LENTA RECUPERACIÓN

Las medidas de emergencia sanitaria para tratar de controlar los brotes de virus están sumergiendo a las economías de algunos países en aguas turbulentas. La caída del consumo, el cierre temporal de fronteras y la casi desaparición del turismo causan incremento de desempleo y aumento de precarización del trabajo. En el corto plazo, se está tratando de encontrar la mejor manera de compaginar la vida cotidiana con la acción del virus, adoptando medidas para minimizar el contagio. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el conjunto de las economías más desarrolladas tuvo un retroceso del PIB del 9,8% en el segundo trimestre de 2020. 

Como podemos observar, el Reino Unido es el país que mayor caída del PIB tuvo en el segundo trimestre de 2020 (20,4%), seguido de España (18,5%), situándose la media de la Unión Europea en el 11,7% 

En una perspectiva más amplia, la situación de pandemia va mostrando que se necesita reforzar el papel del sector público en la economía, superando las ideas de que sólo debe gestionar, con normativas legales, los problemas que surgen en los mercados. 

El Estado puede tener un papel más relevante, actuando como emprendedor que arriesga, favoreciendo movimientos hacia un modelo más sostenible desde los puntos de vita económico, social y medioambiental. Debe ser capaz de impulsar el desarrollo de las energías renovables, la transformación digital, la inteligencia artificial, la salud y el cuidado, entre otros aspectos. 

En su agenda de reformas, la economía española tiene pendientes varios retos estratégicos. Uno de los aspectos a afrontar es el mercado laboral, en el que ha de reducirse la precaridad del empleo, superando la dualidad temporales/indefinidos, y restablecerse la vinculación de los salarios a la productividad, a fin de que mejore el reparto de la renta para los asalariados. Hay que conseguir que en las fases recesivas el ajuste pueda realizarse vía salarios y no despidiendo trabajadores. 

Un segundo frente de acción es la reforma fiscal, que incremente la recaudación, haciendo pagar más a los altos ingresos, mejorando así la redistribución de la renta y el volumen de los recursos disponibles, al tiempo de reducir la desigualdad social. 

Están pendientes también las reformas regulatorias de la transición energética y de la vivienda, que requieren la reforma del mercado de la electricidad y la creación de viviendas públicas en alquiler, para incrementar la inversión, ayudar al acceso de los jóvenes a la vivienda y favorecer el cambio de modelo productivo. 

España va a encontrar más obstáculos que otros países europeos en la senda de recuperación, debido a la mayor incidencia del turismo y del ocio. Tampoco ayudarán las políticas activas de empleo, poco efectivas en España, para recolocar parados. 

La OCDE señala que España corre el peligro de quedase rezagada del resto de las economías avanzadas en la recuperación. Observa síntomas de debilidad en la actividad económica, cuando otros países experimentan cierto fortalecimiento. Por tanto, parece que el proceso de mejora va a ser lento. 

DESARROLLO TEMPRANO DE POTENCIALIDADES

 Uno de los esfuerzos más efectivos para mejorar el nivel de vida en una sociedad es el realizado en desarrollar el potencial humano de la población, incrementando conocimientos y habilidades personales, un proceso que debe comenzar con la adquisición de destrezas desde los primeros años de vida. 

Con esta perspectiva, crece el interés de los economistas en analizar el entorno socioeconómico de las familias y los expertos plantean intervenciones específicas para la primera infancia, tratando de promover el cuidado sensible y estimulante en el hogar y en los centros infantiles. 

La preocupación por el desarrollo del potencial humano ha tenido un recorrido inverso a la trayectoria vital de las personas. A mediados del siglo pasado comenzó a analizarse la situación de los trabajadores adultos, buscando la manera de aumentar la productividad y mejorar la capacidad de generar ingresos. Más tarde, la atención se dirigió a los jóvenes, favoreciendo el acceso a la universidad. 

La preocupación fue derivando años después hacia la enseñanza secundaria y primaria, para afrontar la deserción escolar en los institutos y mejorar la calidad educativa. Ahora, el debate se centra en el desarrollo de una educación preescolar de calidad y en la mejora de las relaciones de padres y cuidadores con los niños desde que son bebés. 

