EL EURO DIGITAL

 

Los responsables del euro, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como los bancos centrales del Eurosistema, vienen proporcionando dinero líquido de dos maneras: emitiendo billetes y monedas y transfiriendo depósitos electrónicos a lo bancos y a otras instituciones financieras.

Después de nueve meses de análisis previos, al no haberse identificado obstáculos técnicos, el BCE ha decidido aprobar de forma definitiva una investigación sobre el euro en forma de divisa digital, que durará dos años, en los que se definirán aspectos claves como el diseño y la distribución

Un euro digital sería una forma electrónica de dinero de banco central que todos los ciudadanos y empresas podrían utilizar —como los billetes y monedas, pero en formato digital— para realizar sus pagos diarios de manera rápida, fácil y segura.

Sería una moneda accesible a través de monederos virtuales y serviría para realizar todo tipo de transacciones, como complemento del efectivo, no un sustituto. Tampoco reemplazaría al dinero bancario

Tiene menos riesgo que el dinero fiduciario (papel moneda) pues al ser digital se puede seguir el rastro y es más seguro. 

 

Mientras las criptomonedas se basan en protocolos descentralizados, el euro digital será un sistema con base en el Banco Central Europeo. Pero la propia institución apunta la posibilidad de utilizar arquitecturas con elementos centralizados y descentralizados.

Los precios de las criptomonedas suelen ser volátiles, lo que dificulta su uso como medio de pago o unidad de cuenta, sin que haya ninguna institución pública que los respalde. En cambio, como argumenta el BCE, el euro digital tendrá el mismo nivel de confianza que el dinero efectivo, puesto que ambos estarán respaldados por el mismo banco central.

En el diseño del euro digital será importante el impacto medioambiental de su infraestructura. Según los experimentos previos, para las arquitecturas que se probaron, la energía utilizada ha sido insignificante en comparación con el consumo de una criptomoneda como bitcoin

El BCE continuará la investigación en torno al euro digital hasta 2023. Será entonces cuando tomará la decisión de iniciar su desarrollo e implementar las posibles soluciones, trabajando junto a bancos y empresas.

La apertura de esta investigación no prejuzga la decisión sobre si definitivamente se lanzará al mercado el euro digital. Una vez finalizado el proceso, el organismo tendrá que decidir de nuevo si se implementa o no. En cualquier caso, este método de pago no estará operativo antes de 2026

FISCALIDAD MÁS JUSTA

 

Parece que las grandes economías están decididas a dejar a un lado la competencia fiscal entre países y poner remedio a la existencia de paraísos de baja tributación.

El pacto histórico que acaban de firmar establece un impuesto  de sociedades mínimo del 15% y la obligación a las empresas “más grandes y rentables” de tributar el 20% en aquellos países donde sus beneficios superen el 10% de la facturación.

Como afirmaba un dirigente alemán: “Es una buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales del mundo”

Quizás el importante gasto público que han tenido que realizar los países para afrontar las consecuencias de la pandemia ha acelerado los debates que venían produciéndose en los últimos años. El punto de mira es ahora alcanzar un sistema fiscal más justo y eficaz en la era de la economía digital.

Entre los propios ciudadanos es bastante frecuente encontrarnos con quienes sienten un rechazo casi visceral a pagar impuestos, argumentando que tampoco pagan otros la parte que les corresponde. Lamentan que la evasión fiscal de algunos aumente la carga de otros y que se pierda capacidad para proveer servicios públicos.

Hay un análisis coste-beneficio individual, comparando la aportación realizada a la Hacienda Pública con los bienes y servicios públicos recibidos, que se mezcla con el papel redistributivo que deben cumplir los impuestos.

El nivel de impuestos de un país se mide con la presión fiscal, que es el cociente entre la recaudación y el PIB. Se recauda poco en España porque las bases imponibles son reducidas. El sistema impositivo tiene muchas deducciones y exenciones, que hacen descender tanto los ingresos por IVA como por rentas de capital.

Como vemos en el gráfico, en 2019 la presión fiscal en la Eurozona era del 41,6%; en el conjunto de la Unión Europea alcanzaba el 41,1%, y en España no pasaba del 35,4%

Aunque la presion fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea, el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes está entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo o sacrificio fiscal, utilizado por algunos analistas, es alto porque pone la presión fiscal en términos per cápita.

Este indicador, que se debate entre analistas, al conceder mayor peso al nivel de renta, afecta más fiscalmente a un país como España, con alto nivel de paro, contrataciones temporales y trabajadores en situación precaria.

