Las medidas de emergencia sanitaria para tratar de controlar los brotes de virus están sumergiendo a las economías de algunos países en aguas turbulentas. La caída del consumo, el cierre temporal de fronteras y la casi desaparición del turismo causan incremento de desempleo y aumento de precarización del trabajo. En el corto plazo, se está tratando de encontrar la mejor manera de compaginar la vida cotidiana con la acción del virus, adoptando medidas para minimizar el contagio.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el conjunto de las economías más desarrolladas tuvo un retroceso del PIB del 9,8% en el segundo trimestre de 2020.
Como podemos observar, el Reino Unido es el país que mayor caída del PIB tuvo en el segundo trimestre de 2020 (20,4%), seguido de España (18,5%), situándose la media de la Unión Europea en el 11,7%
En una perspectiva más amplia, la situación de pandemia va mostrando que se necesita reforzar el papel del sector público en la economía, superando las ideas de que sólo debe gestionar, con normativas legales, los problemas que surgen en los mercados.
El Estado puede tener un papel más relevante, actuando como emprendedor que arriesga, favoreciendo movimientos hacia un modelo más sostenible desde los puntos de vita económico, social y medioambiental. Debe ser capaz de impulsar el desarrollo de las energías renovables, la transformación digital, la inteligencia artificial, la salud y el cuidado, entre otros aspectos.
En su agenda de reformas, la economía española tiene pendientes varios retos estratégicos. Uno de los aspectos a afrontar es el mercado laboral, en el que ha de reducirse la precaridad del empleo, superando la dualidad temporales/indefinidos, y restablecerse la vinculación de los salarios a la productividad, a fin de que mejore el reparto de la renta para los asalariados. Hay que conseguir que en las fases recesivas el ajuste pueda realizarse vía salarios y no despidiendo trabajadores.
Un segundo frente de acción es la reforma fiscal, que incremente la recaudación, haciendo pagar más a los altos ingresos, mejorando así la redistribución de la renta y el volumen de los recursos disponibles, al tiempo de reducir la desigualdad social.
Están pendientes también las reformas regulatorias de la transición energética y de la vivienda, que requieren la reforma del mercado de la electricidad y la creación de viviendas públicas en alquiler, para incrementar la inversión, ayudar al acceso de los jóvenes a la vivienda y favorecer el cambio de modelo productivo.
España va a encontrar más obstáculos que otros países europeos en la senda de recuperación, debido a la mayor incidencia del turismo y del ocio. Tampoco ayudarán las políticas activas de empleo, poco efectivas en España, para recolocar parados.
La OCDE señala que España corre el peligro de quedase rezagada del resto de las economías avanzadas en la recuperación. Observa síntomas de debilidad en la actividad económica, cuando otros países experimentan cierto fortalecimiento. Por tanto, parece que el proceso de mejora va a ser lento.
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