Como vemos en el cuadro, recogido del sistema de indicadores del Ministerio de Educación y Formación Profesional español, la escolarización en educación infantil no se generaliza hasta que los alumnos cumplen 3 años. La media de asistencia a los centros educativos a la edad de 2 años en el curso 2017/18 (últimos datos disponibles) es del 60%, con notables diferencias entre las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, mientras que en País Vasco se sitúa en el 93,1%, Murcia no supera al 32,2%. 

Se ha podido constatar que el desarrollo infantil temprano es una excelente inversión desde el punto de vista social y económico. Los estímulos en la infancia y la ayuda para favorecer su desarrollo potencial benefician tanto a las familias como a la sociedad, porque convierten a los niños en mejores y más productivos adultos, con capacidad para contribuir a la mejora económica y social de los países. 

No faltan críticas al modelo de educación del último siglo, que se ha caracterizado por su uniformidad. Se decidió afrontar el reto de la extensión educativa y la masificación de los centros con la homogeneidad ciudadana, estandarizando las metas y los procedimientos. 

Pero el paradigma productivo en la era de la información se basa precisamente en generar y utilizar conocimientos, más que en ejecutar una rutina establecida por otros. Hace falta resolver situaciones inesperadas y dar respuesta a problemas complejos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías empiezan a solicitarse personas muy competentes, no repetidores eficientes, capaces sólo de seguir instrucciones. 

En este contexto, la homogeneidad puede ser un obstáculo y, en cambio, la diversidad llega a considerarse como un alto valor. Algunos psicólogos señalan que los estándares del llamado “desarrollo normal” no son universales, sino que se puede diferenciar un conjunto muy diverso de posibilidades de realización humana. 

Por tanto, el reto no es tanto el de detectar en que medida el desarrollo de los niños se aproxima al estandar común, como medir la diferencia con el estandar, observando potencialidades, capacidades y recursos específicos en alguna actividad, así como habilidades en el enfrentamiento a situaciones difíciles. 

Para Howard Gardner, profesor de Harvard, el principal propósito de la educación «debería ser desarrollar las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecúen a su particular espectro de inteligencias. La gente que recibe apoyo en este sentido se siente más implicada y más competente, y, por ende, más proclive a servir a la sociedad de forma constructiva» 

Los estudios en este campo llevan a la conclusión de que la educación ha de estar centrada en los niños, comprometida con el desarrollo de sus competencias y alejada de la tradicional pretensión de uniformidad. Un maestro acostumbraba a explicar en la reunión de padres que la misión de la enseñanza infantil era semejante a la búsqueda del tesoro escondido. 

PANDEMIA Y BANCA PÚBLICA

Hasta los años 1990, en España existía un conjunto de bancos públicos, pertenecientes al Estado, que estaban orientados a financiar sectores concretos del país: 

Banco Hipotecario – Destinado a fomentar la construcción. 

Banco Exterior – Ayudaba a financiar operaciones con países extranjeros. 

Banco de Crédito Agrícola – Ayudas para el sector primario 

Banco de Crédito Local – Enfocado en créditos a los Ayuntamientos 

Crédito Social Pesquero – Para financiar a pequeños armadores y pescadores, principalmente. 

Estos bancos, que se unificaron en Argentaria (1991-1999), financiaron proyectos específicos en sectores en los que los bancos privados no operaban o imponían condiciones lesivas para los interesados, y fueron privatizándose, hasta integrarse en el grupo privado actual BBVA. 

Unas declaraciones recientes de la presidenta del Banco Santander dan idea de cierto cambio de perspectiva que se está produciendo en España sobre la banca pública. La máxima ejecutiva del primer banco español y segundo europeo venía a afirmar que confiaba en el apoyo de la banca pública para desplegar la estrategia de su banco. 

En una entrevista publicada en mayo manifestó que trabajaba con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un plan público-privado para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. El comprador pagaría un 5% del valor de la vivienda y el banco le daría una hipoteca por el 95%, con una garantía del ICO del 20%. Se confiaba en construir 150.000 viviendas y crear 500.000 empleos. 

Ha sido la llegada de la pandemia la que ha aflorado las debilidades del sistema financiero público español y, en concreto, el escaso papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuya financiación a empresas en 2019 supuso el 2% del crédito total. 

Las Cajas de Ahorro españolas, que compitieron con la banca privada en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, dejaron un vacío institucional en buena parte del país. Algunos piensan que, quizás, haya llegado el momento de construir una auténtica banca pública útil a toda la sociedad, sin empeñarse en competir en la financiación de rentistas y grandes corporaciones que generan beneficios sólo para determinados grupos. 