La equidad horizontal exige incrementar las bases imponibles, corrigiendo las abundantes deducciones y exenciones fiscales de los impuestos más importantes. Podría ocurrir que aumente la presión fiscal, al crecer la recaudación sobre el PIB, pero se reduzca el esfuerzo fiscal, como consecuencia de un incremento mayor del PIB real por habitante.

COSTE DE LA CRISIS BANCARIA

 

La “Sociedad de Gestion de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria” (Sareb) es una empresa creada en 2012 que forma parte del esquema planteado por el Estado para recapitalizar las entidades financieras tras la Gran Recesión de 2008. Aunque no es un banco, se le conoce como el “banco malo”, porque ha absorbido los activos deteriorados de las entidades financieras.

Sareb se constituyó con un esquema de 45% de capital público y el 55% de capital privado, con la intención de que la aportación del Estado no computara como deuda pública. Las entidades financieras transfirieron a esta sociedad activos deteriorados por valor de 50.781 millones de euros, entre préstamos malos y solares e inmuebles devaluados, aplicando un descuento del 53%.

Los bancos recibieron a cambio bonos emitidos por la Sareb, que podían descontarse en el Banco Central Europeo (BCE) y tenían el aval del Estado. Por tanto, aunque la Sareb era una sociedad privada, todo el riesgo recaía sobre el Estado.

Aunque los gestores de la entidad afirmaban que la empresa tendría beneficios con la venta de sus bienes, lo cierto es que en todos los ejercicios (2013 a 2020) ha habido pérdidas, hasta un total de 5.075 millones de euros. A pesar de los descuentos aplicados, los inmuebles y los préstamos seguían sobrevalorados.

El Banco de España había cifrado en 42.561 millones de euros las pérdidas que las medidas de la Sareb habían provocado a los contribuyentes españoles en el período 2009-2018 teniendo en cuenta los recursos movilizados y las recuperaciones.

La inclusión de la Sareb en el perímetro de las administraciones públicas, exigida por Eurostat ante las cuantiosas pérdidas acumuladas, ha subido el coste de la crisis bancaria en 9.891 millones de euro, que incrementa el déficit público de 2020.

Como observamos en el gráfico, el coste de la crisis bancaria suponía un 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020

Como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), creada en 2009 para rescatar a las entidades financieras y facilitar las fusiones, tenía participación en Bankia, al desaparecer ésta por fusión con La Caixa debe valorar su participación como valor de mercado. Con esta corrección a la baja, la factura total de la crisis bancaria, entre e los resultados del FROB y de la SAREB, a soportar por los contribuyentes españoles se estima que va a ascender a 58.000 millones de euros.

Por el momento, el valor de mercado de las acciones en Caixabank sigue siendo menor del estimado por el FROB como valor recuperable. Por tanto, habrá que observar la evolución del nuevo banco para saber si se incrementará en el futuro el coste de la crisis bancaria.

EL PENSAMIENTO KEYNESIANO

Este año se cumple el 75 aniversario del fallecimiento de John Maynard Keynes, gran economista inglés, quién en la década de los años 1930, azotada por la Gran Depresión, construyó una teoría económica que fue acogida en el mundo occidental como un faro de esperanza.

Keynes se dio cuenta de que la forma clásica de entender el funcionamiento del sistema económico capitalista no permitía explicar ni corregir las sucesivas crisis económicas. Resultaba evidente que el nuevo capitalismo no podía gestionarse sólo con el lema de la “mano invisible” del sistema liberal de comienzos de la revolución industrial.

Desde los años 70 del siglo XIX, los Gobiernos habían comenzado a preocuparse de las cuestiones económicas como responsabilidad del Estado para lograr la riqueza y la prosperidad de los ciudadanos. Keynes, sin dejar de ser defensor de la economía de mercado, fue sensible hacia las peticiones de intervención del Estado en el área económica, primero de manera tímida y, tras la crisis de 1929, que simbolizó la quiebra del capitalismo liberal, con un planteamiento decisivo.

Cuando Keynes publica en 1936 su gran obra, “Teoria general del empleo, el interés y el dinero”, ya había una experiencia de más de cinco años en la práctica de un modelo económico distinto al de los postulados liberales clásicos.

La democracia liberal no era para Keynes incompatible con una regulación del Estado. No abogaba por la propiedad estatal de los medios de producción, sino por establecer un marco que permitiera el desarrollo de la iniciativa privada, aunque sí cuestionó el automatismo del mercado.

El diagnóstico keynesiano contempló el equilibrio económico desde el punto de vista de la demanda, al contrario que el postulado del economista Say, de que toda oferta crea su propia demanda. Pero como el mercado no puede autorregularse con la simple mano invisible, para acercarse al equilibrio de pleno empleo se requiere la mano visible del Estado, estimulando la demanda.

