2020) y la del colectivo juvenil (15 a 24 años) que busca empleo activamente (41,7%). La media de desempleo juvenil en la Unión Europea era del 17% 

El nivel de paro juvenil sitúa a España como el país con mayor tasa de desempleo en el colectivo de 15 a 24 años de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como podemos comprobar en el siguiente gráfico: 

Uno de los factores de tipo coyuntural que explica la diferencia entre el nivel de paro de los jóvenes y el de los que cuentan con más de 25 años es que los primeros se encuentran en el momento de entrada en el mercado laboral. Las empresas retrasan las contrataciones de nuevos empleados en tiempos de incertidumbre, al igual que reducen las inversiones. 

Otro factor se refiere a las características de los sectores laborales a los que acceden muchos jóvenes: comercio al detalle, hostelería, actividades recreativas... Con frecuencia, son sectores con condiciones laborales precarias, en los que predominan empleos temporales y a tiempo parcial, que se acaban cuando empeora la coyuntura económica. 

Entre los problemas estructurales del empleo juvenil en España se encuentra el nivel de formación de los jóvenes. En el tercer trimestre de 2020, un 45,8% del colectivo sólo había conseguido completar la enseñanza primaria y obligatoria, y únicamente el 22,5% logró realizar totalmente la enseñanza media, en tanto que había conseguido cursar la enseñanza superior un 31,7%. Hay un déficit importante en la enseñanza media, porque el promedio europeo (46%) casi duplica al español; en cambio, el porcentaje europeo es inferior al español en la formación universitaria. 

Estos resultados académicos afloran dos problemas: altas tasas de abandono escolar temprano, 13% en mujeres y 21% en hombres (media europea 10%) y, por tanto ausencia de estudios básicos necesarios para un desarrollo profesional. Hay elevada polarización en el nivel educativo alcanzado, con reducida apuesta por el nivel intermedio, la Formación Profesional. 

La tasa de paro de los jóvenes suele ser inversamente proporcional al nivel de formación. En el tercer trimestre de 2020, en jóvenes con formación primaria, el desempleo alcanzó el 54% y en los que cuentan con nivel de formación superior se situó en el 33%. 

PLANES DE REACTIVACIÓN

La segunda ola de contagios del coronavirus está produciendo serios trastornos en el desenvolvimiento de la actividad económica. Al empeorar las expectativas, va poniéndose de manifiesto que no hay forma de estabilizar la economía sin controlar la pandemia 

Los resultados del tercer trimestre son peores de los previstos y el cuarto trimestre tampoco se muestra muy favorable, con lo que algunos sectores económicos no confían en recuperarse hasta que llegue una vacuna efectiva, que se anuncia para la primavera del año próximo. En este contexto, cualquier reducción de las medidas compensatorias adoptadas durante la pandemia puede agravar el panorama económico. 

Por tanto, se va a continuar con el apoyo a los sectores golpeados por la crisis, con el objetivo de sostener el empleo, aunque al avanzar en la recuperación, la protección de los puestos de trabajo se oriente a facilitar programas formativos que permitan a los trabajadores adquirir nuevas habilidades. 

El mayor esfuerzo económico ha procedido de la política fiscal, con medidas discrecionales que han supuesto en España un gasto extraordinario en torno al 3% del PIB. Los paquetes fiscales se han utilizado en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y en apoyo de la liquidez a las empresas, que han evitado pérdidas de empleos. 

La política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha sido importante para facilitar condiciones de financiación favorables a las empresas. Los recortes de tasas de interés y la flexibilización de las condiciones en que los bancos pueden obtener liquidez han contribuido a facilitar el flujo de crédito. 

Pero algunas empresas viables que han recibido créditos avalados, con incremento de deuda, se encuentran aún con reducción de ingresos corrientes, lo que conduce a pérdidas que debilitan su estructura económica y su solvencia. La falta de expectativas y la caída de la demanda pueden terminar acumulando pérdidas que conduzcan a quiebras y cierre de empresas. 