Se espera de la banca pública que sea capaz de financiar proyectos sociales arriesgados, emprendimientos de ciencia e investigación o inversiones en nuevas tecnologías, y no resulta creíble que este papel lo pueda cubrir Bankia, en el que a través del FROB el Estado tiene el 61,78% del capital. 

Las medidas contra la pandemia nos muestran que el Gobierno ha diseñado un modelo de inyección de liquidez basado en avales públicos del ICO, pero gestionados por la banca privada, que tiende a utilizar su poder para seleccionar al cliente más rentable, llegando a condicionar los préstamos con seguros y elevando después el tipo de interés. 

Ante la caída de la actividad, además de liquidez, muchas empresas pueden acumular pérdidas que harán peligrar su solvencia. Las entidades que operen en sectores muy afectados van a necesitar algún tipo de instrumento financiero, como los préstamos participativos, a reembolsar a la Administración, pero que computen como patrimonio neto 

Quizás una red de oficinas bancarias públicas hubiese podido acelerar la puesta en marcha de la liquidez necesaria, y las garantías públicas complementarias, sin discriminar a los clientes pequeños y sin recurrir a ventas de otros servicios. 

Un fallo de mercado de la banca privada es la falta de atención a proyectos de investigación básica para desarrollar, por ejemplo, tratamientos de enfermedades. La búsqueda de la maximización del valor para sus accionistas impide dirigir fondos hacia proyectos con riesgo potencial y períodos largos de maduración, inversiones más propias de la banca pública. 

La Asociación Europea de Bancos Públicos agrupa a 30 entidades, con una cuota de mercado del 15% y emplea a 190.000 personas. Entre sus objetivos se encuentran “el apoyo a la economía sostenible y el desarrollo social”, prestando especial atención a “la financiación de la vivienda social, el sistema sanitario, la educación y las infraestructuras públicas”. Sería bueno aprender de las experiencias positivas en los países que han contado con significativas entidades financieras públicas. 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La inserción laboral ya era un problema antes de la crisis del coronavirus. El desempleo en España a finales de 2019 se situaba en el 13,8% de la población activa, y cerca del 30% de los parados llevaba más de dos años buscando empleo. Al agravarse esta situación con la crisis del coronavirus, parece necesario afinar en las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores más vulnerables. 

La crisis actual tendrá incidencia diferente en cada rama de actividad económica, por lo que variarán en el futuro las necesidades de empleo. Así, algunos sectores muy afectados, como hostelería y restauración, han venido requiriendo más bien trabajadores con baja formación. Otras ramas productivas tenderán a crecer y crearán puestos de trabajo. Necesitarán contratar personal, con lo que van a producirse trasvases de trabajadores, pero será necesario mejorar la empleabilidad de los excedentes del sector servicios. 

Tomando como referencia las últimas dos décadas, se puede apreciar que España ha avanzado menos que otros países europeos en la reducción del desempleo y, además, mantiene una tasa de paro estructural elevada, que tiene especial impacto sobre el colectivo de jóvenes. 

El reto para las Políticas Activas de Empleo (PAE) es consecuencia de la estructura educativa polarizada de la población española. Cerca del 40% sólo cuenta con estudios básicos y más del 30% tiene nivel universitario, lo cual provoca un desequilibrio en el ajuste de la oferta y la demanda laboral, que lleva a contratar personas sobrecualificadas. La consecuencia es que el paro entre los que cuentan con estudios universitarios no llega al 9%, en tanto que supera el 31% en la población con estudios básicos. 

Según la OCDE, España tiene las mayores tasas de abandono educativo (18,3%) de la Unión Europea, prácticamente el doble de la media de los países europeos. La escasa cualificación contribuye a incrementar la tasa de paro de la población con estudios básicos.

El Servicio Nacional de Empleo (SEPE) gestiona las políticas de empleo. Para la situación más grave, el desempleo estructural, aplica medidas como las bonificaciones a las empresas que contratan a grupos desfavorecidos, la formación profesional de los desempleados, jóvenes con pocos estudios o adultos de mayor edad, y la formación continua de los trabajadores, a fin adaptarlos a los cambios que se producen en las necesidades de las empresas. 

