VULNERABILIDAD ECONÓMICA

España lleva tres décadas integrada en una organización supranacional, la Unión Europea, con incidencia en la economía y en la sociedad del país, pero resulta escasa la información que existe sobre el entramado europeo.

La Unión Europea proviene de la Comunidad Económica Europea, surgida del denominado Mercado Común, que nació en 1957 bajo el impulso de 6 grandes países de Europa occidental con necesidad de hacer frente a la competencia de americanos y japoneses. En la década de los ochenta se dejó sentir también la competencia de los países del sureste asiático y más tarde la de las economías emergentes.

En la era de la competencia global se hizo evidente el declive europeo. Al comienzo de este siglo, la participación de Europa Occidental en la economía mundial era en torno a la quinta parte, frente a algo más que la cuarta medio siglo antes.

En el interior de la Unión Europea se pueden distinguir dos tipos de economías. Por una parte los países centrales, encabezados por Alemania y Holanda, con gran potencia productiva y orientados hacia la exportación, que disfrutan de balanzas de pagos con excedentes financieros. El reverso de la moneda son los países periféricos del sur y del este, España entre ellos, cuya característica más destacada es el alto nivel de endeudamiento.

Como podemos observar en el gráfico, el endeudamiento público español ha superado el 100% del PIB. Ahora que el tipo de interés parece que tiende a subir, no debemos olvidar que un incremento del 1% en la tasa anual supondría subir el coste de los intereses anuales en más de 10.000 millones de euros.

Fue tras la implantación del euro cuando los bancos de los países centrales, en busca de mayores rendimientos para sus excedentes financieros, prestaron abundante dinero a los periféricos, entre ellos España, generando unas deudas que difícilmente pueden pagarse.

Con la llegada de la crisis, los profetas del neoliberalismo, preocupados ante las quitas de deuda que pueden ser necesarias, hacen como que olvidan su fobia al Estado y exigen el rescate de los países en dificultades financieras, cuyos principales acreedores son los grandes bancos europeos. Fuerzan a intervenir a los Estados y a las instituciones internacionales, con fondos públicos, mostrando así la estrecha relación entre los grandes capitales y los Estados.

Las ayudas financieras han venido acompañadas de duros programas de austeridad, que debilitan el Estado de bienestar y disminuyen el nivel de vida de los ciudadanos, lo cual frena la producción de los países y detiene el crecimiento, incluso llegando a provocar un descenso del PIB en algunas economías. En un episodio de ceguera económica, la exigencias de los países centrales de cobrar sus créditos a toda costa llega a ocasionar la pérdida de nivel productivo en los países periféricos, que imposibilita precisamente realizar los pagos.

En el Parlamento Europeo se están cuestionando la capacidad de afrontar otra crisis como la reciente, dada la vulnerabilidad de la Eurozona y la dificultad de usar la política fiscal. El BCE ha tenido intervenciones decisivas para sostener el euro con su frase “haré todo lo necesario” y el programa de compra de activos.

El PIB de España crece a una tasa del 3,2%, pero no se puede olvidar que es debido en parte a los vientos de cola: bajo coste del petróleo, tasa de interés mínima y un euro muy depreciado. Puede que la economía española tenga que sufrir más que otras cuando cambien las circunstancias, sobre todo cuando el BCE empiece a retirar el estímulo monetario

Un plan presentado en Bruselas recientemente apunta a un régimen europeo de prestaciones por desempleo que, para evitar las transferencias en una sola dirección, exigiría a los participantes armonizar la fiscalidad y el mercado laboral, incluido el salario mínimo. Sería financiado por el MEDE (Meanismo de Estabilidad Europeo), que se convertiría en una especie de Fondo Monetario Europeo. Pero de momento parece que cuenta con la oposición contunde de Alemania a cualquier tipo de mutualización.

NUEVO SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha fijado para el año 2017 el Salario Minimo Interprofesional (SMI) en 707,60 euros al mes, en 14 pagas. Se trata de la retribución mínima que debe percibir el trabajador por la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, con contratos fijos o temporales.

La subida, que representa el 8% interanual, ha sido considerada por algunos grupos políticos como insuficiente. Su planteamiento era que alcanzase en 2017 los 800 euros y llegase al 60% del salario medio al finalizar la legislatura (950 euros en 2020), tal como establece la Carta Social Europea, suscrita por España.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del SMI en la última década, en euros mensuales, en 14 pagas:

Los sindicatos recuerdan que más de cinco millones y medio de trabajadores cobran en España el SMI, una retribución con la que las familias difícilmente pueden cubrir los gastos mensuales. La recuperación económica debería permitir a sus receptores ser compensados de los nulos o mínimos incrementos que han tenido en los últimos años, sobre todo a partir de 2012

El nuevo salario mínimo viene a representar el 50% de la mediana salarial, la que divide a los asalariados en dos grupos numéricamente iguales. La mayoría de los países europeos disponen de un salario mínimo más elevado en porcentaje de la mediana salarial. Por ejemplo, el porcentaje del 63,2% en Portugal, 59% en Francia, 52,8% en Reino Unido y 51,7% en Holanda. Tan solo Alemania tiene un salario mínimo similar al español en porcentaje de la mediana.

El aumento del SMI afectará sobre todo a los jóvenes, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y las mujeres. Por el efecto demostración que tiene, no hay duda que la subida será aprovechada por los sindicatos en sus negociaciones con las empresas para mejorar sus retribuciones.

La subida del salario mínimo influye también en algunas prestaciones sociales y exige dotar los presupuestos públicos para revalorizar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) u otros tipos de ayuda social que van indexadas al SMI (cambian a su ritmo).

Existe el riesgo de que un aumento del SMI por encima de los niveles de equilibrio en algunos submercados de trabajo malogre las oportunidades de empleo de algunos trabajadores de baja cualificación. Pero aunque algunos estudios realizados durante la Gran Recesión encuentran correlación entre subidas de salario mínimo y descenso de empleo, las evidencias indican que no hay causalidad entre ellos, es decir, que la pérdida de puestos de trabajo no viene ocasionada por el nuevo salario, sino que es provocada por la caída de demanda que conlleva la recesión. El nuevo salario mínimo puede compensar pérdidas de capacidad adquisitiva sin afectar necesariamente de forma negativa al nivel de empleo

El mercado laboral no es como el de cualquier producto, porque los trabajadores son personas y las relaciones con los empresarios son más complejas que una simple relación de demanda y oferta. Las empresas saben que la mejora salarial tiende a favorece el incremento de la aportación del trabajador y disminuye la necesidad de realizar sustituciones, con lo que puede reducir los costes y compensar los posibles efectos sobre el nivel de empleo.

