martes, 1 de septiembre de 2015

EL CRECIMIENTO POTENCIAL

La economía de un país suele funcionar a diversos niveles. A veces puede llegar a operar por encima de su capacidad normal, provocando presiones inflacionistas y elevando el déficit exterior del país. En otras ocasiones se desenvuelve por debajo de su posibilidad productiva, lo cual empeora la tasa de desempleo.

Cuando la producción se sitúa en el nivel de lo que puede conseguir de forma sostenible,  al producto resultante se le denomina Producto Interior Bruto (PIB) potencial. Es el nivel compatible con una inflación subyacente (IPC sin alimentos perecederos ni productos energéticos) estable en torno  al fijado como objetivo y con una cifra de  desempleo cercana a su nivel estructural o de largo plazo.

La capacidad productiva sostenible viene determinada por el grado de utilización del capital físico y humano, así como por la eficiencia o productividad total de los factores.

El PIB potencial suele mantener una tendencia ascendente, debido tanto a la acumulación de los factores productivos como a la incorporación de nuevas tecnologías, y desciende en las recesiones profundas, como la reciente crisis financiera, a causa del menor uso del capital físico y de la reducción de la población ocupada.

En el siguiente gráfico, recogido de un informe de “La Caixa”, podemos ver la relación habitual entre el PIB potencial y el PIB real o registrado a lo largo de las cuatro fases de un ciclo económico.


La diferencia entre el volumen registrado y el potencial se denomina  “brecha del PIB”. 

Las cifras de utilización de la capacidad productiva suelen oscilar, como promedios, entre un 70% en las fases recesivas y el 90% en las de expansión. Un caso evidente de utilización por encima de la capacidad normal sería un período bélico, cuando el país se moviliza para la guerra.

Según el Fondo Monetario Internacional, España tiene un problema de crecimiento potencial del PIB. La tasa de incremento se situaba en el 3%, pero descendió al 0,75% desde el comienzo de la crisis financiera, debido a la caída de la inversión y al aumento del paro estructural.


En su previsión para el próximo quinquenio, los analistas internacionales sitúan el potencial de crecimiento español en torno al 1,5% anual y establecen el paro estructural en el 16%. Cualquier mejora de la tasa de crecimiento requerirá reformas estructurales que permitan elevar el nivel de productividad de las empresas. 

martes, 25 de agosto de 2015

REGLAS DE POLÍTICA FISCAL

Los economistas han tratado de elaborar algunas medidas del déficit público para tratar de saber cuál sería el déficit equivalente en un país, con la política vigente de ingresos y gastos, si la producción se encontrara en su nivel normal. Esas medidas tienen nombres como “déficit estructural” y “déficit a mitad de ciclo”. 

Ese déficit ajustado al ciclo económico constituye la referencia para valorar el rumbo de la política fiscal. Aunque el déficit observado en un momento dado sea elevado, si el ajustado con el ciclo está en torno a cero, la política fiscal es coherente y no hay temor al aumento de la deuda con el paso del tiempo. 

Por lo tanto, para conocer el déficit estructural en un país con un determinado déficit fiscal observado, que está soportando una fase recesiva, se tiene que eliminar el componente cíclico, es decir, el déficit que se deriva de la caída de los ingresos públicos relacionados con la producción y el mantenimiento de los gastos que no dependen del nivel de actividad económica. 


Según la ley orgánica aprobada en abril de 2012, a partir de enero de 2020, las Administraciones Públicas españolas deben presentar equilibrio o superavit, sin que puedan incurrir en déficit estructural. En caso de reformas estructurales, con efectos presupuestarios a largo plazo, podrá alcanzarse un déficit estructural del 0,4% del PIB o el establecido en la normativa europea cuando éste fuese inferior.

Además del déficit estructural, los países de la Eurozona imponen otras reglas fiscales que restringen la actuación de sus miembros, a fin de corregir los incentivos para intentar traspasar los costes de una expansión fiscal al resto de los países. 

La regla fiscal sobre la deuda de las Administraciones Públicas se computa según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que excluye las ayudas a las entidades financieras y otros conceptos. Se evalúa en términos de la relación Deuda pública / PIB. 

En el siguiente gráfico tenemos el porcentaje de la deuda pública, según el PDE, de España (rojo) y de la Eurozona (azul), en porcentaje sobre el PIB respectivo
Esta regla fiscal ha mantenido como nivel máximo deseable un 60% del PIB, superado ampliamente, como observamos en el gráfico, tanto por España (98%) como por el conjunto de la Eurozona (93%). La regla obedece al temor de que un elevado endeudamiento puede precipitar la insolvencia de un país miembro, como ha ocurrido con Grecia. 

