El sector público es un componente fundamental de toda economía de mercado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países mas desarrollados del mundo, considera que “los gobiernos son responsables de promover el crecimiento económico y el desarrollo social, proporcionando bienes y servicios, regulando la conducta de las empresas y los individuos y redistribuyendo los ingresos”
Las actividades públicas se gestionan a través de los Presupuestos Generales del Estado, los documentos que recogen los gastos e ingresos de cada año, y son aprobados por el poder legislativo (Congreso y Senado, en España) a partir de los proyectos que presentan los Gobiernos.
Las diferentes partidas de gastos se presentan distribuidos en las diferentes áreas en las que actúa la Administración del Estado, tales como educación, sanidad, justicia, etc. Por su parte los ingresos provienen básicamente de los impuestos directos (sobre las rentas de las personas físicas y de las sociedades) y de los impuestos indirectos, tanto del Estado estrictamente (sobre el valor añadido) como de otros ámbitos del sector público (ingresos de la Seguridad Social y otros)
Los ingresos y gastos públicos indican el tamaño del Estado, que es menor en España que la media de los países de la Unión Europea, una diferencia que se amplia al realizar la comparación con el promedio de los miembros de la Eurozona. En el año 2018, los gastos del sector público español representaban el 41,3% del PIB, en tanto que la media de los 28 países de la Unión Europea fue del 45,6% y, en el caso de la Zona del euro, del 46,8%.
En cuanto a lo ingresos públicos, con datos de Eurostat, la oficina de estadística europea, la media en la Eurozona fue del 46,3% del PIB, y del 45% en la Unión Europea, mientras que en España se quedó en el 38,9%,
El gasto público español, inferior al de los países europeos, viene a condicionar el desarrollo del Estado de Bienestar que demanda la sociedad. La limitación de los recursos públicos es consecuencia del bajo nivel recaudatorio de la Administración en España, 7,4 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la Eurozona en 2018.
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la recaudación en España y en el conjunto de los países europeos, en el período 2007-2017, en porcentaje de PIB
Los principales impuestos españoles está afectados por la economía sumergida, dado que muchas transacciones de bienes y servicios, así como ciertas rentas de trabajo y de capital, escapan al control de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.
La economía sumergida está formada por el conjunto de transacciones monetaria no declaradas ante las autoridades fiscales o monetarias competentes. La consecuencia es la evasión fiscal, que reduce la recaudación tributaria en el país. Conviene distinguir entre economía ilegal, constituida por las transacciones cuyo comercio está prohibido (por ejemplo, trafico de drogas), y economía informal, que incluye las operaciones legales que no se declaran para pagar impuestos.
Cuantificar la economía sumergida no es tarea sencilla, debido a las dificultades para definir su perímetro con exactitud y a que las actividades recogidas persiguen escapar al control público, con lo que se hace preciso recurrir a métodos indirectos, utilizando variables a escala macroeconómica, relacionándolas con el tamaño de la actividad económica oculta.
El equipo de la Agencia Tributaria española, en el plan estratégico para el próximo cuatrienio, no se muestra de acuerdo con los estudios que sitúan entre el 20% y el 25% del PIB el tamaño de la economía ilegal en nuestro país, recordando que, con los análisis del FMI, la estimación se rebajó hasta el 11,2% del PIB
La Agencia considera que solo el 60% de la economía sumergida es susceptible de someterse a tributación, una vez descontadas las actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, los mínimos exentos y los incentivos fiscales, con lo que el neto para aplicar impuestos quedaría en torno al 6,7% del PIB (60% sobre 11,2%)
Por lo tanto, se acepta como cálculo razonable de la actividad económica oculta susceptible de pagar impuestos la cifra de 80.000 millones de euros (6,7% sobre 1,2 billones). Aplicando a esta base imponible el tipo medio impositivo en España del 35,2%, el potencial de ingresos que la administración tributaria podría incrementar ascendería a 28.160 millones de euros.
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