LA REFORMAFISCAL

 

El Gobierno español tiene en material fiscal, al menos, dos compromisos para este año: la reforma fiscal y un nuevo modelo de financiación autonómica, ambos considerados por muchos como auténticas “cajas de truenos”.

En el caso de la reforma fiscal, según el proyecto presupuestario enviado a la Comisión Europea el año pasado, se trata de acercarnos al nivel tributario de los países europeos. Con este objetivo, el Ministerio de Hacienda ha establecido diversas medidas tributarias. Algunas afectan a la fiscalidad medioambiental y otras a la economía digitalizada. La finalidad es garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.

La capacidad recaudatoria del sistema fiscal español era escasa durante la dictadura franquista y no se pudo aprovechar el crecimiento económico de los años sesenta para introducir reformas fiscales que acercaran los niveles de recaudación a la media europea.

Fue durante los primeros años de la democracia cuando el país pasó de un sistema dependiente de la imposición indirecta a lograr un mayor peso en la imposición directa, con la introducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Teniendo en cuenta los impuestos recaudados como porcentaje de la renta total, a pesar del aumento de la tributación en los años ochenta y noventa, la progresividad del sistema fiscal español fue mejorando, pero no dejó de ser limitada. Los tipos efectivos apenas crecieron con el nivel de renta, debido a la evasión de las rentas más altas

La progresividad aumentó respecto a la transición durante el período 2013-2017, aunque los cambios metodológicos dificultan la comparación. Harán falta nuevos estudios para analizar los efectos distributivos de los sistemas impositivos a largo plazo.

Vemos en el cuadro la evolución de los principales impuestos en los últimos años. El IRPF entre los impuestos directos, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre los indirectos, los que más recaudan, crecieron en el año pasado hasta 92 y 71 miles de millones, respectivamente.

El comité de expertos para la reforma fiscal ha entregado recientemente al Gobierno sus conclusiones para modificar el sistema tributario español. Ha recomendado subir el IVA, imponer un mínimo para los impuestos de sucesiones y patrimonio e incrementar la fiscalidad de los hidrocarburos.

El diagnóstico es que hay necesidad de financiación en los servicios públicos para cubrir el déficit y afrontar otros retos, como el envejecimiento y el cambio tecnológico, por lo que los expertos creen que resulta imprescindible ampliar las bases tributarias, y una de las palancas para subir la recaudación es el IVA.

Es en la fiscalidad verde donde a España, según los expertos, le queda más margen para aumentar su recaudación, especialmente en lo que se refiere directa o indirectamente a los impuestos que gravan la circulación de coches.

El documento de propuestas también está a favor de una de las medidas en las que está trabajando el Gobierno: los peajes. Tanto en vías de gran capacidad como en urbanas, se gravará en las autovías en relación con la distancia recorrida, a través de dispositivos electrónicos.

Los expertos son partidarios de reducir los impuestos a la electricidad y gravar el queroseno, el combustible para la aviación exento hasta ahora, e introducir un impuesto a los billetes de avión para desincentivar el uso de este medio de transporte, cuyas emisiones se han incrementado mucho en los últimos años.

 

EL DRAMA UCRANIANO

 

La invasión rusa de Ucrania, además de ser un drama para el pueblo ucraniano, traerá consecuencias negativas para los ciudadanos rusos y afectará a todos los países europeos. Es muy probable que el aumento de riesgo que se percibe tienda a incrementar los presupuestos de defensa, lo cual perjudicará el bienestar de los ciudadanos porque reducirá las inversiones en educación, sanidad o infraestructuras.

El alza de precios de los productos energéticos, una de las secuelas de la guerra, beneficiará a un segmento limitado de empresas vinculadas a las industrias del petróleo y del gas, pero perjudicará a los países importadores y contribuirá a impulsar la inflación, que ya está a niveles elevados.

Rusia depende de los ingresos procedente de Europa, pero los europeos necesitamos el gas y el petróleo rusos, que no serán fáciles de reemplazar en el corto plazo. El Banco Central ruso dispone de abundantes reservas en moneda extranjera que, si las sanciones impuestas por EE.UU y la Unión Europea no acaban impidiendo, son suficientes para cubrir casi dos años de importaciones.

