Cuando una crisis sanitaria se propaga en varios continentes, como esta sucediendo con el coronavirus (covid-19), se exige una respuesta global y, sobre todo, cooperativa, porque el ataque de un virus tan contagioso y letal amenaza con derivar en una profunda crisis económica.
La rápida extensión del efecto económico del virus se debe sobre todo a las cadenas mundiales de producción que se han desarrollado en las últimas décadas, al distribuirse la fabricación de los componentes de muchos productos entre empresas de diversos países. Es por ello que las perturbaciones económicas en una parte del mundo afectan en otros lugares muy distantes. Se estima que casi todas las grandes empresas van a sufrir interrupciones de la cadena de suministro como secuela de la infección vírica.
Las medidas del “Estado de alarma” que se han decretado en España ocasionarán en primera instancia una reducción importante de la oferta de bienes y servicios, al decretarse el cierre de los establecimientos comerciales y fabriles que no ofrezcan productos básicos.
La caída de la actividad económica consiguiente reduce los ingresos de familias y empresas, provocando un descenso de la demanda tanto de consumo como de inversión, al tiempo que aumenta la incertidumbre y lleva a tratar de mantener dinero líquido para evitar una crisis de liquidez
La respuesta del Gobierno como política fiscal se está concretando en transferencias estatales para ayuda al desempleo y el apoyo a los colectivos más vulnerables. El presupuesto con esta finalidad es de 20.000 millones, que incluye medidas para respaldar al sistema sanitario. Muchas empresas necesitan ayudas inmediatas de dinero líquido.
En política monetaria, las medidas incorporan avales estatales hasta 100.000 millones para créditos bancarios, así como la moratoria en el pago de las hipotecas, para evitar desahucios. Al Banco Central Europeo (BCE) le corresponde respaldar estas medidas, a fin de favorecer el flujo de crédito hacia la economía real.
Recordemos que los países de la Unión Europea no tienen autonomía sobre sus propios presupuestos. Ha sido la normativa europea, al prohibir en los Tratados que los Estados reciban dinero directamente del BCE, la que obliga a recurrir a los mercados financieros, pagando intereses más elevados, provocado el incremento de la deuda de muchos países, como es el caso de España (98% sobre el PIB). Ello dificulta la ampliación del gasto en momentos de verdadera necesidad, como ahora por la pandemia. Podemos observar en el gráfico que las medidas de apoyo adoptadas por España son de menor calado que las de otros países, con niveles de endeudamiento inferiores.
Son pocos los países europeos que van a poder soportar por sí solos las medidas de gasto fiscal que conllevan afrontar el destrozo económico que va a acabar haciendo la pandemia. Aunque se suspendan por el momento las normas de estabilidad presupuestaria y se permita mayor gasto público para afrontar la coronovirus, los Gobiernos tendrán que endeudarse más y se originarán pesadas cargas.
Es cierto que ahora los intereses son muy bajos y la medida del BCE de llegar a utilizar hasta 750.000 millones de dólares en la compra de activos públicos y privados puede sostener los tipos en niveles reducidos, evitando el incremento de la prima de riesgo. Como siempre, el BCE dará primero el dinero a los bancos privados al 0% y luego serán ellos los que vayan a financiar, a tipo de interés de mercado, a los Gobiernos y las empresas.
La economía española es muy sensible a una pandemia, puesto que el turismo y el transporte de viajeros suponen el 15% del PIB del país. Este sector de servicios, que es particularmente vulnerable a las prohibiciones de viajes y al cierre de fronteras, ocupa al 13% de la fuerza laboral de España, una cifra que aumenta si se tienen en cuenta las actividades indirectas.
Muchos economistas vienen señalando que el impacto de la crisis sanitaria puede ser muy importante, sobre todo por su duración incierta, y solicitan que se adopten medidas coordinadoras en la Unión Europea. Se pide la creación de una deuda europea (eurobonos) y de políticas fiscales comunes, que compartan los riesgos presupuestarios entre todos los países. En cualquier caso, las drásticas medidas que se han tenido que tomar para detener la expansión de los contagios van a ocasionar la caída en la recesión económica, incrementando el desempleo, el déficit público y la deuda del país.
La rápida extensión del efecto económico del virus se debe sobre todo a las cadenas mundiales de producción que se han desarrollado en las últimas décadas, al distribuirse la fabricación de los componentes de muchos productos entre empresas de diversos países. Es por ello que las perturbaciones económicas en una parte del mundo afectan en otros lugares muy distantes. Se estima que casi todas las grandes empresas van a sufrir interrupciones de la cadena de suministro como secuela de la infección vírica.
Las medidas del “Estado de alarma” que se han decretado en España ocasionarán en primera instancia una reducción importante de la oferta de bienes y servicios, al decretarse el cierre de los establecimientos comerciales y fabriles que no ofrezcan productos básicos.
La caída de la actividad económica consiguiente reduce los ingresos de familias y empresas, provocando un descenso de la demanda tanto de consumo como de inversión, al tiempo que aumenta la incertidumbre y lleva a tratar de mantener dinero líquido para evitar una crisis de liquidez
La respuesta del Gobierno como política fiscal se está concretando en transferencias estatales para ayuda al desempleo y el apoyo a los colectivos más vulnerables. El presupuesto con esta finalidad es de 20.000 millones, que incluye medidas para respaldar al sistema sanitario. Muchas empresas necesitan ayudas inmediatas de dinero líquido.
En política monetaria, las medidas incorporan avales estatales hasta 100.000 millones para créditos bancarios, así como la moratoria en el pago de las hipotecas, para evitar desahucios. Al Banco Central Europeo (BCE) le corresponde respaldar estas medidas, a fin de favorecer el flujo de crédito hacia la economía real.
En los siguientes gráficos de El País podemos observar las dimensiones de las medidas de apoyo a la liquidez y de gasto público adoptadas por los Gobiernos de diversos países:
El problema en estos momentos es que, durante cierto tiempo, muchas empresas y consumidores no van a poder producir ni apenas consumir porque estamos en una crisis sanitaria que obliga a paralizar la actividad económica. Por tanto, lo importante es salvaguardar la capacidad productiva, tratando de mantener a las empresas en “respiración asistida”, porque si desaparecen en el período de inactividad, la crisis sanitaria se habrá convertido en en una recesión económica profunda.
Recordemos que los países de la Unión Europea no tienen autonomía sobre sus propios presupuestos. Ha sido la normativa europea, al prohibir en los Tratados que los Estados reciban dinero directamente del BCE, la que obliga a recurrir a los mercados financieros, pagando intereses más elevados, provocado el incremento de la deuda de muchos países, como es el caso de España (98% sobre el PIB). Ello dificulta la ampliación del gasto en momentos de verdadera necesidad, como ahora por la pandemia. Podemos observar en el gráfico que las medidas de apoyo adoptadas por España son de menor calado que las de otros países, con niveles de endeudamiento inferiores.
Son pocos los países europeos que van a poder soportar por sí solos las medidas de gasto fiscal que conllevan afrontar el destrozo económico que va a acabar haciendo la pandemia. Aunque se suspendan por el momento las normas de estabilidad presupuestaria y se permita mayor gasto público para afrontar la coronovirus, los Gobiernos tendrán que endeudarse más y se originarán pesadas cargas.
Es cierto que ahora los intereses son muy bajos y la medida del BCE de llegar a utilizar hasta 750.000 millones de dólares en la compra de activos públicos y privados puede sostener los tipos en niveles reducidos, evitando el incremento de la prima de riesgo. Como siempre, el BCE dará primero el dinero a los bancos privados al 0% y luego serán ellos los que vayan a financiar, a tipo de interés de mercado, a los Gobiernos y las empresas.
La economía española es muy sensible a una pandemia, puesto que el turismo y el transporte de viajeros suponen el 15% del PIB del país. Este sector de servicios, que es particularmente vulnerable a las prohibiciones de viajes y al cierre de fronteras, ocupa al 13% de la fuerza laboral de España, una cifra que aumenta si se tienen en cuenta las actividades indirectas.
Muchos economistas vienen señalando que el impacto de la crisis sanitaria puede ser muy importante, sobre todo por su duración incierta, y solicitan que se adopten medidas coordinadoras en la Unión Europea. Se pide la creación de una deuda europea (eurobonos) y de políticas fiscales comunes, que compartan los riesgos presupuestarios entre todos los países. En cualquier caso, las drásticas medidas que se han tenido que tomar para detener la expansión de los contagios van a ocasionar la caída en la recesión económica, incrementando el desempleo, el déficit público y la deuda del país.
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