En cuanto al déficit anual, la Eurozona fijó en sus comienzos la regla fiscal de no sobrepasar el déficit presupuestario del 3% del PIB, aunque ha tenido que flexibilizar la medida en los últimos años. En estos momentos, España duplica ese nivel de déficit (en torno al 6% del PIB).

martes, 18 de agosto de 2015

AUSTERIDAD Y DOBLE RECESIÓN

La crisis económica de 2007 afloró con nitidez en España cuando se cortó el flujo financiero exterior  y explotó la burbuja inmobiliaria. Al igual que otros países en circunstancias parecidas, el país tuvo que enfrentarse a los desequilibrios acumulados desde el comienzo del año 2000. Había que afrontar el elevado déficit fiscal, la deuda púbica en crecimiento, la acumulación de deuda externa y, sobre todo, el rápido incremento del paro, con el correspondiente aumento de los desembolsos por el  seguro de desempleo,  que vino a agravar el desequilibrio fiscal ocasionado por la caída de la recaudación impositiva.

En el siguiente gráfico, que muestra la evolución del PIB español en el período de la crisis, se observan dos recesiones, que tuvieron sus caídas más acentuadas en los años 2009, con el -3,6%, y  2012, con un -2,1%


La primera recesión vino impulsada por la crisis financiera global que se inició en EE.UU con las hipotecas “subprimes” (alto riesgo) y el derrumbe del sector de la construcción en España. El impacto fue importante en nuestro país por la amplia exposición financiera al exterior.

En esa época comenzó a enfatizarse el concepto de “devaluación interna”, como la necesidad de reducir los salarios para ganar competitividad. La moneda única, con una inflación en España superior a le media europea, había generado la pérdida de competitividad por precios. Ello provocó un déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos y la acumulación de deuda externa (pasivos financieros netos con el exterior), sobre todo privada.

La segunda recesión se asocia al planteamiento de ir reduciendo el déficit público desde el -9,7% de PIB en 2010 hasta la cifra autorizada en Europa (3%) en varios años, a fin de disminuir la prima de riesgo del país. Se produce un recorte gradual del gasto público y aumentan los impuestos, con lo que  cae la actividad económica y sube el desempleo, hasta alcanzar en el 2013 un 27% de la población activa.

La política de austeridad fiscal fracasa porque, en ausencia de  una expansión del crédito y sin el crecimiento de los mercados exteriores, se profundiza en la recesión, provocando shocks recesivos, que paradójicamente incrementan el déficit público hasta alcanzar en el año 2012 el 10,6% del PIB

No se cumplió la previsión de los promotores de la austeridad de que serviría para recuperar la confianza de los inversores, porque no se activó la inversión privada en España. Al contrario, fue contrayéndose, nada menos que  un -9,1%  en 2012.

Tampoco resultó acertada la perspectiva de que para reducir la prima de riesgo era necesario bajar el déficit. Fue el anuncio del Banco Central Europeo (BCE), en julio de 2012, de que haría todo lo necesario para sostener el euro, adquiriendo los bonos soberanos que hicieran falta, lo que hizo descender la prima de riesgo de los países europeos periféricos.

Dos economistas del Fondo Monetario Internacional aportaron una nueva explicación al fracaso de la política de austeridad fiscal. Los programas que se estaban aplicando en Europa suponían que el multiplicador fiscal estaba en torno a 0,5, es decir, que el 1% de reducción del gasto público, por ejemplo, provocaba una caída del 0,5% del PIB. El análisis económico demostró que, en los países europeos del sur, el multiplicador era más elevado, en torno al 1,5, lo que explicaba el importante efecto recesivo que producían los recortes presupuestarios en España.


martes, 4 de agosto de 2015

LA IRREVOCABILIDAD DEL EURO

Las negociaciones actuales del Eurogrupo con Grecia apuntan  a que, si el país heleno no cumple las condiciones que se pacten,  puede quedar fuera del euro (“Grexit”).

También acaba de posicionarse en contra de la irrevocabilidad del euro el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, que en el informe “Lecciones de la crisis griega para una eurozona estable” apoya una reglamentación de quiebras estatales y la posibilidad de que “Estados no cooperativos” abandonen el euro.

Con la irrevocabilidad del euro, la Eurozona dejaría de ser de hecho un ámbito con moneda única para convertirse en una zona de tipos de cambio fijos.