Es muy posible que en el largo plazo Rusia sea el mayor perdedor económico del conflicto internacional que ha iniciado, porque las consecuencias de la actual invasión pueden ir agravándose. Las sanciones irán haciendo daño y el aislamiento del país debilitará las relaciones comerciales internacionales.

El cierre de varios bancos rusos al sistema de intercambios de información bancaria SWIFT puede aislar a los rusos del sistema financiero internacional. Al mismo tiempo, se impide que el Banco Central ruso pueda defender el derrumbe de su moneda con la venta de sus reservas internacionales, por lo que avanza la caída del valor del rublo respecto del dólar y el euro.

A las guerras suelen atribuirse algunos efectos económicos positivos, como el aumento del gasto agregado y el impulso del progreso tecnológico en busca de nuevas técnicas para el combate, que más tarde llegan a la vida civil, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

Pero las guerras suponen siempre un coste muy elevado que necesita financiación, bien incrementando impuestos o recurriendo a la deuda que habrá que pagar. Además de pérdidas de seres humanos y costes directos, la guerra tiene costes de oportunidad: lo que podía haberse conseguido si los recursos bélicos se hubieran dedicado a actividades productivas.

Efectos inmediatos de la guerra han sido los aumentos de precios tanto del gas como el petroleo. Este último rebasa los 100 dólares el barril y el gas está teniendo subidas importantes ante la percepción adelantada por los mercados internacionales de las consecuencias del conflicto.

El sistema marginal del calculo de precio en el mercado eléctrico, según las normas comunitarias, viene a agudizar artificialmente el impacto de la guerra en las economías europeas. Los mercados de futuros están apuntando, a raíz de la invasión, aumentos adicionales en los precios del gas, lo cual supone un problema para el avituallamiento energético de la Unión Europea.

Las medidas que producen daño económicos en Rusia también afectan a empresas europeas que mantienen relaciones económicas con el país, por lo que se alzan voces reclamando que se establezca un régimen compensatorio para las ellas. Argumentan que la Unión Europea cuenta con un PIB conjunto que equivale 10 veces el ruso, con lo que se cuenta con el suficiente potencial económico como para aguantar el pulso ruso.

En el régimen económico internacional liberal los países participantes deben respetar ciertas reglas de juego porque, de no ser así, se abre el camino hacia el proteccionismo y el repliegue nacional. Ya hay voces que promueven una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea y la necesidad de reforzar el papel de una política industrial propia.

PARADOJAS DEL CAPITALISMO VERDE

El capitalismo verde es para algunos una variante nueva del sistema económico vigente en nuestros días. Se presenta ahora como ecológico y afirma que puede conseguir la neutralidad de emisiones sustituyendo progresivamente las energías fósiles por renovables, bajas en carbono.

En esta nueva fase económica, que augura una reconstrucción sostenible, el adjetivo verde es utilizado tanto por los políticos como los directivos de grandes empresas y va unido a expresiones como neutralidad climática, parques fotovoltaicos y ciudades sostenibles.

Paradójicamente, al mismo tiempo se dedican recursos a la ampliación de algunos aeropuertos, argumentando que serán sostenibles. Pero, según las investigaciones realizadas, el transporte aéreo mundial representa el 3,5% del calentamiento climático y la estrategia debería ser justo la contraria: reducir los vuelos y el número de aeropuertos

Se calcula que Europa utiliza el 20% de las materias primas que se producen en el mundo y no obtiene más del 3% en su propio territorio. El 17% tiene que importarlo. Además, si piensa fabricar placas solares, aerogeneradores, acumuladores de energía y otro productos para avanzar hacia el sueño verde, necesitará más materiales y energía, que también tendrá que buscarlos fuera.

A nivel global, según datos del Banco Mundial (“Minerales for climate action”), para desplegar la transición eólica, solar y geotérmica harán falta 3.000 millones de toneladas de minerales y metales estratégicos, entre los cuales se encuentran cobre, níquel, cobalto, litio y otros muchos.