Para ello, Keynes desarrolló una visión macroeconómica apenas conocida hasta entonces, necesaria para la formulación de las políticas económicas de los Gobiernos, muy distinta de la explicación microeconómica clásica del mercado.

La demanda agregada de una economía está formada por el consumo, la inversión, el gasto público y la exportación neta. La importancia del Estado en la conducción y regulación económica se debe a que puede compensar con gasto público las deficiencias del consumo y la inversión privados, a fin de aumentar la producción y el empleo.

Tras la superación de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1950 los Gobiernos europeos impulsaron la demanda global a partir del gasto público. Con medidas fiscales y monetarias, facilitaron el aumento de la demanda de bienes de consumo e inversión de empresas y familias.

Una de las más importantes consecuencias de las políticas keynesianas fue la constitución del Estado de bienestar. Se demostró que era posible conseguir el crecimiento autosostenido, con la intervención del Estado, sin establecer modelos totalitarios, como los surgidos en los años treinta. Intervenir corrigiendo no era intervenir suplantando.

El mito del equilibrio presupuestario había impedido la puesta en práctica de políticas anticrisis. Keynes rompió con la ortodoxia presupuestaria a corto plazo con una dinámica fiscal activa, utilizando el gasto público para generar demanda agregada.

Un componente importante de la política fiscal es el impuesto progresivo sobre la renta, que se deduce de la renta personal para obtener la renta disponible. Influye así en la capacidad de consumo, junto a las transferencias del Estado a los perceptores de rentas bajas, para favorecer el nivel de consumo.

Un porcentaje importante del gasto público se dirige a la asistencia social para sostener el Estado de bienestar, en forma de seguro de desempleo, asistencia sanitaria y transferencias asistenciales.

Más allá de las declaraciones políticas y de los sesgos ideológicos, los datos confirman que el gasto público, tanto en Europa como en EE.UU., en porcentaje del PIB, ha aumentado desde la década de los años setenta.

A corto plazo, para minimizar las consecuencias de la recesión derivada de la crisis sanitaria, los Gobiernos europeos están recurriendo a las políticas económicas keynesianas. Será importante cómo actúen después, en el largo plazo, afrontando las reformas estructurales en cada país.

SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD

 El mercado de trabajo no encaja en las condiciones de la competitividad perfecta, y el producto que se intercambia, el trabajo, no es homogéneo, sino muy diverso. Hay de hecho muchos mercados de trabajo, tantos como profesiones y categorías laborales.

Por tanto, también será desigual el salario que se percibe. Así, hay grandes diferencias, por ejemplo, entre el mercado de directivos de grandes empresas y el de operarios de la construcción.

En España, según datos del INE, en 2019, el salario bruto medio anual (sin deducir impuestos) era de 24.395,98 euros, Sólo cuatro Comunidades Autónomas superaban la media: País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña

Puede observarse en el gráfico la desigualdad salarial. El salario más frecuente, 18.489,74 euros brutos anuales, era un 24% inferior al salario medio.

La retribución media anual femenina supuso el 80,5% de la masculina, diferencia que se reduce si se consideran puestos de trabajo similares (misma ocupación, tipo de contrato, tipo de jornada, etc.).

La productividad del trabajo, que se mide por el cociente entre el Producto Interior Bruto anual de un país y el número de horas trabajadas, depende básicamente de la cualificación de los trabajadores (formación y habilidades) y de la tecnología utilizada en la producción o prestación del servicio (bienes de capital y organización productiva).

El mercado laboral español lleva arrastrando tres graves problemas: la alta tasa de paro, la temporalidad elevada y el estancamiento de la productividad. Quizás es la relación entre productividad y salarios la que provoca más debates, porque unos creen que la productividad no crece debido a la falta de incentivos de los trabajadores, que ven estancados los salarios, y otros, que aseguran que los salarios no crecen porque no mejora la productividad.

En cualquier caso, es importante la correspondencia entre remuneraciones y productividad. Por ejemplo, una mejor relación entre ambas en los años 2014-2016 permitió un crecimiento de salarios y de productividad, lo que hizo posible mantener los Costes Unitarios Laborales (coste por unidad de producto) prácticamente estables.

Se reconoce que la acumulación de capital (físico, tecnológico y humano) es determinante en la productividad del trabajo. Si verdaderamente se quiere apostar por un crecimiento sostenido habrá que facilitar el incremento de la inversión de las empresas, la innovación, el empleo y una mejora de la productividad que se refleje en el alza de los salarios