La inserción laboral ya era un problema antes de la crisis del coronavirus. El desempleo en España a finales de 2019 se situaba en el 13,8% de la población activa, y cerca del 30% de los parados llevaba más de dos años buscando empleo. Al agravarse esta situación con la crisis del coronavirus, parece necesario afinar en las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores más vulnerables.
La crisis actual tendrá incidencia diferente en cada rama de actividad económica, por lo que variarán en el futuro las necesidades de empleo. Así, algunos sectores muy afectados, como hostelería y restauración, han venido requiriendo más bien trabajadores con baja formación. Otras ramas productivas tenderán a crecer y crearán puestos de trabajo. Necesitarán contratar personal, con lo que van a producirse trasvases de trabajadores, pero será necesario mejorar la empleabilidad de los excedentes del sector servicios.
Tomando como referencia las últimas dos décadas, se puede apreciar que España ha avanzado menos que otros países europeos en la reducción del desempleo y, además, mantiene una tasa de paro estructural elevada, que tiene especial impacto sobre el colectivo de jóvenes.
El reto para las Políticas Activas de Empleo (PAE) es consecuencia de la estructura educativa polarizada de la población española. Cerca del 40% sólo cuenta con estudios básicos y más del 30% tiene nivel universitario, lo cual provoca un desequilibrio en el ajuste de la oferta y la demanda laboral, que lleva a contratar personas sobrecualificadas. La consecuencia es que el paro entre los que cuentan con estudios universitarios no llega al 9%, en tanto que supera el 31% en la población con estudios básicos.
Según la OCDE, España tiene las mayores tasas de abandono educativo (18,3%) de la Unión Europea, prácticamente el doble de la media de los países europeos. La escasa cualificación contribuye a incrementar la tasa de paro de la población con estudios básicos.
El Servicio Nacional de Empleo (SEPE) gestiona las políticas de empleo. Para la situación más grave, el desempleo estructural, aplica medidas como las bonificaciones a las empresas que contratan a grupos desfavorecidos, la formación profesional de los desempleados, jóvenes con pocos estudios o adultos de mayor edad, y la formación continua de los trabajadores, a fin adaptarlos a los cambios que se producen en las necesidades de las empresas.
Como vemos en el gráfico correspondiente a la evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 40% de las Políticas Activas de Empleo (PAE) se destina a incentivos a la contratación, ayudas en forma de bonificaciones y subvenciones a las empresas. En otros países, como Alemania, con buen funcionamiento de los programas PAE, apenas llega al 20% el volumen de recurso que va a este apartado.
La AIReF señala que las oficinas de empleo están más centradas en el pago de prestaciones que en recolocar a los parados. Apunta, asimismo, que hay poca coordinación entre las Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). La gente que encuentra ocupación a través de las distintas oficinas de empleo de las Comunidades Autónomas oscila entre el 0,3% y el 3,1%.
La estrategia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) está amortiguando el impacto de la crisis, pero a costa de un gasto público elevado. Utilizar su transitoriedad para terminar los apoyos a las actividades que se estiman inviables serviría para reasignar recursos, invirtiendo en la reactivación económica. Vendría bien gastarlo en mejorar las políticas activas de empleo destinadas a colocar a parados, que en España no han sido hasta ahora muy efectivas.
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