La política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos de política económica que se utilizan para influir en la evolución de los países. La política monetaria, decidida por el Banco Central, se basa en las tasas de interés y las inyecciones de dinero, y la política fiscal, ejecutada por el Gobierno, se sirve de los impuestos y los gastos públicos.
En períodos recesivos, cuando disminuye el nivel de actividad y sube el desempleo, el incremento de gasto público es una forma de estimular la economía. La reducción de impuestos, siempre que el saldo presupuestario lo aconseje, supone aumentar la renta disponible de las familias, para favorecer la demanda agregada.
A la inversa, durante una expansión económica el Gobierno puede subir los impuestos, reduciendo la renta disponible neta de los consumidores, generalmente con el objetivo de evitar el avance del proceso inflacionista.
En política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un conjunto de medidas de emergencia, que pueden agruparse en dos tipos: a) ampliar las compras de bonos del Estado y de las empresas para mejorar sus condiciones de financiación, y b) facilitar a los bancos el acceso a la liquidez, tanto en volumen como en coste.
En el gráfico observamos la evolución de los balances en los dos Bancos Centrales más importantes, que han multiplicado los activos por más de seis en las últimas dos décadas, consecuencia de las inyecciones de dinero a las economías.
Las compras del BCE se realizan con gran flexibilidad en tipos de activos y vencimientos, cuidando de que los bonos públicos se distribuyan adecuadamente en la Eurozona, a fin de transmitir correctamente la política monetaria única a todos los países, eliminando riesgos de fragmentación financiera.
Estas medidas han aliviado las tensiones financieras provocadas por la crisis sanitaria, contribuyendo a mejorar el flujo de créditos a las empresas, con coste reducido.
La política fiscal, que cuenta con mejores instrumentos para tratar las situaciones de crisis, se ha beneficiado del reducido coste de interés por la expansión monetaria impulsada por el BCE. En consecuencia, el aumento de la deuda pública que va a acarrear el incremento del gasto fiscal no va a sufrir recargos importantes por coste financiero.
La opinión generalizada es que la política fiscal apoye la recuperación, aunque ello suponga un incremento de gasto fiscal y un mayor endeudamiento. No es momento de recurrir a la subida de impuestos, puesto que reducirían el consumo privado y, dadas las dificultades de la exportación por la debilidad del comercio internacional, acabaría en reducción de la demanda agregada, con nueva caída del producto del país.
Si la Gran Recesión de los años treinta removió el pensamiento económico dominante, esta crisis también esta modificando la ortodoxia vigente en las últimas décadas, ampliando los márgenes de actuación de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, dirigida a facilitar la financiación de los Estados.
Esperemos que no se caiga en el error de 1937 en Estados Unidos. Los responsables del banco central norteamericano (Fed), estimaron que, tras la crisis de 1929, la economía no necesitaba ya una atención especial, y se eliminaron las políticas de apoyo fiscal y monetario. El resultado fue una importante recaída del PIB en 1938, la llamada “segunda Gran Depresión”.
Ante la profundidad de la crisis, las autoridades monetarias y fiscales han reconocido que estamos frente a un shock global y que, dejando a un lado el “riesgo moral”(acciones de riesgo sin soportar consecuencias), se tiene que hacer todo lo que sea necesario para superar la crisis.
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