A propósito de un planteamiento de Obama sobre el salario mínimo, el economista Paul Krugman escribió en 2013: “Es un tema que se sigue investigando, pero una constante en todas las explicaciones es que los trabajadores no son sacos de trigo y ni siquiera apartamentos de Manhattan; son seres humanos, y las relaciones humanas que intervienen en la contratación y en los despidos son inevitablemente más complejas que los mercados de meras materias primas”

“Y una consecuencia de esta complejidad humana parece ser que los aumentos moderados de los sueldos para los peor pagados no necesariamente reducen el número de puestos de trabajo. Lo que esto quiere decir, a su vez, es que el principal efecto de un aumento de los salarios mínimos es un aumento de las rentas de estadounidenses que trabajan mucho, pero cobran poco, lo cual es, naturalmente, lo que estamos tratando de conseguir”

Sea bienvenido el aumento del Salario Mínimo Interprofesional tanto para dignificar el trabajo y lograr mejores niveles de redistribución de la renta como también para incentivar el consumo y la demanda interna, favoreciendo así al proceso de recuperación económica.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Se entiende por Política Económica el conjunto de acciones sobre variables económicas que emprenden las Administraciones Públicas y otras instituciones de un país, incluyendo las orientaciones y las exigencias de los grandes organismos internacionales, particularmente en un caso como España, un país integrado en la Unión Europea.

Hay un tipo de políticas, denominadas intervencionistas, basadas en el análisis keynesiano, que defiende la conveniencia de la intervención pública en la vida económica, porque se considera que los mercados no son capaces de asegurar ni un crecimiento económico sostenido ni el pleno empleo en una sociedad. Fue una reacción al desastre económico que trajo la Gran Depresión de 1929. 

Pero a partir de la década de los 80, el planteamiento ha sido criticado por los seguidores del pensamiento neoliberal, defendiendo que son los agentes económicos privados los que deben decidir la orientación de la economía, aduciendo la excesiva burocratización y la tendencia inflacionaria de la actuación pública.

En la imagen se señalan los grandes objetivos y los principales tipos de política económica que suelen utilizar los Estados para intervenir en las economías de los países.

Pensemos en el impulso industrializador en España, que llegó más tarde que en otros países de su entorno. A falta de ahorro privado, la industrialización se debió fundamentalmente a la intervención del Estado y a la llegada de capital extranjero. Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se paralizó con la Guerra Civil.

Posteriormente, tras dos décadas de autarquía, en los años 60 comenzó una época de crecimiento económico, con planes de desarrollo impulsados por autoridades públicas, al tiempo que se daba una emigración cuantiosa del campo a las ciudades, impulsada por la mecanización agrícola. Al faltar oportunidades de empleo en el país, varios millones de personas acabaron en el extranjero.

Las políticas económicas promovidas en la última década por la Unión Europea no parece que hayan sido muy acertadas para los países de la periferia, muy endeudados, como España, por tratarse en muchos casos de medidas de corte neoliberal que, en lugar de ayudar a reducir el peso de las deudas y transformar las estructuras económicas para aumentar la competitividad, han venido a incrementar la desigualdad y la pobreza.

La orientación de la política económica ha consistido en tratar de fomentar a toda costa el comercio exterior, pero el éxito del sector exportador tiene un limitado efecto en el conjunto de la economía, porque no representa más allá del 25% de toda la actividad económica. La vía alternativa para fortalecer la recuperación es aumentar la demanda interna para estimular la economía a través de medidas tales como el aumento de los salarios y de las inversiones públicas.

El presidente del Banco Central Europeo acaba de pedir un cambio de enfoque, recomendando que la política monetaria expansiva ceda el testigo a la política fiscal y especialmente a reformas estructurales, a fin de facilitar las inversiones.

Pero la Comisión Europea exige que los presupuestos anuales cuenten con su aprobación antes de presentarlos a los Parlamentos del país. Y a partir del 2020 no se podrá plantear prácticamente ningún déficit en los presupuestos, con lo cual se anula la capacidad de los gobiernos estatales para diseñar una política económica con cierta autonomía.

El Eurogrupo acaba de rechazar, a instancias de Alemania y Holanda, el plan de estímulo fiscal del comisario Moscovici, frustrando las expectativas de que cambie una política económica de austeridad que está obstaculizando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Se comprende así que esté reduciéndose el número de ciudadanos que confíen en la Unión Europea y muchos se pregunten si no sería preferible seguir el camino que han emprendido los británicos con su Brexit, o bien, como alternativa, exigir a las instituciones europeas el avance decidido hacia una Europa más solidaria y con estructuras verdaderamente democráticas.

EL COSTE ENERGÉTICO

El descubrimiento de los combustibles fósiles, con gran cantidad de energía, supuso la posibilidad de acceder a mayores niveles de bienestar. El carbón, el petróleo y el gas natural, que por su características químicas se emplean como combustibles, han ido formándose a través de procesos bioquímicos durante millones de años y constituyen un recurso natural no renovable.

El empleo de este tipo de combustibles a partir de la Revolución Industrial produjo un cambio muy importante en las tecnologías de producción y permitió un acelerado crecimiento económico, pero también dio lugar a un impacto negativo sobre el medio ambiente, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire, el suelo y el agua.

Uno los consumos más importantes en la actualidad viene de no priorizar la producción y el comercio de proximidad. El proceso globalizador impulsa una tecnología logística que provoca consumos energéticos importantes, quizás por el bajo precio de los combustibles fósiles, que no han internalizado los costes de las infraestructuras ni lo costes medioambientales, a cargo de lo presupuestos generales del Estado.

Los procesos de automatización industrial y robótica están eliminando personal en las fábricas, pero incrementan el uso de energía. Al mismo tiempo, un planteamiento racional tiende a favorecer el cambio hacia la energías renovables, utilizando el viento, el agua, la radiación solar y otras fuentes.

Los procesos tecnológicos transforman la energía primaria (petróleo, carbón, sol, viento…) en electricidad, una energía secundaria que permite que llegue la luz a los hogares y se pongan en movimiento las máquinas de la empresas, entre otras aplicaciones.

