EL PARÓN ECONÓMICO

Según los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, en el mes de marzo han descendido en 833.979 las personas afiliadas a la Seguridad Social, al tiempo que las inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentaron en 302.265, elevando el paro registrado en España a 3.548.312 personas, un 9% más que en marzo 2019.

El siguiente gráfico recoge la evolución del desempleo español en los últimos 12 meses:

Estas cifras reflejan las primeros efectos del parón económico que ha sufrido el país como consecuencia del cierre de establecimientos productivos, salvo los servicios esenciales, decretado por el Gobierno en el Estado de Alarma impuesto para hacer frente a la expansión del coronavirus (covid-19) entre la población.

No se incluyen entre los parados a los 3,1 millones de trabajadores de las empresas que han solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permite suspender por el tiempo que dure el Estado de Alarma y sus prórrogas los contratos de los trabajadores, y que éstos, sin darles de baja, cobren la prestación por desempleo. Las empresas acogidas al ERTE están comprometidas a no despedir trabajadores en los próximos 6 meses.

La reducción del PIB en 2020 puede ser elevada, como consecuencia de las pérdidas en turismo y del cierre temporal de la hostelería, la educación, la construcción y gran parte de la industria y del comercio minorista, aunque el nivel final de caída dependerá de cuánto se prolongue la situación de emergencia y el vigor del proceso de recuperación.

Desde el punto de vista económico, además de proporcionar al sector sanitario los recursos materiales y humanos que está demandando, se trata de ayudar cuanto sea posible a las empresas y a los trabajadores que se han quedado sin ingresos, y evitar por todos los medios la interrupción de las cadenas de suministro de bienes y servicios para atender las necesidades básicas de la población.

Las medidas adoptadas por el Gobierno han tratado de mitigar los efectos del elevado paro que la situación está provocando, con un doble objetivo: asegurar prestaciones a cuantos pierden el empleo y evitar que las cesaciones de empleo fueran permanentes.

Además de los avales públicos para la obtención de créditos bancarios en mejores condiciones, las medidas de emergencia pueden abarcar desde diferir el pago de impuestos, hipotecas, alquileres y otros gastos de familias, autónomos y pymes, hasta conceder subvenciones para ayudar al cumplimiento de los compromisos de pagos.

La emergencia sanitaria está haciendo aflorar el aumento de desigualdad que se ha venido consolidando durante el período de recuperación económica. Con el aumento de la temporalidad laboral se fue incrementando el colectivo de trabajadores pobres, hasta llegar a los 9 millones de ciudadanos o más de 3,5 millones de familias subsistiendo por debajo del nivel de pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral y los bajos salarios.

A diferencia de las clásicas recesiones económicas, la caída de producción en esta crisis no está provocada por la falta de demanda, sino que es consecuencia de las medidas para evitar el contagio masivo de la población, por lo que se trata de garantiza el funcionamiento de los sectores esenciales, proporcionar recursos a los colectivos afectados y reducir al mínimo posible el daño al tejido empresarial, tratando de evitar que la falta de liquidez provocada por el parón económico se convierta en una crisis de solvencia.