En el siguiente cuadro tenemos la asignación prevista de fondos, distribuidos por políticas, en los próximos tres años, recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que ha enviado el Gobierno español a Bruselas: 

El documento tiene tres líneas maestras: la inversión verde y la transformación digital, que se llevan el 70% de los fondos, las políticas expansivas y la colaboración público-privada para movilizar 500.000 millones de euros 

Los fondos europeos asignados a España (140.000 millones de euros entre transferencias y créditos) van a ayudar a superar la crisis, pero si han de tener efectos permanentes es necesario que aborden de modo efectivo reformas estructurales, como la transformación digital y medioambiental del sistema productivo y la implantación de la enseñanza obligatoria y gratuita de 0 a 3 años, entre otras. 

Teniendo en cuenta los problemas que se han puesto de manifiesto durante la pandemia, algunos analistas requieren también reformas urgentes en la coordinación entre las administraciones públicas, entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, con un cambio de mentalidad que lleve a pensar con prioridad en el bien común y la ayuda a los ciudadanos y no en las próximas elecciones. 

LA CREACIÓN DE VALOR

Aunque los economistas clásicos advertían que había unos trabajos que aumentaban el valor económico de los productos elaborados (trabajo productivo) y otros, en cambio, que no añadían nada (trabajo improductivo), la distinción entre qué es y qué no es productivo ha ido variando con el tiempo en función de la evolución de las fuerzas económicas y sociales. 

En el siglo XVI, con el inicio del colonialismo, los gobiernos trataban de conseguir recursos para mantener los ejércitos y las burocracias. Lograr oro y plata en el continente americano suponía disponer de riqueza y prosperidad, por lo que se consideraban productivas las actividades necesarias para conseguir los metales preciosos. 

Los estudiosos y políticos de los siglos XVI y XVII, llamados “mercantilistas”, sostenían que acumular oro y plata aumentaba la prosperidad de las naciones. Apoyaban políticas comerciales proteccionistas y una balanza comercial con saldo positivo para conseguir aumentar los recursos metálicos. La doctrina mercantilista se expresaba así: “Vender anualmente más a los extranjeros de lo que consumimos de lo suyo” 

Las ideas mercantilistas aún influyen en las prácticas económicas. La atención que se presta a los movimientos de los tipos de cambio, con los que poder conseguir ventaja competitiva para las exportaciones y acumular así reservas de divisas, recuerda a las nociones mercantilistas de otros tiempos. Los aranceles, las cuotas de importación y otras medidas para controlar el comercio y apoyar a las empresas del propio país son también evocaciones de las primeras ideas acerca de la creación de valor. 

En el transcurso del siglo XVIII, a medida que se desarrollaba el estudio de la economía, la búsqueda de la fuente del valor llevó a los pensadores económicos a situarla primero en la tierra (sociedades predominantemente agrarias) y después en el trabajo (economías en industrialización). 

En oposición al pensamiento mercantilista, que otorgaba al oro y la plata un lugar privilegiado, los fisiócratas creían que el valor procedía de la tierra. Afirmaban que únicamente la naturaleza produce cosas nuevas y los seres humanos sólo somos capaces de transformarlas. Por tanto, consideraban como clase productiva a la agricultura, la minería, la caza y la pesca. Todos los demás sectores de la economía eran calificados como improductivos. 

Los fisiócratas llegaron a agrupar a la sociedad en tres clases: granjeros y ocupaciones relacionadas con el trabajo de la tierra y el agua, a los que consideraban como la única clase productiva; en segundo lugar situaban a fabricantes, artesanos y otros trabajadores relacionados, encargados de transformar los materiales recibidos de la clase productiva, que no añadían valor sino que hacían circular el ya existente, y en tercer lugar (clase estéril) incluían a los terratenientes improductivos, nobles y clérigos. 

Con el avance del tiempo, la crítica más significativa a los fisiócratas vino de Gran Bretaña, un país que estaba en pleno proceso de industrialización. Los economistas empezaron a medir el valor de mercado de un producto en función de la cantidad de trabajo dedicado a su obtención. Las ideas de estos economistas, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, conformaron la denominada “economía clásica”, que estableció la teoría del valor-trabajo. 

Los economistas clásicos compartían dos ideas básicas: el valor se derivaba de los costes de producción, principalmente de la mano de obra, y la actividad posterior al valor creado por el trabajo, como las finanzas, no añadía nuevo valor. El trabajo era productivo porque se transformaba en un objeto permanente. 