En tal tipo de sistema siempre hay un riesgo de devaluación, en tanto que en una auténtica zona de moneda única queda excluida esa posibilidad, porque las paridades se fijan de una manera definitiva.

El “grado de apertura al exterior” de una economía se mide sumando las exportaciones e importaciones y comparando el resultado con  el PIB. Mientras que en EE.UU ese coeficiente es del orden del 28%, en España llega al 60%, en Alemania al 85% y, en una economía europea de menor dimensión como Bélgica, más del 170%

La realidad es que las variaciones del tipo de cambio, que la creación de la zona euro vino a superar, pueden afectar sensiblemente a la renta de países tan abiertos al exterior como los europeos. Se recuerdan todavía las repercusiones negativas que tuvieron las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales del pasado siglo.

El tipo de cambio es una variable macroeconómica. Una devaluación reduce el precio relativo de los bienes interiores, por lo que aumentan las exportaciones y se reduce las importaciones. Se da el efecto contario en una revaluación.


Algunas veces, como ocurrió en las décadas de 1920 y 1930, las fluctuaciones de los tipos de cambio se utilizan como instrumento macroeconómico para salir de una recesión. Pero hay que tener en cuenta que el aumento de competitividad del país que devalúa reduce la de sus socios comerciales, con lo que da lugar a las represalias de los afectados, que pueden reaccionar devaluando también. Al final, el proceso de las devaluaciones competitivas aumenta la inflación en todo los países.

Aunque las economías europeas sean mucho más abiertas que los grandes países como EE.UU. y Japón, lo cierto es que los europeos comercian principalmente entre ellos mismos. Sin tener en cuenta el comercio intraeuropeo, es decir, los flujos comerciales bilaterales entre los países europeos, el grado de apertura de la Unión Europea con el resto del mundo es similar al de EE.UU. y Japón. Son, por tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio dentro de Europa las que preocupaban cuando se decidió implantar la moneda única.

En el caso de Grecia, el programa que han tenido que aceptar los helenos  no parece que vaya a solucionar los problemas de fondo del país, porque contiene elementos recesivos y puede ahondar en las desigualdades existentes como consecuencia de un lustro de austeridad y de ataques al estado del bienestar. Tampoco es un  acuerdo que  aproxime a la Europa de los ciudadanos, de la solidaridad y de la democracia. Responde más bien a los intereses de los poderosos acreedores.

La sociedad griga se ha manifestado claramente en contra de abandonar el euro. Como señalan algunos economistas, Grecia necesita ahora un plan de inversiones para mejorar la estructura productiva e impulsar la demanda, un profundo programa de reformas que mejoren su competitividad y una reestructuración de la deuda pública, como insistentemente han pedido los negociadores griegos, a los que se ha unido el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que el tercer rescate que se está negociando no sea otro "flotador lleno de plomo"


martes, 28 de julio de 2015

BURBUJAS Y MODAS FINANCIERAS

El precio de un activo financiero o inmobiliario es el valor actualizado de los rendimientos futuros utilizando como descuento el tipo de interés. Pero el precio no suele ser en muchas ocasiones igual a ese valor, llamado “fundamental”, porque influyen las burbujas y las modas financieras.

A veces, las buenas noticias provocan en los inversores un exceso de optimismo y, en otras ocasiones, se extrapolan rendimientos anteriores para predecir ingresos futuros. Estos hechos provocan desviaciones de precios respecto al valor fundamental, que obedecen a modas financieras. 

Un caso en el que se aprecia la influencia de la moda del entorno financiero sería el escándalo Madoff, que estalló en EE.UU. en el año 2008. Con un desfalco de 50.000 millones de dólares, es considerado como el mayor fraude financiero de la historia. Como en todo fraude piramidal, los rendimientos pagados a los inversores no provenían en gran parte de los rendimientos reales de las inversiones, sino de la entrada de nuevos participantes.

Los antecedentes de Madoff, antiguo presidente del mercado de valores norteamericano Nasdaq, con excelente reputación en el mundo de las finanzas, consiguieron engañar a los supuestos inversores sofisticados, que tenían que ser invitados para poder colocar su dinero, lo que daba a las actividades un aire de exclusividad.

En cuanto a las burbujas, una muestra gráfica la tenemos en  la evolución del metro cuadrado de la vivienda libre en España en términos reales (deflactado), es decir, descontado el efecto de los precios.


