La norma de estabilidad presupuestaria significa que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio los presupuestos de cada período. Pueden incurrir en superavit (más ingresos que gastos), pero deben evitar situaciones de déficit (más gastos que ingresos).
Se llama saldo presupuestario a la diferencia entre los ingresos público por recaudación de impuestos y los gastos públicos, tanto por compra de bienes y servicios como en transferencias (pensiones, subsidio de desempleo...).
Aunque el saldo presupuestario tiende a ser un indicador de la política fiscal aplicada, hay que tener en cuenta que una variación determinada del gasto en la compra de bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión, tiene mayor efecto en la demanda agregada que la variación de los impuestos o de las transferencias.
En el siguiente cuadro tenemos la evolución del déficit público español, en porcentaje sobre el PIB, en los últimos 12 años:
Tanto el déficit público observado como el saldo estructural (el déficit ajustado al ciclo económico) de los últimos tres años han sido en España los más elevados de los 19 países de la Eurozona. En cuanto al déficit primario (sin contar con el pago de intereses), viene a oscilar en torno al 0,9% del PIB.
El saldo presupuestario ajustado al ciclo económico (saldo estructural) es una estimación de cuál sería el déficit público si el PIB real fuera el correspondiente a la producción normal (producción potencial), eliminando las consecuencias de posibles fases recesivas o expansivas.
Como podemos observar en el cuadro, el déficit estructural fluctúa menos que el déficit observado, lo cual quiere decir que los elevados déficit de los años 2009 a 2012 fueron consecuencia de la situación recesiva de la economía.
La mayoría de los economistas estima que el gobierno debe equilibrar los presupuestos solo en promedio, es decir, que se puede tener déficit en años malos, que se compensen con superávit en años buenos. Un equilibrio permanente cada año impediría que los impuestos y las transferencias actuaran como estabilizadores automáticos.
En una economía en recesión, cuando el paro hace que se reduzca el volumen de salarios y, por tanto, el consumo, el subsidio de desempleo, por ejemplo, entra en funcionamiento actuando como estabilizador automático y, aunque pueda generar déficit, tiende a sostener el consumo, evitando un mayor hundimiento de la economía.
Como parte de los acuerdos de creación del euro, los gobiernos firmaron en 1999 el pacto de estabilidad, exigiendo a cada país miembro de la Eurozona mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.
El objetivo era evitar déficits irresponsables provocados por presiones políticas, que podían poner en peligro la estabilidad del euro. El inconveniente del acuerdo ha sido que obliga a los países a recortar gastos o subir impuestos cuando, en situaciones de recesión, el déficit sobrepasa el nivel establecido.
Como se ha comprobado en la crisis de 2008, la austeridad exigida por la normativa del 3% hace que la política fiscal acentúe las recesiones en lugar de aliviarlas. Las naciones periféricas europeas, entre ellas España, perdieron durante la crisis la confianza de los inversores, que dudaban sobre la capacidad de devolver las deudas.
En diciembre de 2011 se llegó al acuerdo de tomar como nueva referencia el equilibrio presupuestario estructural, el ajustado por el ciclo económico. Cada país debe situarse cerca de cero, con déficits anuales que no superen el 0,4% del PIB. La estabilidad en un contexto intertemporal se situó en una deuda máxima del 60% del PIB (en España estamos en torno al 100%)
Pero las normas fiscales van a seguir haciendo que, en períodos de crisis, los países europeos se vean forzados a recortar gastos o subir impuestos, medidas que resultan improcedentes desde el punto de vista del análisis macroeconómico.
Aunque el saldo presupuestario tiende a ser un indicador de la política fiscal aplicada, hay que tener en cuenta que una variación determinada del gasto en la compra de bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión, tiene mayor efecto en la demanda agregada que la variación de los impuestos o de las transferencias.
En el siguiente cuadro tenemos la evolución del déficit público español, en porcentaje sobre el PIB, en los últimos 12 años:
El saldo presupuestario ajustado al ciclo económico (saldo estructural) es una estimación de cuál sería el déficit público si el PIB real fuera el correspondiente a la producción normal (producción potencial), eliminando las consecuencias de posibles fases recesivas o expansivas.
Como podemos observar en el cuadro, el déficit estructural fluctúa menos que el déficit observado, lo cual quiere decir que los elevados déficit de los años 2009 a 2012 fueron consecuencia de la situación recesiva de la economía.
La mayoría de los economistas estima que el gobierno debe equilibrar los presupuestos solo en promedio, es decir, que se puede tener déficit en años malos, que se compensen con superávit en años buenos. Un equilibrio permanente cada año impediría que los impuestos y las transferencias actuaran como estabilizadores automáticos.
En una economía en recesión, cuando el paro hace que se reduzca el volumen de salarios y, por tanto, el consumo, el subsidio de desempleo, por ejemplo, entra en funcionamiento actuando como estabilizador automático y, aunque pueda generar déficit, tiende a sostener el consumo, evitando un mayor hundimiento de la economía.
Como parte de los acuerdos de creación del euro, los gobiernos firmaron en 1999 el pacto de estabilidad, exigiendo a cada país miembro de la Eurozona mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.
El objetivo era evitar déficits irresponsables provocados por presiones políticas, que podían poner en peligro la estabilidad del euro. El inconveniente del acuerdo ha sido que obliga a los países a recortar gastos o subir impuestos cuando, en situaciones de recesión, el déficit sobrepasa el nivel establecido.
Como se ha comprobado en la crisis de 2008, la austeridad exigida por la normativa del 3% hace que la política fiscal acentúe las recesiones en lugar de aliviarlas. Las naciones periféricas europeas, entre ellas España, perdieron durante la crisis la confianza de los inversores, que dudaban sobre la capacidad de devolver las deudas.
En diciembre de 2011 se llegó al acuerdo de tomar como nueva referencia el equilibrio presupuestario estructural, el ajustado por el ciclo económico. Cada país debe situarse cerca de cero, con déficits anuales que no superen el 0,4% del PIB. La estabilidad en un contexto intertemporal se situó en una deuda máxima del 60% del PIB (en España estamos en torno al 100%)
Pero las normas fiscales van a seguir haciendo que, en períodos de crisis, los países europeos se vean forzados a recortar gastos o subir impuestos, medidas que resultan improcedentes desde el punto de vista del análisis macroeconómico.
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