Pero a finales del siglo XIX llegó el eclipse de la economía clásica, que fue sustituida por una nueva teoría del valor: todo ingreso es la recompensa por una tarea productiva. Al centrarse en las preferencias individuales, se pasó de lo objetivo a lo subjetivo y se propagó una nueva concepción del valor: la teoría marginalista 

El marginalismo (el valor de la última unidad) se basa en las nociones de utilidad y escasez. El valor de las cosas se mide en función de su utilidad para el consumidor. No hay apreciación objetiva del valor, puesto que la utilidad puede variar entre individuos y en distintos momentos, y disminuye (utilidad marginal decreciente) a medida que aumenta la cantidad de algo que se tiene o consume. Del mismo modo, cuanto más escaso es algo, más utilidad aporta (utilidad marginal creciente). 

La concepción marginalista es básica en el pensamiento que actualmente se conoce como “neoclásico” y conforma la teoría microeconómica, que establece cómo las empresas, los trabajadores y los consumidores toman las decisiones sobre la producción y el consumo para maximizar tanto los beneficios (empresas) como la utilidad (consumidores y trabajadores) 

La nueva definición del valor cambia los conceptos de trabajo productivo e improductivo. Como todo sector que produce para el mercado intercambia sus productos en base a los precios, la única parte de la economía que puede considerarse como improductiva queda reducida al colectivo que recibe ingresos de transferencias, tales como prestaciones sociales a los ciudadanos y subsidios a las empresas. 

Con los criterios actuales, cualquier actividad que puede intercambiarse por un precio se considera que aporta valor al PIB, pero hasta la implantación marginalista se trataba a los ingresos de algunas actividades como “rentas extractivas”, consideradas como no ganadas, y al ser meras transferencias de valor existente del sector productivo al improductivo, no aumentaban la riqueza de la sociedad, por lo que se excluían en el cálculo de la producción. Así, el sector financiero antes era considerado improductivo y ahora es tratado como aportador de valor al PIB 

Algunos economistas críticos con la visión neoclásica de la producción argumentaban que los conceptos de producto marginal del trabajo y del capital tenían fundamentos más bien ideológicos, pero el debate entre los clásicos y los neoclásicos ha ido desapareciendo. A pesar de las críticas, lo cierto es que la teoría de la utilidad marginal prevalece hoy día. Pero se siguen haciendo análisis sobre cuándo se crea valor y cuándo sólo se extrae, apropiándose de ingresos no ganados. Y, por tanto, no faltan consideraciones sobre cómo deberían distribuirse de manera razonable las retribuciones laborales y los beneficios empresariales. 

PRECIO DEL TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN SALARIAL

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica desde 2016 el Índice de Precios del Trabajo (IPT), un indicador anual que, al evitar el efecto que produce el cambio de composición de los puestos de trabajo, puede medir la evolución real de los salarios. 

La medida no está afectada por cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado y ofrece datos de la ganancia por hora de los asalariados por cuenta ajena. El INE selecciona una “cesta” de puestos de trabajo representativa, al estilo del Indice de Precios de Consumo (IPC), pero referido al empleo, y sigue su comportamiento a lo largo del tiempo. Con esta metodología, el salario bruto medio anual en España fue de 24.009,12 euros por trabajador en el año 2018, un 1,5% superior al del año anterior. 

El IPT supone una mejora en el cálculo retributivo, porque medir los salarios en términos promedios, sin previos ajustes, no refleja fielmente su evolución. El salario medio anual en una empresa puede aumentar respecto del año anterior, por ejemplo, como consecuencia de una disminución de la plantilla, pero en realidad haberse reducido para los trabajadores de la empresa 

Así, por ejemplo, una empresa con 6 trabajadores, 4 de ellos indefinidos, con 2.500 euros de sueldo bruto mensual cada uno, y 2 temporales, que perciben cada uno 1.000 euros, tendría un salario promedio de 2.000 euros mensuales. 

Si se dan de baja los dos temporales y se recorta el salario en 250 euros a los indefinidos, el salario promedio aumentará a 2.250 euros, un 12,5% más. Con este dato estadístico parece que ha habido un incremento salarial, pero lo cierto es que los trabajadores que quedan en la empresa pierden un 10% de su retribución. El aumento aparente se debe al efecto composición, a la alteración del grupo analizado. 

El INE ha publicado en septiembre los resultados del IPT de 2018. 

