CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA

La desigualdad de rentas en España es considerada como una de las más elevadas de Europa. Tras la pasada crisis financiera, período 2008-2013, en el que continuaron aumentando las diferencias de ingresos, los indicadores de pobreza relativa han mostrado cierta resistencia al descenso en el último quinquenio, pese a incrementos del PIB del orden del 2%-3% anuales 

Además del alto desempleo y la precariedad laboral, la explicación de la persistencia en la desigualdad puede ser la reducida capacidad redistributiva o menguado efecto igualador del sistema de las prestaciones sociales y de los impuestos en España, que no consigue reducir las desigualdades que se producen en la distribución de las rentas primarias (antes de aplicar impuestos y subvenciones). 

En el siguiente gráfico del Observatorio Social de “la Caixa”, tenemos las desigualdades de las rentas primarias y las rentas disponibles en diversos países 

Observamos que la desigualdad en España antes de aplicar los impuestos y las prestaciones sociales, medida a través del indice de Gini (0 máxima igualdad, 1 mínima igualdad) es en torno a 0,54, similar a la que se da, por ejemplo, en Francia y Alemania. En cambio, la que se mide por la renta disponible (una vez aplicados los impuestos y las subvenciones) indica una mayor desigualdad que en el resto de países. 

Entre las prestaciones sociales monetarias, el principal instrumento para reducir las diferencias de renta en España son las pensiones contributivas. El efecto redistributivo se produce desde los trabajadores con mayores salarios a los que tienen remuneraciones más bajas y períodos de cotización más cortos, por medio del sistema de pensiones mínimas y máximas, que estrechan las diferencias en las rentas percibidas al jubilarse. 

Además, como las pensiones no se financian con las cotizaciones anteriores sino con las actuales (sistema de reparto), las mejoras en los niveles retributivos vienen a producir una transferencia de renta de las generaciones actuales a las pasadas. Las prestaciones por desempleo han tenido mayor efecto sobre la distribución de ingresos que en otros países, pero su influencia se ha reducido por el descenso de la tasa de cobertura. 

El sistema de garantía de ingresos en España es muy limitado, porque no hay una única red, sino que las prestaciones para familias de necesidades similares son cambiantes según el territorio de residencia, con cuantías en general muy bajas respecto al umbral de pobreza. Y el gasto en prestaciones familiares respecto del PIB es uno de los más reducidos de Europa, sin apenas capacidad redistributiva. 

Respecto a las prestaciones sociales en especie, el gasto sanitario es el que tiene mayor efecto redistributivo, aunque se redujo en la crisis financiera. Los estudios sobre la incidencia redistributiva del gasto en educación, clave para reducir la desigualdad de oportunidades, confirman su carácter redistributivo en España, aunque algunos gastos no se consideran progresivos, tales como los destinados a centros concertados y educación universitaria. 

En cuanto al efecto de los impuestos, se considera que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el segundo instrumento más redistributivo después de las pensiones, aunque su capacidad correctora de las desigualdades se ha ido reduciendo por la caída de los tipos impositivos. 

Al igual que sucede en otros países, la imposición indirecta tiene cada vez mayor importancia en España, sobre todo el regresivo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con gran impacto sobre la renta de las familias. Las cotizaciones sociales tienen también un efecto negativo sobre la distribución de la renta y los impuesto sobre el patrimonio neto o riqueza apenas contribuyen a la redistribución. 

Sobre la distribución territorial de la renta, un estudio de Fedea muestra que entre la Comunidad Autónoma más rica (en 1955 era el País Vasco y en 2018 Madrid) y la más pobre (Extremadura, en ambos casos), la diferencia de ingresos se redujo a la mitad. El estudio destaca que fueron las productividades territoriales las que contribuyeron positivamente a la convergencia, en tanto que el desempleo y el retroceso de la tasa de ocupación ralentizaron la disminución de las desigualdades. 

Las situaciones de pobreza y desigualdad que perduran en España y el incremento de la vulnerabilidad económica de la pandemia han impulsado la puesta en funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que ha de mejorar la capacidad redistributiva, para facilitar la transición de las personas en exclusión social por falta de recursos hacia un modo de vida más integrado en la sociedad.