Las autoridades monetarias están siendo contundentes, aplicando en la Eurozona políticas expansivas con la magnitud necesaria para hacer frente al impacto del coronavirus en las economías de los países.
El Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas sobre la garantía de liquidez, la facilidad de préstamos y la extensión de la compra de activos para mantener con holgura las condiciones financieras, asegurando el apoyo a los países en función de sus necesidades.
Las normas de sostenibilidad fiscal están suspendidas por el momento. Se quiere que las medidas de apoyo duren hasta que se superen los efectos del virus. Pero no dejan de advertir que ya volverá el momento de atender de nuevo a la situación de las finanzas públicas y se retomarán los procesos de ajuste necesarios.
En el siguiente gráfico tenemos la evolución del gasto público en España desde 2012
Como vemos en el gráfico, tras los recortes presupuestarios de la segunda parte de la crisis financiera iniciada en 2008, el gasto no financiero de las Administraciones Públicas fue incrementándose cada año, hasta alcanzar en 2018 el volumen de 2012, cuando se iniciaron los recortes auspiciados por la política de austeridad.
El gasto público español puede subir desde el 41,9% del PIB en 2019 al 51% en 2020, según cálculos de BBVA Research, en parte por la contracción del propio PIB, y por los compromisos para atender a los graves efectos del coronavirus en los sectores productivos.
En el siguiente gráfico tenemos la estructura del gasto público español, en porcentaje del PIB
Los principales destinos del gasto son la función de protección social, que incluye desempleo y pensiones (16,5%), la salud (6%), los servicios público generales (5,5% ) y la educación (4%).
El consumo y la inversión de las Administraciones Públicas tiene un efecto impulsor en la economía y los estabilizadores automáticos, especialmente el seguro de desempleo, ayudan a mantener la renta disponible de las familias en las recesiones, lo que permite sostener el consumo privado.
La transferencia de 17.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, dirigido a reforzar los gastos de sanidad y educación, junto a las prestaciones hacia colectivos vulnerables y coberturas para mantener el empleo (ERTES) han supuesto un importante incremento de gasto público discrecional.
La recuperación económica en la segunda parte del año podría haber hecho posible la reducción en el nivel de gasto fiscal, pero los elevados rebrotes de virus están prolongando la necesidad de apoyo en sectores importantes para la economía, como el turismo y la hostelería, con lo que se va a mantener el elevado gasto público en el segundo semestre.
La economía española tiene dos retos de cierta urgencia en el horizonte: aprobar los presupuestos públicos, en los que habrá de constar el proceso de reducción del déficit público a medio plazo, y construir proyectos con capacidad para encauzar las aportaciones del fondo de recuperación europeo, que apuntan a impulsar un modelo productivo más sostenible y digital.
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