Vemos en el gráfico que la tasa de incremento en el año fue la mayor de las registradas en toda la serie. Tras ligeras reducciones en 2016 y 2017, el índice aumentó en 5,8% en 2018. 

El informe del INE destaca que el tipo de ocupación es una de las variables que más influye en el cambio del precio del trabajo. En 2018, los mayores aumentos se dieron en los grupos de Directores y Gerentes (8,1%) y Técnicos y profesionales (7,3%). En cambio, no pasaron del 2,3% los aumentos entre los trabajadores cualificados del sector primario, artesanos, trabajadores de manufacturas y de construcción. 

Según el tipo de contrato, el IPT subió un 8,7% en los temporales y un 5,1% en los indefinidos. Por grupo de edad, el mayor aumento del precio del trabajo se registró en los menores de 25 años (10,2%) y el incremento más bajo en los trabajadores de 55 y más años (4,4%). 

El Indice de Precio del Trabajo proviene de la Encuesta de Estructura Salarial, que proporciona estimaciones de la ganancia bruta anual por trabajador, clasificada por tipo de jornada, sexo, actividad económica y ocupación. 

En el siguiente gráfico tenemos la distribución del salario bruto anual de 2018 en España: 

La diferencia entre el salario medio (24.009,12 €) y el más frecuente o modal (18.468,93 euros) superó los 5.500 euros, lo cual significa que había pocos trabajadores con retribuciones muy altas, pero que influyeron notablemente sobre la media. Por otra parte, el salario mediano (que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los de salario inferior) presentó un valor de 20.078,44 € 

Las diferencias por el género continúan en las retribuciones laborales. El número de mujeres que ganaron menos de 16.000 euros fue mayor que el de hombres. En cambio, a partir de esa retribución, en todas las categorías era mayor el número de hombres que el de mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres se situaba en un 11,3% en 2018.

AYUDAS EUROPEAS

En la presentación del Informe Anual del Banco de España en la Comisión de Economía del Congreso, el Gobernador ha afirmado que la recuperación económica de España está siendo frágil, parcial y desigual, añadiendo que la estimación de la caída del PIB este año se situará entre el 10,5% y el 12% y el paro puede rozar el 20% en 2022. 

Las ayudas europeas para la reconstrucción económica que se han anunciado, cuantificadas para España en 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos, además de recuperar el nivel de actividad económica, han de servir para revisar el modelo productivo, orientándolo hacia la digitalización y la sostenibilidad. 

Bruselas prevé que el 70% de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estén comprometidos para 2021-2022 y el 30% para 2023. Los proyectos tendrán que ejecutarse antes de agosto de 2026 y el último pago ha de realizarse antes de diciembre de ese año. 

Invertir los fondos asignados en seis años supone un auténtico reto, teniendo en cuenta que en el período presupuestario 2014-2020 España ha utilizado sólo 19.000 millones de los 56.000 millones de fondos de cohesión que le correspondían. 

Como observamos en el gráfico, países como Francia, Portugal y Países Bajos han utilizado más del 50% de los fondos europeos disponibles, en tanto que España se ha quedado en el 34%. 

Harán falta mejoras organizativas y reformas de los procesos de ejecución y seguimiento de los proyectos para poder aprovechar el cuantioso volumen disponible para el 2021-2027. Los proyectos que se presenten a Bruselas deben estar alineados con la agenda europea para los próximos años, o bien, enfocados en sanidad, educación o cohesión territorial y social. 

Para aplicar en los primeros tres años 72.700 millones de euros, la parte no reembolsable de las ayudas, España tiene que activar reformas sustanciales. En la agenda ya esbozada se plantean poner en marcha ocho paquetes de medidas, incluidas las referidas al sistema de pensiones y a la revisión del mercado laboral. 

Se anuncian también cambios en el marco normativo, a fin de agilizar los procesos de asignación de los proyectos. Así, la modificación de la ley que rige la contratación del sector público ayudará a que, sin perder garantías, se consiga movilizar también inversión privada. 

La colaboración público-privada es una combinación que se utiliza poco en España, pero que va a hacer falta en la ejecución de los nuevos proyectos. Con los objetivos de generar empleo a corto y largo plazo, modernizar y fortalecer el sistema productivo, desde la patronal CEOE afirman que la participación de dinero de empresas privadas puede ser una garantía de que los planes presentados sean eficientes y sostenibles. 

A falta de concretarse aun las fechas en las que se podrá ir accediendo a los fondos, debería asegurarse la cooperación entre las administraciones central, autonómica y local, con la finalidad de facilitar el tránsito ágil por vías que permitan hacer llegar los fondos a los beneficiarios. 

CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA

La desigualdad de rentas en España es considerada como una de las más elevadas de Europa. Tras la pasada crisis financiera, período 2008-2013, en el que continuaron aumentando las diferencias de ingresos, los indicadores de pobreza relativa han mostrado cierta resistencia al descenso en el último quinquenio, pese a incrementos del PIB del orden del 2%-3% anuales 

Además del alto desempleo y la precariedad laboral, la explicación de la persistencia en la desigualdad puede ser la reducida capacidad redistributiva o menguado efecto igualador del sistema de las prestaciones sociales y de los impuestos en España, que no consigue reducir las desigualdades que se producen en la distribución de las rentas primarias (antes de aplicar impuestos y subvenciones). 

En el siguiente gráfico del Observatorio Social de “la Caixa”, tenemos las desigualdades de las rentas primarias y las rentas disponibles en diversos países 

Observamos que la desigualdad en España antes de aplicar los impuestos y las prestaciones sociales, medida a través del indice de Gini (0 máxima igualdad, 1 mínima igualdad) es en torno a 0,54, similar a la que se da, por ejemplo, en Francia y Alemania. En cambio, la que se mide por la renta disponible (una vez aplicados los impuestos y las subvenciones) indica una mayor desigualdad que en el resto de países. 

Entre las prestaciones sociales monetarias, el principal instrumento para reducir las diferencias de renta en España son las pensiones contributivas. El efecto redistributivo se produce desde los trabajadores con mayores salarios a los que tienen remuneraciones más bajas y períodos de cotización más cortos, por medio del sistema de pensiones mínimas y máximas, que estrechan las diferencias en las rentas percibidas al jubilarse. 

Además, como las pensiones no se financian con las cotizaciones anteriores sino con las actuales (sistema de reparto), las mejoras en los niveles retributivos vienen a producir una transferencia de renta de las generaciones actuales a las pasadas. Las prestaciones por desempleo han tenido mayor efecto sobre la distribución de ingresos que en otros países, pero su influencia se ha reducido por el descenso de la tasa de cobertura. 

El sistema de garantía de ingresos en España es muy limitado, porque no hay una única red, sino que las prestaciones para familias de necesidades similares son cambiantes según el territorio de residencia, con cuantías en general muy bajas respecto al umbral de pobreza. Y el gasto en prestaciones familiares respecto del PIB es uno de los más reducidos de Europa, sin apenas capacidad redistributiva. 

Respecto a las prestaciones sociales en especie, el gasto sanitario es el que tiene mayor efecto redistributivo, aunque se redujo en la crisis financiera. Los estudios sobre la incidencia redistributiva del gasto en educación, clave para reducir la desigualdad de oportunidades, confirman su carácter redistributivo en España, aunque algunos gastos no se consideran progresivos, tales como los destinados a centros concertados y educación universitaria. 

En cuanto al efecto de los impuestos, se considera que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el segundo instrumento más redistributivo después de las pensiones, aunque su capacidad correctora de las desigualdades se ha ido reduciendo por la caída de los tipos impositivos. 

Al igual que sucede en otros países, la imposición indirecta tiene cada vez mayor importancia en España, sobre todo el regresivo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con gran impacto sobre la renta de las familias. Las cotizaciones sociales tienen también un efecto negativo sobre la distribución de la renta y los impuesto sobre el patrimonio neto o riqueza apenas contribuyen a la redistribución. 

Sobre la distribución territorial de la renta, un estudio de Fedea muestra que entre la Comunidad Autónoma más rica (en 1955 era el País Vasco y en 2018 Madrid) y la más pobre (Extremadura, en ambos casos), la diferencia de ingresos se redujo a la mitad. El estudio destaca que fueron las productividades territoriales las que contribuyeron positivamente a la convergencia, en tanto que el desempleo y el retroceso de la tasa de ocupación ralentizaron la disminución de las desigualdades. 