No existe una fuente primaria energética que por sí sola pueda ser transformada en electricidad para abastecer toda la demanda. Se utilizan centrales térmicas (fuel, gas natural y carbón), que tienen el mayor coste de producción variable, así como energías renovable (solar, viento, fuerza hidráulica de los rios…) con el menor coste. En una posición intermedia se encuentran las centrales nucleares, con costes variables inferiores a los térmicos y superiores a las renovables.

Pero los costes variables no son los únicos que los inversores tienen que recuperar. Hay que tener en cuenta también los costes fijos (amortización de las inversiones en las centrales), que son distintos en cada tipo de central. Entre ambos conforman los costes totales.

Por tanto, no todos los costes de los Kwh son iguales, pero con el paradigma de la electricidad a un solo precio, éste resulta del encuentro de la demanda y la oferta total, aunque no se cubren los costes medios de las renovables y térmicas, que reciben como complemento unos ingresos regulados

Como observamos en los datos de Eurostat, España ha pasado de ser uno de los países europeos con la electricidad más barata a situarse, en el segundo semestre de 2015, en la quinta más elevada de Europa, lo cual dificulta la posición competitiva de las empresas, en particular las intensivas en energía.

El coste de la energía continúa subiendo por la evolución del mercado mayorista, en el que se negocian diariamente los precios de la electricidad que se produce en el país. Al mes de octubre, debido a la menor actividad de las centrales renovables, el aumento interanual era del 11%. En la factura no supone tal importe de incremento porque hay otros conceptos, tales como impuestos y subvenciones. El coste energético puro representa en torno al 30 o 40% del total a pagar.

En una comparación internacional, en el siguiente gráfico tenemos el precio del Kwh en euros (antes de impuestos) para las familias en los principales países europeos:


Como podemos observar en el gráfico, los precios  para los hogares en España también son más elevados que los de otros países europeos. El coste del Kwh supera a la media de la Eurozona en más del 30%, pero la diferencia en el total de la factura acaba siendo menor porque otros países cargan más por impuestos.

EL PRECIO DEL TRABAJO

Al igual que el Indice de Precios al Consumo (IPC) mide los cambios en el precio de una "cesta básica" estandarizada de bienes de consumo y servicios, el nuevo Indice de Precios de Trabajo (IPT), que ha preparado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a una “cesta básica” estandarizada de puestos de trabajo, establece la variación salarial entre diferentes períodos. Cada puesto de trabajo está determinado por un conjunto de variables: rama de actividad, ocupación, antigüedad, tipo de contrato, edad, etc.

Por tanto, El IPT, de periodicidad anual, no está afectado por cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado, porque se han eliminado los efectos del “cambio de composición”, que se deben, entre otros factores, a la variación en el número de horas trabajadas, en el tipo de contrato, en las características de los asalariados, etc.).

Resulta sorprendente el dato de que en 2009, en el momento más intenso de la crisis, con una caída del 7% en el empleo, los salarios reales medios aumentaran un 4,5%. La explicación es que no se había tenido en cuenta que la crisis se estaba llevando por delante a cientos de miles de empleos con salarios bajos, principalmente temporales y del sector de la construcción, aumentando artificialmente los salarios medios (efecto composición).

El salario medio subió un 4,1%, no tanto por un aumento medio real de remuneraciones sino porque la destrucción de empleo modificó la composición del colectivo analizado. Al conservar su ocupación los trabajadores que más ganaban y perderla los que menos, el salario medio creció notablemente por el citado “efecto composición”. En realidad, en términos homogéneos, la subida salarial fue del 1,5%.

Según la información del INE, la variación acumulada en el período 2008-2014 fue del -0,7%, por tanto, el IPT indica que, al final del período de 6 años, los salarios eran inferiores a los iniciales.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución anual del IPT

Se puede observar que, pese a los aumentos de salario medio en tres años, las importantes caídas de los años 2011 y 2012 hacen que, en conjunto, el período de 6 años de crisis haya sido negativo para los trabajadores.

Pero estos salarios son nominales y no tienen en cuenta el incremento del IPC en el período. En el siguiente gráfico tenemos los salarios reales, resultado de añadir a la pérdida de salario nominal de 6 años (-0,7%) la pérdida de capacidad adquisitiva por incremento del IPC (8,5%).


El gráfico viene a mostrar la devaluación salarial sufrida realmente por los trabajadores durante la crisis. La capacidad adquisitiva descendió en un 9,2%, una caída media del 1,5% anual.

Estos datos explican que el trabajo no esté garantizando en muchos casos la salida de la pobreza y que, al afectar en mayor medida la pérdida salarial a la rentas más bajas, crezca la desigualdad entre las familias.

EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA

Últimamente han surgido dos declaraciones novedosas en la perspectiva sobre la función del Estado (Administraciones Públicas) en la economía de un país: los conservadores británicos, en contra de su tradicional ideario, están tratando ahora de incorporar la intervención pública al desarrollo industrial del Reino Unido, y en la Unión Europea, la Comisión Juncker, con mayoría también conservadora, prepara un Plan de Inversión, con fondos públicos y privados, para impulsar el crecimiento económico en lo países asociados.

En el desempeño económico de una sociedad moderna intervienen tanto el sector privado como el Estado. Entre ambos realizan la asignación y la distribución de los recursos de la sociedad. Pese a que prevalece la idea de vivir en una economía de mercado, los países cuentan con un sector público presente en muchas esferas de la actividad económica

Además de las transacciones económicas del ámbito del sector privado, en el desarrollo económico inciden los bienes y servicios, las leyes y normas, la educación, las infraestructuras y el bienestar social, facilitados por la actividad pública. Aunque diversas corriente de pensamiento económico han propugnado que la intervención del Estado debe limitarse a un mínimo, lo cierto es que sus funciones han ido ampliándose a lo largo de los dos últimos siglos en la mayoría de los países.

Una de sus funciones más importantes es la gestión del gasto público, estableciendo políticas que fijen las prioridades estratégicas del país y las áreas en las que se deben invertir los recursos aportados por los ciudadanos, tales como justicia, sanidad, educación y seguridad.