Como vemos en el gráfico correspondiente a la evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 40% de las Políticas Activas de Empleo (PAE) se destina a incentivos a la contratación, ayudas en forma de bonificaciones y subvenciones a las empresas. En otros países, como Alemania, con buen funcionamiento de los programas PAE, apenas llega al 20% el volumen de recurso que va a este apartado. 

La AIReF señala que las oficinas de empleo están más centradas en el pago de prestaciones que en recolocar a los parados. Apunta, asimismo, que hay poca coordinación entre las Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). La gente que encuentra ocupación a través de las distintas oficinas de empleo de las Comunidades Autónomas oscila entre el 0,3% y el 3,1%. 

La estrategia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) está amortiguando el impacto de la crisis, pero a costa de un gasto público elevado. Utilizar su transitoriedad para terminar los apoyos a las actividades que se estiman inviables serviría para reasignar recursos, invirtiendo en la reactivación económica. Vendría bien gastarlo en mejorar las políticas activas de empleo destinadas a colocar a parados, que en España no han sido hasta ahora muy efectivas. 

APOYOS FINANCIEROS A LA RECONSTRUCCIÓN

Tras las guerras mundiales del siglo pasado, los países afectados establecieron tasas impositivas elevadas a las grandes fortunas para que ayudaran a la reconstrucción de los territorios devastados. Así, para sufragar los gastos de la última gran contienda, en EE.UU, Alemania y Japón, los tipos marginales impositivos alcanzaron cifras del 70%-80% de los ingresos. 

Siete décadas después del gran conflicto bélico, la pandemia del coronavirus Covid-19 ha obligado a los Estados a incrementar su intervención en la economía, con aumento notable del gasto público, para amortiguar las consecuencias del cese temporal de la actividad, a fin de evitar la extensión de los contagios. El gigantesco socavón presupuestario que se está produciendo en España, además de las ayudas europeas va a requerir un mayor esfuerzo fiscal, en base a la riqueza y la renta de los ciudadanos del país. 

A medida que transcurre el tiempo resulta más evidente que la crisis sanitaria y económica del coronavirus Covid-19 va a tener un impacto semejante al de un gran conflicto bélico, porque alterará los hábitos de vida, las formas de trabajo y removerá las estructuras productivas. 

En muchas ocasiones se confunden renta y riqueza, pero mientras la renta es un flujo regular, la riqueza constituye un fondo, resultado de ir acumulando la renta que no se gasta. El ingreso corriente o renta es el flujo de recursos que proviene del rendimiento de la actividad desarrollada en cada ejercicio económico. 

El conservadurismo político ha tendido a aceptar la desigualdad entre las rentas de los ciudadanos como un hecho poco menos que inevitable y se ha opuesto a la imposición progresiva, argumentando que un cambio en la distribución de ingresos podría traer ineficiencia, desempleo y crisis. Sin embargo, como señalan los estudios de Piketty, la reducción de las desigualdad en algunos períodos no ha ocasionado ninguna catástrofe, sino que ha propiciado sociedades más prósperas. 

Cuando el poder económico se democratiza, extendiéndose por la sociedad, las demandas de la población acaban influyendo en las políticas públicas, dando lugar a la progresividad en gastos e ingresos, lo cual lleva al incremento de la imposición a los más ricos, reduciendo el nivel de desigualdad, 

La imposición sobre las rentas más elevadas puede vehiculizarse desde los tipos máximos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la imposición sobre las rentas del capital y la que grava a sucesiones y donaciones. Las variaciones en estos impuestos en España en los últimos años reflejan una reducción en el gravamen a las rentas altas, que disminuye la capacidad redistributiva del sistema fiscal. 

Una formación política ha registrado en el Congreso español una propuesta no de ley que afecta a la renta, a modo de “Tasa Covid” temporal, en la que se plantea la creación de tramos extraordinarios en el IRPF para las rentas más elevadas, comenzando en el 47% a las superiores a 100.000 euros anuales y que llegue al máximo del 60% para los ingresos que superen 600.000 euros. 

La propuesta de un impuesto sobre la riqueza viene de los economistas Zucman, Saez y Landais, de la Universidad de California y de la London School of Economics, que sugieren crear una tasa temporal sobre el patrimonio. Señalan que debería ser a nivel de la Unión Europea para evitar la fuga de capitales, y vendría a aliviar el impacto de la pandemia en las arcas públicas. 

Estos economistas plantean que los poseedores de una riqueza neta (patrimonio) superior a 2 millones de euros abonen al año un 1% de su riqueza, un tipo que se elevaría al 2% cuando se superen los 8 millones y al 3% al sobrepasar los 1.000 millones. 