Las situaciones de pobreza y desigualdad que perduran en España y el incremento de la vulnerabilidad económica de la pandemia han impulsado la puesta en funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que ha de mejorar la capacidad redistributiva, para facilitar la transición de las personas en exclusión social por falta de recursos hacia un modo de vida más integrado en la sociedad. 

CRIPTOMONEDAS Y MONEDAS SOCIALES

En el intercambio de bienes y servicios, además del efectivo utilizamos como medios de pago otras alternativas que cumplen la función del dinero físico. Así, la tarjeta de crédito o débito y la transferencia, asociadas a una cuenta bancaria, son recursos de dinero digital, una forma de pago cada vez más utilizada, que viene a ser un dinero real expresado en la Web (Internet). En la actualidad, el efectivo físico no supera el 8% del dinero total que usamos. 

En los medios de comunicación aparecen cada vez con mayor frecuencia las monedas virtuales, un tipo de dinero sin presencia física, que cuando está relativamente aceptado, se puede utilizar para el intercambio de bienes y servicios. 

La primera moneda virtual totalmente implementada es el Bitcoin, una criptomoneda que surgió en 2009 con la idea de establecer un sistema de pago electrónico, independiente y descentralizado, basado en formulación cuantitativa y en criptografía, es decir, con procedimientos que precisan claves secretas para su descifrado. Entre las criptomonedas más populares del mercado hoy día se encuentran Bitcoin, Etheeum, Ripple XRP y Litecoin. 

La singularidad más relevante de las criptomonedas es que no están sometidas a ningún instituto regulador ni pertenecen a ningún país determinado. No tienen que pasar por ningún banco y pueden intercambiarse entre usuarios libremente. Al no existir autoridad central para ellas, el poder es descentralizado 

Las criptomonedas utilizan el sistema blockchain, una cadena de bloques de datos vinculados que se organizan en orden cronológico. Es una tecnología específica para registrar información, una especie de libro digital y descentralizado, similar a un libro contable mayor de papel, en el que se registran las transacciones. 

Así como los libros de contabilidad tradicionales están centralizados en una sola entidad, el blockchain es un sistema distribuido, mantenido con el trabajo colectivo de muchos usuarios por todo el mundo, que participan en el proceso de validación de las transacciones, siempre de acuerdo con las reglas del sistema. 

Tras el anuncio del posible lanzamiento de otras criptomonedas, como Libra, de Facebook, y la soportada por el Banco Popular Chino, las autoridades monetarias de la Eurozona han advertido que cada moneda virtual debería estar respaldada por una real, con los activos de reserva depositados en una entidad reconocida y autorizada y con posibilidad de que el público pueda canjearla por moneda de curso legal, como el euro. 

El propio BCE ha publicado recientemente un informe en el que desvela estar avanzando en la creación de un euro digital, una forma electrónica de dinero de banco central que los ciudadanos y empresas podrían utilizar como los billetes para realizar pagos corrientes de manera rápida, fácil y segura. Más que sustituir al efectivo, el BCE pretendería complementarlo. 

Hay que poner de relieve que el sistema monetario convencional tiene hoy día una economía paralela que funciona con “monedas sociales”, físicas o digitales, llamadas también “monedas locales”, que son herramientas creadas y utilizas por comunidades, colectivos y particulares, basadas en acuerdos dentro de una comunidad para usar algo como medio de intercambio de bienes y servicios. 

El concepto de "moneda social y complementaria" se acuña por primera vez en Europa en el "Informe Lietaer" de la Comisión Europea, señalando que con este sistema complementario se pretende contrarrestar los valores propios del sistema monetario convencional (autoridad central, jerarquía, competencia, etc.) con otros valores más sociales como la confianza mutua, la igualdad y la cooperación. Existen alrededor de 5.000 monedas sociales en todo el mundo. 

Las monedas sociales tratan de revertir la alta concentración de dinero en los mercado financieros, que suelen olvidar que es un instrumento de intercambio necesario para la economía real. El dinero sirve a su creador y hoy día es creado desde la nada por lo bancos privados al conceder créditos, convirtiendo un medio para intercambios en una finalidad muy distinta: la acumulación de riqueza. 

