La política fiscal es el conjunto de medidas que adoptan las Administraciones Públicas (Estado central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) a través de los gastos públicos y la recaudación de impuestos, con tres objetivos básicos: ocupar totalmente los recursos tanto humanos como materiales, estabilizar los precios e impulsar el crecimiento económico
Dado que, como miembro de la Eurozona, la política monetaria de España se decide en el Banco Central Europeo, la política fiscal es el instrumento más importante que disponen las autoridades del país para intervenir en la economía.
El gobierno puede actuar con dos tipos de políticas fiscales: discrecionales y estabilizadores automáticos. En el primer caso influye en los ingresos y los gastos públicos para impulsar el nivel de actividad económica, actuando, en épocas de crisis, a través de la reducción de tipos impositivos, lanzamiento de inversiones en obras públicas, programando planes de empleo y transfiriendo renta a las familias.
La política fiscal discrecional es expansiva cuando al aumentar los gastos o disminuir los impuestos eleva la renta disponible de los consumidores. En cambio, es restrictiva cuando actúa en sentido contrario, reduciendo los gastos o incrementando los impuestos.
Los estabilizadores automáticos tratan de equilibrar la actividad económica suavizando de modo inmediato las etapas del ciclo económico. Si la economía se encuentra en fase recesiva, los estabilizadores ralentizaran la caída y si está en plena expansión reducirán el incremento de la inflación. Los estabilizadores automáticos más importantes son el impuesto progresivo sobre la renta y el subsidio de desempleo.
Las políticas fiscales dan lugar a la presión fiscal, que es la carga que han de soportar las empresas y los ciudadanos de un país respecto a su PIB. En el siguiente gráfico tenemos una situación comparativa de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
PRESIÓN FISCAL EN LA OCDE
Observamos que España estaba en 2017 entre los países de baja tributación, con un 33,3% sobre el PIB, a la altura de Gran Bretaña, pero 8 puntos porcentuales por debajo de Italia y 13 puntos de Francia en la recaudación de impuestos.
Las políticas de austeridad en el gasto público y la contención en los impuestos de los últimos años se han justificado exigiendo a los gobiernos el comportamiento habitual de las familias: nunca deben gastar más de lo que ingresan.
Es una idea que parece cargada de sentido común, pero entre el sector público y la familia hay diferencias importantes. Cuando una familia gasta menos de los que ingresa está ahorrando, pero cuando el Estado gasta menos, los agentes económicos (familias y empresas) perciben una renta menor y, en consecuencia, pagan menos impuestos, con lo que baja la recaudación, se ahorra menos y el sector público puede entrar en déficit más fácilmente.
Mientras las familias tienen un plazo limitado para pagar sus deudas, los Estados pueden emitirlas a muy largo plazo e incluso emitir deuda perpetua, es decir, pagando únicamente lo intereses sin tener que devolverla. Pueden también ir renovando la deuda a base de nuevas emisiones, como lo viene realizando el Estado español en la última década, algo que resulta muy difícil para las familias.
Tengamos en cuenta que el Estado tiene más larga existencia temporal que una familia y es responsable de realizar con endeudamiento inversiones de infraestructura que se disfrutarán durante muchos años. Por ello, también el coste de la financiación puede ser afrontada por varias generaciones.
El gobierno puede actuar con dos tipos de políticas fiscales: discrecionales y estabilizadores automáticos. En el primer caso influye en los ingresos y los gastos públicos para impulsar el nivel de actividad económica, actuando, en épocas de crisis, a través de la reducción de tipos impositivos, lanzamiento de inversiones en obras públicas, programando planes de empleo y transfiriendo renta a las familias.
La política fiscal discrecional es expansiva cuando al aumentar los gastos o disminuir los impuestos eleva la renta disponible de los consumidores. En cambio, es restrictiva cuando actúa en sentido contrario, reduciendo los gastos o incrementando los impuestos.
Los estabilizadores automáticos tratan de equilibrar la actividad económica suavizando de modo inmediato las etapas del ciclo económico. Si la economía se encuentra en fase recesiva, los estabilizadores ralentizaran la caída y si está en plena expansión reducirán el incremento de la inflación. Los estabilizadores automáticos más importantes son el impuesto progresivo sobre la renta y el subsidio de desempleo.
Las políticas fiscales dan lugar a la presión fiscal, que es la carga que han de soportar las empresas y los ciudadanos de un país respecto a su PIB. En el siguiente gráfico tenemos una situación comparativa de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
PRESIÓN FISCAL EN LA OCDE
Observamos que España estaba en 2017 entre los países de baja tributación, con un 33,3% sobre el PIB, a la altura de Gran Bretaña, pero 8 puntos porcentuales por debajo de Italia y 13 puntos de Francia en la recaudación de impuestos.
Las políticas de austeridad en el gasto público y la contención en los impuestos de los últimos años se han justificado exigiendo a los gobiernos el comportamiento habitual de las familias: nunca deben gastar más de lo que ingresan.
Es una idea que parece cargada de sentido común, pero entre el sector público y la familia hay diferencias importantes. Cuando una familia gasta menos de los que ingresa está ahorrando, pero cuando el Estado gasta menos, los agentes económicos (familias y empresas) perciben una renta menor y, en consecuencia, pagan menos impuestos, con lo que baja la recaudación, se ahorra menos y el sector público puede entrar en déficit más fácilmente.
Mientras las familias tienen un plazo limitado para pagar sus deudas, los Estados pueden emitirlas a muy largo plazo e incluso emitir deuda perpetua, es decir, pagando únicamente lo intereses sin tener que devolverla. Pueden también ir renovando la deuda a base de nuevas emisiones, como lo viene realizando el Estado español en la última década, algo que resulta muy difícil para las familias.
Tengamos en cuenta que el Estado tiene más larga existencia temporal que una familia y es responsable de realizar con endeudamiento inversiones de infraestructura que se disfrutarán durante muchos años. Por ello, también el coste de la financiación puede ser afrontada por varias generaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario