La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en España, considera consumo público al gasto de consumo final realizado por las Administraciones Públicas en los bienes y servicios que ofrecen a los hogares o a la comunidad para atender directamente sus necesidades.
Aunque en el momento de la entrega de estos bienes y servicios el hogar o la colectividad no paga por ellos, de manera indirecta sí son los ciudadanos los que están financiándolos vía impuestos u otros pagos.
En consecuencia, el gasto público total incluye los consumos, pero tiene más componentes. Así, por ejemplo, los servicios de educación, sanidad, protección social son considerados consumos, puesto que el Estado actúa como proveedor de servicios a la población, pero los pagos de pensiones y las prestaciones por desempleo no son consumos, sino estrictamente gastos públicos, dado que no tienen contrapartidas. En este caso, el Estado únicamente redistribuye la renta generada en el país.
En España, las Comunidades Autónomas gestionan el 60% del presupuesto de los servicios que se prestan a los ciudadanos y un 20% queda a cargo de los Ayuntamientos, dejando a la Administración central del Estado únicamente el 18%.
Como el objetivo del Gobierno es que en los próximos años los ingresos permanezcan en el entorno del 39% del PIB, también el gasto se situará en esa cifra, puesto que se pretende eliminar el déficit público, con lo cual quedará muy lejos del 48,1% del 2012, un año marcado por el rescate bancario y el alto nivel del desempleo.
La estrategia gubernamental parece que se centra en ir incrementando los gastos, pero siempre menos que el crecimiento del PIB, con lo cual irá disminuyendo el nivel del Estado de bienestar respecto al producto total del país, aunque se es consciente de que el envejecimiento de la población va a requerir mayores recursos para las pensiones en los próximos años.
A continuación tenemos los datos de gasto público en Europa, recogidos de “El País”:
Observamos que Francia y los países nórdicos europeos se sitúan en cabeza de la lista, en tanto que España, con un 42,2% de gasto, tiene un desfase de 5,4 puntos porcentuales con respecto a la media de la Zona euro.
El Programa de Estabilidad (2017-2020) señala que los ingresos públicos deben pasar del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% en 2020, cuando el promedio de la Eurozona es del 46,1%. Por su parte, el gasto tiene que disminuir del 42,2% del PIB en 2016 al 39,2% al final del período, en tanto que el promedio de la Eurozona se encuentra en 47,2%.
Estas previsiones de descensos del gasto público marcan una tendencia clara hacia un Estado de Bienestar mas reducido que en la Unión Europea. Pero un Estado más pequeño requiere un sector privado con mayor participación en educación y en sanidad, por lo que no van a faltar debates sobre la dimensión del Estado de Bienestar, los servicios que debe proveer y su financiación.
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