Una segunda función es la regulación y el seguimiento de la actividad económica, sirviéndose de la política monetaria, asignada al banco central, y la política fiscal, estableciendo los impuestos necesarios y recurriendo al endeudamiento cuando sea preciso para financiar la estructura pública y los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Además, la regulación estatal debe garantizar la libre competencia, con normas antimonopolio como defensa de los consumidores.

Vemos en el gráfico que el gasto público español en el año 2015 (43,8%) estaba por debajo de la media de los principales países europeos (47,7%)

En un sistema capitalista, la actuación del Estado trata de mantener el equilibrio entre dos objetivos, en muchos casos contradictorios: favorecer la reproducción del capital privado y proteger el ejercicio del poder ciudadano, ya que que en las democracias parlamentarias, el Estado es la instancia colectiva en la que los ciudadanos pueden tener cierto poder no derivado de su capacidad económica.

Aunque la teoría neoclásica considera que el Estado apenas debe intervenir en la vida económica, el mundo empresarial cuenta con las entidades públicas para desarrollar sus actividades tanto en épocas de expansión como de dificultades. En la crisis de 2007, todos los agentes económicos privados han considerado que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para salir de la recesión. Los ejemplos más significativos han sido los millonarios rescates de algunos importantes bancos con dinero público.

No cabe duda de que el planteamiento de incrementar la intervención del Estado muestra cierto escepticismo respecto a la capacidad del mercado para solucionar los retos a los que se enfrentan las economías. Hay aspectos, como el estímulo a la innovación y el conocimiento, que requieren el apoyo decidido del sector público, así como la implementación de políticas sociales que garanticen el estado de bienestar.

En la búsqueda de la intervención estatal existe también cierta fascinación por las economías orientales, que incluyen participaciones públicas directas en el entramado productivo, con un control importante de las estrategias y resultados. Así, en países como China y Corea del Sur se impone un modelo de desarrollo industrial competitivo que amenaza el liderazgo de algunas grandes empresas occidentales.

CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL

El cambio normativo que introdujo el Gobierno español en el mercado laboral en el año 2012 ha deteriorado las reglas de contratación, las de despido, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva. Un síntoma de la inquietud suscitada es el aumento del “presentismo laboral”, un término que utilizan los médicos e investigadores sociales para referirse a las personas que trabajan estando enfermas, para no perder una parte del salario o evitar el riesgo de quedarse sin empleo.

El objetivo de la reforma laboral se ha centrado en provocar la caída de los salarios para mejorar la competitividad, como sustitución de la devaluación monetaria, que no es posible al pertenecer España a la Eurozona. Se ha tratado de abaratar productos y servicios para facilitar las exportaciones, a base de recortar costes, sobre todo laborales.

El planteamiento responde a la perspectiva dominante (economía neoclásica) sobre el mercado laboral, que considera el tiempo de trabajo como una mercancía más, sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda. El modelo concluye que, en un entorno plenamente competitivo, las fuerzas del mercado establecerán un equilibrio de los intereses opuestos de trabajadores asalariados y empleadores, tendiéndose al pleno empleo.

La realidad española es que para la quinta parte de la población activa el trabajo regular y permanente ha dejado de formar parte de sus expectativas y los que tienen empleo temen perderlo.

A nivel europeo, las reformas de los últimos años se han basado en esta idea del funcionamiento del mercado laboral, que ha propiciado el auge de los “minijobs” (jornada parcial) y el trabajo temporal. Ha mejorado el empleo, pero a base de incrementar el trabajo parcial involuntario y hundir en la pobreza a muchos trabajadores.

Observamos que la población activa española (ocupados más los que buscan empleo) ha descendido en las últimos cinco trimestres, lo cual está ayudando a que descienda el paro. La caída del número de activos es debida a la reducción de la población en edad de trabajar, el incremento de jóvenes menores de 25 años que cursan estudios y el aumento de los desanimados, personas que piensan que no van a encontrar empleo.

Tras la crisis de 1929, el economista británico J.M.Keynes, rebatiendo a los neoclásicos, estableció que el nivel de empleo depende fundamentalmente de las expectativas de los empleadores, que no serán buenas a medio plazo ante el descenso de consumo que origina la caída de los salarios, porque las retribuciones de los trabajadores son ingresos con los que se demandan bienes y servicios a las empresas, que pueden acabar vendiendo menos, con lo que acaban necesitando menos trabajadores.

A fin de corregir el paro elevado, Keynes planteó la intervención de los poderes públicos para aplicar políticas económicas coyunturales que incrementen la demanda, tales como las políticas presupuestaria, monetaria y de rentas. Así, una subida del salario mínimo aumentará el poder adquisitivo de los trabajadores, el planteamiento de obras públicas incrementará la inversión y las facilidades de crédito estimularán el consumo de los hogares, así como los proyectos empresariales.

En esta línea de actuación, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para aumentar la tasa de crecimiento y crear más empleo, planteó recientemente impulsar las inversiones en la Unión Europea, con el objetivo de que lleguen a 630.000 millones de euros de aquí a 2022, según la hoja de ruta expuesta ante el pleno del Parlamento Europeo, durante su discurso del Estado de la Unión.

Por el momento, los datos disponibles sobre el mercado de trabajo ponen de manifiesto que, pese a la recuperación económica, el descenso del paro está siguiendo una estrategia de creación de empleo precario y el desempleo se hace cada vez más crónico y está menos protegido.

ECONOMÍA DEL "EFECTO GOTEO"

La teoría del “efecto goteo” surgió en el siglo XX en el mundo de la moda, al considerar que la forma de vestir de las clases más altas llega a las más bajas en forma de “goteo”, de arriba hacia abajo, por imitación

Hacia los años 80, la teoría fue adoptada por la económica neoliberal y dio fundamento a las políticas fiscales del presidente norteamericano Ronald Reagan, El “efecto goteo”viene a decir que las generosas prerrogativas fiscales proporcionadas a las grandes empresas y las rebajas de impuestos en favor de los más ricos generan beneficios que, cayendo hacia abajo como gotas, se transforman en ventaja para todos.

También se llama “teoria del derrame” porque recoge la imagen de unos vasos colocados en pirámide. Vertiendo un líquido al vaso que se encuentra en la cúspide se observa que, al llenarse el vaso, el líquido restante gotea o salpica a los de abajo.

