El Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo tenía como objetivo evitar las consecuencias negativas de las políticas presupuestarias, propiciando la corrección de déficit excesivos y la reducción de elevadas cargas de deuda pública.
Aunque debería promover superavit fiscal en épocas buenas y déficit en épocas de crisis, lo cierto es que algunos países europeos han mantenido un déficit estructural en épocas de bonanza y, en tiempo de crisis, han realizado ajustes con efectos negativos en el crecimiento y aumento de la deuda.
Las reglas fiscales se basan en indicadores de déficit público (3% del PIB) y deuda pública (60% del PIB), establecidos arbitrariamente hace varias décadas. La regla del déficit no utiliza el dato contable, sino el estructural, es decir, eliminado el efecto del ciclo económico, lo cual supone la previa estimación del PIB potencial, un cálculo que resulta complicado.
El debate se centra en estos momentos en la magnitud de la revisión que permita una reducción sostenida de la deuda pública, sin frenar la inversión que apoye la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.
Algunos expertos indican que las normas actuales son asimétricas y poco transparentes. A la Comisión Europea le corresponde presentar una propuesta de reforma audaz y forzar un debate a fondo en el Consejo para lograr cambios sustanciales en la gestión presupuestaria.
La propuesta de un “think tank” viene a señalar que el planteamiento de la reforma podría ser crear un fondo fiscal central permanente, consolidando e institucionalizando el instrumento “Next Generation EU”, transformado en un mecanismo paneuropeo de inversión.
Este mecanismo financiaría los bienes públicos de la UE, especialmente la inversiones verdes y digitales, y facilitaría la senda de ajuste de los Estados miembros hacia una posición fiscal sólida y sostenible, en interacción con las instituciones de la UE. Se evitaría así someter a los países a reglas fiscales arbitrarias.
Los países denominados frugales (Austria, Holanda, Suecia…) difícilmente apoyarán la creación de esta herramienta. Parece que Alemania tampoco lo respaldaría en principio, pero su ministro de finanzas ha admitido al menos debatir el tema.
Hay también otros planteamientos, como elevar el límite de deuda del 60% al 100%, abrir sendas de reducción de deuda ajustadas a las circunstancias de cada país o excluir del cómputo las inversiones necesarias para la transición climática y digital. Las propuestas repiten expresiones como “simplificación”, “transparencia” y “sencillez”, pero falta bajar a las concreciones.
En principio, los países tienen que volver el año que viene a las normas suspendidas pero la recuperación en marcha ha tenido complicaciones por las cadenas de suministros colapsadas y el incremento de la inflación, junto a nuevos coletazos del virus.
Va ganando apoyos el planteamiento de convertir el fondo de recuperación en una herramienta permanente, con el argumento de que la acción climática requiere inversiones públicas en infraestructuras, así como incentivos gubernamentales para fomentar inversiones privadas
Tras la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19, la Unión Europea ha reconocido al menos la imposibilidad de volver a aplicar las reglas fiscales utilizadas hasta ahora, dado que provocarían una nueva recesión en países como Grecia, Italia y España. Se requerirá un marco fiscal adaptado a las condiciones específicas de cada país.
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