Durante el decenio 1998-2008, el precio de la vivienda se incrementó en nada menos que un 112% y fue también significativo el descenso posterior, porque desde 2008 a 2011 cayó  el 18,5%. Si comparamos los precios actuales con el nivel alcanzado en el año 2007 por la vivienda nueva y usada, se estima que el descenso medio acumulado  ha sido en torno al 45%.

El caso “MMM” en Rusia puede considerarse como un ejemplo extremo de estafa financiera piramidal. Sergei Mavrody inició su actividad en 1994, un período de reorganización económica tras la caída del comunismo, y procedió a vender  acciones, prometiendo un rendimiento muy elevado.

Consiguió 10 millones de accionistas. El precio de la acción subió en seis meses de 1.600 a 105.000 rublos. El problema era que la empresa no tenía actividad productiva alguna. Cuentan que su único activo eran unas oficinas en Rusia. Con lo recaudado de la venta de nuevas acciones pagaba los rendimientos prometidos a las antiguas.

Cuando descendió el flujo de dinero por la entrada de nuevos accionistas,  la empresa no pudo cumplir sus promesas y tuvo que cerrar. Mavrody trató de chantajear al Gobierno ruso para que pagara a los accionistas, argumentando que podría estallar una revolución en el país. Lo curioso es que los accionistas se enfadaron con el Gobierno y no con el dueño de la empresa. Y más sorprendente todavía: Sergei Mavrody se presentó a las elecciones a la Duma (Parlamento ruso), erigiéndose en defensor de los accionistas estafados, y gano el escaño. Un año más tarde fue expulsado. 

En las modas financieras, las desviaciones de precios respecto del valor fundamental no son racionales, puesto que los inversores pagan más debido en esencia al exceso de optimismo que observan en el entorno.

En las burbujas especulativas se asume la probabilidad del desplome futuro y se compran activos por valores superiores previendo revenderlas a un precio más alto. La burbuja acaba explotando al iniciarse la venta masiva, con la caída acelerada del precio, hasta alcanzar niveles incluso inferiores al valor fundamental del activo.

martes, 21 de julio de 2015

DEUDA PÚBLICA Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

La crisis financiera ha dejado en muchos países como herencia una elevada deuda pública, que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Los déficits de los presupuestos del sector público han acumulado deuda hasta el punto de que, en España, viene a representar el equivalente al PIB de un año.


En el gráfico (en miles de millones de euros) tenemos la evolución de la deuda pública española, en los términos que la Unión Europea denomina “Protocolo de déficit excesivo”. Según el Banco de España, en mayo de 2015 alcanzó la cifra de 1,04 billones. Incluyendo todos los conceptos, el volumen de los pasivos en circulación (deuda pública total) del país asciende a 1,5 billones.

Un déficit público no es malo en sí mismo, porque los saldos presupuestarios (superávits o déficits) pueden ayudar a redistribuir la carga impositiva de los ciudadanos a lo largo del tiempo. Los déficits son un problema cuando dan lugar a la acumulación persistente de deuda, que puede tardar décadas en reducirse, o incluso, requerir una negociación de aplazamientos y quitas con los acreedores

La deuda pública existente al final de un año tiene dos componentes: el déficit primario del año (gastos menos ingresos públicos) y los intereses de la deuda que había al comienzo del año, puesto que para financiarla se tuvo que contratar préstamos emitiendo letras del tesoro y bonos. Si se quiere llegar al menos a estabilizar la deuda, el Estado debe conseguir un superávit primario suficiente para pagar los intereses.

En una economía que crece a lo largo del tiempo, el dato relevante constituye la tasa de endeudamiento, que es el cociente entre la deuda pública y el PIB (97,4% en España)

Para estabilizar o reducir una elevada deuda, los países tienen tres opciones: a) generar superávits primarios, recaudando por impuestos más que el volumen de gastos públicos; b) financiarse a través del banco central (restringido en la Eurozona por la normativa del BCE), elevando la inflación y reduciendo el valor real de la deuda nominal, y c) suspender el pago de la deuda, al menos en parte (quitas)

Las formas de financiar el déficit y de reducir la deuda afectan a grupos económicos diferentes. La búsqueda del superávit primario, con reducción de los gastos y la elevación de los impuestos indirectos,  hace recaer la carga mayormente sobre las espaldas de los trabajadores, en tanto que las quitas en la deuda y la inflación afectan a los rentistas, a los titulares de los bonos del Estado, y a los salarios que no estén indiciados contra los efectos de la  inflación.

