El artificio de la deuda ha permitido el aprovechamiento de oportunidades para la mejora económica. No se puede afirmar que la deuda sea siempre negativa, pero sí es acertado considerarla como un arma de doble filo. Si se utiliza sin prudencia deja de crear bienestar generalizado y se convierte en un vehículo de dependencia.
Cierta proporción del crecimiento de la deuda pública a partir de la crisis financiera reciente ha sido debida a que una parte de la deuda privada (hogares y empresas), sobre todo la bancaria, fue absorbida por el sector público. A pesar de ello, al final de 2017, en España, la deuda privada era del 137,3% del PIB, en tanto que la pública fue del 98,1%.
En el siguiente gráfico recogemos la evolución de la deuda privada respecto al PIB (en columnas,escala izquierda) y de la deuda pública, también en % del PIB (en línea, escala derecha), esta última según el Protocolo de Déficit Excesivo:
El endeudamiento privado crece de modo acelerado hasta la llegada de la crisis financiera y va reduciéndose, tanto por el esfuerzo de devolución de los préstamos como por la elevación de las exigencias bancarias para acceder a nuevos créditos. El comportamiento de la deuda pública ha sido muy distinto de la privada, puesto que ha pasado del 35% del PIB en 2007 al 98% en 2016.
Podemos considerar como deudores a los tres grandes sectores institucionales: familias, sociedades no financieras y el conjunto de las administraciones públicas. La contrapartida al endeudamiento, el acreedor, es el sistema financiero, compuesto por las entidades bancarias y las instituciones financieras no monetarias.
El colapso de las burbujas financiera e inmobiliaria provocó en España una drástica caída de los impuestos que estaban basados en la vivienda, que unido al rescate bancario, incrementó la deuda pública hasta cerca del 100% del PIB al final del año pasado.
La política de ajustes diseñada por la Comisión Europea, pensada para reducir el déficit público y la deuda, provocó un aumento del endeudamiento, debido a que los recortes en el gasto público generaron una nueva recesión (2011-2013), con la consiguiente reducción de los ingresos.
Aunque en medio oficiales se espera que para 2020 descienda la deuda pública al 60% del PIB, nivel de endeudamiento que, según las normativas europeas, no debe sobrepasarse, España va a tardar mucho más tiempo en controlar su deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta que habrá que esperar hasta 2035.
Si la deuda pública no empieza a descender, España puede encontrarse en una situación muy vulnerable en los próximos años, dado que los tipos de interés pueden ir creciendo y, por tanto, en aumento la carga del servicio de la deuda.
Cierta proporción del crecimiento de la deuda pública a partir de la crisis financiera reciente ha sido debida a que una parte de la deuda privada (hogares y empresas), sobre todo la bancaria, fue absorbida por el sector público. A pesar de ello, al final de 2017, en España, la deuda privada era del 137,3% del PIB, en tanto que la pública fue del 98,1%.
En el siguiente gráfico recogemos la evolución de la deuda privada respecto al PIB (en columnas,escala izquierda) y de la deuda pública, también en % del PIB (en línea, escala derecha), esta última según el Protocolo de Déficit Excesivo:
El endeudamiento privado crece de modo acelerado hasta la llegada de la crisis financiera y va reduciéndose, tanto por el esfuerzo de devolución de los préstamos como por la elevación de las exigencias bancarias para acceder a nuevos créditos. El comportamiento de la deuda pública ha sido muy distinto de la privada, puesto que ha pasado del 35% del PIB en 2007 al 98% en 2016.
Podemos considerar como deudores a los tres grandes sectores institucionales: familias, sociedades no financieras y el conjunto de las administraciones públicas. La contrapartida al endeudamiento, el acreedor, es el sistema financiero, compuesto por las entidades bancarias y las instituciones financieras no monetarias.
Estas últimas, en su mayor parte fondos de inversión y fondos de titulación, han tenido una participación activa como canalizadores hacia el exterior. Un volumen de fondos importante que gestiona el sistema financiero español tiene como acreedores a prestamistas del resto del mundo.
El colapso de las burbujas financiera e inmobiliaria provocó en España una drástica caída de los impuestos que estaban basados en la vivienda, que unido al rescate bancario, incrementó la deuda pública hasta cerca del 100% del PIB al final del año pasado.
La política de ajustes diseñada por la Comisión Europea, pensada para reducir el déficit público y la deuda, provocó un aumento del endeudamiento, debido a que los recortes en el gasto público generaron una nueva recesión (2011-2013), con la consiguiente reducción de los ingresos.
Aunque en medio oficiales se espera que para 2020 descienda la deuda pública al 60% del PIB, nivel de endeudamiento que, según las normativas europeas, no debe sobrepasarse, España va a tardar mucho más tiempo en controlar su deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta que habrá que esperar hasta 2035.
Si la deuda pública no empieza a descender, España puede encontrarse en una situación muy vulnerable en los próximos años, dado que los tipos de interés pueden ir creciendo y, por tanto, en aumento la carga del servicio de la deuda.
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