Otra paradoja es que para manipular estos materiales y minerales necesarios habrá que emplear energías fósiles que deteriorarán los ecosistemas y agravarán el calentamiento y la contaminación. Lograr una misma cantidad de energía requiere invertir muchas más unidades de energía renovable, porque el rendimiento es menor que el de los fósiles y, además, las renovables dependen de las condiciones metereológicas.

Para ser verde no basta con buscar la neutralidad de emisiones en Europa, sino que es preciso que la energías y materiales que se importan no lleven una mochila de emisiones y contaminación. Hay que recordar también que estos minerales y materiales están sometidos a la especulación de las transnacionales, con repercusiones geopolíticas y daños ambientales, así como a secuelas sociales en su extracción.

Cierta perspectiva liberal pretende que con algunos ajustes y modificaciones se puede evitar el desastre climático. Dan a entender que el sistema tal como lo conocemos es viable y la crisis queda reducida a una cuestión de consumo personal, como si un cambio de preferencias de consumo pueda evitarla.

El enfoque de la crisis climática se parece demasiado al pensamiento dominante que culpa del mal de la pobreza extrema a la sociedad en su conjunto, en lugar de apuntar al sistema económico capitalista, que propicia la acumulación de la riqueza en una minoría en lugar de distribuirla de modo equitativo.

El ecoteólogo Leonard Boff termina así su disertación sobre el gran señuelo que supone el capitalismo verde: “Embriagados por su ignorancia y su codicia ilimitadas “greed is good”(la codicia es buena), nos llevarán como inocentes corderos al matadero. No por voluntad del Creador ni por un desvío del proceso cosmogénico, sino por su irresponsabilidad y por la falta de conciencia de los errores cometidos que no quieren corregir. Y así, alegremente y disfrutando todavía de la vida, nos obligarán tal vez a sufrir el destino vivido hace 65 millones de años por los dinosaurios".

PRESIONES INFLACIONISTAS

 

Como la economía de mercado funciona en gran parte atendiendo a la demanda y la oferta, la escasez suele reflejarse en un aumento generalizado de precios, dando lugar al fenómeno económico conocido como inflación, cuyo indicador habitual es el Indice de Precios de Consumo (IPC).

Aunque la demanda ha aumentado, son los trastornos de la oferta los que explican en gran parte la inflación actual, debido a las perturbaciones generadas por la invasión de Ucrania en el movimiento de materiales y productos. Ha venido a sumarse a la acumulación de pedidos en las cadenas de suministros causada por la pandemia, con incremento de plazos de entrega y aumento de costes de fletes marítimos.

Tras el efecto deflacionista del período pandémico, el repunte de la inflación se explica también por el incremento de demanda que ha traído la recuperación y los aumentos desorbitados en los precios de la energía, que se han extendido a los alimentos no elaborados.

Cuando la subida de precio de un producto no tiene respuesta, hay una transferencia de renta en favor del que ha realizado el incremento. Pero muchas veces las respuestas alcistas suelen trasladar el aumento al resto de los productos, generando una espiral inflacionista.

Algunas empresas consiguen aumentar los precios porque sus productos tienen difíciles sustitutivos o han fidelizado a su clientela o no tienen competidores. En estos casos pueden variar los precios en función de la inflación (indexación), evitándoles así cualquier perjuicio. Los que no tengan esa capacidad son los que resultan paganos.

El aumento de precios que señala el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes es el resultado matemático de ponderar las subidas con el peso que tiene cada producto en la cesta de compra de una familia estándar. Pero lo cierto es que cada hogar tiene una estructura de gasto diferente en función de las circunstancias personales, tales como la edad de sus componentes, el número de hijos, lugar de residencia y situación laboral.

Como vemos en el gráfico, a partir del verano de 2021 se dio un continuo incremento del IPC, tanto general como subyacente, Este último no incluye la energía y los productos alimenticios no elaborados.