En definitiva, la cuestión de quién va a pagar la reducción de la deuda  elevada es un problema de redistribución de la renta y de la riqueza, que será resuelto en función de la representación política efectiva que hayan alcanzado los diferentes grupos sociales.     

martes, 14 de julio de 2015

EFECTOS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO

Ya es conocido que en el origen de la reciente crisis financiera tuvieron especial relevancia tanto la euforia compradora de viviendas, al grito de “!Los precios de las viviendas no pueden bajar!”, como los reducidos tipos de interés.

En ese entorno, el relajamiento de la normativa bancaria de concesión de créditos hipotecarios hizo que se dieran préstamos a familias con escasas probabilidades de poder atender los pagos de intereses y amortizaciones (clientes “subprime” en la terminología norteamericana)

Sucedió también que la preocupación de los bancos por el riesgo de impago disminuyó notablemente, porque encontraron la manera de sacar de sus contabilidades los créditos concedidos. Reunieron muchos créditos en instrumentos financieros (“titulización”) y los vendieron a otros inversores, que difícilmente podían comprobar la calidad de cada uno de los préstamos. A falta de regulación legal específica, tampoco las agencias de certificación  eran capaces de verificarlo.

Cuando los precios de las viviendas comenzaron a descender, llegó un momento en que las deudas de los prestatarios eran superiores a los valores de las viviendas hipotecadas, por lo que la garantía de los impagos había desaparecido y los bancos tuvieron que reconocer en sus balances las pérdidas de valor de los activos financieros confeccionados con las hipotecas.

La extensión del efecto de la caída de los precios de la vivienda, hasta provocar la recesión económica, se debió fundamentalmente al apalancamiento financiero, que consiste en usar préstamos para financiar operaciones, en lugar de realizarlas con fondos propios. La ventaja que ofrece el endeudamiento es la posibilidad de incrementar la rentabilidad sobre la inversión, pero con el riesgo de  caer en la insolvencia si la operación no sale bien.


Veamoslo con un ejemplo de dos entidades financieras: un Banco y una Cooperativa de Crédito. Supongamos que ambas tienen activos por 20.000 millones de euros y se diferencian en la forma de financiarse. La Cooperativa de Crédito, con mayor aversión al riesgo que el Banco, cuenta con 2.000 millones de recursos propios y 18.000 de dinero ajeno. En cambio, el Banco utiliza en mayor proporción el dinero ajeno (19.200 millones) y los socios sólo han aportado 800 millones  

Con los datos anteriores podemos calcular el “coeficiente de apalancamiento”, que es el cociente entre los Activos y los Recursos Propios. La Cooperativa de Crédito tiene un coeficiente de 10 (20.000/2.000) y el Banco alcanza el nivel de 25 (20.000/800)


Si el valor de los activos, entre los que se encuentran los crédito hipotecarios garantizados con las viviendas, descienden un 10%, la pérdida de 2.000 millones (10% de 20.000) es superior a los Fondos Propios del Banco, con lo que entra en quiebra de -1.200 (800-2.000), en tanto que la Cooperativa de Crédito sigue siendo solvente, porque tiene Recursos Propios suficientes (2.000) para compensar la pérdida de los activos. 

Pese al riesgo que conlleva, los bancos suelen apostar por el alto apalancamiento, porque resulta tentador la alta rentabilidad que puede alcanzarse. Si los activos proporcionan una rentabilidad anual del 3% y el coste del dinero que pueden conseguir las entidades en el mercado es del 1%, es decir, un margen del 2%, la Cooperativa de Crédito obtendrá un rendimiento de los Recursos Propios de 20% [(2% x 20.000)/2.000] y el Banco logrará un  50% [(2% x 20.000)/800]. Comprobamos que los coeficientes de apalancamiento (10 y 25) funcionan como multiplicadores de los  márgenes: 20% (10 x 2%) en la Cooperativa de Crédito y 50% (25 x 2%) en el Banco.

Como hemos visto en las dos últimas décadas, mientras los precios de las viviendas subieron, los bancos consiguieron elevados beneficios utilizando altos apalancamientos, pero cuando explotó la burbuja inmobiliaria y llegó la recesión económica tuvieron que absorber las pérdidas, y muchos bancos no tenían recursos propios suficientes.

Los bancos insolventes dejaron  de conceder créditos y los que sobrevivieron tampoco estaban en condiciones para atender a la clientela porque habían mermado sus recursos propios. Se necesitaba más capital, pero no era fácil conseguir que se invirtiera en bancos. El crédito casi se congeló y la crisis financiera afectó a la economía real, hundiendo el consumo y la inversión, hasta provocar en 5 años un descenso en torno al 7% del PIB español.