Aunque en la fase de crecimiento económico en que se encuentra España está habiendo incremento de empleo de modo continuo, los indicadores sociales señalan que la mejora económica no ha llegado a muchos ámbitos. La precariedad laboral aún se va elevando, el paro de larga duración permanece en niveles altos y aumenta entre los trabajadores ocupados la situación de riesgo de pobreza.
Vemos en el gráfico, en linea azul (datos a la izquierda) el crecimiento de la tasa de empleo (ocupados/población 16-64 años, %) a partir de 2013 y la evolución ascendente de la tasa de riesgo de pobreza entre los que trabajan (línea roja, datos a la derecha)
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 35 países industrializados, con la misión de promover políticas para la mejora del bienestar económico, en 2015 el 14,8% de los hogares españoles con uno de sus miembros trabajando vivía bajo el umbral de la pobreza, cuando la media del conjunto de la OCDE era del 8%. Puede que la situación de estos colectivos haya mejorado en los últimos 2 años, pero casi el doble de riesgo de pobreza que la media es ya un dato significativo de la situación social.
El organismo internacional destaca también que la desigualdad, calculada a través del Indice de Gini (entre 0 y 1, aumentando la desigualdad), era en España de 0,34, superior a la media del conjunto de los países (0,31). En esta misma línea se expresa un estudio realizado con la coloración de Caritas y Cruz Roja, señalando que “en España hay casi 4 millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo”
Algunos analistas señalan que la economía no esta trayendo progreso para todos debido a que ha dejado de funcionar el espíritu de la postguerra mundial, según el cual los que progresaban económicamente se sentían en el deber de apoyar a los que les iba peor, pagando impuestos para hacer posible el Estado de Bienestar.
Se constata que desde los años 80 ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta entre los salarios de los trabajadores y los sueldos de los directivos de grandes empresas y los beneficios de los accionistas. Se considera que La Administración Pública también tiene mucho que mejorar en su función redistribuidora de la renta.
La crisis financiera reciente ha traído una reconversión del mercado laboral, caracterizada por el aumento del empleo de mala calidad y la precarización, que ha incrementado el colectivo de trabajadores pobres, una población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Está compuesta por los jóvenes anclados en la precariedad; las personas mayores de 45 años que han perdido su trabajo a raíz de la crisis; las mujeres, que sufren el proceso de feminización de la pobreza, y los autónomos, más o menos forzados.
La mera existencia de un porcentaje significativo de trabajadores pobres viene a ser un síntoma de mal funcionamiento de una organización social, porque al trabajo se le suelen asignar las funciones de otorgar a las personas bienestar, seguridad y dignidad. Por ello, además del desempleo, resulta preocupante la mala calidad del empleo generado.
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