EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA

Últimamente han surgido dos declaraciones novedosas en la perspectiva sobre la función del Estado (Administraciones Públicas) en la economía de un país: los conservadores británicos, en contra de su tradicional ideario, están tratando ahora de incorporar la intervención pública al desarrollo industrial del Reino Unido, y en la Unión Europea, la Comisión Juncker, con mayoría también conservadora, prepara un Plan de Inversión, con fondos públicos y privados, para impulsar el crecimiento económico en lo países asociados.

En el desempeño económico de una sociedad moderna intervienen tanto el sector privado como el Estado. Entre ambos realizan la asignación y la distribución de los recursos de la sociedad. Pese a que prevalece la idea de vivir en una economía de mercado, los países cuentan con un sector público presente en muchas esferas de la actividad económica

Además de las transacciones económicas del ámbito del sector privado, en el desarrollo económico inciden los bienes y servicios, las leyes y normas, la educación, las infraestructuras y el bienestar social, facilitados por la actividad pública. Aunque diversas corriente de pensamiento económico han propugnado que la intervención del Estado debe limitarse a un mínimo, lo cierto es que sus funciones han ido ampliándose a lo largo de los dos últimos siglos en la mayoría de los países.

Una de sus funciones más importantes es la gestión del gasto público, estableciendo políticas que fijen las prioridades estratégicas del país y las áreas en las que se deben invertir los recursos aportados por los ciudadanos, tales como justicia, sanidad, educación y seguridad.

Una segunda función es la regulación y el seguimiento de la actividad económica, sirviéndose de la política monetaria, asignada al banco central, y la política fiscal, estableciendo los impuestos necesarios y recurriendo al endeudamiento cuando sea preciso para financiar la estructura pública y los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Además, la regulación estatal debe garantizar la libre competencia, con normas antimonopolio como defensa de los consumidores.

Vemos en el gráfico que el gasto público español en el año 2015 (43,8%) estaba por debajo de la media de los principales países europeos (47,7%)

En un sistema capitalista, la actuación del Estado trata de mantener el equilibrio entre dos objetivos, en muchos casos contradictorios: favorecer la reproducción del capital privado y proteger el ejercicio del poder ciudadano, ya que que en las democracias parlamentarias, el Estado es la instancia colectiva en la que los ciudadanos pueden tener cierto poder no derivado de su capacidad económica.

Aunque la teoría neoclásica considera que el Estado apenas debe intervenir en la vida económica, el mundo empresarial cuenta con las entidades públicas para desarrollar sus actividades tanto en épocas de expansión como de dificultades. En la crisis de 2007, todos los agentes económicos privados han considerado que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para salir de la recesión. Los ejemplos más significativos han sido los millonarios rescates de algunos importantes bancos con dinero público.

No cabe duda de que el planteamiento de incrementar la intervención del Estado muestra cierto escepticismo respecto a la capacidad del mercado para solucionar los retos a los que se enfrentan las economías. Hay aspectos, como el estímulo a la innovación y el conocimiento, que requieren el apoyo decidido del sector público, así como la implementación de políticas sociales que garanticen el estado de bienestar.

En la búsqueda de la intervención estatal existe también cierta fascinación por las economías orientales, que incluyen participaciones públicas directas en el entramado productivo, con un control importante de las estrategias y resultados. Así, en países como China y Corea del Sur se impone un modelo de desarrollo industrial competitivo que amenaza el liderazgo de algunas grandes empresas occidentales.