ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Se entiende por Política Económica el conjunto de acciones sobre variables económicas que emprenden las Administraciones Públicas y otras instituciones de un país, incluyendo las orientaciones y las exigencias de los grandes organismos internacionales, particularmente en un caso como España, un país integrado en la Unión Europea.

Hay un tipo de políticas, denominadas intervencionistas, basadas en el análisis keynesiano, que defiende la conveniencia de la intervención pública en la vida económica, porque se considera que los mercados no son capaces de asegurar ni un crecimiento económico sostenido ni el pleno empleo en una sociedad. Fue una reacción al desastre económico que trajo la Gran Depresión de 1929. 

Pero a partir de la década de los 80, el planteamiento ha sido criticado por los seguidores del pensamiento neoliberal, defendiendo que son los agentes económicos privados los que deben decidir la orientación de la economía, aduciendo la excesiva burocratización y la tendencia inflacionaria de la actuación pública.

En la imagen se señalan los grandes objetivos y los principales tipos de política económica que suelen utilizar los Estados para intervenir en las economías de los países.

Pensemos en el impulso industrializador en España, que llegó más tarde que en otros países de su entorno. A falta de ahorro privado, la industrialización se debió fundamentalmente a la intervención del Estado y a la llegada de capital extranjero. Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se paralizó con la Guerra Civil.

Posteriormente, tras dos décadas de autarquía, en los años 60 comenzó una época de crecimiento económico, con planes de desarrollo impulsados por autoridades públicas, al tiempo que se daba una emigración cuantiosa del campo a las ciudades, impulsada por la mecanización agrícola. Al faltar oportunidades de empleo en el país, varios millones de personas acabaron en el extranjero.

Las políticas económicas promovidas en la última década por la Unión Europea no parece que hayan sido muy acertadas para los países de la periferia, muy endeudados, como España, por tratarse en muchos casos de medidas de corte neoliberal que, en lugar de ayudar a reducir el peso de las deudas y transformar las estructuras económicas para aumentar la competitividad, han venido a incrementar la desigualdad y la pobreza.

La orientación de la política económica ha consistido en tratar de fomentar a toda costa el comercio exterior, pero el éxito del sector exportador tiene un limitado efecto en el conjunto de la economía, porque no representa más allá del 25% de toda la actividad económica. La vía alternativa para fortalecer la recuperación es aumentar la demanda interna para estimular la economía a través de medidas tales como el aumento de los salarios y de las inversiones públicas.

El presidente del Banco Central Europeo acaba de pedir un cambio de enfoque, recomendando que la política monetaria expansiva ceda el testigo a la política fiscal y especialmente a reformas estructurales, a fin de facilitar las inversiones.

Pero la Comisión Europea exige que los presupuestos anuales cuenten con su aprobación antes de presentarlos a los Parlamentos del país. Y a partir del 2020 no se podrá plantear prácticamente ningún déficit en los presupuestos, con lo cual se anula la capacidad de los gobiernos estatales para diseñar una política económica con cierta autonomía.

El Eurogrupo acaba de rechazar, a instancias de Alemania y Holanda, el plan de estímulo fiscal del comisario Moscovici, frustrando las expectativas de que cambie una política económica de austeridad que está obstaculizando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Se comprende así que esté reduciéndose el número de ciudadanos que confíen en la Unión Europea y muchos se pregunten si no sería preferible seguir el camino que han emprendido los británicos con su Brexit, o bien, como alternativa, exigir a las instituciones europeas el avance decidido hacia una Europa más solidaria y con estructuras verdaderamente democráticas.