En cambio, las monedas sociales, que no son dinero de curso legal, vienen a ser sistemas monetarios de vecindad, basados en la confianza y en la reciprocidad. Se crean a partir de los servicios, con moneda “tiempo”, o de productos con moneda social propia. En ambos casos son monedas de “crédito mutuo” 

Hay monedas sociales soportadas por euros cuyo objetivo es el apoyo al comercio local de proximidad. Como ejemplo, podemos citar el caso de la moneda “Puma”, de un barrio sevillano, que nació en 2012 para apoyar a los comercios y profesionales locales, además de financiar proyectos de interés comunitario. El “Puma” es una moneda complementaria al euro (un euro equivale a un puma) gestionada por personas que conforman la red de interesados, en comunidad, de manera asamblearia y transparente. 

A medida que con la crisis del coronavirus se tiende a utilizar menos dinero en efectivo, aumentan los debates sobre los medios digitales. Ya sabemos que en toda crisis surgen oportunidades, por lo que ésta del coronavirus podría servir para dar una mayor visibilidad al formato de monedas digitales. 

INCREMENTO DEL AHORRO

Los planes vacacionales y de viajes de muchas familias españolas se han visto alterados este año. Ha prevalecido la prudencia ante el riesgo de contagio por el virus y la complicada situación económica. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya señalaba que dos tercios de los españoles habían renunciado a irse fuera de casa, como consecuencia del miedo por la incertidumbre. 

En el siguiente gráfico de las Cuentas Trimestrales no financieras del Instituto Nacional de Estadística (INE) vemos que el ahorro de las familias, que había comenzado a incrementar a finales del pasado año, crece de modo significativo con la pandemia 

En el primer trimestre de 2020 el ahorro familiar sobre la renta disponible, corregido de efectos estacionales y de calendario, subió al 10,2% y se duplicó en el trimestre segundo, hasta alcanzar el 22,5%, cuando en igual período de 2019 se había situado en el 7,4%. A su vez, la inversión de los hogares en activos reales (viviendas y otras propiedades), que fue del 5,6% en el segundo trimestre, desciende hasta el 4,2% de su renta disponible en 2020. 

Sin recurrir a correcciones estacionales, la tasa de ahorro observada del segundo trimestre de 2020 llegó al 31,1% de la renta disponible, frente al 17,4% del mismo trimestre de 2019. 

En el segundo trimestre de 2020 la renta disponible bruta de las familias disminuyó un 8,8% . La evolución de los ahorros se deriva de la caída en el gasto en consumo final del 23,9% respecto al mismo trimestre del año pasado. 

Ya sabemos que ahorrar es bueno para una familia. Significa que tiene ingresos más que suficientes para atender sus necesidades de consumo. Pero si las familias incrementan el ahorro, la economía del país puede ralentizarse por la disminución del consumo, que reduce las ventas de las empresas. 

El ahorro permite defender a las familias de contingencias inesperadas, acceder a la compra de vivienda, devolver créditos y garantizar cierto nivel de consumo a lo largo de la vida. Además del nivel de renta, en el volumen de ahorro influye la incertidumbre sobre la evolución económica futura. A mayor incertidumbre, más alta propensión al ahorro. 

El ahorro es una variable que enlaza el pasado, el presente y el futuro. El nivel de capital acumulado que se dispone en la actualidad es consecuencia del ahorro del pasado y determina la capacidad productiva. Las decisiones de ahorro que vayamos tomando marcarán el proceso de formación de capital y los niveles de producción en el futuro. 

Pero no se debe caer en la “falacia de la composición”: confundir la parte con el todo. Lo que es bueno para la familia no tiene por qué serlo para el conjunto del país. 

La decisión de ahorro es también relevante a nivel macroeconómico. La contabilidad nacional señala que la inversión total de un país es igual a la suma del ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, el ahorro público y la entrada neta de capitales del extranjero. Por tanto, los tres tipos de ahorros internos o nacionales del país, junto con los fondos procedentes de otros países, permiten financiar la inversión productiva, que promueve la productividad y el crecimiento económico del país. 

Por tanto, el incremento de ahorro familiar vendría bien si las empresas lo invirtieran en la producción de bienes y servicios, pero no es fácil que se impulsen nuevos proyectos empresariales cuando desciende la demanda de consumo. Es más probable que este aumento del ahorro se oriente hacia inversiones de tipo financiero.