Hasta los años 1990, en España existía un conjunto de bancos públicos, pertenecientes al Estado, que estaban orientados a financiar sectores concretos del país:
Banco Hipotecario – Destinado a fomentar la construcción.
Banco Exterior – Ayudaba a financiar operaciones con países extranjeros.
Banco de Crédito Agrícola – Ayudas para el sector primario
Banco de Crédito Local – Enfocado en créditos a los Ayuntamientos
Crédito Social Pesquero – Para financiar a pequeños armadores y pescadores, principalmente.
Estos bancos, que se unificaron en Argentaria (1991-1999), financiaron proyectos específicos en sectores en los que los bancos privados no operaban o imponían condiciones lesivas para los interesados, y fueron privatizándose, hasta integrarse en el grupo privado actual BBVA.
Unas declaraciones recientes de la presidenta del Banco Santander dan idea de cierto cambio de perspectiva que se está produciendo en España sobre la banca pública. La máxima ejecutiva del primer banco español y segundo europeo venía a afirmar que confiaba en el apoyo de la banca pública para desplegar la estrategia de su banco.
En una entrevista publicada en mayo manifestó que trabajaba con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un plan público-privado para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. El comprador pagaría un 5% del valor de la vivienda y el banco le daría una hipoteca por el 95%, con una garantía del ICO del 20%. Se confiaba en construir 150.000 viviendas y crear 500.000 empleos.
Ha sido la llegada de la pandemia la que ha aflorado las debilidades del sistema financiero público español y, en concreto, el escaso papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuya financiación a empresas en 2019 supuso el 2% del crédito total.
Las Cajas de Ahorro españolas, que compitieron con la banca privada en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, dejaron un vacío institucional en buena parte del país. Algunos piensan que, quizás, haya llegado el momento de construir una auténtica banca pública útil a toda la sociedad, sin empeñarse en competir en la financiación de rentistas y grandes corporaciones que generan beneficios sólo para determinados grupos.
Se espera de la banca pública que sea capaz de financiar proyectos sociales arriesgados, emprendimientos de ciencia e investigación o inversiones en nuevas tecnologías, y no resulta creíble que este papel lo pueda cubrir Bankia, en el que a través del FROB el Estado tiene el 61,78% del capital.
Las medidas contra la pandemia nos muestran que el Gobierno ha diseñado un modelo de inyección de liquidez basado en avales públicos del ICO, pero gestionados por la banca privada, que tiende a utilizar su poder para seleccionar al cliente más rentable, llegando a condicionar los préstamos con seguros y elevando después el tipo de interés.
Ante la caída de la actividad, además de liquidez, muchas empresas pueden acumular pérdidas que harán peligrar su solvencia. Las entidades que operen en sectores muy afectados van a necesitar algún tipo de instrumento financiero, como los préstamos participativos, a reembolsar a la Administración, pero que computen como patrimonio neto
Quizás una red de oficinas bancarias públicas hubiese podido acelerar la puesta en marcha de la liquidez necesaria, y las garantías públicas complementarias, sin discriminar a los clientes pequeños y sin recurrir a ventas de otros servicios.
Un fallo de mercado de la banca privada es la falta de atención a proyectos de investigación básica para desarrollar, por ejemplo, tratamientos de enfermedades. La búsqueda de la maximización del valor para sus accionistas impide dirigir fondos hacia proyectos con riesgo potencial y períodos largos de maduración, inversiones más propias de la banca pública.
La Asociación Europea de Bancos Públicos agrupa a 30 entidades, con una cuota de mercado del 15% y emplea a 190.000 personas. Entre sus objetivos se encuentran “el apoyo a la economía sostenible y el desarrollo social”, prestando especial atención a “la financiación de la vivienda social, el sistema sanitario, la educación y las infraestructuras públicas”. Sería bueno aprender de las experiencias positivas en los países que han contado con significativas entidades financieras públicas.
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