Así sucede el fenómeno físico, pero es porque no cambia el tamaño de ningún vaso. Trasladado a la economía, si los que están en la parte superior absorben cada vez más riqueza (aumento del tamaño de los vasos), acaban recogiendo gran parte del aumento de PIB (el nuevo liquido que se vierte), tal como se observa en la siguiente figura



La economía del goteo o del lado de la oferta hace referencia a las políticas económicas que favorecen a los llamados “generadores de riqueza”. Se pregona que beneficiar a los empresarios ayudará a crear empleo y mejorará las condiciones de vida de todos los ciudadanos. En los discursos de John F.Kennedy se encuentra el aforismo que se repite continuamente: “una marea alta levanta todos los barcos”

Esta forma de ver la economía dice que las políticas públicas deben centrarse exclusivamente en potenciar los crecimientos de los países, porque esa riqueza que se genera se va repartiendo por sí misma, goteando a todas las capas sociales

La agenda económica actual sigue dominada por esta teoría, que ha sido respaldada por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Sin embargo, parece que hay cierto cambio en la dirección de los vientos. Hasta el FMI, que está teniendo que considerar a la distribución de la renta como un asunto importante de la estabilidad macroeconómica, en sus jornadas de otoño, ha señalado que el mundo se recupera lento y frágil de la crisis más dura desde la Gran Depresión, un declive brutal que ha empobrecido a las clases trabajadoras hasta en los países más ricos.

Admite que la riqueza no se reparte sola, es decir, que la economía del goteo es insuficiente y que ha aumentado la desigualdad en las últimas décadas. Reconoce que la distribución de la renta afecta al crecimiento, porque si la proporción de los ingresos del 20% más rico se incrementa, el crecimiento del PIB decrece en el medio plazo.

Los datos muestran que una insignificante minoría de la población mundial acumula la quinta parte de la riqueza del planeta. Recientemente, la ONG Oxfam daba a conocer que 62 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones, un símbolo muy claro de la injusticia del sistema económico neoliberal. Es evidente que la riqueza no está goteando hacia abajo para penetrar en las capas sociales más bajas.

Como afirman algunos economistas, las herramientas con las que se trabaja han tendido a centrarse en el crecimiento del PIB, pero el problema es que si ese crecimiento va al 2% de la población y el 98% pierde, además de ser injusto, se genera un problema sociopolítico.

TASA DE EMPLEO

La Encuesta de Población Activa (EPA), que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el número de ocupados en España ha aumentado en 226.500 personas en el tercer trimestre de 2016 y se sitúa en 18.527.500. La tasa de empleo (ocupados/población mayor de 16 años) es del 48,07%, con una subida de 1,17 puntos porcentuales en variación anual.

El crecimiento del PIB continua en torno al 3%, el petróleo sigue a precios moderados, el euro se encuentra débil, el turismo crece a buen ritmo y los tipos de interés son muy bajos.  Todo ello hace que España se encuentre en condiciones para seguir por la senda de crecimiento del empleo. El problema es la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 27% del colectivo de asalariados, el porcentaje más alto de la Unión Europea tras Polonia. La temporalidad suele ser habitual en los terceros trimestres, pero se ha agudizado este año.

Recordemos que, según los criterios utilizados por la EPA, una persona está ocupada si ha trabajado el menos durante una hora en la semana de referencia de la encuesta. Las personas sin trabajo se consideran paradas si han tomado medidas para buscar trabajo por cuenta ajena o han hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente y si, además, están disponibles para empezar a trabajar en un plazo de dos semanas. En cuanto a la categoría de personas inactivas, incluye a las mayores de 16 años que ni trabajan ni buscan empleo.

El período estival ha empeorado la precariedad del empleo. El número de asalariados temporales aumentó de julio a septiembre en 245.900 personas debido a los contratos para la campaña veraniega. Los ocupados de forma indefinida, sin embargo, fueron 29.100 menos que en el trimestre anterior. Estos datos muestran que la recuperación del empleo está dándose en actividades que demandan un empleo temporal y de baja calidad.

El paro disminuye este trimestre en 253.900 personas, situándolo en 4.320.800, un 18,91% de la población activa, que experimenta un descenso de 27.300 personas, hasta quedar en 22.48.300.

En el siguiente gráfico podemos observar la situación en la que se encuentran los hogares españoles al final del tercer trimestre de 2016:


Es especialmente grave la situación de casi un millón y medio de familias con todos los miembros parados, sobre todo teniendo en cuenta que la prestación de desempleo no cubre más que en torno a la mitad de los parados.

En una comparación sobre el nivel de empleo con otros países de la Unión Europa (UE), con los criterios de Eurostat, que calcula la tasa de empleo sobre la población entre 20 y 64 años, España está en la cola de los países. Tiene una tasa del 62%, alejada del 70% de la media de la UE y, sobre todo, del 75% fijado como objetivo en la estrategia “Europa 2020”

IMPACTO DEL EURO

En su reciente visita a Madrid para presentar su nuevo libro, con el título significativo “El euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa”, Joseph E. Stiglitz planteó el dilema que tiene la Unión Europea para afrontar la incertidumbre económica: reformar la Eurozona o abandonar el euro.

Se reconoce hoy día que el euro se lanzó sin evaluar bien lo que podría ocurrir en un escenario de crisis teniendo en cuenta las notables diferencias económicas entre los países de la Eurozona. Muchos analistas recalcan la contradicción estructural del sistema: una unión monetaria sin unión fiscal, es decir, sin impuestos, pensiones y Tesoro comunes.

Aunque el libre comercio, retirando los aranceles y los cupos, puede ir acompañado del establecimiento de una moneda única, que significa operar con tasas de cambio fijas, a fin de que los precios a largo plazo resulten más predecibles para compradores y vendedores, el conflicto aflora cuando, al mismo tiempo, se permite la libre circulación de capitales entre los países.

El problema existe desde el momento en que se creó la moneda única, marcada por una gran fe en los mercados, lo que hacía pensar que todo funcionaría bien si los Gobiernos se limitaban a mantener el déficit y la deuda por debajo del 3 % y del del 60 % del PIB, respectivamente.

Pero, con moneda única, los altos tipos de interés que ofrecen los países con déficit de ahorro resultan atractivos para el excesivo dinero de los países con superávit en sus balanzas de pagos. Los países deficitarios van acumulando deudas y, al llegar períodos de recesión, la situación de sus economías empeora con rapidez y caen en insolvencias. Los prestamistas bancarios de los buenos tiempos huyen de los países con problemas, dejando atrás ruina y deudas impagables.



