AYUDAS EUROPEAS

En la presentación del Informe Anual del Banco de España en la Comisión de Economía del Congreso, el Gobernador ha afirmado que la recuperación económica de España está siendo frágil, parcial y desigual, añadiendo que la estimación de la caída del PIB este año se situará entre el 10,5% y el 12% y el paro puede rozar el 20% en 2022. 

Las ayudas europeas para la reconstrucción económica que se han anunciado, cuantificadas para España en 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos, además de recuperar el nivel de actividad económica, han de servir para revisar el modelo productivo, orientándolo hacia la digitalización y la sostenibilidad. 

Bruselas prevé que el 70% de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estén comprometidos para 2021-2022 y el 30% para 2023. Los proyectos tendrán que ejecutarse antes de agosto de 2026 y el último pago ha de realizarse antes de diciembre de ese año. 

Invertir los fondos asignados en seis años supone un auténtico reto, teniendo en cuenta que en el período presupuestario 2014-2020 España ha utilizado sólo 19.000 millones de los 56.000 millones de fondos de cohesión que le correspondían. 

Como observamos en el gráfico, países como Francia, Portugal y Países Bajos han utilizado más del 50% de los fondos europeos disponibles, en tanto que España se ha quedado en el 34%. 

Harán falta mejoras organizativas y reformas de los procesos de ejecución y seguimiento de los proyectos para poder aprovechar el cuantioso volumen disponible para el 2021-2027. Los proyectos que se presenten a Bruselas deben estar alineados con la agenda europea para los próximos años, o bien, enfocados en sanidad, educación o cohesión territorial y social. 

Para aplicar en los primeros tres años 72.700 millones de euros, la parte no reembolsable de las ayudas, España tiene que activar reformas sustanciales. En la agenda ya esbozada se plantean poner en marcha ocho paquetes de medidas, incluidas las referidas al sistema de pensiones y a la revisión del mercado laboral. 

Se anuncian también cambios en el marco normativo, a fin de agilizar los procesos de asignación de los proyectos. Así, la modificación de la ley que rige la contratación del sector público ayudará a que, sin perder garantías, se consiga movilizar también inversión privada. 

La colaboración público-privada es una combinación que se utiliza poco en España, pero que va a hacer falta en la ejecución de los nuevos proyectos. Con los objetivos de generar empleo a corto y largo plazo, modernizar y fortalecer el sistema productivo, desde la patronal CEOE afirman que la participación de dinero de empresas privadas puede ser una garantía de que los planes presentados sean eficientes y sostenibles. 

A falta de concretarse aun las fechas en las que se podrá ir accediendo a los fondos, debería asegurarse la cooperación entre las administraciones central, autonómica y local, con la finalidad de facilitar el tránsito ágil por vías que permitan hacer llegar los fondos a los beneficiarios.