Tras el primer acuerdo de subir el salario mínimo a 950 euros mensuales en 14 pagas, el Gobierno español de coalición de izquierdas va a convocar de nuevo a patronal y sindicatos para establecer los procedimientos y el calendario para negociar la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral adoptada por el Partido Popular (PP) en 2012.
La portavoz del Gobierno señala que no se trata de volver a la disposición del mercado laboral previo a la crisis financiera reciente, sino de recuperar los derechos laborales perdidos e ir adaptando el Estatuto de los Trabajadores a las necesidades actuales del mercado de trabajo.
Entre las actuaciones urgentes se contempla devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que implica consolidar su vigencia indefinida en tanto que no se pacten nuevos.
El mercado laboral español, marcado por la dualidad de contratos temporales y fijos, que ahora se va tratar de corregir, fue uno de los más vulnerables durante la crisis económica y mantiene aún la segunda mayor tasa de paro (13,8%) de la Unión Europea, detrás de Grecia.
Los expertos y los organismos internacionales (Comisión Europea y OCDE) estiman para España un paro estructural en torno al 13%-15%, aunque las diferencias entre Comunidades Autónomas son elevadas. La tasa estructural es aquella en la que el mercado de trabajo experimenta una cierta estabilidad en cuanto a que los salarios nominales no alteran el nivel de inflación.
Este tipo de desempleo obedece a los desajustes que se producen entre trabajadores y empresas, al necesitar los operarios cierto tiempo para ajustarse a los cambios tecnológicos. El resultado puede ser un desfase entre lo que los empleadores están buscando y lo que los trabajadores ofrecen. La tasa de paro estructural no es directamente observable y se estima en base a la relación que se da a lo largo del ciclo económico entre desempleo e inflación.
Como se observa en el gráfico, en períodos recesivos, como en los años 2009 a 2014, la tasa de desempleo aumenta más rápida que la tasa de paro estructural, lo cual indica que la subida del desempleo obedece sobre todo a la influencia negativa del ciclo económico. Una parte de ese aumento podría ser estructural si se produce un incremento del paro de larga duración, puesto que suele ocasionar cierta depreciación del capital o potencial humano.
La reducción del paro estructural en España pasa por mejorar el nivel formativo de la población juvenil. La tasa de abandono temprano de los estudios en algunas Comunidades Autónomas del país es muy elevada. El porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado el segundo nivel de educación secundaria y que no sigue ningún tipo de formación es del 17,9% (en hombres 21,7% y en mujeres 14%), cuando la media europea se sitúa en 11,9%. La diferencias entre Comunidades son amplias, entre un 24,4% en Baleares y el 6,9% en el País Vasco.
El año 2019 se cerró con la ocupación en niveles máximos históricos, y con una cifra de paro que, si bien es todavía elevada, parece situarse cerca de su tasa estructural. Pero el problema es que esta tasa es la más elevada de los países europeos, por lo que la nueva reforma laboral y las políticas activas de empleo del nuevo Gobierno tendrán que demostrar su eficacia reduciendo el colectivo de parados estructurales.
La portavoz del Gobierno señala que no se trata de volver a la disposición del mercado laboral previo a la crisis financiera reciente, sino de recuperar los derechos laborales perdidos e ir adaptando el Estatuto de los Trabajadores a las necesidades actuales del mercado de trabajo.
Entre las actuaciones urgentes se contempla devolver la prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que implica consolidar su vigencia indefinida en tanto que no se pacten nuevos.
El mercado laboral español, marcado por la dualidad de contratos temporales y fijos, que ahora se va tratar de corregir, fue uno de los más vulnerables durante la crisis económica y mantiene aún la segunda mayor tasa de paro (13,8%) de la Unión Europea, detrás de Grecia.
Los expertos y los organismos internacionales (Comisión Europea y OCDE) estiman para España un paro estructural en torno al 13%-15%, aunque las diferencias entre Comunidades Autónomas son elevadas. La tasa estructural es aquella en la que el mercado de trabajo experimenta una cierta estabilidad en cuanto a que los salarios nominales no alteran el nivel de inflación.
Este tipo de desempleo obedece a los desajustes que se producen entre trabajadores y empresas, al necesitar los operarios cierto tiempo para ajustarse a los cambios tecnológicos. El resultado puede ser un desfase entre lo que los empleadores están buscando y lo que los trabajadores ofrecen. La tasa de paro estructural no es directamente observable y se estima en base a la relación que se da a lo largo del ciclo económico entre desempleo e inflación.
Como se observa en el gráfico, en períodos recesivos, como en los años 2009 a 2014, la tasa de desempleo aumenta más rápida que la tasa de paro estructural, lo cual indica que la subida del desempleo obedece sobre todo a la influencia negativa del ciclo económico. Una parte de ese aumento podría ser estructural si se produce un incremento del paro de larga duración, puesto que suele ocasionar cierta depreciación del capital o potencial humano.
La reducción del paro estructural en España pasa por mejorar el nivel formativo de la población juvenil. La tasa de abandono temprano de los estudios en algunas Comunidades Autónomas del país es muy elevada. El porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado el segundo nivel de educación secundaria y que no sigue ningún tipo de formación es del 17,9% (en hombres 21,7% y en mujeres 14%), cuando la media europea se sitúa en 11,9%. La diferencias entre Comunidades son amplias, entre un 24,4% en Baleares y el 6,9% en el País Vasco.
El año 2019 se cerró con la ocupación en niveles máximos históricos, y con una cifra de paro que, si bien es todavía elevada, parece situarse cerca de su tasa estructural. Pero el problema es que esta tasa es la más elevada de los países europeos, por lo que la nueva reforma laboral y las políticas activas de empleo del nuevo Gobierno tendrán que demostrar su eficacia reduciendo el colectivo de parados estructurales.
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