La inflación general aumentó hasta el 7,4% en febrero (6,1% en enero), según el dato avanzado por el INE. Se trata de su nivel más alto desde hace más de tres décadas.

El mantenimiento de los actuales niveles de inflación puede dar lugar a que los efectos de la “segunda ronda” sean persistentes y severos, haciendo que el impulso alcista acabe siendo mucho más perseverante, manteniéndose incluso tras la moderación de los precios energéticos.

Un aumento generalizado de precios puede también impactar sobre los salarios y sería otro efecto de segunda roda que tendería a prolongar las presiones sobre los precios.

Para hacer frente a la inflación, la opinión dominante es que se planteen políticas monetarias más estrictas, elevando las tasas de interés y reduciendo el volumen de liquidez, incluso si afectan a la recuperación económica de algunos países. Unas medidas así aumentarían el coste de financiación y pondrían en apuros a economías con elevado nivel de endeudamiento público, como la española.

REGLAS FISCALES

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo tenía como objetivo evitar las consecuencias negativas de las políticas presupuestarias, propiciando la corrección de déficit excesivos y la reducción de elevadas cargas de deuda pública.

Aunque debería promover superavit fiscal en épocas buenas y déficit en épocas de crisis, lo cierto es que algunos países europeos han mantenido un déficit estructural en épocas de bonanza y, en tiempo de crisis, han realizado ajustes con efectos negativos en el crecimiento y aumento de la deuda.

Las reglas fiscales se basan en indicadores de déficit público (3% del PIB) y deuda pública (60% del PIB), establecidos arbitrariamente hace varias décadas. La regla del déficit no utiliza el dato contable, sino el estructural, es decir, eliminado el efecto del ciclo económico, lo cual supone la previa estimación del PIB potencial, un cálculo que resulta complicado.

El debate se centra en estos momentos en la magnitud de la revisión que permita una reducción sostenida de la deuda pública, sin frenar la inversión que apoye la recuperación económica y las transformaciones ecológica y digital.

Algunos expertos indican que las normas actuales son asimétricas y poco transparentes. A la Comisión Europea le corresponde presentar una propuesta de reforma audaz y forzar un debate a fondo en el Consejo para lograr cambios sustanciales en la gestión presupuestaria.

La propuesta de un “think tank” viene a señalar que el planteamiento de la reforma podría ser crear un fondo fiscal central permanente, consolidando e institucionalizando el instrumento “Next Generation EU”, transformado en un mecanismo paneuropeo de inversión.

Este mecanismo financiaría los bienes públicos de la UE, especialmente la inversiones verdes y digitales, y facilitaría la senda de ajuste de los Estados miembros hacia una posición fiscal sólida y sostenible, en interacción con las instituciones de la UE. Se evitaría así someter a los países a reglas fiscales arbitrarias.

Los países denominados frugales (Austria, Holanda, Suecia…) difícilmente apoyarán la creación de esta herramienta. Parece que Alemania tampoco lo respaldaría en principio, pero su ministro de finanzas ha admitido al menos debatir el tema.

Hay también otros planteamientos, como elevar el límite de deuda del 60% al 100%, abrir sendas de reducción de deuda ajustadas a las circunstancias de cada país o excluir del cómputo las inversiones necesarias para la transición climática y digital. Las propuestas repiten expresiones como “simplificación”, “transparencia” y “sencillez”, pero falta bajar a las concreciones.

En principio, los países tienen que volver el año que viene a las normas suspendidas pero la recuperación en marcha ha tenido complicaciones por las cadenas de suministros colapsadas y el incremento de la inflación, junto a nuevos coletazos del virus.

Va ganando apoyos el planteamiento de convertir el fondo de recuperación en una herramienta permanente, con el argumento de que la acción climática requiere inversiones públicas en infraestructuras, así como incentivos gubernamentales para fomentar inversiones privadas

Tras la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19, la Unión Europea ha reconocido al menos la imposibilidad de volver a aplicar las reglas fiscales utilizadas hasta ahora, dado que provocarían una nueva recesión en países como Grecia, Italia y España. Se requerirá un marco fiscal adaptado a las condiciones específicas de cada país.