Esta tasa de dependencia se puede calcular de modo global o con respecto a los dos tramos de población teóricamente dependiente (<16 y >64 años). La tasa global se define como la proporción de dependientes, personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar, que tienen entre 16 y 64 años. Este tipo de cálculo, que se utiliza en las estadísticas internacionales, supone una simplificación, puesto que una parte de las personas en edad laboral no forman parte de la población activa al no estar incorporadas al mercado de trabajo. Se consideran activas únicamente a las que trabajan percibiendo una remuneración o están buscando empleo.
El incremento del número de personas mayores crecerá rápidamente, lo cual hará reducir la población en edad de trabajar y, al necesitar las personas con edad avanzada mayores cuidados, intensivos en mano de obra, como la atención personal en el caso de la demencia, dará lugar a la escasez de fuerza laboral. Desde el punto de vista económico, una elevada tasa de dependencia condiciona los gastos públicos de los países en pensiones y en sanidad.
Con el descenso en número de los menores de edad, debido a la reducción de la natalidad, la dependencia global fue reduciéndose desde 1975, año en el que se situaba en torno al 65%, hasta el período 2005-2008, con cerca del 47%. Como observamos en el gráfico, a partir de 2008, bajo la influencia decisiva del colectivo de mayores de 64 años, la tasa ha ido incrementándose. En 2018 alcanzó un un 55,7%, es decir, que hay una persona dependiente por cada 1,79 ocupados. Se prevé que el ratio continúe ascendiendo hasta un 59,2% dentro de 5 años (1 dependiente por 1,69 trabajando)
La creciente esperanza de vida es sin duda una buena noticia, pero el gasto público asociado al envejecimiento se convierte en la mayor carga presupuestaria de la Administración Pública: pensiones, atención sanitaria y cuidados de las personas dependientes. Según el Banco de España, el gasto conjunto de las tres partidas puede pasar del 19% al 21% del PIB en las próximas tres décadas..
Con la revalorización de las pensiones el 0,25% anual y la entrada en vigor de factor de sostenibilidad en 2019, que vincula las pensiones nuevas que entren en el sistema a la esperanza de vida, el Gobierno ya había echado sobre la espalda de los pensionistas el ajuste del presupuesto en envejecimiento.
Pero la respuesta multitudinaria en las calles de muchas ciudades españolas esta obligando al Estado a modificar las perspectivas y empezar a admitir que para afrontar de verdad el reto de las pensiones será necesario avanzar hacia los modelos europeos y proveer a la Hacienda Pública de mayores ingresos.
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