Vemos en el gráfico que la balanza por cuenta corriente española (linea amarilla) mejora en los últimos años, pero la deuda externa neta del país (línea azul), que se denomina también Posición Inversora Internacional Neta, se sitúa en torno al 90% del PIB, equivalente a un billón de euros, cuando la Comisión Europea considera que existe un desequilibrio excesivo si supera el 35%

Como afirma Y. Varoufakis, la libertad de movimiento de bienes y de capital sólo puede simultanearse con una moneda común si existe un sistema de “reciclaje de excedentes”, un mecanismo político que invierte en los países deprimidos, a fin de ayudarles a salir de la recesión.

Para evitar una ruptura en la Unión Europea, Stiglitz propone “más Europa”, lanzando eurobonos e introduciendo un sistema común de pensiones públicas, una seguridad social comunitaria y un fondo único de garantía de depósitos para los ahorradores.

“Tiene que haber solidaridad entre países y solidaridad política”, afirmó con rotundidad. En lugar de conducir a la prosperidad, el euro está teniendo el efecto contrario con la crisis: los países ricos  aumentan su riqueza y los pobres empeoran en su situación económica.

PARAÍSOS FISCALES

El tema de los “paraísos fiscales” ha vuelto a la actualidad por los documentos filtrados a la prensa, denominados “papeles de Panamá”, que ha dado a conocer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se ha podido tener acceso a operaciones de sociedades opacas con centenares de nombres españoles de políticos, empresarios, futbolistas, artistas... que han realizado transacciones financieras oscuras en múltiples jurisdicciones.

El término “paraíso fiscal” se debe a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que designa a los territorios con escasa o nula tributación para las operaciones financieras, a veces relacionadas con hechos delictivos. No solo se caracterizan por sus sofisticados mecanismos de fraude fiscal, sino que están insertados en la dinámica del capitalismo financiero.

No resulta acertada la expresión “paraíso fiscal”. Parece como si se celebrase la posibilidad de burlar la obligación de tributar (¿infierno?) allá donde se generan las rentas. Los impuestos sostienen la convivencia social y son la contraprestación de lo servicios comunes de una sociedad organizada. Cuanto más desarrollada sea, mayores serán los impuestos para atender las necesidades colectivas, como la educación, la salud, las situaciones de desempleo, las pensiones y el cuidado de personas mayores, además de la seguridad y las infraestructuras físicas.

Los “paraísos fiscales” son conocidos desde hace mucho tiempo, pero adquirieron notable auge a mediados del siglo XX. Así, algunas pequeñas islas británicas y otras del Caribe reciben más inversiones norteamericanas que la inmensa China. Las islas Caimán se han convertido en el cuarto centro financiero del mundo y, junto las islas Vírgenes, están cerca del liderazgo mundial en seguros y transportes marítimos.

Empresas y personas de alto nivel económico colocan su dinero en “paraísos fiscales”, como residentes extranjeros, para evitar las regulaciones y limitaciones impuestas en sus países de origen, sin que lleguen a instalarse físicamente en esos territorios. Les basta con inscribir en ellos sus empresas y fondos privados para ocultarse de las autoridades.

Además de las localizaciones en lugares exóticos, hay también “paraísos fiscales” en países desarrollados: Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Delaware, Andorra, Gibraltar...Se estima que por los paraísos transitan más de la mitad de los flujos financieros internacionales.




En el mapa mundial se marcan en rojo la mayoría de los territorios considerados como paraísos fiscales.

Gran Bretaña juega un papel importante en la evasión fiscal internacional, puesto que tiene bajo su tutela a conocidos territorios con prácticas fraudulentas. Más de la mitad de las sociedades “pantalla” filtradas del despacho de Mossack Fonseca están registradas en territorio bajo tutela británica y la City de Londres dependen en buena medida de las operaciones financieras procedentes de los paraísos fiscales, según destacan algunos analistas.

Es evidente que ninguno de los “paraísos” puede existir sin el beneplácito de algunos de los grandes Estados. Para terminar con este fraudulento sistema bastaría con que los países con mercados financieros importantes, como EE.UU y Gran Bretaña, dictasen normas declarando ilegal cualquier transacción proveniente de países no transparentes.

Pero los Estados se mueven en la ambigüedad o son claramente reticentes a tomar iniciativas contundentes, seguramente porque la complicidad entre la economía tradicional y la versión “offshore” (fuera de la jurisdicción del país de su propietario) es tan grande que les resulta difícil pensar en una sin la otra.

VARIACIONES DE LA POBLACIÓN ACTIVA

¿Por qué ha subido el paro, si se ha creado más empleo? Esta es una interrogante que podemos encontrar en los medios de comunicación con relativa frecuencia. Sin ir más lejos, la aparente contradicción ha ocurrido en España el pasado septiembre, mes en el que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 12.025 cotizantes y, sin embargo, el paro registrado sube en 22.801 desempleados, hasta alcanzar un total de  3.720. 297 parados.

Hay que aclarar que estos datos no provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA) trimestral, el método establecido por la Unión Europa, que suele dar cifras de paro más elevadas (4.524.700 en el segundo trimestre de este año).

El paro registrado viene del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con datos mensuales obtenidos en la Oficina de Servicios Públicos de Empleo, que excluye, entre otros, a los estudiantes que buscan trabajo y a los parados que solo aceptarían empleos con jornada semanal de más de 20 horas y más de tres meses de duración. En cambio, incluye a los prejubilados que cobran prestación, un colectivo que en la EPA se considera inactivo.

Que crezca el empleo y el paro al mismo tiempo no es una contradicción, porque hay que tener en cuenta la evolución de la población activa, el conjunto de los empleados y de los que buscan empleo con edad de trabajar, que es un factor clave para interpretar los resultados.

Si, por ejemplo, la población activa aumenta puede suceder que el paro aumente, ya que, en un momento de recuperación económica, muchos inactivos (desanimados) que estaban resignados a no poder encontrar empleo, se animan a apuntarse en los registros de parados y resulta que suman más que el empleo creado en el mes. 

Por tanto, hay que tener en cuenta la variación del colectivo de “inactivos”,formado por las personas en edad de trabajar que no tienen trabajo ni buscan empleo. Los trasvases de personas entre las categorías de “parado” e “inactivo” pueden darse fácilmente. Un desempleado que deja de registrarse pasa a ser inactivo (menos población activa) y si más tarde se decide a apuntarse en el registro, el inactivo vuelve a ser parado (población activa).

El dato relevante es el nivel de empleo, conocido a través de los cotizantes a la Seguridad Social. En el siguiente gráfico vemos su evolución en la última década:

Hay aumento de afiliación en septiembre, comienzo del curso escolar, en educación, actividades administrativas e industria manufacturera, y caídas de ocupación en hostelería, comercio y sanidad. Estos datos mensuales muestran que continúan la temporalidad (91% en los contratos de septiembre) y la estacionalidad, características propias del mercado laboral español.

LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

En un reciente foro económico, el ministro español Luis de Guindos indicó que el modesto crecimiento económico se explica por la baja productividad que sufren los países europeos y que determina el comportamiento futuro de la economía. Si eso se combina con la debilidad de la demanda agregada y los altos niveles de endeudamiento que persisten, la combinación provoca que la coyuntura sea “frágil”.

La productividad muestra la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados. Aunque puede obtenerse para cada uno de los factores intervinientes en el proceso, generalmente se hace incidencia en el trabajo, al ser el más sencillo de calcular.

La denominada “productividad aparente del trabajo” es el cociente entre el valor añadido bruto (a coste de los factores) en términos constantes (descontado el efecto de los precios) y las horas trabajadas (VAB/HT). Engloba tanto la eficiencia del factor trabajo en sentido estricto como la debida a variaciones en las cantidades aplicadas de otros factores, así como el efecto del progreso técnico.

En el cálculo suele utilizase también como numerador la producción bruta (a precios de mercado), pero es más habitual recurrir al VAB, a fin de evitar el efecto de la la variación de los impuestos. También para el denominador existe la posibilidad de considerar el número de trabajadores, pero resulta más significativa la medida en función de las horas reales trabajadas.

En cualquier caso, es evidente que el resultado no mide únicamente la aportación del trabajo, dado que un aumento del nivel de la inversión en equipos productivos ayuda a incrementar la productividad de los trabajadores. De ahí la denominación de “aparente del trabajo” a esta medida de productividad.

El siguiente gráfico utiliza el VAB por hora trabajada para calcular las productividades de los países de la Unión Europea en el primer trimestre del año 2000 y en el cuarto de 2015. Los datos están en euros .

Observamos que tanto en el año 2000 como en el 2015 España ocupa el penúltimo lugar en el ranking europeo, sólo delante de Portugal. Alemania, que se sitúa en una posición intermedia, tenía en el año 2015 una productividad superior a 46 euros por hora, en tanto que España se quedaba en 32; es decir, que superaba a España en un 43%. El diferencial con Alemania se ha reducido con respecto al año 2000, pero hay que reconocer que el VAB por hora trabajada en España es muy bajo en relación con otros países de Europa.

Es cierto que la economía española ha conseguido mejorar la productividad en los recientes años de retroceso del PIB. En el período 2008-2013 aumentó más de un 2% anual, pero a costa de destruir empleo. La eficiencia media fue aumentando porque desaparecieron algunas empresas incapaces de afrontar la crisis. Pero el objetivo para una economía con alto nivel de paro como la española es captar demanda para aprovechar toda la capacidad instalada y, a largo plazo, incrementar el valor añadido.

Las mejoras de productividad suelen ser consecuencia de la capacidad de innovación, la mayor eficiencia en el uso de los recursos, la inversión física y la formación que aumenta el potencial humano. Sin tomar medidas en esos ámbitos organizativos se estará hipotecando el futuro en un entorno empresarial competitivo. 

La elevada proporción de contratos temporales en España (25%) repercute negativamente en la productividad de las empresas, dado que desmotiva al esfuerzo del trabajador. Su presencia en un tiempo reducido hace también que la empresa reduzca el nivel de formación ofrecida para mejorar la eficiencia.

Los estudios realizados ponen de manifiesto que la economía española, con alta proporción de microempresas y pymes, debe tender a incrementar el tamaño de las unidades productivas, para acercarse a los niveles europeos, y avanzar decididamente en el proceso de internacionalización.

El objetivo de aumentar la productividad suele estar en la mente de todos los buenos gestores económicos. Hace falta que también lo esté la preocupación por el reparto equitativo de las ganancias que reporta a la empresa entre los participantes en el proceso productivo.

HORAS DE TRABAJO Y DISTRIBUCION DE LA RENTA

A comienzos de los años noventa del siglo pasado, en la obra “Metamorfosis del trabajo”, de André Gorz, se señalaba que “cuando la economía requiere cada vez menos trabajo para un volumen de producción creciente y distribuye cada vez menos salarios, el poder adquisitivo de los ciudadanos y su derecho a unos ingresos no pueden depender ya de la cantidad de trabajo que lleven a cabo”.

En consecuencia, el trabajo realizado y la renta distribuida deben tender a ser independientes uno de la otra, porque en caso contrario, en términos económicos, no habrá suficiente demanda para absorber la producción y se caerá en la recesión.

En el siguiente gráfico, tomado de la asociación económica ATTAC, se muestra la evolución de las horas trabajadas y el PIB de España en los últimos 20 años:

                  

Mientras el PIB aumentó un 46,2%, las horas trabajadas solamente crecieron algo más que la mitad (26,7%), lo cual evidencia un notable incremento de la productividad aparente del trabajo, sobre todo a partir del 2007, debido en gran parte a la masiva pérdida de empleo.

Por tanto, es evidente que el proceso de automatización está acelerando la capacidad productiva con ahorro de personal directo, abriendo una brecha cada vez más grande entre el crecimiento de la producción y el trabajo necesario, lo cual plantea algunos retos sociales.

Uno de ellos es la financiación de las pensiones. La reducción de las horas necesarias da lugar a una importante caída de la remuneración total del trabajo, que reduce las cotizaciones a la Seguridad Social, poniendo en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En los recientes años de recesión económica, las rentas del trabajo han disminuido su participación en el PIB en 4 puntos porcentuales, al tiempo que los excedentes de explotación, que incluyen las rentas del capital, han ido aumentado.

Pero España ha aumentado el nivel de riqueza y supera en estos momentos, como vemos en el gráfico, al PIB de 2005, con lo que otros tipos de renta han ido creciendo y están beneficiando a una minoría de ciudadanos.

