LA CRISIS BANCARIA

Con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers (septiembre de 2008), que provocó prácticamente el cierre de los mercados financieros, afloró en España la denominada “crisis bancaria”, afectando muy negativamente a los bancos y cajas de ahorro, porque habían incurrido en un elevado endeudamiento con los bancos internacionales, al haber incrementado sus negocios en el sector inmobiliario.

Las entidades financieras habían concentrado su actividad de manera poco responsable, concediendo créditos para la compra de terrenos e inmuebles, sin las garantías necesarias, a promotores guiados por un impulso puramente especulativo. Estas actividades imprudentes dieron a la banca el montante de beneficios probablemente más elevado de su historia.

El final de la burbuja inmobiliaria, con el consiguiente descenso de precios, supuso para muchas entidades la caída en insolvencia, lo que provocó la paralización del crédito y la necesidad de ayudas públicas con cargo a los contribuyentes, tras haber incurrido en malas prácticas, como la colocación de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos de riesgo entre muchos ciudadanos alejados del mundo financiero.

En el documento “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España” aparece el siguiente cuadro resumen de las ayudas netas concedidas por el Fondo de Reconstrucción Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de los Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC):


Como se señala en el cuadro, la estimación de los recursos destinados al apoyo del sistema financiero, en términos de fondos aportados por el FROB y por la propia banca a través del FGDEC, alcanzó la cifra neta de 62.754 millones de euros (5,6 % del PIB) a finales de 2016, correspondiendo 41.150 millones al FROB y 21.604 millones al FGDEC. El coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni los tenedores de preferentes y deuda subordinada.

La razón del elevado coste es que la mayor parte de las deudas públicas se han perdido definitivamente, en tanto que en otros países europeos la recuperación fue mucho mayor. Así, Gran Bretaña otorgó ayudas por 100.000 millones, pero sólo ha perdido definitivamente el 14%.

Falta conocer si SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el banco malo), va ser capaz de devolver el capital y los avales pendientes. Resta también saber cuánto será el coste final de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) por los avales otorgados por el FROB a los bancos que compraron cajas o bancos quebrados para cubrir posibles pérdidas de créditos de las entidades adquiridas.

No cabe duda que los costes de la crisis bancaria influyeron en los recortes de recursos para gastos sociales en el período recesivo en las áreas de educación, sanidad y protección social.

Los bancos españoles deberían tomar buena nota de lo exigido por la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en ingles MiFID. Este ente, que introdujo un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en la Unión Europea, exige que las entidades financieras actúen “con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en interés de sus clientes”.