Los economistas señalan que las tasas no son descabelladas, porque están en línea con las aplicadas por países europeos que tenían impuestos sobre el patrimonio hasta hace poco, tales como Alemania, Dinamarca y Suecia. 

Según los cálculos de los expertos, el gravamen podría aportar en torno al 1% del PIB de la Unión Europea, lo cual significa que, si fuera necesario un fondo especial equivalente al 10% del PIB para afrontar los gastos extraordinarios del coronavirus, la recaudación permitiría pagar la deuda extra en 10 años. 

De este modo, los fondos con origen en los gravámenes impositivos en el propio país vendrían a ser transferencias entre individuos en base a rentas y patrimonios, que tendrían el efecto de reducir la desigualdad. 

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL EMPLEO

 La caída del PIB del 18,5% en el segundo trimestre, consecuencia del confinamiento y del cese de toda actividad no esencial, ha sumido oficialmente en una recesión económica a la economía española. La información de la Encuesta de Población Activa (EPA) del mismo período permite completar los datos sobre la incidencia del coronavirus en el empleo. 

Como vemos en el gráfico, en tanto que la ocupación fue incrementándose en los tres años anteriores entre 300.000 y 400.000 personas en el trimestre segundo, un período del año habitualmente favorable para el empleo, este año ha caído en 1.074.000 personas. 

La ocupación total descendió desde el entorno de 20 millones, que había alcanzado prácticamente en el último trimestre de 2019, a 18,6 en el segundo trimestre de este año, una cifra que, según la EPA, incluye a 4,7 millones de personas que no han trabajado, por tener los contratos suspendidos, al acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), o por paro parcial debido a razones técnicas o económicas. 

Descontando el colectivo de trabajadores sin actividad real, los ocupados que efectivamente han trabajado en el segundo trimestre han sido 13,9 millones, un 30% menos que hace tan solo 6 meses. 

El nivel de desempleo hay que interpretarlo también con el dato de trabajadores con contrato suspendido citado antes. Se incrementó en el trimestre solo en 55.000 personas, lo que sitúa la tasa de paro oficial en el 15,3%, con una variación intertrimestral de 1,66%. 

Además, hay que tener en cuenta que muchas personas que perdieron empleo o que se incorporaban al mercado laboral no estuvieron en condiciones de buscar trabajo para ser consideradas como población activa, debido al confinamiento y al cierre de oficinas administrativas, con lo que, en lugar de paradas, fueron clasificadas en el colectivo de “inactivas”, de ahí que este grupo haya aumentado en 1.062.800 personas. 

Como la tasa de paro no refleja la realidad existente en el mercado laboral, hay que recurrir a las horas efectivas de trabajo, que según la EPA, en el segundo trimestre han descendido un 22,59% en relación con el trimestre primero del año. Este dato y no la variación del desempleo es el que explica, junto a la productividad que se haya conseguido, la caída del PIB que hemos señalado al comienzo (18,5%). 

Por tanto, el segundo trimestre refleja ya con contundencia los estragos laborales por la crisis sanitaria que el primer trimestre apuntó de forma parcial. El deterioro se aprecia únicamente en términos de empleo, porque el efecto en el desempleo dependerá de lo que ocurra con la finalización de la cobertura ERTE. Al final de julio quedaban aún cerca de 1,2 millones de empleados con el contrato suspendido o la jornada reducida. 

La destrucción de empleo se ha centrado, al igual que en la recesión anterior, en los trabajadores con contrato temporal, un colectivo que ha soportado cerca de los dos tercios del total de empleo eliminado. Ha afectado también en mayor medida a colectivos vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y, especialmente, a los trabajadores con bajos niveles educativos. 

España es el país europeo con mayor fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo, lo cual es grave, porque la educación no es sólo un motor del crecimiento económico, sino que también lo es de la igualdad de oportunidades. El progreso que viene unido a la la transformación digital puede aumentar la brecha salarial entre los trabajadores en función de su formación. 