Por lo tanto, habrá que redistribuir las rentas generadas, cubriendo con impuestos la insuficiencia de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, a fin de atender los compromisos de las pensiones y las prestaciones para desempleados.

El incremento de la implicación directa de la Administración Pública en el sostenimiento de la Seguridad Social es una medida que vendrá a corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa a 34 países, donde la contribución procedente de los impuestos es más baja.

"BREXIT" Y GLOBALIZACIÓN

El proceso globalizador se suele defender apoyándose en el marco conceptual que aportó David Ricardo a principios del siglo XIX. Establecía que cuando un país produce bienes y servicios de acuerdo con sus ventajas comparativas respecto de otros países, teniendo en cuenta sus recursos y las capacidades de sus trabajadores, se verá favorecido por el comercio internacional. Así, las medidas de fomento del libre comercio prometen beneficios para todas las naciones que comercian.

La decisión de Gran Bretaña de salir ("Brexit") de la Unión Europea evidencia que la realidad, al menos en el corto plazo, es mucho más compleja. Parece que los británicos no se oponen al libre comercio, pero se resisten a la libre movilidad de los trabajadores, se rebelan contra los mandatos de las autoridades supranacionales y no les resulta atractiva la posibilidad de adoptar el euro.

Tras la conmoción del "Brexit", muchos políticos reconocen que subestimaron la fragilidad de la actual globalización. No supieron vislumbrar la reafirmación de identidades nacionales, la demanda de mayor control y rendición de cuentas democráticos y el ascenso de la desconfianza hacia las élites y los expertos.

El efecto inmediato de la decisión “Brexit” de los británicos fue una caída de las bolsas del mundo, en un solo día, de 2 billones de dólares, un descenso de la libra esterlina del 31% respecto del euro, que ha quedado asentada en torno al 10%, y la pérdida de la calidad de la deuda británica, según Moody´s, además de la renuncia del primer ministro David Cameron.

Aunque el Fondo Monetario Internacional prevé para 2016 y 2017 una caída del PIB británico, tal como observamos en el gráfico (linea roja), el Reino Unido creció 2 puntos porcentuales de PIB anuales más que la Eurozona (linea azul) en los años 2012 al 2014 y 1 punto en el 2015.

El mandato del pueblo británico de salir de la Unión Europea es seguramente el golpe más fuerte que ha recibido la globalización. Tengamos en cuenta que la Unión Europea está considerada como un caso paradigmático de integración multinacional, con libre flujo de bienes, servicios, personas y capitales entre sus países miembros.

Se puede constatar que la globalización ha traído un incremento de la desigualdad de los ingresos en los países desarrollados. A los trabajadores no llegan los beneficios del crecimiento de las últimas dos décadas. Las ganancias acaban incrementando los excedentes empresariales de las grandes empresas y los ingresos de los niveles más altos de renta, mientras que la clase media trabajadora se empobrece.

Algunos creen que el "Brexit" manda un mensaje nítido: el libre comercio y la globalización deben tener una dimensión social. Quizás la respuesta del pueblo británico en el referéndum sea una señal de que el ciudadano medio comienza a percibir que resulta un perdedor en esta globalización. Y puede que estemos ante una sublevación de perdedores sociales.

LA FINANCIARIZACIÓN

Se denomina financiarización al aumento de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento de la economía. Es resultado de la evolución bancaria en el capitalismo que se ha desarrollado desde los años 1970, caracterizado por un elevado endeudamiento y el dominio de las finanzas sobre la economía real productiva.

La financiarización opera mediante la transformación de derechos de crédito en títulos financieros comercializables, emitidos por los mercados de capitales. En el gráfico tenemos el caso de la titulización hipotecaria, que nació en España por una disposición legal de 1992, en la que una entidad convierte los créditos hipotecarios en Bonos Titulizados para ser intercambiados en los mercados de renta fija. La consecuencia es que el banco vende a otros las hipotecas, traspasando los riesgos que conllevan junto con los beneficios

Observamos cómo se transfiere el préstamo hipotecario del activo del banco al Fondo de Titulización, donde se transforma en los bonos de titulización hipotecaria, y el banco ingresa el efectivo percibido por la venta del préstamo. El Fondo venderá esos bonos a terceros, bien inversores particulares, bien otros fondos. La consecuencia principal es que se elimina el riesgo del balance del banco vendedor y recibe a cambio liquidez.

El crecimiento extraordinario del sector financiero podemos observarlo con nitidez en EEUU, el país que mejor ejemplifica la financiarización. La participación del ámbito financiero en el Producto Interior Bruto se ha duplicado en las últimas cuatro décadas, ascendiendo del entorno del 4% en 1970 al 8% a mediados de la década actual.

La función tradicional del sistema financiero ha sido canalizar los recursos líquidos de la economía hacia las empresas y las familias que desean invertir, una tarea de intermediarios financieros, recogiendo los fondos ahorrados en depósitos y entregándolos en forma de préstamos para la inversión y el consumo.

Pero en 1970, EE.UU. pone punto final al sistema de Breetton Woods, que había ligado en cuatro décadas el valor de las monedas al oro a través del dólar. Cuando se pierde esa referencia surge un nuevo contexto internacional, en el que el sector financiero comienza a ganar importancia a costa del ámbito productivo.

La financiarización es un proceso muy inestable, porque las finanzas acaban desconectándose de la economía productiva. Se crean montañas de préstamos y deudas, sin soporte de verdadero valor, y los procesos terminan en bancarrota. Es lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria, que se fue hinchando y acabó con una enorme deuda de familias y empresas

El divorcio entre el ámbito financiero y el productivo no es sostenible en el tiempo: el crecimiento de las cotizaciones bursátiles necesita ser respaldado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las empresas, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no crecen los ingresos de las empresas y las familias. Dado su sesgo cortoplacista, la financiarizaión tampoco cumple con las exigencias de facilitar el desarrollo de la economía productiva e impulsar el crecimiento económico.

Los efectos macroeconómicos de la financiarización son la subordinación de la economía pública a los dictados de los poderes privados más dinámicos, especulativos y deslocalizados. El poder financiero subordina los derechos sociales e impone la reestructuración regresiva del Estado de bienestar, negando la viabilidad de cualquier alternativa de cambio.