La política fiscal es la rama de la política económica que utiliza los Presupuestos Generales del Estado para mantener la estabilidad económica, tratando de evitar situaciones de inflación o desempleo.
Uno de los componentes del documento presupuestario es el gasto público, donde constan los recursos empleados por el Gobierno para facilitar bienes y servicios a los ciudadanos, atender el pago de las pensiones, conceder prestaciones por desempleo y realizar transferencias de fondos como ayudas sociales a los colectivos necesitados. El segundo componente de los presupuestos generales son los ingresos públicos, que adoptan formas de impuestos, contribuciones sociales, tasas e ingresos patrimoniales.
Caben dos tipos de política fiscal: expansiva y restrictiva. El primer tipo, que trata de estimular el crecimiento económico y crear empleo, suele generar déficit en los Presupuestos del Estado, dado que tiende a incrementar más el gasto público que el ingreso, financiando la diferencia con la emisión de deuda pública.
La política fiscal restrictiva reduce el gasto público y sube los impuestos, con lo que desciende la demanda agregada y la producción. Se aplica cuando la economía se encuentra en un período de expansión excesiva y se teme un aumento significativo de la inflación.
En los países del euro, al no poder recurrir a la devaluación monetaria, se ha utilizado como política restrictiva la “consolidación fiscal”, que suele acabar de hecho con una devaluación de salarios.
En el gráfico tenemos la evolución de la presión fiscal, que es la relación entre la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al PIB. Se situó en 2019 en el 41,2% en la Unión Europea y el 41,6% en la Eurozona. La presión española no superó el 35,4%
Suele decirse que las guerras, revoluciones y desastres son las que dan consistencia a los sistemas fiscales de los países. Así, las dos guerras mundiales del pasado siglo alumbraron nuevos impuestos, en particular el impuesto sobre la renta, que hoy día es el predominante. Seguramente no va a ser diferente con la pandemia del Covid-19, con efectos asimilables en algunos aspectos a una guerra, que acabará influyendo en los sistemas fiscales de las próximas décadas.
Se van a introducir dos nuevos impuestos: la “tasa Tobin”, que grava con el 0,2% las operaciones de compraventa de acciones emitidas en España de sociedades con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, y la “tasa Google”, que grava con el 3% las empresas tecnológicas con ingresos anuales de más de 750 millones (en España, 3 millones)
La crisis de la pandemia ha reforzado el papel protector del Estado, promoviendo el lanzamiento de programas específicos de transferencias financieras para sostener las rentas de empresas y ciudadanos afectados por la caída forzosa de la actividad económica.
Los nuevos programas tienen como objetivo facilitar la reasignación de recursos hacia los sectores emergentes. Algunas empresas que se mantuvieron a flote gracias a las políticas sociales ya no serán viables y aparecerán oportunidades en sanidad y otros sectores tecnológicos.
Entramos en una fase distinta tras los largos meses de crisis. Las empresas están pasando de la carencia de liquidez a un posible problema de solvencia y, por tanto, hace falta que el Estado despliegue otro tipo de apoyos, destinados a reforzar los recursos propios de las entidades.
El desafío será combinar la protección aún necesaria para determinados colectivos con la reasignación de las ayudas, todo ello en un contexto de incertidumbre elevada, en el que aparecerán dificultades para la devolución de los créditos concedidos por los bancos, con lo que se activarán los avales públicos otorgados para las situaciones de insolvencia definitiva.
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