En cuanto a la incidencia sectorial, los servicios concentraron la mayor parte del ajuste en la ocupación, destruyendo 816.900 empleos, 77% de la caída total. El empleo en la industria retrocedió también en 127.100 personas (11%), la construcción en 108.800 (10%) y la agricultura en 21.400 (2%) 

Se calcula que la hostelería y los sectores relacionados representan en torno al 50% de la caída de la actividad económica, lo cual supone que una buena parte de la mejora del empleo en España está condicionado a corto plazo a la recuperación del sector turístico. Pero, sin duda alguna, el aumento de los contagios del virus es el principal peligro para el crecimiento en el nivel de empleo. 

LIMITACIONES DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

En las tres últimas décadas, el incremento del comercio mundial ha venido acompañado de una mayor fragmentación internacional de los procesos de producción. Las empresas distribuyen sus actividades entre diversos países, desde el diseño del producto hasta la fabricación de las piezas, su ensamblaje y la comercialización. 

Este proceso ha dado lugar a las denominadas «cadenas globales de valor» (CGV), definidas como el conjunto de actividades o etapas de producción que se realizan en diferentes países y que son requeridas para la elaboración y venta de bienes y servicios finales. Se estima que el 50% del comercio mundial ha estado vinculado a estas cadenas. 

Además de las normas que rigen el comercio entre los países, establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), la integración global basada en redes internacionales de producción supone también un avance para evitar las guerras comerciales, que resultan perniciosas para el crecimiento económico. 

Para ilustrar el funcionamiento de estas cadenas, veamos el caso paradigmático del aparato telefónico iPhone 7, en el contexto de la relación comercial entre China y EE.UU. Cada aparato que llegó al país norteamericano tenía un coste de 240 dólares, pero ninguno de sus componentes había sido fabricado en China, que sólo realizó el ensamblaje, con un ingreso de 8,46 dólares, el 3,56% del coste total del aparato en fábrica (237,46 dólares). 

Los componentes provenían de EE.UU (Intel), Japon (Sony), Corea del Sur (Samsung), Taiwan (Foxconn), entre otros, que percibieron en conjunto 229 dólares. El titular del aparato, Apple, se estima que logró una ganancia bruta de 283 dólares sobre un precio minorista de 650. China consigue muchos empleos, no bien pagados, y otros países se llevan el grueso del valor añadido. 

La fragmentación de la producción ha ido acelerándose con las ventajas de especialización y de costes de los procesos, especialmente a través de la mayor participación de algunos grandes países asiáticos, que han aportado mano de obra poco especializada a coste reducido, al tiempo que las nuevas tecnologías reducían el coste de las comunicaciones. 

Esta distribución internacional de tareas habrá influido en reducir los movimientos migratorios, aumentar la renta de los países menos desarrollados y poner al alcance de los consumidores productos finales a menor precio, pero la inesperada llegada del coronavirus Covid-19 ha cambiado la situación en los países, poniendo de relieve las limitaciones de las cadenas globales de valor. 

El confinamiento y la paralización de la producción para evitar la extensión del virus, primero en China y luego en otros países, provocó una interrupción de suministros, poniendo en riesgo la continuidad de los procesos productivos en los países que participaban en la cadena de producción. 

Durante la pandemia, algunas empresas dependientes de importaciones intermedias chinas y de otros países no han podido reemplazar a sus proveedores con la rapidez necesaria y han tenido problemas de abastecimiento. No es fácil encontrar al proveedor adecuado, capaz de responder a los requerimientos técnicos, de calidad y adecuados plazos para el buen funcionamiento de las redes de producción. 

Otro aspecto cuestionado ha sido la gestión de los inventarios. La coordinación de las cadenas de valor permitía a las empresas funcionar con el mínimo volumen de inventarios pero, al interrumpirse los suministros, se han encontrado sin existencias de materiales y productos intermedios para seguir fabricando los productos finales. 

A la desconfianza en un modelo productivo con dependencia de suministros exteriores se ha unido la preocupación por la falta de producción nacional considerada imprescindible. Es el caso del material sanitario (mascarillas, EPIs y respiradores) para hacer frente a la pandemia, que ha planteado la necesidad de reducir la dependencia externa, revisando las cadenas globales de valor y volviendo a situar en el país la actividad industrial. Las deslocalizaciones de actividad que propician las redes de producción han acentuado la pérdida de tejido industrial. 

Ante posibles perturbaciones futuras, la nueva tendencia se orienta a dar mayor peso a la seguridad en los abastecimientos, aún a costa de la menor competitividad, primando la cercanía y la diversificación en los suministros, además de asegurar inventarios suficientes en productos estratégicos y sensibles.