DEUDA PÚBLICA Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

La crisis financiera ha dejado en muchos países como herencia una elevada deuda pública, que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Los déficits de los presupuestos del sector público han acumulado deuda hasta el punto de que, en España, viene a representar el equivalente al PIB de un año.

En el gráfico (en miles de millones de euros) tenemos la evolución de la deuda pública española, en los términos que la Unión Europea denomina “Protocolo de déficit excesivo”. Según el Banco de España, en mayo de 2015 alcanzó la cifra de 1,04 billones. Incluyendo todos los conceptos, el volumen de los pasivos en circulación (deuda pública total) del país asciende a 1,5 billones.

Un déficit público no es malo en sí mismo, porque los saldos presupuestarios (superávits o déficits) pueden ayudar a redistribuir la carga impositiva de los ciudadanos a lo largo del tiempo. Los déficits son un problema cuando dan lugar a la acumulación persistente de deuda, que puede tardar décadas en reducirse, o incluso, requerir una negociación de aplazamientos y quitas con los acreedores

La deuda pública existente al final de un año tiene dos componentes: el déficit primario del año (gastos menos ingresos públicos) y los intereses de la deuda que había al comienzo del año, puesto que para financiarla se tuvo que contratar préstamos emitiendo letras del tesoro y bonos. Si se quiere llegar al menos a estabilizar la deuda, el Estado debe conseguir un superávit primario suficiente para pagar los intereses.

En una economía que crece a lo largo del tiempo, el dato relevante constituye la tasa de endeudamiento, que es el cociente entre la deuda pública y el PIB (97,4% en España)

Para estabilizar o reducir una elevada deuda, los países tienen tres opciones: a) generar superávits primarios, recaudando por impuestos más que el volumen de gastos públicos; b) financiarse a través del banco central (restringido en la Eurozona por la normativa del BCE), elevando la inflación y reduciendo el valor real de la deuda nominal, y c) suspender el pago de la deuda, al menos en parte (quitas)

Las formas de financiar el déficit y de reducir la deuda afectan a grupos económicos diferentes. La búsqueda del superávit primario, con reducción de los gastos y la elevación de los impuestos indirectos,  hace recaer la carga mayormente sobre las espaldas de los trabajadores, en tanto que las quitas en la deuda y la inflación afectan a los rentistas, a los titulares de los bonos del Estado, y a los salarios que no estén indiciados contra los efectos de la  inflación.

En definitiva, la cuestión de quién va a pagar la reducción de la deuda  elevada es un problema de redistribución de la renta y de la riqueza, que será resuelto en función de la representación política efectiva que hayan alcanzado los diferentes grupos sociales.